“En setiembre de 1929, los diversos organismos patronales que representaban a las ‘ fuerzas vivas’ del país, como la Federación Rural, la Unión Industrial del Uruguay y diversas entidades que agrupaban el comercio mayorista y minorista, fundaron el Comité de Vigilancia Económica –la picaresca popular lo llamó ‘Comité del Vintén’- con el objetivo de enfrentar ‘la política socializante del Poder Ejecutivo’. Para dar un alto definitivo a las ‘exageraciones demagógicas en materia económica y social’ planteó, entre otras medidas, la necesidad de una reforma constitucional que suprimiese al Consejo Nacional de Administración, la detención del estatismo, la disminución del gasto público, de la burocracia y la frecuencia de los actos electorales.
El Comité Nacional de Vigilancia Económica actuó como grupo de presión y movimiento extra-partidario, constituyendo un ineludible centro de poder que aglutinó a los sectores patronales, logró hacer efectivos lock-outs de empresas, comercios y fábricas y buscó dentro del espectro político a quienes mejor representaran sus intereses.
También a partir de 1929, se formaron las ‘Vanguardias de la Patria’, grupos de civiles que recibieron instrucción militar y participaron en algunos desfiles y festividades patrias, pero tuvieron corta vida.
Por su parte, la depresión económica encontró al movimiento sindical profundamente dividido. En 1929 coexistieron tres centrales obreras: la vieja Federación Obrera Regional Uruguaya (F.O.R.U.), de tendencia anarquista, que había perdido gran parte de su influencia; la Unión Sindical del Uruguay, de mayoría anarco-sindicalista, fundada en 1923, y la Confederación General del Trabajo, constituída en 12929, proclive a la línea política del Partido Comunista. En conjunto agruparon sólo 7000 cotizantes, cifra similar a la que tuvo FORU en su momento de apogeo, quince años atrás.” (Nahum, Cocchi, Frega y Trochón – Crisis política y recuperación económica. 1930-1958. Ed. Banda Oriental. P. 15)
“Cuando la crisis de 1929 hizo sentir sus efectos en Uruguay, el país ya venía acusando algunas dificultades. Pero con la depresión internacional cayeron más agudamente los precios de las materias primas y se cerraron los tradicionales mercados de destino de nuestra producción pecuaria, al tiempo que se interrumpió el crédito externo. Estas contundentes restricciones externas determinaron el fin de una importante fase de crecimiento y el inicio de una pronunciada recesión. En el marco de la crisis económica, la situación social y política se polarizó rápidamente volviendo a enfrentarse los dos modelos en pugna desde tiempo atrás: el estatista-reformista, identificado con el batllismo y sus aliados, y el conservador-liberal, identificado básicamente con el herrerismo blanco y el riverismo colorado. El escenario político y programático del Uruguay del Centenario reproducía la pugna de modelos del Uruguay del Novecientos. Mientras que un segundo impulso reformista que despuntaba desde fines de los veinte cobró fuerza, la articulación opositora de las fuerzas conservadoras culminó dramáticamente en 1933 con la primera ruptura democrática del siglo y la inauguración de la experiencia autoritaria del terrismo.
La crisis de los treinta trajo algunas novedades duraderas respecto al lugar del Estado en el proceso económico. En la pugna política resuelta en 1933 habían triunfado los sectores antibatllistas. Sin embargo, el Estado no se replegó ni su proyecto industrial fue suspendido. En medio de una profunda crisis económica y frente a un panorama externo adverso, el terrismo consolidó y profundizó una importante variación en la modalidad de intervención estatal ya anticipada en las medidas económicas tomadas antes del golpe de Terra por el Consejo Nacional de Administración entre 1931 y 1932. El intervensionismo estatal se centró en la ampliación de la función reguladora más que en la de la función productiva. Pero este cambio en la modalidad del intervencionismo estatal no significó una reversión del estatismo incrementado en las décadas anteriores. Por el contrario, el Estado comenzó a asumir un rol de regulación más decidida del comercio exterior y las finanzas, al tiempo que desplegó, en un contexto de cerramiento de hecho de la economía, políticas de promoción industrial, entre otros factores, explican la creciente participación de la producción manufacturera y del mercado interno en la estructura económica uruguaya, sentando las bases del proceso de industrialización sustitutiva y de creciente regulación económica que se desplegaría en los cuarenta. Si el desarrollo de la función productiva del Estado fue primordial en el primer batllismo, mientras que la función reguladora predomina durante el terrismo, en los años cuarenta y cincuenta ambas funciones se potenciarán expandiendo crecientemente la capacidad estatal de intervención económica y social.” (Filgueira, Garcé, Ramos y Yaffé, “Los dos ciclos del Estado uruguayo en el siglo XX” en “El Uruguay del siglo XX. La política” Ed. Banda Oriental. Uruguay 2003. pp. 178 y 179)
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