El período de Terra. La política económica

"Con respecto al sector agropecuario las medidas impulsadas intensificaron el tono regulador puesto de manifiesto al final de los años veinte. La creación del Ministerio de Ganadería y Agricultura en 1935 fue la expresión institucional de la prioridad que el régimen terrista asignó al sector agropecuario. En su órbita funcionaron diversos organismos de estímulo a la producción.
Ante los efectos de la crisis sobre el agro, y teniendo en cuenta el apoyo prestado por los ganaderos al golpe de estado, se rebajó la contribución inmobiliaria rural, se suspendió la amortización de los prestamos contraídos por los ganaderos con el Banco Hipotecario y, lo que fue muy favorable para los exportadores, se devaluó la moneda (1935 y 1938) y se les fijó un tipo de cambió más favorable.
Fue notorio el aumento gradual de la intervención estatal en la comercialización de la producción. En 1935 se firmó un Convenio comercial con el Reino Unido (Convenio Cosio-Runciman) que aseguró una cuota en el mercado británico a las carnes uruguayas. Además se firmaron acuerdos comerciales de canje con Alemania e Italia. A partir de 1939 se centralizó en el Ministerio de Ganadería, del que pasó a depender la Comisión de Carnes, todo lo relativo a su exportación.
(...)
En relación al sector industrial se continuó con la tradicional apuesta proteccionista del batllismo, elevando aranceles y estableciendo prohibiciones para la importación de productos competitivos con la producción nacional y se volvió al expediente de los privilegios industriales para promover el desarrollo de nuevas iniciativas y la modernización de las existentes, aprobándose en 1930 una nueva ley al respecto. El establecimiento en 1931 del Control de Cambios, abrió un nuevo eje para la promoción de la industria en tanto el Estado contó, a partir de entonces, con un instrumento que le permitió asignar divisas, imprescindibles para las importaciones que la industria requería.
La creación de ANCAP en 1931 y la inauguración de la usina termoeléctrica “José Batlle y Ordónez”, tuvieron fuertes conexiones con la política industrial. En 1937, culminaron las obras de la refinería de La Teja y en el mismo año se inició la construcción de la represa de Rincón del Bonete.
El terrismo no rompió en éste, como en muchos otros campos de la política económica,
con la línea de promoción industrial desplegada por el CNA, aún cuando el advenimiento de la dictadura estuvo fuertemente asentado en el apoyo del sector ganadero a través de sus expresiones gremiales y políticas.
Al Control de Cambios se le agregó el Contralor de Importaciones, fortaleciendo de esa forma la capacidad de regulación estatal respecto al monto y al tipo de productos que se importaban. Cuando en 1941 se estableció el Contralor de Exportaciones e Importaciones se completó el conjunto de organismos y reglamentaciones a través de los cuales el Estado desplegó en los años siguientes una cada vez más afinada regulación del comercio exterior y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada al estímulo de la diversificación productiva y de la distribución del ingreso.
En el comercio exterior, la creación del Contralor de Exportaciones e Importaciones (Ley Nº 10.000 de 10 de enero de 1941) marcó el punto culminante de una acumulación institucional iniciada a comienzos de los años treinta, que marca, a su vez, una llamativa continuidad en las políticas del CNA [Consejo Nacional de Administración], el terrismo y el neobatllismo con referencia al sector. Las atribuciones del Contralor comprendían: el control de la operaciones de compra y venta con el exterior, fiscalizando el valor de las mismas, así como su origen o destino; la concesión de permisos de importación de acuerdo a cierto orden de prioridades(materias primas para alimentos indispensables, para la salud y los servicios públicos, maquinarias, repuestos, etc.); la asignación individual del cambio a los importadores contemplando sus necesidades, el personal ocupado, etc.; y la fijación del tipo de cambio para los importadores (según los mismos criterios) y para los exportadores.
La política monetaria y cambiaria estaba estrechamente vinculada con la regulación del comercio exterior. La convertibilidad oro del peso uruguayo suspendida en 1914 nunca fue restablecida. Cuando, en 1935, se puso en marcha el primero de los “revalúos” se “respaldó” una nueva emisión monetaria destinada a cubrir deuda pública, apoyar al sector exportador y desarrollar políticas de empleo.
En 1938 se puso en marcha el “segundo revalúo”, al mismo tiempo que se autorizó una
nueva emisión monetaria destinada a cubrir el déficit presupuestal, o pagar servicios de deuda y a realizar obras públicas. En este mismo año fue aprobada una ley por la que se reglamentaba la actividad de los bancos privados. Durante la Segunda Guerra Mundial, se reforzó el papel de autoridad monetaria del Poder Ejecutivo y los problemas generados por los flujos monetarios hacia el exterior en la inmediata posguerra impulsaron nuevas definiciones en cuanto al manejo de los asuntos monetarios.
Por último, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, en los años treinta no
hubo regulación salarial propiamente dicha, con la única excepción de la industria frigorífica que tuvo salario mínimo estipulado por ley sancionada en 1930. Hasta 1943, los salarios de la actividad privada se fijaban en el libre juego del mercado. A partir de ese año, con la promulgación de la ley que estableció los Consejos de Salarios y Asignaciones Familiares, se montó un complejo andamiaje institucional al servicio de la regulación salarial. La ley asignó a estos consejos la fijación de un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las necesidades físicas e intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación
del Estado. Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que
quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban por ley. En los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo se completó con el antes mencionado control de precios de artículos de primera necesidad y de los alquileres.
Mientras que el Contralor fue el instrumento mediante el cual se canalizó la transferencia de recursos desde el sector agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los Consejos habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano hacia los asalariados. Por otra parte el Estado, a través de sus políticas sociales (educación, salud, vivienda, seguridad social, alimentación) y de su dominio industrial y comercial, se volvió él mismo un vehículo de las transferencias de ingreso hacia los trabajadores rurales y urbanos.
Al considerar los efectos de las regulaciones salariales sobre el nivel de vida de la población, no puede dejar de considerarse la evolución de las políticas sociales a lo largo del período.
Frente a la desocupación de los primeros años treinta, el terrismo promovió la realización de obras públicas y, en términos más generales, se expandió el empleo público. Además, el régimen promovió diversas medidas paliativas de la grave situación social (precios tarifados y subsidios, rebajas de arrendamientos, comedores populares, expendios municipales).
Todas estas medidas fueron la contracara del autoritarismo y la represión impuesta a la acción sindical, dando vía libre a la persecución desplegada por las patronales, que dejó sin defensas a los sectores asalariados frente a la notable caída del salario real durante la dictadura."
*Instituto de Economía: “El Uruguay del siglo XX. La Economía”,
EBO – Instituto de Economía, 2003,
págs. 53 - 59

Hacia el golpe de Estado de Terra

“En setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.
El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus intereses.
También a partir de 1929, se formaron las ‘Vanguardias de la Patria’, grupos de civiles que recibieron instrucción militar y participaron en algunos desfiles y festividades patrias, pero tuvieron corta vida.
Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929 coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituída en 12929, proclive a la línea política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en su momento de apogeo, quince años atrás.” (Nahum, Cocchi, Frega y Trochón – Crisis política y recuperación económica. 1930-1958. Ed. Banda Oriental. P. 15)

“Cuando la crisis de 1929 hizo sentir sus efectos en Uruguay, el país ya venía acusando algunas dificultades. Pero con la depresión internacional cayeron más agudamente los precios de las materias primas y se cerraron los tradicionales mercados de destino de nuestra producción pecuaria, al tiempo que se interrumpió el crédito externo. Estas contundentes restricciones externas determinaron el fin de una importante fase de crecimiento y el inicio de una pronunciada recesión. En el marco de la crisis económica, la situación social y política se polarizó rápidamente volviendo a enfrentarse los dos modelos en pugna desde tiempo atrás: el estatista-reformista, identificado con el batllismo y sus aliados, y el conservador-liberal, identificado básicamente con el herrerismo blanco y el riverismo colorado. El escenario político y programático del Uruguay del Centenario reproducía la pugna de modelos del Uruguay del Novecientos. Mientras que un segundo impulso reformista que despuntaba desde fines de los veinte cobró fuerza, la articulación opositora de las fuerzas conservadoras culminó dramáticamente en 1933 con la primera ruptura democrática del siglo y la inauguración de la experiencia autoritaria del terrismo.
La crisis de los treinta trajo algunas novedades duraderas respecto al lugar del Estado en el proceso económico. En la pugna política resuelta en 1933 habían triunfado los sectores antibatllistas. Sin embargo, el Estado no se replegó ni su proyecto industrial fue suspendido. En medio de una profunda crisis económica y frente a un panorama externo adverso, el terrismo consolidó y profundizó una importante variación en la modalidad de intervención estatal ya anticipada en las medidas económicas tomadas antes del golpe de Terra por el Consejo Nacional de Administración entre 1931 y 1932. El intervensionismo estatal se centró en la ampliación de la función reguladora más que en la de la función productiva. Pero este cambio en la modalidad del intervencionismo estatal no significó una reversión del estatismo incrementado en las décadas anteriores. Por el contrario, el Estado comenzó a asumir un rol de regulación más decidida del comercio exterior y las finanzas, al tiempo que desplegó, en un contexto de cerramiento de hecho de la economía, políticas de promoción industrial, entre otros factores, explican la creciente participación de la producción manufacturera y del mercado interno en la estructura económica uruguaya, sentando las bases del proceso de industrialización sustitutiva y de creciente regulación económica que se desplegaría en los cuarenta. Si el desarrollo de la función productiva del Estado fue primordial en el primer batllismo, mientras que la función reguladora predomina durante el terrismo, en los años cuarenta y cincuenta ambas funciones se potenciarán expandiendo crecientemente la capacidad estatal de intervención económica y social.” (Filgueira, Garcé, Ramos y Yaffé, “Los dos ciclos del Estado uruguayo en el siglo XX” en “El Uruguay del siglo XX. La política” Ed. Banda Oriental. Uruguay 2003. pp. 178 y 179)