viernes, 5 de octubre de 2012

reforma cambiaria y monetaria 1959. interpretación

Esta ley, aprobada en diciembre de 1959 y que aún rige hoy, contenía una serie de disposiciones que representaban un cambio en la orientación de la política económica de enormes consecuencias. Las repercusiones principales de las medidas aprobadas pueden resumirse de la siguiente forma:
1. La cotización del tipo de cambio oficial fue elevada de su nivel de $ 4.11 a la cotización del mercado libre: $11 por dólar, lo que significaba un aumento superior al 100%. Al mismo tiempo se establece la flotación del tipo de cambio como criterio rector de la política cambiaria, con lo cual el mercado fijaría libremente el valor de las divisas y orientaría su asignación según las leyes de la oferta y la demanda.
2. el mercado de cambios, muy segmentado hasa la fecha, pasó a ser único y libre: es decir que la adquisición y venta de divisas podía ser realizada sin especificación de origen y destino. Aunque se mantenía la obligatoriedad de venta al BROU de aquellas provenientes de algunas exportaciones tradicionales, el tipo de cambio de conversión sería el mismo que en el mercado libre.
3. el establecimiento de la libre importación y exportación de bienes y servicios, eliminándose los controles mantenidos hasta el momento. No obstante, se instrumentaron una serie de "mecanismos de defensa" que permitirían adecuar la situación vigente, muy dirigida, a la futura liberalización total. Entre ellos, se facultaba al Poder Ejecutivo a exigir depósitos previos a las importaciones, a crear recargos de hasta el 300% e, incluso, a prohibirlas transitoriamente.
El nuevo enfoque de la política económica intentaba sustituir el dirigismo vigente hasta entonces por un régimen donde operaban libremente las leyes del mercado. No obstante, el Estado no quedaba totalmente fuera de la actividad, sino que se le asignaba un importante papel moderador a través del campo fiscal y del comercio exterior, que tenía por finalidad corregir los desquilibrios que pudieran producirse.
De todas formas, el objetivo delcarado en los diversos documentos era la liberalización del comercio y la estabilidad monetaria. Un complemento de importancia para comprender los rasgos fundamentales de la política a aplicar, es el contenido de la primera Carta de Intención que firmó el país con el Fondo Monetario Internacional en setiembre de 1960. Allí se consignaba que, desde diciembre de 1959, el comercio internacional se había liberalizado sistemáticamente y la moneda se encontraba estabilizada; al mismo tiempo, se expresaba la disposición de profundizar los efectos eliminando las prohibiciones de importación y reduciendo los recargos.
(Tomado de Cancela, ". y Melgar, A. "El desarrollo frustrado" EBO/ CLAEH. Montevideo 1985. p. 21)

1960. 1era. Carta Intención con el FMI

Señor Gerente General del
Fondo Monetario Internacional
Mr. Per Jacobsen
Presente.
1—En las últimas consultas del Artículo XIV del Fondo con el Gobierno del Uruguay,
informamos acerca de los planes de reforma del sistema cambiario que regía en nuestro
país, persiguiendo como objetivo la liberación del comercio y la estabilidad interna y externa
de la moneda. En el año que ha transcurrido hemos realizado un progreso sustancial bajo
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este programa. En diciembre de 1959 el complejo sistema de cambios vigente fue eliminado
y se estableció un nuevo régimen con miras a la obtención de aquellos fines. Desde entonces
a la fecha el comercio se ha liberalizado sistemáticamente y nuestro signo monetario se ha
estabilizado. Al mismo tiempo el Gobierno ha hecho progresos para llegar a la estabilización
interna. Sus cuentas financieras muestran que se produjo en 1959 un superávit después de
muchos años de déficit presupuestales. Este superávit ha continuado en los primeros siete
meses de 1960. Además se han tomado las medidas necesarias para limitar el aumento del
crédito bancario privado, controlando el crecimiento de los redescuentos del Banco de la
República.
2 — En este momento se están tomando nuevas medidas de liberalización del comercio y
simplificación del régimen cambiario. A fin de apoyar este esfuerzo el Gobierno solicita del
Fondo Monetario Internacional un crédito de estabilización por el período de un año por la
suma de U$S 80 millones que corresponde a la cuota aumentada del Uruguay en el Fondo
cuyo destino sería siempre que fuere necesario cubrir los déficit que puedan aparecer en
sus pagos internacionales.
3 — Ello no significa que sea intención del Gobierno utilizar este convenio de estabilización
para valorizar el tipo de cambio en el mercado libre de cambios que se sitúa actualmente
en pesos uruguayos 11.43 por dólar, sino que es su propósito restablecer la confianza, que
permita la recuperación de las reservas internacionales del Uruguay que fueran seriamente
debilitadas en los años 1957, 1958 y 1959. Con las medidas internas descritas más abajo, el
Gobierno tiene la confianza de que el mercado cambiario no se debilitará. Por supuesto, si
las condiciones de costos cambiasen en forma inesperada y un desequilibrio fundamental
apareciese, de acuerdo con la ley de reforma cambiaria se realizaría el ajuste en el tipo de
cambio que corresponda.
4 — Con respecto al sistema, cambiario el Gobierno del Uruguay está resuelto a llevar
adelante rápidamente su objetivo de lograr una liberalización total de su comercio y de
mantener un sistema de cambio unitario. Con esta finalidad el Gobierno del Uruguay está
eliminando la gran mayoría de las detracciones a las exportaciones. La detracción para la
lana y los productos derivados de la misma ha sido reducida de 54 a 46 pesos los 10 kilos de
lana sucia. El Gobierno tiene el firme propósito de unificar a breve plazo, las' detracciones
que aún resten. Al mismo tiempo está estudiando medidas sustitutivas para procurar el
ingreso que actualmente se recibe a través de las detracciones y contempla eliminar las
mismas en el término de los próximos dos años.
5 — Antes del 30 de setiembre de 1960 todas las prohibiciones de importación quedarán
eliminadas. En cuanto a la política en materia de recargos a la importación, ellos serán
reducidos antes de aquella fecha a tres, con las tasas de hasta 40 y 75 por ciento para los
productos para los que existen sustitutivos nacionales y de 150 por ciento para los productos
suntuarios. En los próximos dos años se espera reemplazar estos recargos por la vía de la
revisión del arancel aduanero. Finalmente el sistema de depósitos previos de importación,
que es necesario por razones temporales a fin de limitar la liquidez interna, será simplificado
antes del 30 de setiembre de 1960 hasta lograr una sola categoría y limitada en su monto a
una cifra no superior a los pesos uruguayos 150 millones. La presente política de liberalización
total de restricciones a invisibles y transferencias- de capitales continuará.
6 — El Gobierno entiende que es incompatible la política de los convenios bilaterales de
pagos con un sistema de cambio libre. Ya han caducado algunos de los' vigentes a la fecha
de la reforma cambiaria, y nuestro país terminará todos los restantes con excepción de los
vigentes con los dos países limítrofes, en un período aproximado de un año.
7 — A medida que el programa de estabilización financiera comience a tener efecto y la
confianza del público retorne, el Gobierno se propone examinar, dentro de un año, la
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posibilidad de una mayor simplificación del sistema cambiario y de las otras restricciones
que afecten el comercio.
8 — El presupuesto del Gobierno confeccionado sobre bases de equilibrio para el período
1960-963 está actualmente en discusión en el Parlamento y el Gobierno tiene la confianza
de que se logrará su sanción en las próximas semanas en la forma proyectada. En dicho
presupuesto se consagra la creación de un impuesto a la renta, entendiéndose que es un
paso muy importante en la política fiscal del Uruguay, pues habilitará una fuente importante
de recursos no inflacionarios para fines de desarrollo.
9 - El Gobierno está resuelto a que la financiación de sus presupuestos y los de los Entes
Autónomos no se logren de fuentes inflacionarias. En consecuencia no se recurrirá al crédito
del Banco de la República a tales fines, sino que la política, que ha sido vigorosamente
desarrollada en el último año, es lograr la autofinanciación de esos Organismos, con excepción
de los subsidios que se les extiendan, o los impuestos especiales que les asignen ingresos
adecuados. En consecuencia, cualquier déficit que se produzca en los organismos autónomos
será financiado por un aumento en las tarifas o en la forma mencionada anteriormente, y
no recurriendo al crédito bancario para cubrir los mismos.
10 — La expansión inflacionaria de la emisión que ha ocurrido en años recientes, ha
derivado principalmente en las pérdidas de las operaciones de cambio realizadas por el
Banco de la República en el cumplimiento de las operaciones futuras de cambio, a fin de
cubrir importaciones realizadas con tipos preferenciales. El Banco de la República ha concluido
con la aceptación de contratos de cambio futuros.
11 — Una fuente importante de expansión en años recientes fue el aumento de los
redescuentos por el Banco de la República a los Bancos Privados. Esto ha sido ahora frenado
y es la política del Gobierno reducir estos redescuentos a fin de que sean utilizados
exclusivamente para ayudar a los Bancos en situaciones de emergencia., derivadas del
retiro de los depósitos. Con este propósito se proyecta abatir sistemáticamente los
redescuentos, requiriendo a cada Banco reducir el uso del mismo en una cantidad no
inferior a un 75 por ciento del aumento de los depósitos sobre el nivel del lº de setiembre de
1960. Es la intención del Gobierno presentar al Parlamento próximamente una ley de
Bancos que contemple el uso de encajes variables a los Bancos Privados.
12 — El Banco de la República ha logrado, a través de su Departamento Bancario,
extender importantes facilidades de crédito a la producción. Es la esperanza del Gobierno
de que estos servicios puedan extenderse. Sin embargo, a fin de consolidar la estabilidad
obtenida hasta la fecha, se proyecta limitar el crecimiento de los créditos al sector privado
de parte del Banco de la República, en tal forma de que en ningún caso durante la vigencia
del convenio de estabilización los créditos a corto plazo y largo plazo del Banco de la
República al sector privado que al 31 de julio de 1960 alcanzan o/u 1.204 millones, exceden
aproximadamente un 7 por ciento de esta cifra. Con el restablecimiento de la confianza
lograda a través de la estabilización, se espera subsiguientemente que el Banco de la
República, pueda liberalizar la extensión del crédito en la medida en que los ahorros permitan
el crecimiento de los depósitos. Este crecimiento será particularmente valioso porque se
logrará sobre una base de precios estables.
13 — En resumen, la política de crédito del Gobierno estará orientada a limitar el
crecimiento del crédito bancario al crecimiento real de la economía. El permitir una expansión
del crédito que exceda la tasa de crecimiento económico pondría en peligro la nueva
estabilidad que se ha logrado en el mercado cambiario, perpetuaría la inflación de precios
internos y estimularía una fuga de capitales que en definitiva bajaría la tasa de crecimiento
económico. En esta forma el Gobierno contempla mantener bajo estudio constante, la
creación de créditos por parte del Banco de la República. En particular es la firme intención
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del Gobierno que esta creación de créditos, que incluye todos los activos del Banco de la
República, deducidos de los depósitos oficiales, y que alcanza pesos uruguayos 1.170 millones
al 31 de julio de 1960, no aumente más allá de pesos uruguayos 1.370 millones durante el
período siguiente hasta el término del convenio de estabilización. Estas cifras naturalmente
están sujetas a los ajustes que sean necesarios si se produce una revaluación de activos y
pasivos en el balance del Banco de la República siempre y cuando ello no represente una
expansión del crédito.
14 — Si en cualquier momento del período de vigencia del stand-by los límites prescriptos
en los párrafos 12 y 13 de está carta son excedidos, el Gobierno del Uruguay consultará con
el Fondo Monetario Internacional previamente a cualquier giro, y convendrá con él los
términos bajo los cuales los giros adicionales serán posibles.

1959. Reforma cambiaria y monetaria

Ley Nº 12.670

REFORMA CAMBIARIA Y MONETARIA

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General,

DECRETAN:


Artículo 1º.- A partir de la publicación de la presente ley, deróganse todas las disposiciones que fijan, facultan o autorizan a fijar tipos de cambio, regulándose en lo sucesivo la compra o venta de la moneda extranjera por el libre juego de la oferta y demanda.
Artículo 2º.- Declárese la libre importación de toda clase de mercaderías, artículos, productos y bienes.
Facúltase al Poder Ejecutivo:
A)Para exigir depósitos previos a la importación;
B)Para establecer recargos no superiores al 300% (trescientos por ciento) del precio CIF de las mercaderías, artículos, productos y bienes prescindibles, suntuarios y/o competitivos de la industria nacional;
C)Para prohibir con carácter general o particular, por un plazo no mayor de seis meses, la importación total o parcial de toda clase de mercaderías, artículos productos y bienes prescindibles, suntuarios y/o competitivos de la industria nacional. Dicha prohibición podrá reiterarse por nuevos pronunciamientos.

Dentro de los sesenta días de promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo establecerá las normas a las que deberá ajustarse la calificación de prescindibles, suntuarios o competitivos de la industria nacional para los artículos a importarse, debiendo incluirse en dichas normas la consulta a las instituciones más representativas del comercio y la industria.
Artículo 3º.- Las divisas provenientes de las exportaciones deberán ser negociadas en el Banco de la República directamente o por intermedio de los Bancos privados autorizados para operar en cambios.
El Poder Ejecutivo, a solicitud del Banco de la República, podrá exceptuar a los Bancos privados de la obligación de entregar las divisas en las condiciones que establecerá la reglamentación respectiva.
Artículo 4º.- Para el pago de las mercaderías, los importadores podrán adquirir sus divisas en plaza o recurrir, con las limitaciones que pueda disponer el Poder Ejecutivo, a los fondos que tengan radicados en el exterior o al uso del crédito que obtengan a esos efectos.
Artículo 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para exonerar temporariamente de derechos aduaneros y adicionales, tributos a la importación o aplicados en ocasión de la misma, impuesto a las transferencias de fondos al exterior y tasas portuarias, a las mercaderías comprendidas en el artículo 1º del decreto de 24 de abril de 1959 y a los siguientes: medicamentos, películas para radiografías, aparatos para, radiografía y equipos médicos y quirúrgicos destinados a las instituciones comprendidas en los incisos A) y B) del decreto ley Nº 10.384, de 13 de febrero de 1943; maquinarias, herramientas y otros artículos requeridos para la explotación agrícola, ganadera y granjera; plaguicidas y fertilizantes.
Artículo 6º.- A los efectos de cumplir con las obligaciones que determina el artículo siguiente de esta ley, el Poder Ejecutivo, oído el Banco de la República, detraerá del producto en moneda nacional de las exportaciones correspondientes a las mercaderías que se enumeran a continuación, los siguientes porcentajes:
A)Lanas sucias entre un 25% (veinticinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
B)Lanas lavadas y semilavadas: tops, hilados y los subproductos de peinaduría e hilandería, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
C)Semillas de lino; aceite de lino, expeller y harina, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
D)Semillas de girasol; aceite de girasol; expeller y harina, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
E)Semillas de maní; aceite de maní; expeller y harina, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
F)Trigo y derivados (harina, afrechillo, semitín, etc.), entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
G)Carne bovina de cualquier clase y preparada en cualquier forma, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento);
H)Cueros bovinos y ovinos, secos y salados, entre un 5% (cinco por ciento) y un 50% (cincuenta por ciento).

La detracción será fijada sobre el volumen físico atendiendo a los valores nacionales e internacionales de las distintas categorías y a la cotización del peso, excepto para el caso del inciso G) en que el Poder Ejecutivo podrá también efectuar las detracciones sobre otros elementos ajenos al volumen físico.
El Poder Ejecutivo podrá modificar el monto de las detracciones cuando ocurrieren fluctuaciones no inferiores en cada oportunidad al 5% (cinco por ciento) en cualquiera de los factores determinantes de las mismas. En tal caso, la detracción se modificará en relación a la fluctuación producida en dichos factores.
Las detracciones que se establecen por la presente ley serán abonadas sin excepción por todos los exportadores, aun por aquellos que gozaren de excenciones fiscales generales especiales.
Artículo 7º.- El producto de esta detracción y de los recargos que se establezcan según lo dispuesto por el artículo 2º será destinado en los siguientes porcentajes:
A)Un 20% (veinte por ciento) al abaratamiento de los precios de la carne, leche, pan, azúcar, fideos, arroz, yerba, porotos, harina, kerosene, transporte colectivo y otros bienes y servicios que se estimaron necesarios por motivos de interés general.
B)Un 20% (veinte por ciento) a la protección y asistencia de las industrias básicas, relevamiento de la ganadería y desarrollo de la industria lechera, estímulo a la forestación y desenvolvimiento de la producción agrícola, porcina, avícola, frutícola y hortícola dentro del plan general que se aplicará. Dicho plan que tratará preferentemente a los pequeños y medianos productores, entre otras finalidades comprenderá: el establecimiento de escuelas experimentales, conservación, mejoramiento, irrigación y fertilización de suelos, formación de zonas pilotos, praderas, potreros y alumbramientos de agua, combatimiento de plagas de la ganadería y la agricultura y mejoramiento del Instituto Fitotécnico y Semillero Nacional "Dr. Alberto Boerger" y la financiación de otros bienes y servicios destinados al desarrollo y atención de la economía rural.
C)Un 15% (quince por ciento) a la construcción y mejoramiento de obras públicas de vialidad y otras obras y servicios indispensables para el desarrollo de la economía rural en la forma que la ley determinará.

  La adjudicación destinada a mejoramiento de caminos departamentales y vecinales, será entregada a los Gobiernos Departamentales.
D)Un 35% (treinta y cinco por ciento) a las disminuciones que experimenten las tasas portuarias y Rentas Generales o Rentas Afectadas, por las exoneraciones impositivas establecidas en el artículo 5º y las mayores erogaciones que a los organismos y servicios públicos provoque la eliminación de los tratamientos cambiarios preferenciales, en el grado y medida que se entienda necesario.

  A partir del Ejercicio Fiscal 1961, se destinará un 2% de este monto a amortizar, sin intereses, la cantidad de $ 50:000.000.00 (cincuenta millones de pesos) que el Banco de la República entregará al Banco Hipotecario del Uruguay, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de esta ley, hasta la total cancelación de dicho aporte. Una vez efectuada la cancelación, el 2% mencionado se aplicará a su destino primitivo.
E)Un 10% (diez por ciento) para complementar los porcentajes fijados en los incisos A) a D) cuando para la aplicación de los planes de distribución resultaren insuficientes los porcentajes previstos.

  También podrá el Poder Ejecutivo utilizar, de este 10%, las cantidades necesarias para el pago de obligaciones existentes del Estado, relacionadas con algunos de los rubros mencionados en los incisos precedentes.

Dentro de los quince días iniciales de cada período anual, el Poder Ejecutivo formulará una estimación del producido y procederá a realizar su distribución porcentual. Finalizado el ejercicio, si existiera un sobrante se destinará a la finalidad a que se refiere el inciso B).
Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo, antes del 1º de marzo de 1960, solicitará a la Asamblea General las autorizaciones necesarias para cumplir con las finalidades perseguidas por el inciso B) del artículo 7º y hará la estimación de egresos.
En los años subsiguientes y en oportunidad de lo dispuesto por los artículos 214 y 215 de la Constitución, el Poder Ejecutivo someterá a la aprobación del Parlamento, el plan de inversiones para los destinos indicados en el inciso B), la previsión de los ingresos y la rendición de cuentas de los egresos.
Artículo 9º.- Los permisos de importación acordados o a acordarse por el Contralor de Exportaciones e Importaciones, con cargo a los cupos puestos a su disposición por el Banco de la República, con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, serán liquidados a los tipos de cambio existentes a la fecha de la comunicación de dichos cupos.
Asimismo se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del corriente año, los tratamientos cambiarios, preferenciales fijados para la compra de moneda extranjera, destinados a atender obligaciones ajenas al comercio exterior.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2º hasta el 1º de enero de 1960, el régimen de libre importación se limitará a los artículos, productos, mercaderías y bienes que determine el Poder Ejecutivo.
Artículo 10.- Sustitúyese el artículo 1º de la ley Nº 9.760, de 20 de enero de 1938, el que quedará redactado en la siguiente forma:
"ARTICULO 1º.- El peso, unidad monetaria de la República Oriental del Uruguay, estará constituido Por 0 grm. 136719 de oro puro, al título de novecientos milésimos de fino con una tolerancia en más o en menos de un milésimo para el título y de dos milésimos en la medida de peso".

Artículo 11.- Sustitúyese el artículo 19 de la ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939 y derógase el artículo 2º de la ley Nº 12.491, de 9 de enero de 1958. El artículo 19 referido que quedará redactado así:
"ARTICULO 19.- Los billetes que el Departamento Bancario reciba contra entrega de oro, divisas o cambio extranjero de libre convertibilidad, así como el retiro de éstos del Departamento de Emisión, se regirán por las equivalencias legales. El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y ser de propiedad del Departamento Bancario sin restricción alguna".

Artículo 12.- El oro y la plata, que quedan liberados por aplicación de las equivalencias establecidas en esta ley, pasarán a integrar las reservas metálicas del Departamento Bancario.
El Banco de la República podrá destinar hasta el equivalente de U$S 20:000.000.00 (veinte millones de dólares), para Fondo de Estabilización y Defensa de la Moneda.
Artículo 13.- El Departamento de Emisión deberá cancelar de inmediato los billetes emitidos en virtud de los incisos A) y C) del artículo 19 de la ley Nº 9.808, de 2 de enero de 1939.
También se procederá a cancelar de inmediato el saldo de los billetes emitidos en virtud de la ley Nº 11.074, de 24 de junio de 1948, quedando derogados, por lo tanto, los plazos acordados por la ley Nº 12.472, de 17 de diciembre de 1957.
Artículo 14.- Los beneficios emergentes de la aplicación de la nueva paridad monetaria, serán destinados a la financiación de las pérdidas sufridas por el Banco de la República en el mercado dirigido de cambios, después de acreditar en la Cuenta "Tesoro Nacional", la cantidad de pesos 40:000.000.00 (cuarenta millones de pesos) y de entregar al Banco Hipotecario del Uruguay la suma de $ 50:000.000.00 (cincuenta millones de pesos) para aumento de capital.
Artículo 15.- Los decretos que dicte el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que le concede la presente ley, deberán ser comunicados al Poder Legislativo dentro del término de 10 (diez) días, sin perjuicio, en lo pertinente, de lo dispuesto por el artículo 215 de la Constitución.
Artículo 16.- A partir del 1º de enero de 1960, quedará derogada la ley Nº 10.000, de 10 de enero de 1941, en cuanto se oponga a la presente, transfiriéndose al Directorio del Banco de la República las funciones conferidas a la Comisión Honoraria del Contralor de Exportaciones e Importaciones, por leyes y reglamentos vigentes, que fueran compatibles con el régimen jurídico que aquí se establece. Al estructurarse el Presupuesto General de Sueldos y Gastos, se incluirán las disposiciones correspondientes a fin de incorporar el personal de cualquier naturaleza del Contralor de Exportaciones e Importaciones, al Presupuesto del Banco de la República, quedando bajo las normas disciplinarias que rigen en el mismo, sin interferir en los derechos estatutarios de sus funcionarios. El Banco elevará al Poder Ejecutivo el estatuto que regirá a dicho personal incorporado.
Artículo 17.- La presente ley será obligatoria desde su promulgación por el Poder Ejecutivo.
Artículo 18.- Deróganse todas las disposiciones que se opongan a la presente ley.
Artículo 19.- Comuníquese, etc.
    Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores, en Montevideo, a 15 de diciembre de 1959.

JUAN C. RAFFO FRAVEGA,
Presidente.
José Pastor Salvañach,
Secretario.

MINISTERIO DE HACIENDA

Montevideo, 17 de diciembre de 1959.

Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos.

Por el Consejo:

ECHEGOYEN.
JUAN EDUARDO AZZINI.

Manuel Sánchez Morales.
Secretario.

viernes, 21 de septiembre de 2012

1947-1952 Presidencia de Berreta


Presidencia de Batlle Berres

Presidencia de Martínez Trueba

1947

mar. 1. Tomás Berreta asume la primera magistratura. Luis Batlle Berres la vice presidencia.

abr. 15. El Pres. Berreta propone la creación del Instituto Nacional de Colonización para favorecer las pequeñas explotaciones agrarias. En sus argumentos explica los motivos que lo llevan a impulsar la obra.

ag. 2. Fallecimiento del Pres. Berreta. Asume la titularidad del P.E. el Vice Luis Batlle Beres. En su programa figura la multiplicación de las industrias nacionales y una política agresiva para imponer la electrificación en el campo. Surgen las primeras dificultades porque la lista 15 (Luis Batlle) no cuenta con mayoría parlamentaria y debe hacer acuerdos con la 14 (batllista de César Batlle y El Día), otros grupos colorados minoritarios para llenar los Ministerios y los Entes Autónomos.

El gabinete se integra con Luis Alberto Brause y Juan P. Fabini (14), Daniel Castellanos, César Charlone y Oscar Secco Ellauri (Blancoacevedistas). Germán Barbato (14) ingresa como Intendente Municipal de Montevideo.

ag. 14. El Pres. Batlle Berres pronuncia un discurso en que delinea su acción de gobierno orientada hacia el desarrollo industrial del país.

ag. Batlle Berres se reúne con Herrera con el propósito de lograr un “entendimiento patriótico” que le permitiese gobernar contando con mayorías parlamentarias necesarias para la sanción de leyes, aprobar las nacionalizaciones proyectadas, nombramientos de los cargos de directores en Entes Autónomos.

sbre. 17. Por Ley se crea el Consejo Nacional de Subsistencias con el cometido de favorecer las compras de alimentos y otros para las clases populares al actuar como ente testigo regulador de precios de la canasta familiar. En torno a Luis Batlle Berres se nuclean un grupo de jóvenes legisladores.(Zelmar Michelini, Teófilo Collazo, Manuel Flores Mora, Alba Roballo, Luis Hierro Gambardella),

dbre. Se crea la Administración Municipal de Tranvías (AMDET) encargada del transporte capitalino que sustituye a las viejas compañías privadas. El P.E. envía a Londres una Delegación Oficial presidida por el nacionalista independiente Gustavo Gallinal para concertar el pago de una deuda de 17: de libras esterlinas debido a la exportación de carnes, lanas y cueros que el Uruguay mantuvo constante con Gran Bretaña durante la Guerra Mundial. Se negocia la posibilidad de que esta cifra (más la generada por otras exportaciones a concretarse) sirvan para el pago de la adquisición de empresas inglesas que el P.E. pretende nacionalizar siguiendo con su política.

1948

ene. 2. Se crea la Comisión Honoraria de Conservación de Granos y se efectiviza el Plan de construcción de silos.

ene. 12. Se crea el Instituto Nacional de Colonización cuyos antecedentes fueron la Sección de Fomento Rural y Colonización del Banco Hipotecario del Uruguay. Tuvo una fuerte oposición de la Asociación Rural del Uruguay y de la Federación Rural del Uruguay.

feb. 27. Reunión entre Batlle y Perón a bordo del Buque de la Armada Nacional Cap. Miranda (el 1º) y el de la Armada Argentina Tacuara (el 2º) para resolver el problema de límites marítimos.

sbre. Se ratifica el Tratado Interamericano de Asistencia recíproca.

dbre. 31. Se nacionalizan los servicios de agua potable explotados hasta ahora por una empresa inglesa. También se nacionalizan los ferrocarriles (que estaban e las mismas condiciones de explotación por ingleses) creando la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). En Bogotá (Colombia) se llevan a cabo la Conferencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).

1949

mar. La crisis política en el seno del acuerdo batllli-herrerista provoca la ruptura de la llamada “Coincidencia Patriótica”. Repercuten en el funcionamiento normal del Instituto de Colonización (creado el año anterior) la falta de recursos financieros para hacer frente a la compra de tierras para satisfacer la gran demanda de las mismas.

1950

nov. 26. Se llevan a cabo las elecciones nacionales con tres candidatos por cada partido tradicional que obedecen a las fracciones existentes. El P.C. presenta la lista 15, con la fórmula presidencial y vice Andrés Martínez Trueba-Alfeo Brum, la 14 con César Mayo Gutiérrez y Lorenzo Batlle, los independientes (Blancoacevedistas, baldomiristas y terristas) Eduardo Blanco Acevedo- Ciro Giambruno. P.N. grupo mayoritario Luis Alberto de Herrera-Martin Echegoyen (otro participó con la candidatura de Daniel Fernández Crespo a la Intendencia Municipal de Montevideo), nacionalistas independientes con Alejandro Gallinal y Eduardo Rodríguez Larreta, otro con Salvador Estradé. El P. Comunista con Eugenio Gómez como candidato, El P. Socialista con Emilio Frugoni.

Resultados electorales; 823.829 votantes (con 1:168.206 habilitados): P.C. 433.454 (15: 161.262, 14: 150.930, blancoacevedistas 120.919). P.N. Herrera 504.834, (Fernández Crespo tuvo más de 50.000 frente al candidato oficial herrerista Ramón Viña), Nacionalistas Independientes 63.000 (Gallinal 32000 y Rodríguez Larreta 31.000), Estradé 1.421 votos. P. Comunista 19.026, P. Socialista 17.401, Demócrata Social (Quijano) 5.000, Unión Cívica (Juan Vicente Chiarino) 36.100 votos.

El proyecto de Reforma constitucional (Pres, y Vice sin lema y por lista) no obtuvo la mayoría requerida. Conclusión: triunfo del P.C. y dentro de éste la lista 15 que se impuso a la 14 por 10.332 votos. El candidato individualmente más votado fue Herrera. Los partidos de izquierda perdieron votos en relación al último acto electoral, particularmente los comunistas en 2,31%.

dbre. Se funda la Liga Federal de Acción Ruralista (Nardone) que iniciará su vida política.

1951

mar. 1. Asume la primera magistratura Andrés Martínez Trueba (permanecerá un año porque al aprobarse por mayoría el plebiscito de la Reforma Constitucional el 16 de dbre., a partir del 1 de mar. De 1952 se pasa al régimen de Consejo Nacional de Gobierno sustituyendo al presidencialismo).

jul. 3. Se establecen contactos políticos extra-partidarios con miras a una nueva reforma Constitucional.

ag. 17. Se presenta el proyecto de reforma Constitucional colegialista apoyada por el batllismo y el herrerismo, después de una reunión reservada de tres delegados de cada uno de los citados. 25 diputados nacionales tendrán la responsabilidad de firmar e impulsar el proyecto en la Cámara.

nov. 12. La empresa mixta de aeronavegación PLUNA se crea como Ente Autónomo y se aprueba su Ley Orgánica.

dbre. 8. La Liga Federal de Acción Ruralista a los Partidos Políticos.

dbre. 16. Se realiza el plebiscito con los siguientes resultados: votaron sólo el 37% de los habilitados en total 429.760 (gran abstención). Fue aprobado por mayoría simple de 230.000 por SI y 200.000 por NO. En el interior la mayoría fue SI en Montevideo NO.
(extraído de Walter Rela, Cronología histórica documentada)


3. El breve gobierno de Tomás Berreta.


La llegada a la primera magistratura de Tomás Berreta representó la vuelta del batllismo al poder a través de una singular figura de esta corriente política, representante del “Uruguay chacarero”, esto es, del cinturón de pequeños y medianos productores rurales dedicados a la agricultura y a la granja (especialmente en el Departamento de Canelones), que trabajaban para el mercado capitalino.

El hecho de haber fallecido apenas seis meses después de asumido el cargo, determina que se lo considere una figura de transición y que algunas de sus propuestas, como su enfoque del desarrollo del país a partir del agro o las iniciativas para limitar la acción sindical (ilicitud de la huelga en los servicios públicos, reglamentación sindical y creación de tribunales de conciliación y arbitraje), quedaran como meras intenciones.

Algo muy diferente ocurrió con la negociación realizada frente a Gran Bretaña para lograr el pago de la deuda de 17 millones de libras esterlinas que ese país tenía con el Uruguay. El envio de una misión presidida por el Dr. Gustavo Gallinal negoció el desbloqueo del 10% del total adeudado, un buen acuerdo para la colocación de carnes y la adquisición de las empresas inglesas por el Estado. Estas gestiones determinaron que importantes actividades de la vida económica nacional pasaran a la órbita de las empresas públicas, como se concretó con posterioridad al deceso de Berreta. En: Nahum, o.c.



5. Palabras de Luis Batlle:

“En esta etapa histórica hay un capitalismo privado, socialmente necesario, socialmente útil, que implica progreso nacional y humano y que debemos impulsar. Así lo hizo desde el principio el batllismo y fue muy justa tal actitud, procurando fundamentalmente dos cosas: a) que tengamos una industria efectivamente nacional, es decir rescatando para nuestro país, nuestra propia riqueza, muchas veces en manos del empresismo imperialista o creándola nueva; b) favoreciendo y protegiendo al proceso industrializador, la Revolución Industrial del País en condición de que en tal proceso no se olvide un solo instante el elemento humano que es su principal protagonista, dando buenos salarios, toda clase de compensaciones y ventajas y participación razonable en los beneficios a los trabajadores”. (“Acción”, 3/11/1951).



“...la economía dirigida del gobierno tiene como función principal, en primer término, la custodia y tutela de los grandes intereses económicos de la República y después, la tutela en custodia de los intereses de los pequeños, que no tienen otro ayudante, ni otra tutela, ni otra vigilancia a su lado, ni más honrada que la del gobierno, siempre dispuesto a colaborar con ellos”. (25/4/1948).



“Movimiento de Integración policlasista, expresó una alianza tácita entre la burguesía industrial, la pequeña burguesía y la clase obrera, sin que existiera una integración orgánica de esta en el movimiento. Es indudable que mientras la burguesía industrial y en buena medida la pequeña burguesía, participaron e influyeron en el seno mismo del movimiento, la clase obrera gravitó desde afuera con el peso de sus organizaciones gremiales y con la importancia numérica que su voto tenía en las soluciones electorales. La ideología del movimiento se conformó con elementos heterogéneos, como resultado de las ideas e intereses distintos y aún contrapuestos de las fuerzas sociales que procuró expresar. A partir del concepto de la necesaria implantación de una sociedad industrial, en cuyo desarrollo el estatismo, el dirigismo, la conciliación de clases adquieren una importancia fundamental, su ideología se proyectó en un amplio concepto de las relaciones entre pueblo y gobierno, instrumentadas con la vigencia de la democracia y la libertad”.

(G.D’Elia, “El Uruguay neo-batllista, 1946-1958, Montevideo EBO, Temas del Siglo XX Nº 8, 1982, T. 38.)



Fragmentos tomados de Luis Batlle, Pensamiento y acción (discursos y artículos ), edit. Alfa, 1965, y de Germán D’Elia, El Uruguay neobatllista, 1946-1958, Temas del siglo XX Nº 8, EBO, 1982.

“Nosotros, los que fuimos formados en los últimos aleteos de la filosofía liberal del siglo pasado y dimos los primeros pasos hacia la socialización de ciertas actividades del organismo social, comprendemos que tenemos que continuar ese ritmo para encauzarlos por las vías normales. Apresurarse a ser justo es asegurar la tranquilidad, es brindarle al ciudadano los elementos principales y básicos para que tenga la felicidad de vivir y hasta él lleguen los beneficios del progreso y de la riqueza. Apresurarse a ser justo es luchar por el orden y es asegurar el orden “ (14/8/1947).



“Al lado de la industria que crea la clase media, al lado de la industria viene el salario bien remunerado del obrero, al lado de la industria viene elcapital, al lado de la industria viene toda la organización administrativa bien paga, al lado de la industria se realiza y se hace una riqueza que se reparte entre los trabajadores porque la industria lo que necesita son brazos y entonces a los brazos es a donde llega el reparto justo la ganancia que provoca es industria, y en ese sentido tenemos que hablar con claridad al pueblo: no están haciendo como lo pretenden algunos que falsean la verdad, capitalismo para los capitalistas, no, están haciendo riqueza para que llegue al pueblo, para que se reparta entre los hombres de trabajo...” (10/10/1948).



Hemos alcanzado algunas conquistas que repercuten a favor de nuestro pueblo, agrandándolo ante los ojos del mundo exterior; pero puedo asegurarles a los señores asambleístas que sentimos que tenemos mucho camino que andar todavía y, lo que puede ser de mayor agrado para Uds. es que las nuevas etapas a alcanzar no nos asustan y, en cambio, nos puede avergonzar el que todavía haya tanto dolor alrededor nuestro. No comprendemos las conquistas sociales si ellas se alcanzan debilitando las libertades ciudadanas. Conquistas sociales sin libertad, son formas peligrosas de opresión . Lo que necesita esta Asamblea para actuar es libertad; lo que necesitan los obreros para discutir y proteger sus derechos y estar seguros de alcanzar nuevas conquistas de progreso, es respirar libertad; y lo que necesita el ser humano en sus ansias de mejoramiento y en su lucha por la justicia, es libertad. ...Libertad ciudadana, leyes sociales, preocupación por el cuidado de la salud y de la enseñanza, son las armas que la República utiliza para luchar por la felicidad y el progreso de nuestro pueblo.

En: Batlle Berres. Pensamiento y Acción.



Subsidios

...La política de los subsidios ha provocado discusiones en distintos sectores de la opinión y sin duda, están igualmente equivocados los que la niegan y los que reclaman su uso sin tasa ni cuidado. Frente a las grandes conmociones económicas que viven casi todos los países la política de subsidios es vital y asegura el orden económico, la estabilidad y hasta la paz política de los pueblos. La intervención del Estado, en una acción eficaz de policía de la economía, sea provocando la producción o manteniendo valores o reduciendo costos ocasionalmente elevados, es obra de estabilidad y por tanto, es obra tranquilizadora.

No creemos que estas soluciones sean científicas y que encaren y resuelvan satisfactoriamente todos los problemas económicos existentes; pero son soluciones impuestas por los problemas diarios y, por este camino se busca impedir las graves perturbaciones provocadas por la escasez o carestía o derrumbe económico y así, como se intenta poner orden. Esta y no otra, es la filosofía económica y política de régimen de los subsidios.

Los subsidios pueden estar destinados a abaratar y este es el caso del precio de la leche; o puede buscarse con ellos provocar la producción, y esta es la razón del precio del trigo, del decreto forrajero y el abaratamiento de los abonos, o se toman medidas para evitar graves crisis económicas manteniendo precios y esto es lo que ha hecho el gobierno subsidiando el precio del ganado frente a la depreciación impuesta por Inglaterra al desvalorizar su moneda.

Habría sido muy grave que el gobierno se hubiese cruzado de brazos y hubiese dejado intervenir la ley de la oferta y la demanda sin concurrir con su poder a poner orden. Muy seguramente, el país estaría viviendo hoy horas de verdadera conmoción económica. La política llevada por el gobierno ha tenido una clara lógica económica, y sus resultados beneficiosos son evidentes.

(extraído de Walter Rela, Cronología histórica documentada)

lunes, 20 de agosto de 2012

dictadura de Terra

6.2. El avance de la regulación a partir de los treinta
Con respecto al sector agropecuario las medidas impulsadas intensificaron el tono regulador
puesto de manifiesto al final de los años veinte. La creación del Ministerio de Ganadería y
Agricultura en 1935 fue la expresión institucional de la prioridad que el régimen terrista
asignó al sector agropecuario. En su órbita funcionaron diversos organismos de estímulo a
la producción.
Ante los efectos de la crisis sobre el agro, y teniendo en cuenta el apoyo prestado por los
ganaderos al golpe de estado, se rebajó la contribución inmobiliaria rural, se suspendió la
amortización de los prestamos contraídos por los ganaderos con el Banco Hipotecario y, lo
que fue muy favorable para los exportadores, se devaluó la moneda (1935 y 1938) y se les
fijó un tipo de cambió más favorable.
Fue notorio el aumento gradual de la intervención estatal en la comercialización de la
producción. En 1935 se firmó un Convenio comercial con el Reino Unido (Convenio Cosio-
Runciman) que aseguró una cuota en el mercado británico a las carnes uruguayas. Además
se firmaron acuerdos comerciales de canje con Alemania e Italia. A partir de 1939 se
centralizó en el Ministerio de Ganadería, del que pasó a depender la Comisión de Carnes,
todo lo relativo a su exportación.
(...)
En relación al sector industrial se continuó con la tradicional apuesta proteccionista del
batllismo, elevando aranceles y estableciendo prohibiciones para la importación de productos
competitivos con la producción nacional y se volvió al expediente de los privilegios industriales
para promover el desarrollo de nuevas iniciativas y la modernización de las existentes,
aprobándose en 1930 una nueva ley al respecto. El establecimiento en 1931 del Control de
Cambios, abrió un nuevo eje para la promoción de la industria en tanto el Estado contó, a
partir de entonces, con un instrumento que le permitió asignar divisas, imprescindibles
para las importaciones que la industria requería.
La creación de ANCAP en 1931 y la inauguración de la usina termoeléctrica “José Batlle y
Ordónez”, tuvieron fuertes conexiones con la política industrial. En 1937, culminaron las
obras de la refinería de La Teja y en el mismo año se inició la construcción de la represa de
Rincón del Bonete.
El terrismo no rompió en éste, como en muchos otros campos de la política económica,
con la línea de promoción industrial desplegada por el CNA, aún cuando el advenimiento de
la dictadura estuvo fuertemente asentado en el apoyo del sector ganadero a través de sus
expresiones gremiales y políticas.
Al Control de Cambios se le agregó el Contralor de Importaciones, fortaleciendo de esa
forma la capacidad de regulación estatal respecto al monto y al tipo de productos que se
importaban. Cuando en 1941 se estableció el Contralor de Exportaciones e Importaciones,
se completó el conjunto de organismos y reglamentaciones a través de los cuales el Estado
desplegó en los años siguientes una cada vez más afinada regulación del comercio exterior
y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada al estímulo de la
diversificación productiva y de la distribución del ingreso.
En el comercio exterior, la creación del Contralor de Exportaciones e Importaciones (Ley
Nº 10.000 de 10 de enero de 1941) marcó el punto culminante de una acumulación institucional
iniciada a comienzos de los años treinta, que marca, a su vez, una llamativa continuidad en
las políticas del CNA [Consejo Nacional de Administración], el terrismo y el neobatllismo con
referencia al sector. Las atribuciones del Contralor comprendían: el control de la operaciones
de compra y venta con el exterior, fiscalizando el valor de las mismas, así como su origen o
destino; la concesión de permisos de importación de acuerdo a cierto orden de prioridades
(materias primas para alimentos indispensables, para la salud y los servicios públicos,
maquinarias, repuestos, etc.); la asignación individual del cambio a los importadores
contemplando sus necesidades, el personal ocupado, etc.; y la fijación del tipo de cambio
para los importadores (según los mismos criterios) y para los exportadores.
La política monetaria y cambiaria estaba estrechamente vinculada con la regulación del
comercio exterior. La convertibilidad oro del peso uruguayo suspendida en 1914 nunca fue
restablecida. Cuando, en 1935, se puso en marcha el primero de los “revalúos” se “respaldó”
una nueva emisión monetaria destinada a cubrir deuda pública, apoyar al sector exportador
y desarrollar políticas de empleo.
En 1938 se puso en marcha el “segundo revalúo”, al mismo tiempo que se autorizó una
nueva emisión monetaria destinada a cubrir el déficit presupuestal, o pagar servicios de
deuda y a realizar obras públicas. En este mismo año fue aprobada una ley por la que se
reglamentaba la actividad de los bancos privados. Durante la Segunda Guerra Mundial, se
reforzó el papel de autoridad monetaria del Poder Ejecutivo y los problemas generados por
los flujos monetarios hacia el exterior en la inmediata posguerra impulsaron nuevas
definiciones en cuanto al manejo de los asuntos monetarios.
Por último, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, en los años treinta no
hubo regulación salarial propiamente dicha, con la única excepción de la industria frigorífica
que tuvo salario mínimo estipulado por ley sancionada en 1930. Hasta 1943, los salarios de
la actividad privada se fijaban en el libre juego del mercado. A partir de ese año, con la
promulgación de la ley que estableció los Consejos de Salarios y Asignaciones Familiares, se
montó un complejo andamiaje institucional al servicio de la regulación salarial. La ley
asignó a estos consejos la fijación de un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las
necesidades físicas e intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación
del Estado. Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que
quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban por ley. En
los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo se completó con el antes
mencionado control de precios de artículos de primera necesidad y de los alquileres.
Mientras que el Contralor fue el instrumento mediante el cual se canalizó la transferencia
de recursos desde el sector agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los
Consejos habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano hacia
los asalariados. Por otra parte el Estado, a través de sus políticas sociales (educación, salud,
vivienda, seguridad social, alimentación) y de su dominio industrial y comercial, se volvió él
mismo un vehículo de las transferencias de ingreso hacia los trabajadores rurales y urbanos.
Al considerar los efectos de las regulaciones salariales sobre el nivel de vida de la población,
no puede dejar de considerarse la evolución de las políticas sociales a lo largo del período.
Frente a la desocupación de los primeros años treinta, el terrismo promovió la realización
de obras públicas y, en términos más generales, se expandió el empleo público. Además, el
régimen promovió diversas medidas paliativas de la grave situación social (precios tarifados
y subsidios, rebajas de arrendamientos, comedores populares, expendios municipales).
Todas estas medidas fueron la contracara del autoritarismo y la represión impuesta a la
acción sindical, dando vía libre a la persecución desplegada por las patronales, que dejó sin
defensas a los sectores asalariados frente a la notable caída del salario real durante la
dictadura.
*Instituto de Economía:
“El Uruguay del siglo XX. La Economía”,
EBO – Instituto de Economía, 2003,
págs. 53 - 59


Dictadura de Terra

                                               Régimen terrista. La perspectiva de Finch

“… a comienzos de la década del treinta, el batllismo logró extender la acción del Estado a actividades directamente productivas –como la creación de ANCAP- mediante acuerdo con un sector del Partido Nacional (el Nacionalismo Independiente) a cambio de la participación de ese sector en el reparto de los cargos públicos a crearse.
            Este ‘pacto del chinchulín’ –tal como lo denominó Herrera- realizado en 1931, fue explotado por Gabriel Terra como una muestra de la corrupción del gobierno colegialista durante la campaña que precedió al golpe de estado que tuvo lugar dieciocho meses mas tarde. Terra también sacó provecho de esta circunstancia al asegurarse la neutralidad y la eventual cooperación del sector herrerista del Partido Nacional excluído del pacto. De todos modos, la división de la elite política era, fundamentalmente, un reflejo del impacto de la depresión mundial en el sector de los propieatrios rurales y de su impotencia política dentro del esquema batllista. Desde el punto de vista de los ganaderos que producían para la exportación, la caída de los precios mundiales a comienzos de los años treinta puso fin a una etapa que se inició con una baja de los precios al terminar la guerra, se estabilizó en un 30% por debajo del pico de los años bélicos a mediados de la década del veinte y cayó luego, en forma radical, con la crisis. En términos de volúmenes físicos, las cifras resultaron apenas más alentadoras ya que el promedio de las exportaciones en el período 1926-1930 apenas superó en un 20% los niveles de posguerra. Este estancamiento estaba en agudo contraste con el rápido crecimiento de los valores de exportación en la década anterior al primer conflicto mundial que había coincidido con la fase radical del batllismo. La creciente hostilidad de los propietarios rurales hacia los políticos, el estatismo, la burocracia y los impuestos se manifestó en los años veinte a través de la Federación Rural. En 1929 esta institución desempeñó un papel primordial en la creación del Comité de Vigilancia Económica, un agrupamiento de los sectores conservadores en defensa de sus intereses. La acción de los rurales sólo fue efectiva, sin embargo, en aquellos puntos en los que coincidieron con el sistema político, tal como sucedió en la común oposición a las actividades del trust de la carne que rebajaba los precios del ganado. La creación en 1928 del Frigorífico Nacional significó para los productores ganaderos una defensa contra la dominación del capital extranjero en el comercio de exportación de carnes. Los partidos y el sistema político obtuvieron, sin embargo, a través de esta medida, una ampliación de su área de influencia.
            Resulta significativo el hecho de que –en comparación con otros países del área- la reacción política de Uruguay ante la depresión mundial fuese tardía. El impacto económico de la crisis alcanzó su máxima gravedad en 1932 cuando las exportaciones cayeron en un 58% de las cifras de 1930. Automáticamente se produjeron déficit en el presupuesto y en la balanza de pagos así como la devaluación del peso, pero la tormenta estaba empezando a superarse en el momento del golpe de estado de marzo de 1933. Aunque la política del Consejo Nacional de Administración en los dos años anteriores –con el establecimiento de controles cambiarios y del comercio exterior- estaba dirigida básicamente a enjugar los déficit comerciales e impositivos, existen buenas razones para sostener que estas medidas respondían a los objetivos tradicionales del batllismo. La restricción de importaciones fue planificada para que tuviese efectos proteccionistas sobre la industria local, la estabilización del peso devaluado a niveles superiores a la cotización del mercado castigaba al sector exportador, la amortización de la deuda externa y la remesa de intereses a Gran Bretaña fue suspendida, el ‘pacto del chinchulín’ permitió la creación de una empresa estatal (ANCAP) destinada a la refinación de combustibles y alcoholes y a la producción de Pórtland, y la reducción del déficit presupuestal se planeó más sobre la base del aumento de impuestos que sobre una reducción de los gastos.
            El golpe de estado de 1933, aunque resolvió en beneficio de los poderes económicos el problema de su falta de representación en el sistema político fue, en parte, originado también por divisiones internas en el seno mismo de los partidos, y el régimen que generó pudo mantenerse no sólo a través del ejercicio de la autoridad sino- en la misma medida- por expedientes puramente políticos. Al no destruir las organizaciones partidarias fue, a su vez –una década más tarde- desplazado por el renacimiento del batllismo. El propio Terra había realizado toda su carrera política en las filas del batllismo y fue electo para la Presidencia de la República en 1831 como candidato de ese sector. Posteriormente inició desde el gobierno una campaña propagandística denunciando la corrupción e ineptitud del Colegiado que -…- compartía con él las funciones del Poder Ejecutivo. Desde comienzos de 1933 pudo contar con la aquiescencia de Herrera –jefe del sector mayoritario del Partido Nacional- que tenía importantes conexiones en el medio rural. El golpe mismo, llevado a cabo bajo la consigna de la reforma constitucional, provocó escasa resistencia popular. La fuerza de la tradición bipartidista y la dependencia de Terra con respecto al apoyo de un sector del nacionalismo hicieron que la nueva Constitución se basase en un nuevo acuerdo interpartidario. La coparticipación continuó siendo pues, el modus vivendi de la vida política del país.
            (…) la orientación gubernativa del nuevo régimen significó un corte con la ideología batllista. Indudablemente, el sector más beneficiado por el cambio fue el de los propietarios rurales. La nueva línea se manifestó con claridad en el mensaje presidencial que acompañó los proyectos de reducción de los impuestos sobre el agro: ‘El iniciar una tendencia de rectificaciones y correcciones a favor de la campaña, por medio de estas leyes que más directamente influyen sobre la vida rural, señalará el principio de una etapa histórica en la vida económica de la República’ (boletín del Ministerio de Hacienda, vol. 20 nº 10, 1933). Otros beneficios económicos directos favorecieron a la campaña y entre ellos deben destacarse la suspensión del pago de hipotecas sobre la propiedad rural, la mejora en los pagos a los productores ganaderos y la devaluación de los tipos de cambio aplicables a las exportaciones. El apoyo de los sectores de las clases altas se consolidó sobre la base de una oposición a la extensión de la legislación laboral y social y a los avances del Estado en las actividades industriales.
            (…) Para los productores de carne, con su principal mercado amenazado –Gran Bretaña absorbía la cuarta parte del total de las exportaciones uruguayas- y ante la inminencia de las negociaciones sobre las cuotas en el abasto del mercado británico de carnes, la remoción del gobierno batllista se convirtió en un asunto fundamental. El Foreign Office había ya expresado sobre Terra. ‘Si tiene éxito (en despojar de su autoridad al Consejo Nacional de Administración) ello será en beneficio de nuestro punto de vista’ (F.O. Memorando, 18 de noviembre de 1931).
            En 1936, se ve una medida antibatllista de interés directo para los capitales británicos, cuando la Ley Baltar negó a los entes autónomos el derecho de establecer monopolios legales tales como el que se había concedido a la ANCAP en 1931 y a los que estaban autorizados por sus leyes de creación.
            Uno de los efectos de la crisis económica internacional, …, fue el de promover una mayor industrialización. Este proceso no se debó al desplazamiento de un grupo de la elite dirigente (los propietarios rurales) por otro grupo anteriormente subordinado (la burguesía industrial).
            (…) la mayor rentabilidad del sector industrial era una consecuencia del colapso de los precios mundiales de los productos primarios y de la necesidad, cada vez mayor, de que el país se abasteciese a sí mismo en rubros en los que antes dependía de las importaciones. El proceso de sustitución de importaciones se vio acelerado por medidas de emergencia tomadas a partir de 1931 y continuadas bajo el régimen de Terra. No fue, por lo tanto, la consecuencia de un cambio político favorable; por el contrario: fue el resurgimiento –bajo nuevas circunstancias- del sector urbano el que contribuyó a la restauración del batllismo en el poder y será ese batllismo restaurado el que desarrollará una política de rápido crecimiento industrial, especialmente después de 1947.” (Finch, Henry Historia económica del Uruguay contemporáneo Ed. de la Banda Oriental Uruguay, 1980 pp. 21 a 26)