domingo, 9 de julio de 2017

El impulso y su freno

Real de Azúa, C. (1964) El impulso y su freno Montevideo: Ed. Banda Oriental.

“No es arbitrario partir por una de las vías más transitadas por la penetración imperialista: los empréstitos. O mejor aún: los empréstitos y el cumplimiento leonino de sus obligaciones en la general insolvencia latinoamericana tantas veces promovida por los propios prestamistas. De ello se libró el Uruguay que en el primer cuarto del siglo fue repatriando sin pausa su deuda externa mientras que todo el cerco de garantías se completaba con la política de nacionalización de los servicios públicos que es uno de los timbres de orgullo del Batllismo. Si ya antes de él y durante la década del noventa habían sido preservados para el país el Banco Hipotecario (1892) y el Banco República (1896), fue el impulso batllista el que completó la obra y rescató lo rescatable. Contra muchas reticencias internas, contra presiones internacionales, cautas pero evidentes, se nacionalizaron totalmente el Banco de la República (1906-1911), el Hipotecario (1912), se estableció el monopolio de los seguros más importantes y se organizó su Banco (1911), se estatizaron los servicios del Puerto (1916), se crearon los ferrocarriles del Estado (1912), pasaron a manos públicas los servicios de energía eléctrica (1912), los telégrafos (1915), se planteó la orientalización del cabotaje (1912) y se proyectó —desde los primeros años del Batllismo— la nacionalización y el monopolio estatal del alcohol, el tabaco y las aguas corrientes. Hacia el final del primer tercio del siglo se formó (no sin resistencia batllista en cuanto a su carácter mixto y privatista) el Frigorífico Nacional (1928) y fue la Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (1931) la última gran expresión del período que fenecía.
Pero también esta política de creación fue acompañada por una de contención y hasta de represión; las compañías tranviarias y los frigoríficos (entre otros) conocieron lo que era tan desusado en Sudamérica: un Estado difícil de corromper y atropellar, dispuesto a vigilar sus ganancias desmesuradas, su fraude fiscal, sus prepotentes tratos laborales.
Con la excepción registrada, "nacionalización" se acompañó siempre de "estatización" más o menos completa (abriéndose por ahí, como se verá, el desprestigio más ancho y peligroso). Por entonces, todo eso, constitucionalizado en el famoso artículo 100 de la Carta de 1917, fue engrosando la versión uruguaya de las clásicamente llamadas "funciones secundarias del Estado". Unas funciones que, por otra parte, ya nos colocaron inicialmente muy lejos del Estado destartalado y angosto de casi todos los países hispanoamericanos de la época. Si gendarme, casi siempre fiel, de los intereses privados era el de estos, la porción que, por el contrario tomó para sí el Estado uruguayo en todos los rubros fundamentales (gestión empresaria, distribución de la renta nacional) resultó desusadamente grande; aun el mantenido aporte de la explotación pecuaria privada y el carácter capitalista del proceso industrial no fueron capaces de arañar su volumen.” (22, 23)

“ …la industrialización, el agrandamiento del Estado, la lucha contra los propietarios de la tierra parecen estar imputando estos procesos a un ineludible (e inconfundible) protagonista clasístico. La clase media —no exactamente "la burguesía"— se identificó en su marcha con la obra batllista inicial y a ella se han referido estudios comparativos penetrantes, como el de John Jonson, para consustanciarla con su esfuerzo entero. Todo está, como se decía, demasiado intrincado, pero no habría que olvidar, entre las fuerzas de impulsión, la tarea educacional de esos años, que fue, en buena parte, obra batllista y que se orientó, como más arriba decía, en el sentido de universalizar efectivamente la enseñanza. Las escuelas nocturnas para adultos (1906), los liceos departamentales (1912), el Liceo Nocturno (1919), la Universidad de Mujeres (1921) participan de un propósito que se une espontáneamente con la extensión del principio de gratuidad —implantado en las leyes Varela-Latorre de 1877 para la etapa escolar, extendido en 1916 para la media y superior— y con el de laicidad, consolidado en 1909. Aquellas instituciones, estos principios (sobre todo si se les agrega el de la obligatoriedad escolar, también de 1877), caracterizan nuestra educación. Pero además señalan la fidelidad con que el Batllismo recogió su inspiración tradicional, su veta iluminista, su profunda fe en la cultura intelectual como factor de movilidad social ascendente aunque también (sería un matiz diferencial con los admirados Estados Unidos) el "tope" —así hay que llamarlo— "mesocrático" de esa movilidad.” (25)

“Una aspiración más peculiar, en cambio, traducen las Escuelas (más tarde Facultades) que se debieron al impulso creador de Eduardo Acevedo: la de Agronomía, la de Veterinaria, la de Química especialmente (1916 y 1918). Representaron una orientación practicista y técnica, fundamentalmente realista, muy coherente con las ideas del grupo penetrado de positivismo desde el que Acevedo accedió, en camino divergente al de otros, al Batllismo. El trabajoso trámite de estas instituciones y su posterior estancamiento hasta hoy podría valer por el más transparente síntoma de ese "desarrollo frustrado" de una sociedad de raíz agropecuaria que se planteó al principio (y ya puede empezar, con esto, a dejar de serlo) como mera interrogación.” (26)

“(En la realidad de las cifras buena parte de los gastos presupuestales se siguieron basando durante todo el período batllista en los muy regresivos y empíricos impuestos al consumo y en los gravámenes aduaneros, nuestra gran fuente fiscal tradicional). (10)” (29)

“Pero aún más importante a este respecto fue el "impuesto al ausentismo" —propuesto en 1912, consagrado en 1916— que recargó la Contribución Inmobiliaria y se propugnó vinculado a la necesidad de fondos para los liceos departamentales. En tanto apuntaba a la crónica calamidad sudamericana de sus clases poderosas domiciliadas en Europa y a las empresas extranjeras con sus centrales en el exterior, su voluntad nacionalista y popular es tan indiscutible que representa uno de los mejores asientos del haber batllista. Esto sea señalado sin perjuicio de marcar que la concreción de sus fines pueda no haber sido más que problemática, representando poco más que arañazos a la epidermis de los núcleos de poder atacados y a sus sustanciales ganancias.” (29, 30)

“Resultante en puridad de la doble vertiente científico-positivista y liberal-romántica con los trazos generales del pensamiento laico, burgués, "moderno", secularizado, el Batllismo profesó la ideología de todos los radicalismos occidentales de su tiempo, pero tal vez no sería excesivo decir que con un subrayado más que regular de la nota anticatólica, su real peculiaridad fue la enérgica acentuación de los elementos compasivos y solidaristas de su ética social.” (30)

“En la Constitución de 1917 se consagró la separación de la Iglesia y el Es tado, una medida que, en cierta manera, sólo completó en el texto legal de mayor jerarquía una dilatada corriente de laicización que fijó sus tramos iniciales durante las dictaduras militares del siglo pasado. Desde su asunción a la presidencia, en 1903, la atención de Batlle buscó todos los resquicios posibles de secularizar, con una minuciosidad que llegó a medidas del tipo de suprimir los honores militares a personas, símbolos o actos religiosos (1911), eliminar las referencias a Dios y a los Evangelios en los juramentos públicos (1907), erradicar los crucifijos de los establecimientos de beneficencia estatal (1906) y establecer la laicidad absoluta de la enseñanza (1909).” (32, 33)

“La primera guerra mundial y las clamorosas simpatías proestadounidenses del Batllismo que tuvieron su vocero más típico en Brum, los propósitos de hacer del Uruguay "el laboratorio del mundo", son esperables manifestaciones de esta confianza. Pero, ahora, al margen de lo pedantesco o lo erróneo que tales posturas contuviesen, obsérvese que poco tenían que ver ellas y aun sus supuestos ideológicos (es sólo una de las posibles discordias) con una enérgica voluntad nacionalizadora, esa voluntad que, por lo menos en el plano económico, fue atributo incontestable del partido. Aquí radica, más que en otra parte, la más grave fisura (duplicidad sería palabra equívoca) de la postura batllista y la debilidad de una actitud antimperialista que vio más que nada "empresas" y no "naciones" o cuando más "estados" y "gobiernos" que, saliéndose de su órbita legítima y natural las protegían, abogaban y hasta amenazaban por ellas. Puede decirse que si en esto el Batllismo se hurtaba a la evidencia de una alianza umbilical entre el gran capital inversor y exportador y los gobiernos occidentales (de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia), la misma fe en las afinidades ideológicas desconoció lo que hoy ya a es lugar común en la conciencia política y social de los países marginales (para localizarlo en lo que nos interesa.). Eso es (acéptese o no la concepción marxista de ellas) el carácter decorativo, enmascarador de esas "ideologías" y su visible conversión en universal y desinteresado de lo más particularmente situado e inducido. Lo que importa, corolariamente, denunciar su relativismo, prever la ambigüedad de su irradiación y sus influjos, al operar en contextos sociales distintos a los que se originaron. Sólo en la polémica del Colegiado, y enfrentando bravamente el dictamen negativo de los universitarios, el Batllismo parece haber oteado algo (aunque poquísimo) de lo precedente.
Por ello es explicable que fundado sólidamente sobre anchos sectores medios de procedencia inmigratoria bastante reciente, dotado de una vertebración ideológica de tipo universalista e intelectual, solidarista y humanista al modo radical-socialista europeo, el Batllismo, pese a la significación nacionalizadora y antiimperialista de su política económica haya estado pasional y doctrinalmente muy lejos de cualquier "nacionalismo". “(17)

“No es arbitrario partir por una de las vías más transitadas por la penetración imperialista: los empréstitos. O mejor aún: los empréstitos y el cumplimiento leonino de sus obligaciones en la general insolvencia latinoamericana tantas veces promovida por los propios prestamistas. De ello se libró el Uruguay que en el primer cuarto del siglo fue repatriando sin pausa su deuda externa mientras que todo el cerco de garantías se completaba con la política de nacionalización de los servicios públicos que es uno de los timbres de orgullo del Batllismo. Si ya antes de él y durante la década del noventa habían sido preservados para el país el Banco Hipotecario (1892) y el Banco República (1896), fue el impulso batllista el que completó la obra y rescató lo rescatable. Contra muchas reticencias internas, contra presiones internacionales, cautas pero evidentes, se nacionalizaron totalmente el Banco de la República (1906-1911), el Hipotecario (1912), se estableció el monopolio de los seguros más importantes y se organizó su Banco (1911), se estatizaron los servicios del Puerto (1916), se crearon los ferrocarriles del Estado (1912), pasaron a manos públicas los servicios de energía eléctrica (1912), los telégrafos (1915), se planteó la orientalización del cabotaje (1912) y se proyectó —desde los primeros años del Batllismo— la nacionalización y el monopolio estatal del alcohol, el tabaco y las aguas corrientes. Hacia el final del primer tercio del siglo se formó (no sin resistencia batllista en cuanto a su carácter mixto y privatista) el Frigorífico Nacional (1928) y fue la Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (1931) la última gran expresión del período que fenecía.
Pero también esta política de creación fue acompañada por una de contención y hasta de represión; (6) las compañías tranviarias y los frigoríficos (entre otros) conocieron lo que era tan desusado en Sudamérica: un Estado difícil de corromper y atropellar, dispuesto a vigilar sus ganancias desmesuradas, su fraude fiscal, sus prepotentes tratos laborales.
Con la excepción registrada, "nacionalización" se acompañó siempre de "estatización" más o menos completa (abriéndose por ahí, como se verá, el desprestigio más ancho y peligroso). Por entonces, todo eso, constitucionalizado en el famoso artículo 100 de la Carta de 1917, fue engrosando la versión uruguaya de las clásicamente llamadas "funciones secundarias del Estado". Unas funciones que, por otra parte, ya nos colocaron inicialmente muy lejos del Estado destartalado y angosto de casi todos los países hispanoamericanos de la época. Si gendarme, casi siempre fiel, de los intereses privados era el de estos, la porción que, por el contrario tomó para sí el Estado uruguayo en todos los rubros fundamentales (gestión empresaria, distribución de la renta nacional) resultó desusadamente grande; aun el mantenido aporte de la explotación pecuaria privada y el carácter capitalista del proceso industrial no fueron capaces de arañar su volumen.
Se ha hecho referencia a la industrialización. Todo el curso del Batllismo sería virtualmente inexplicable sin esta pieza fundamental. Ya las leyes de 1875 y 1888, reaccionando contra el librecambismo de 1860 había echado sus bases y le habían impreso las características previsibles: industrias livianas, de consumo, de las llamadas "tradicionales" en la terminología desarrollista. Sólo más tarde, las dos guerras mundiales serían las que lo impulsarían sustancialmente y esto con todas las limitaciones imaginables en un pequeño mercado consumidor y de baja capacidad de exportación. Es difícil negar, con todo, los empeños que en el entremedio velaron por ese proceso industrializador y la cuidadosa atención que el Batllismo le prestó. A ella debe imputarse la promoción (que en mucho desborda este designio instrumental) de una clase obrera estable y básicamente integrada en la sociedad global del país. También el ensanchamiento de la habilitación técnica que representaron ciertas formas de fomento educacional, una nueva organización de la enseñanza industrial (1916) y, en general, el designio de una auténtica difusión de los estudios. Todos estos avances constituyeron tal vez los rubros menos deliberados pero de más largos y amplios efectos; no podría discutirse sin embargo, que la clave de esa industrialización, que no es injusto llamar batllista, fue la política aduanera proteccionista —era la terapéutica tradicional— las relativamente tardías leyes de privilegios industriales (1919 y 1921) y ciertas medidas fiscales, entre las que resultaron fundamentales las normas de 1906, 1911 y 1912 —especialmente las de este último año— sobre franquicias a materias primas y máquinas. Hoy puede concluirse que si tal cuerpo de decisiones careció a menudo de solidez, y casi siempre —como en caso de la textil— de la debida "generalidad"— fue capaz de imprimir en cambio ese impulso de desamarre sin el cual la sociedad y la economía uruguayas hubieran cambiado menos aún y más precariamente de lo que lo hicieron. (22-25)

“ …la industrialización, el agrandamiento del Estado, la lucha contra los propietarios de la tierra parecen estar imputando estos procesos a un ineludible (e inconfundible) protagonista clasístico. La clase media —no exactamente "la burguesía"— se identificó en su marcha con la obra batllista inicial y a ella se han referido estudios comparativos penetrantes, como el de John Jonson, para consustanciarla con su esfuerzo entero. Todo está, como se decía, demasiado intrincado, pero no habría que olvidar, entre las fuerzas de impulsión, la tarea educacional de esos años, que fue, en buena parte, obra batllista y que se orientó, como más arriba decía, en el sentido de universalizar efectivamente la enseñanza. Las escuelas nocturnas para adultos (1906), los liceos departamentales (1912), el Liceo Nocturno (1919), la Universidad de Mujeres (1921) participan de un propósito que se une espontáneamente con la extensión del principio de gratuidad —implantado en las leyes Varela-Latorre de 1877 para la etapa escolar, extendido en 1916 para la media y superior— y con el de laicidad, consolidado en 1909. Aquellas instituciones, estos principios (sobre todo si se les agrega el de la obligatoriedad escolar, también de 1877), caracterizan nuestra educación. Pero además señalan la fidelidad con que el Batllismo recogió su inspiración tradicional, su veta iluminista, su profunda fe en la cultura intelectual como factor de movilidad social ascendente aunque también (sería un matiz diferencial con los admirados Estados Unidos) el "tope" —así hay que llamarlo— "mesocrático" de esa movilidad.
Una aspiración más peculiar, en cambio, traducen las Escuelas (más tarde Facultades) que se debieron al impulso creador de Eduardo Acevedo: la de Agronomía, la de Veterinaria, la de Química especialmente (1916 y 1918). Representaron una orientación practicista y técnica, fundamentalmente realista, muy coherente con las ideas del grupo penetrado de positivismo desde el que Acevedo accedió, en camino divergente al de otros, al Batllismo. El trabajoso trámite de estas instituciones y su posterior estancamiento hasta hoy podría valer por el más transparente síntoma de ese "desarrollo frustrado" de una sociedad de raíz agropecuaria que se planteó al principio (y ya puede empezar, con esto, a dejar de serlo) como mera interrogación.” (25, 26)

“ …el Batllismo buscó un desarrollo nacional basado en las ya apuntadas corrientes de industrialización y ensanchamiento de la gestión productora del Estado, expresión esta última –como casi todas las que siguen— de la marcada, deliberada voluntad del poder público de intervenir en la inversión del excedente nacional. (8) Pero también ese desarrollo implicaba la modernización y diversificación productiva de la tierra, para las que propició un sistema, en verdad incipiente, de crédito y fomento rural (la sección correspondiente del Banco de la República fue establecida en 1912), terapéuticas fiscales a las que enseguida se aludirá, proyectos y leyes de colonización (desde 1913), la organización de la Defensa Rural, la de las Estaciones Agronómicas (1911), (con la famosa "Estanzuela" (1919) entre ellas), y el tanteo metódico de otras posibilidades productoras del sector primario, que tal representaron los Institutos de Pesca (1911) de Geología, de Química (1912). Pero lo que daría, en puridad, su sello a la gestión promocional económica del Batllismo sería su enérgica política de obras públicas, en la que hay que inscribir la ley de Vialidad de 1905, una orgánica ley de expropiaciones (1912), el Ente de los ferrocarriles del Estado y un largo rol de obras de toda especie, de un cabo al otro del país.” (27, 28)

“ …buena parte de los gastos presupuestales se siguieron basando durante todo el período batllista en los muy regresivos y empíricos impuestos al consumo y en los gravámenes aduaneros, nuestra gran fuente fiscal tradicional… “ (29)

“Pero aún más importante a este respecto fue el "impuesto al ausentismo" —propuesto en 1912, consagrado en 1916— que recargó la Contribución Inmobiliaria y se propugnó vinculado a la necesidad de fondos para los liceos departamentales. En tanto apuntaba a la crónica calamidad sudamericana de sus clases poderosas domiciliadas en Europa y a las empresas extranjeras con sus centrales en el exterior, su voluntad nacionalista y popular es tan indiscutible que representa uno de los mejores asientos del haber batllista. Esto sea señalado sin perjuicio de marcar que la concreción de sus fines pueda no haber sido más que problemática, representando poco más que arañazos a la epidermis de los núcleos de poder atacados y a sus sustanciales ganancias. (29, 30)

“Resultante en puridad de la doble vertiente científico-positivista y liberal-romántica con los trazos generales del pensamiento laico, burgués, "moderno", secularizado, el Batllismo profesó la ideología de todos los radicalismos occidentales de su tiempo, pero tal vez no sería excesivo decir que con un subrayado más que regular de la nota anticatólica, su real peculiaridad fue la enérgica acentuación de los elementos compasivos y solidaristas de su ética social.” (30)

“En la Constitución de 1917 se consagró la separación de la Iglesia y el Es tado, una medida que, en cierta manera, sólo completó en el texto legal de mayor jerarquía una dilatada corriente de laicización que fijó sus tramos iniciales durante las dictaduras militares del siglo pasado. Desde su asunción a la presidencia, en 1903, la atención de Batlle buscó todos los resquicios posibles de secularizar, con una minuciosidad que llegó a medidas del tipo de suprimir los honores militares a personas, símbolos o actos religiosos (1911), eliminar las referencias a Dios y a los Evangelios en los juramentos públicos (1907), erradicar los crucifijos de los establecimientos de beneficencia estatal (1906) y establecer la laicidad absoluta de la enseñanza (1909).” (32, 33)

“La primera guerra mundial y las clamorosas simpatías proestadounidenses del Batllismo que tuvieron su vocero más típico en Brum, los propósitos de hacer del Uruguay "el laboratorio del mundo", son esperables manifestaciones de esta confianza. Pero, ahora, al margen de lo pedantesco o lo erróneo que tales posturas contuviesen, obsérvese que poco tenían que ver ellas y aun sus supuestos ideológicos (es sólo una de las posibles discordias) con una enérgica voluntad nacionalizadora, esa voluntad que, por lo menos en el plano económico, fue atributo incontestable del partido. Aquí radica, más que en otra parte, la más grave fisura (duplicidad sería palabra equívoca) de la postura batllista y la debilidad de una actitud antimperialista que vio más que nada "empresas" y no "naciones" o cuando más "estados" y "gobiernos" que, saliéndose de su órbita legítima y natural las protegían, abogaban y hasta amenazaban por ellas. Puede decirse que si en esto el Batllismo se hurtaba a la evidencia de una alianza umbilical entre el gran capital inversor y exportador y los gobiernos occidentales (de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia), la misma fe en las afinidades ideológicas desconoció lo que hoy ya a es lugar común en la conciencia política y social de los países marginales (para localizarlo en lo que nos interesa.). Eso es (acéptese o no la concepción marxista de ellas) el carácter decorativo, enmascarador de esas "ideologías" y su visible conversión en universal y desinteresado de lo más particularmente situado e inducido. Lo que importa, corolariamente, denunciar su relativismo, prever la ambigüedad de su irradiación y sus influjos, al operar en contextos sociales distintos a los que se originaron. Sólo en la polémica del Colegiado, y enfrentando bravamente el dictamen negativo de los universitarios, el Batllismo parece haber oteado algo (aunque poquísimo) de lo precedente.
Por ello es explicable que fundado sólidamente sobre anchos sectores medios de procedencia inmigratoria bastante reciente, dotado de una vertebración ideológica de tipo universalista e intelectual, solidarista y humanista al modo radical-socialista europeo, el Batllismo, pese a la significación nacionalizadora y antiimperialista de su política económica haya estado pasional y doctrinalmente muy lejos de cualquier "nacionalismo". (39, 40)

“A propósito del matrimonio, Batlle habló alguna vez del "viaje placentero por la vida"; esta imagen, de evidente inspiración hedonista es la que dicta toda una normativa vital de derecho y de consumo que la acción política creyó en el caso de asegurar a todos los uruguayos. Es cierto que elementos "solidaristas" (fue importante la influencia sobre Batlle, a través de Amézaga, de la doctrina de tal nombre profesada por León Bourgeois) sobraron en la inspiración legislativa. Pero ellos se aunaban a ese enfoque individualista que parece, con mucho, el dominante. Por eso, y pese a su halo fraternal, el compuesto final no se sitúa muy lejos (aunque en este caso despojado de sus alcances restrictivos de clase) de ese materialismo estático de la burguesía del que los marxistas gustan hablar para desdeñar y distinguir el suyo. "Móviles sociales" sin "ética social" coherente fue así, desde el principio, el peligro acechante no sólo de la obra positiva que el Batllismo cumplió sino de casi todos los movimientos políticos contemporáneos.” (42)

“Por eso es que desde sus primeras décadas —volvamos al tema— el Batllismo comenzó a sufrir en el nivel de competencia y prestigio de sus cuadros, los que, en términos de su efectiva capacidad de conducción, ya amenazaron resentirse. A ello llevaron su renuncia a movilizar una ética nacional con exigencias, sacrificios, y esas ciertas constricciones que el crecimiento impone. A ello su ideal no malvado pero sí algo burdo de "felicidad". A ello su implícito descansar en ese hedonismo de los individuos y los grupos de interés (resorte que a la larga, y en verdad, mostraría ser el único capaz de funcionar efectivamente).
En el plano de la organización estatal y política, resulta equitativo reconocer que un planteo democrático radical fue probablemente más sincero en el Batllismo que en movimiento alguno de su tiempo. La tentativa de dinamizar una colectividad política activa en toda su base, de hacer del gobierno un gobierno por el pueblo, participante, responsable, vigilante, no constituyó para el Batllismo retórica electoral sino leal y efectivo empeño. Las conquistas de la Constitución de 1917 y las que se fueron logrando en su fértil década: proporcionalidad y estabilidad de la representación de las minorías, voto secreto, elección presidencial directa, registro cívico estable, plebiscito y autonomía departamental; no son logros en los que el Batllismo haya tenido siempre la iniciativa (ni aún no resistiera en ocasiones) ni que haya habido que llevar adelante contra la oposición del Partido Nacional.” (43, 44)

“Contemplando, sin embargo, las cosas desde lo más alto posible, todo el Batllismo sufrió, y aquí sí cabe la palabra, de una esencial duplicidad. En esto acorde con el más ilustre antecedente uruguayo posible —quiero decir Artigas y el artiguismo— fue la contradicción entre ese impulso a la espontaneidad popular y su expresión en un partido gobernado desde las bases por el "hombre común" y el temperamento político de su creador y jefe. Porque Batlle, como Artigas y como todo auténtico conductor de multitudes y naciones, era un político incapaz de marginalizarse cuando su conciencia (que le hablaba siempre) le mostraba el recto camino, la verdad más defendible y eficaz, el peligro de que los otros se desviasen. En suma, en Batlle luchó siempre empecinadamente la aspiración a que los otros mandasen, o mejor: "no mandase nadie" y la incoercible proclividad a ser él quien lo hiciera, por lo menos en una etapa prologal al funcionamiento de esa ideal espontaneidad. Como esta etapa tendió inevitablemente a identificarse con toda su carrera política activa, ocurrió que fue siempre él quien señalase la ruta y quien impusiese los criterios. Que para ello, le bastara dentro de su partido su autoridad natural y el prestigio que le rodeaba, que no necesitara recurrir regularmente al desplante, la amenaza y el soborno son circunstancias que no alteran el hecho medular.” (44)

“Un antagonismo fue el batllista, en suma, que no tocó las estructuras agrarias, que se redujo a proyectos tímidos de colonización, a algunos desplantes amenazadores y sin consecuencias (los hubo famosos de Brum y mucho más tarde de Batlle Berres), a innocuas medidas fiscales desbordadas por la valoración firmísima de la tierra y sus productos.” (51)

“Ya estaban sin embargo vigentes en este nacionalismo económico empresario que —salvo tenues ensayos de participación de usuarios y de capital privado—, sería latamente un etatismo económico, ciertos trazos de las fuerzas que lo arruinarían en el curso de pocas décadas. Porque es el caso que desde el principio se pudo marcar en él ese excesivo rol de finalidades (recuérdese la reciente observación) —rebajar los servicios a los usuarios, hacer "justicia social" al personal, independizar al país de las tutelas externas, ser una fuente de recursos para el Estado, impedir la versión de las utilidades hacia el exterior— que, a fuerza de ser tantas no se cumpliría ninguna plenamente y que, como por su naturaleza no necesita demostración, se incomodarían unas a otras.” (54, 55)




sobre la autonomía de los entes públicos consagrada en la const. 17
“ …la autonomía que para ellos aseguró la Constitución del 17, postulada como un medio de poner al margen de la política estatal una independiente gestión técnica y social, fue parando en un cierto tipo de feudalización que hace de cada uno de estos entes económicos un coto cerrado de sustanciales privilegios corporativos, una suerte de navegante solitario en la economía nacional, un "item" imprevisible e inmensurable, una pieza imposible legalmente de alinear en cualquier esquema de planificación y desarrollo. Tal análisis podría mostrar así, cómo la autonomía técnica, financiera, funcional con que se les dotó con el fin de ponerles al margen de la política gubernamental no consiguió librarlos de la politización directiva y burocrática que actuaría desde lo alto, a través de las disposiciones constitucionales y del imperio de los partidos, ordenando el reparto no sólo en la esfera clásica de la Administración sino en ésta, mucho más nueva y vulnerable. Añádase a lo dicho la posterior inflación que, encareciéndolo todo a un ritmo más rápido que las entradas originadas en tarifas (imposibles de aumentar todos los días, difíciles de hacerlo sin sustancial perjuicio político) causaría su ruina financiera y provocaría la obsolescencia irremisible de casi todos los equipos. Y tráigase a colación todavía el terminante desdén por suscitar algún tipo de movilización de un espíritu nacional y constructivo, un espíritu que pudo hacer un timbre de orgullo y un señuelo de escrupulosa defensa de la que se convirtió con el tiempo en un botín a compartir y a aprovechar desprejuiciadamente, en una red de arrastre de votos y miserias. (32)” (55)

“Sería también más tarde (es el estribillo de este recuento) que se podrían apreciar todos los peligros de esta ambiciosa prolongación de lo estatal en la sociedad y su correlativa promoción de cierto "providencialismo" de lo político que fue las forma concreta que aquélla adoptó el nuestro régimen. Tal vez, el más importante de ellos haya sido el desprecio de toda espontaneidad de la iniciativa extraestatal, el desdén por apelar a esos reflejos puramente sociales de decencia, iniciativa y cooperación entre individuos que fue uno de los timbres y rasgos históricos de la concepción anglosajona de la democracia y una de sus más activas fuerzas. Seria probable, por ello, que esta omnipresencia del poder público hubiera fomentado males por una acción a dos puntas, pues, si por un lado condujo a esperarlo todo del Estado (o más concretamente del favor político o de la intermediación política), por otro pudo contribuir a robustecer esos reflejos, ya viejísimos, de origen español, que son los del insularismo, la desconfianza a la administración, la indiferencia moral a toda infracción que con ella se cometa.” (56, 57)

Industrialización neobattlismo
“El período que en estrictez cabe ver dominado por la persona de Luis Batlle Berres (1946-1958) se desarrolló bajo su signo, aunque en nuevas condiciones que antes no se habían dado: primero aprovechando la coyuntura internacional: cierre de la guerra mundial, "guerra fría", guerra de Corea; al fin, coincidiendo con la caída radical de nuestras exportaciones y con la difundida alarma ante una relación de intercambio cada vez más adversa.
Pueden señalarse hoy las carencias de esta política de industrialización con inflación y subsidios, fijaciones de precios y tipos cambiarios por más que de algún modo salga en su retrospectiva defensa el hecho de que "alguna" política de industrialización es necesaria y siempre es mejor algo que nada. Si se la examina, con todo, desde el orden de ingredientes en que descansaba es inexcusable llegar a ciertas conclusiones sobre su real eficacia promotora.
Implicaba (para comenzar) un Estado político arbitral entre grupos competidores por la promoción —y sus ventajas o por la elusión de sus perjuicios—, una función "intervencionista" que desde entonces nuestro Estado desempeñó en forma mucho más masiva de lo que en el pasado lo había hecho. Utilizar estos poderes con un criterio menos orgánico que inmediato y salidor del paso fue un estilo que se perfiló rápidamente. Utilizarlos con sentido mucho menos económico que político-electoral y personal no era, en cambio, una novedad en el país (ya veinte años antes había recibido el Batllismo el mote de "salvismo"); cabe empero afirmar, sí, que el desplazamiento de los móviles de un zona a otra se hizo mucho más patente y sistemático.
Tenía —para seguir— esos límites precisos e inexorables que la magnitud de un mercado pequeño y la misma índole de la industria ligera fijan.
No contó, parecería, con la clase técnico-administrativa eficaz y desinteresada que era requerible para una política que implicaba operaciones como las de fijación de costos, y tipos cambiarios o si la tuvo, toda ella, o por lo menos sectores decisivos, estuvieron demasiado trabados por el papelerío, la rutina burocrática y la politización electoral.
No vigilando, además, en su base, la producción primaria del agro, castigada por vía fiscal y cambiaria pese a nutrir cabalmente nuestros rubros de exportación, se asfixió a la larga en sus posibilidades de divisas y en todo ensanchamiento eventual del mercado de consumo.
Por último, y por más que hoy tendamos a ver este período con mayor equidad de lo que lo hacíamos al cerrarse, no resulta calumnioso decir que un segundo (y posteriores tramos) de este proceso industrializador descuidó ciertos valores de contención, sobriedad y decoro que éticamente —es obvio— son siempre deseables. Este descuido plantea las relaciones nada unívocas entre moral, economía y política pero aventúrese sólo que él le ganó al proceso industrializador —lo mismo que al de nacionalización y estatización— resistencias y animadversiones que hubieran sido conjurables y que han facilitado la propaganda reaccionaria contra sus mismos fines. Y si es cierto que la industrialización ha sido en casi todas las naciones fuente de escándalos, pretexto de rápidas y desmesuradas fortunas, muy distintos son los casos de Estados Unidos y Brasil (pongamos estos ejemplos), enormes cuerpos sociales que parecen capaces de sobrellevar cualquier rapiña y nuestro pequeño Uruguay. Nuestro país tan corto y resonante, tan hecho de equilibrios y contrapesos, tan sostenido por precarias, evaporables excelencias.” (58-60)

“Con preferencia hacia los sectores sociales (clase media burocrática, artesana y pequeño comercial, empresarios industriales, proletariado urbano) en los que tenía su mayor clientela electoral, el Batllismo fue sustancialmente fiel a la naturaleza policlasista de nuestros partidos tradicionales.” (60)

“Retrocediendo a los términos estáticos de su programa, es evidente que el Batllismo quiso alcanzar una sociedad sólidamente centrada en las clases medias y un proletariado integrado por técnicas evolutivas y —a través de ellas— tácita pero efectivamente "aburguesado". Tal aspiración, tal proyecto es inseparable de su filiación en lo que suele designarse "democracia radical de masas", de tipo francés y su correlativo acento "jacobino", dogmático, intensamente igualitario, secularizador. Que tal congregación ideológica se diera en una nación marginal, extraeuropea, de economía monocultivadora es la nada pequeña nota diferencial que en este punto, como en tantos otros, tendría peso decisivo. Porque, es del caso preguntarse, desde nuestra altura histórica, qué viabilidad y qué vitalidad podía tener en el futuro una sociedad de tal composición.” (63, 64)

Golpe de terra
“El 31 de marzo de 1933, el golpe de estado policial del Presidente Terra, cierra el primer período batllista de treinta años, que la elección de 1903 había abierto. El conflicto entre dirección partidaria colegiada (y en buena parte oligarquizada), sobre todo cuando faltó en ella una figura del volumen de la de Batlle y fueron sus titulares varios opacos segundones, su choque con el poder personal investido en un primer mandatario, o jefe de Estado o de partido no había hecho crisis mientras Batlle había asumido alguno de estos roles y controlado a la vez el aparato partidario con su incontrastable autoridad. Sobreviviente la institución presidencial y divorciadas las dos entidades, era casi inevitable (no se hubiera necesitado en puridad el carácter aventurero y equívoco de la carrera política de Terra), que en un contexto social determinado, un presidente no tendiese a presentarse como víctima de los mandatos de un círculo casi anónimo, no se viese tentado a arrastrar toda la armazón del Estado legal tras el reclamo más o menos teatral de su libertad, de su iniciativa "ágil" (una palabra que tuvo fortuna). Como se decía, este conflicto se jugó en un contexto que fue el económico-social determinado por los colazos de la crisis mundial de 1929, la caída de los precios, el extremo endeudamiento de la clase agropecuaria que había disipado en gastos suntuarios (y nada reinvertido) los provechos de los años de "las vacas gordas", la contagiosa aprensión de los sectores conservadores ante la importancia que pudieran adquirir en el futuro del Batllismo ciertos núcleos (caso de "Avanzar") muy radicalizados. A todo esto es inevitable agregar aún el creciente favor que el fin de la tercera década y el principio de la cuarta aportaron a las ideologías autoritarias y a su crítica de la evidente crisis de las instituciones demoliberales tradicionales.” (70, 71)

Interpretación batllismo
“Ya se ha hecho referencia al debate del causalismo y la creación política personal y al juicio que una postura como la de Vanger puede merecer. También al "protagonismo", el "maniqueísmo" y el "monopolismo", como hemos rotulado a estas desorbitaciones de la apologética batllista en el encomio de su fundador. Ni Batlle, recapitulábase, lo fue todo y algunas figuras secundarias respecto a él son imprescindibles para entender ciertos aspectos de su obra, como el caso de Arena y Areco en legislación civil y del trabajo, el de Acevedo en enseñanza y "fomento", el de Amézaga y Serrato en aspectos técnicos y en la gestión industrial del Estado. También, recordábase que ni el Uruguay de 1900 es la noche y el día respecto al de 1910 ó 1920 ni muchos de los logros importantes del Partido fueron objeto de una resistencia demasiado dilatada por parte de sus adversarios.”(73)

Sobre los partidos
“Pero mucho más grave que este repertorio de eventualidades es el impacto destructor que sobre la consistencia de los partidos mismos todo el sistema ha tenido, mucho más grave el hecho de que la aparente unidad que en el trance electoral ellos adoptan, recubra una heterogeneidad a veces anárquica de incontables núcleos. Son grupos que, transcurridas las elecciones, recobran su tribal autonomía y pueden no sentir ninguna solidaridad (es lo habitual) con el gobierno o con la oposición, la menor responsabilidad por constituir (o sólo respaldar) uno u otra. Alguna vez caracterizamos un partido tradicional sosteniendo que era una confederación de clanes unidos por un gran "tótem" y aunque algunas fracciones del "quincismo" batllista, el "ruralismo" blanco (42) parecen dotados de mayor unidad que otros, la afirmación es extensible a todos.”(78)

Sólo es posible obtener cargos electivos a través de los lemas partidarios.


“Desde la tercera década se hicieron tentativas para subvencionar a través del presupuesto público la propaganda electoral de los partidos; recién durante la dictadura de Terra esta ayuda pudo hacerse efectiva por pequeñas sumas (52) y hoy, al acorde de la inflación y el desprejuicio, se paga cincuenta veces más por cada sufragio que aporten en las elecciones las agrupaciones políticas. (No hace mucho el Ministro del Interior observaba que mientras un censo de población había costado tres millones, cada consulta electoral de poco más de un millón de votantes costaba —claro que con otros gastos además de los referidos— treinta veces más…) De esa misma época terrista, que insurgiéndose contra cierta oligarquización de los partidos los dejó más pimpantes y enhiestos, datan también las primeras sustanciales ventajas a la prensa, casi toda ella política y partidaria. Dólares baratos, y después baratísimos, para papel y otros implementos llevaron, en dos décadas y aun menos, a cuatro o cinco diarios de ser precarios órganos de opinión a poderosos núcleos económicos. Si bien sometidos, como es habitual, a todas las invisibles servidumbres del género, un tránsito muy rápido —debe registrarse para ellos— desde el siglo XIX y su periodismo romántico a la empresa capitalista de la sociedad de masas y, en su calidad de tal, masificadora ella misma.
Más importante todavía es la situación de privilegio social que, individualmente, cada miembro dirigente de los partidos políticos —de la clase dirigente política— ha ido consolidando. A través de medidas legislativas (y aun decisiones administrativas) que tienen mucho de esotéricas y bastante de clandestinas, sustanciosas ventajas se fueron alineando. Para medir su entidad, hay que volver, especialmente, a la concepción fundamental del Estado demoliberal clásico que buscaba que los titulares de cada poder del Estado fueran remunerados con la máxima independencia de los otros. Sustancial garantía de libertad y equilibrio se consideraba lo anterior aunque, en verdad, lo más alcanzable, concreto y fundamental era dar al legislativo la facultad de fijarse sus propias remuneraciones. Pero tal doctrina también (es obvio) suponía decoro y contención en ese acto de tantos modos sintomático. Contrastar este esquema y la presente realidad (que René Dumont denunciaba también hace poco para las repúblicas nuevas del África negra) hace evidente —sea dicho a modo de digresión— hasta qué punto cada uno de los rodajes importantes y secundarios del arquetipo demoliberal se ha deteriorado; hasta qué punto —nótese también de paso—, éste reclama una invención histórica que salve, en un cuadro institucional totalmente nuevo, sus verdaderos,
perdurables valores.
Volviendo al asunto, obsérvese que la carrera política en el Uruguay está dotada de una estabilidad que pocos países pueden presentar (y por supuesto ninguna de las "nuevas clases" que esgrime como espantajo cierta propaganda). El riesgo de la no reelección está salvado entre nosotros por todo un rico repertorio de cargos a término en los Entes estatales y un sistema de jubilaciones especialísimo al que algún escandaloso episodio reciente ha dado notoriedad como si fuera nuevo pero que, en puridad, ya era bastante increíble antes de él en cuanto a términos de servicios y edad de retiro. Sabedor de la ventaja de un séquito intermedio entre los más favorecidos y la masa descalificada, la transfusión de ventajas ha ido creando sustanciales desniveles dentro de los mismos cuadros del Estado y es con la desaprensión más cómoda que algunos sectores más cercanos a los distribuidores de aquéllas o más nutridos por la tarea recaudadora de fondos han sido dotados de remuneraciones y ventajas complementarias dos, tres y hasta cuatro veces mayores (para igual función) que la media burocrática. Este es el caso de los empleados de casi todos los institutos jubilatorios, de el de los bancos oficiales y de el de esos ojos y manos del Régimen que son los funcionarios de la
Cámaras y el Consejo. Por contraste (agréguese) en cierto modo natural y expresivo, son los empleados de los servicios más delicados, y en estrictez más "humanos" de la Administración: tutela de menores y desvalidos, salud pública y enseñanza los peor retribuidos.” (84-87)

“Pero el poder de todo el aparato partidario no estaría completo si las funciones secundarias del Estado y las llamadas funciones de intermediación entre éste y los sectores más débiles de la colectividad no estuvieran politizadas en un grado tan creciente que para acceder a cualquier beneficio de un servicio público no hubiera que recurrir al comisionista partidario. Esto, como en todas partes, comenzó con la política de empleo estatal y municipal; hoy se ha extendido al acto de conseguir un servicio mecánico, de gestionar un permiso; muchas veces se tratará de concesiones menos genéricas, más sustanciales y privadas.
Sin embargo es el derecho a la efectividad del retiro jubilatorio la clave de bóveda del sistema de dependencias; su rápida marcha o su inacabable demora está condicionada al gestor político que es cada director de cada una de las Cajas, (54) unos lugares donde se han amasado con sudor, desesperanza y lágrimas algunos de los más sustanciales electorados del país.” (88)

“ …el Uruguay resulta hoy, una nación cuyo equilibrio, de tono medioburgués, cuyo conformismo social le hace hostil a toda reforma de estructuras, especialmente en aquello que ésta represente, de manera inevitable, una redistribución efectiva del ingreso, lo que es, sin duda, coherente con el acento conservador del aparato político que sostiene (y soporta). Pero es también un país que si se observa a través de la conducta de muchos de sus grupos económicos y sociales, reclama y actúa como si quisiera (pero la impresión es engañosa) que esas estructuras no debieran estar un minuto más vigentes, como si los precarios equilibrios que se han logrado tuvieran que ser rotos sin más dilación.” (94)

“Con todo, si hubiera que ceñir las debilidades más globales, más conspicuas, de más efecto a largo plazo, es especialmente a dos a las que hay que hacer referencia.
La del móvil filosófico cultural podría ser una de ellas, pues es dable pensar que la filosofía "progresista" de que el Batllismo se reclamó ha entrado en proceso definitivo de disgregación y caducidad y que sus ingredientes racionalistas, individualistas, hedonistas, ético-inmanentistas, romántico-populistas o han seguido la suerte del compuesto que los integraba o han entrado —lo que en cierto modo es más seguro— en nuevas, en muy disímiles y hasta casi siempre irreconocibles recomposiciones.
Ceguera al contexto podría registrarse por fin; olvido, por ejemplo, de las restricciones que imponía al desenvolvimiento industrial la pequeña magnitud de la comunidad y de su mercado, desprecio a las constricciones a que sujetaría el crecimiento de la clase media y obrera una estructura agraria del tipo de la uruguaya, desatención a los fenómenos y desequilibrios de una situación de marginalidad en un medio cultural tan intensamente europeizado como ya era el nuestro. La falta de conocimiento de las condiciones americanas y de la naturaleza y significación del imperialismo que hizo a Batlle, en 1904, acariciar la idea de la intervención de la marinería yanki en nuestra guerra civil (64) no es, en cierto sentido, más que el corolario verosímil de una situación ambigua, de la residencia en un limbo en el que no éramos ni americanos ni europeos.” (103, 104)

(10) En el presupuesto de 1903, que abre la era batllista ($ 20.468.111.oo) los gravámenes aduaneros
ascendían a $ 10.098.542.oo —el 49%— y la Contribución Inmobiliaria, el tributo que se buscó aumentar
$ 1.846.748.oo — el 9%. En el de 1914, al terminar la segunda presidencia de Batlle de $ 48.277.763.oo,
los de Aduana, antes de las restricciones de la guerra, ascendían a $ 15.014.338.oo —el 31%— pero la
Contribución Inmobiliaria, seguía con sus $ 4.804.823.oo representando el 10%. “(29)

(11) El 13.5% para el último grado de vinculación y los montos más altos. En 1914, la que se promulga bajo Batlle sólo duplica la tasa —el 27%— para la misma situación y lleva tímidamente de un 4% a un 5% el recargo para los herederos domiciliados en el exterior.” (30)

(29) Batlle propuso que el propietario de la tierra fuera quien fijase el valor de su predio a los efectos de la Contribución Inmobiliaria con vistas al derecho correlativo del Estado de comprársela por este valor más un 20 % (en 1905) y un 40 % (posteriormente). Trató también con empeño de ajustar el tributo
inmobiliario a los nuevos valores del agro y, entre 1905 y 1917 proyectó rebajas que llegaban hasta el 50
% de la Contribución Inmobiliaria al propietario que dedicara determinada extensión de su campo a
agricultura o bosques (en los de hasta 50 hectáreas hasta el 60 % de ellos; en los de mayor extensión sólo
la mitad del total gozaría de tal franquicia). Debe agregarse que desde entonces, explícitamente, la
Contribución Inmobiliaria se cobró sobre el valor nudo de la tierra, descartándose las mejoras.” (51, 52)



viernes, 5 de agosto de 2016

Terrismo. Economia.

    Economía durante el Terrismo

El avance de la regulación a partir de los treinta
Con respecto al sector agropecuario las medidas impulsadas intensificaron el tono regulador puesto de manifiesto al final de los años veinte. La creación del Ministerio de Ganadería y Agricultura en 1935 fue la expresión institucional de la prioridad que el régimen terrista asignó al sector agropecuario. En su órbita funcionaron diversos organismos de estímulo a la producción.
Ante los efectos de la crisis sobre el agro, y teniendo en cuenta el apoyo prestado por los ganaderos al golpe de estado, se rebajó la contribución inmobiliaria rural, se suspendió la amortización de los prestamos contraídos por los ganaderos con el Banco Hipotecario y, lo que fue muy favorable para los exportadores, se devaluó la moneda (1935 y 1938) y se les fijó un tipo de cambió más favorable.
Fue notorio el aumento gradual de la intervención estatal en la comercialización de la producción. En 1935 se firmó un Convenio comercial con el Reino Unido (Convenio Cosio- Runciman) que aseguró una cuota en el mercado británico a las carnes uruguayas. Además se firmaron acuerdos comerciales de canje con Alemania e Italia. A partir de 1939 se centralizó en el Ministerio de Ganadería, del que pasó a depender la Comisión de Carnes, todo lo relativo a su exportación. (...)
En relación al sector industrial se continuó con la tradicional apuesta proteccionista del batllismo, elevando aranceles y estableciendo prohibiciones para la importación de productos competitivos con la producción nacional y se volvió al expediente de los privilegios industriales para promover el desarrollo de nuevas iniciativas y la modernización de las existentes, aprobándose en 1930 una nueva ley al respecto. El establecimiento en 1931 del Control de Cambios, abrió un nuevo eje para la promoción de la industria en tanto el Estado contó, a partir de entonces, con un instrumento que le permitió asignar divisas, imprescindibles para las importaciones que la industria requería.
La creación de ANCAP en 1931 y la inauguración de la usina termoeléctrica “José Batlle y Ordónez”, tuvieron fuertes conexiones con la política industrial. En 1937, culminaron las obras de la refinería de La Teja y en el mismo año se inició la construcción de la represa de Rincón del Bonete.
El terrismo no rompió en éste, como en muchos otros campos de la política económica, con la línea de promoción industrial desplegada por el CNA, aún cuando el advenimiento de la dictadura estuvo fuertemente asentado en el apoyo del sector ganadero a través de sus expresiones gremiales y políticas.
Al Control de Cambios se le agregó el Contralor de Importaciones, fortaleciendo de esa forma la capacidad de regulación estatal respecto al monto y al tipo de productos que se importaban. Cuando en 1941 se estableció el Contralor de Exportaciones e Importaciones, se completó el conjunto de organismos y reglamentaciones a través de los cuales el Estado desplegó en los años siguientes una cada vez más afinada regulación del comercio exterior y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada al estímulo de la diversificación productiva y de la distribución del ingreso.
En el comercio exterior, la creación del Contralor de Exportaciones e Importaciones (Ley Nº 10.000 de 10 de enero de 1941) marcó el punto culminante de una acumulación institucional iniciada a comienzos de los años treinta, que marca, a su vez, una llamativa continuidad en las políticas del CNA [Consejo Nacional de Administración], el terrismo y el neobatllismo con referencia al sector. Las atribuciones del Contralor comprendían: el control de la operaciones de compra y venta con el exterior, fiscalizando el valor de las mismas, así como su origen o destino; la concesión de permisos de importación de acuerdo a cierto orden de prioridades (materias primas para alimentos indispensables, para la salud y los servicios públicos, maquinarias, repuestos, etc.); la asignación individual del cambio a los importadores contemplando sus necesidades, el personal ocupado, etc.; y la fijación del tipo de cambio para los importadores (según los mismos criterios) y para los exportadores. La política monetaria y cambiaria estaba estrechamente vinculada con la regulación del comercio exterior. La convertibilidad oro del peso uruguayo suspendida en 1914 nunca fue restablecida. Cuando, en 1935, se puso en marcha el primero de los “revalúos” se “respaldó” una nueva emisión monetaria destinada a cubrir deuda pública, apoyar al sector exportador y desarrollar políticas de empleo.
En 1938 se puso en marcha el “segundo revalúo”, al mismo tiempo que se autorizó una nueva emisión monetaria destinada a cubrir el déficit presupuestal, o pagar servicios de deuda y a realizar obras públicas. En este mismo año fue aprobada una ley por la que se reglamentaba la actividad de los bancos privados. Durante la Segunda Guerra Mundial, se
reforzó el papel de autoridad monetaria del Poder Ejecutivo y los problemas generados por los flujos monetarios hacia el exterior en la inmediata posguerra impulsaron nuevas definiciones en cuanto al manejo de los asuntos monetarios.
Por último, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, en los años treinta no hubo regulación salarial propiamente dicha, con la única excepción de la industria frigorífica que tuvo salario mínimo estipulado por ley sancionada en 1930. Hasta 1943, los salarios de la actividad privada se fijaban en el libre juego del mercado. A partir de ese año, con la
promulgación de la ley que estableció los Consejos de Salarios y Asignaciones Familiares, se montó un complejo andamiaje institucional al servicio de la regulación salarial. La ley asignó a estos consejos la fijación de un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las necesidades físicas e intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación del Estado. Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban por ley. En los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo se completó con el antes mencionado control de precios de artículos de primera necesidad y de los alquileres.
Mientras que el Contralor fue el instrumento mediante el cual se canalizó la transferencia de recursos desde el sector agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los Consejos habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano hacia los asalariados. Por otra parte el Estado, a través de sus políticas sociales (educación, salud, vivienda, seguridad social, alimentación) y de su dominio industrial y comercial, se volvió él mismo un vehículo de las transferencias de ingreso hacia los trabajadores rurales y urbanos.
Al considerar los efectos de las regulaciones salariales sobre el nivel de vida de la población, no puede dejar de considerarse la evolución de las políticas sociales a lo largo del período.
Frente a la desocupación de los primeros años treinta, el terrismo promovió la realización de obras públicas y, en términos más generales, se expandió el empleo público. Además, el régimen promovió diversas medidas paliativas de la grave situación social (precios tarifados y subsidios, rebajas de arrendamientos, comedores populares, expendios municipales).
Todas estas medidas fueron la contracara del autoritarismo y la represión impuesta a la acción sindical, dando vía libre a la persecución desplegada por las patronales, que dejó sin defensas a los sectores asalariados frente a la notable caída del salario real durante la dictadura.
(Instituto de Economía: “El Uruguay del siglo XX. La Economía”, EBO – Instituto de Economía, 2003,
págs. 53 – 59)





Régimen terrista. La perspectiva de Finch.



“… a comienzos de la década del treinta, el batllismo logró extender la acción del Estado a actividades directamente productivas –como la creación de ANCAP- mediante acuerdo con un sector del Partido Nacional (el Nacionalismo Independiente) a cambio de la participación de ese sector en el reparto de los cargos públicos a crearse.
Este ‘pacto del chinchulín’ –tal como lo denominó Herrera- realizado en 1931, fue explotado por Gabriel Terra como una muestra de la corrupción del gobierno colegialista durante la campaña que precedió al golpe de estado que tuvo lugar dieciocho meses mas tarde. Terra también sacó provecho de esta circunstancia al asegurarse la neutralidad y la eventual cooperación del sector herrerista del Partido Nacional excluído del pacto. De todos modos, la división de la elite política era, fundamentalmente, un reflejo del impacto de la depresión mundial en el sector de los propieatrios rurales y de su impotencia política dentro del esquema batllista. Desde el punto de vista de los ganaderos que producían para la exportación, la caída de los precios mundiales a comienzos de los años treinta puso fin a una etapa que se inició con una baja de los precios al terminar la guerra, se estabilizó en un 30% por debajo del pico de los años bélicos a mediados de la década del veinte y cayó luego, en forma radical, con la crisis. En términos de volúmenes físicos, las cifras resultaron apenas más alentadoras ya que el promedio de las exportaciones en el período 1926-1930 apenas superó en un 20% los niveles de posguerra. Este estancamiento estaba en agudo contraste con el rápido crecimiento de los valores de exportación en la década anterior al primer conflicto mundial que había coincidido con la fase radical del batllismo. La creciente hostilidad de los propietarios rurales hacia los políticos, el estatismo, la burocracia y los impuestos se manifestó en los años veinte a través de la Federación Rural. En 1929 esta institución desempeñó un papel primordial en la creación del Comité de Vigilancia Económica, un agrupamiento de los sectores conservadores en defensa de sus intereses. La acción de los rurales sólo fue efectiva, sin embargo, en aquellos puntos en los que coincidieron con el sistema político, tal como sucedió en la común oposición a las actividades del trust de la carne que rebajaba los precios del ganado. La creación en 1928 del Frigorífico Nacional significó para los productores ganaderos una defensa contra la dominación del capital extranjero en el comercio de exportación de carnes. Los partidos y el sistema político obtuvieron, sin embargo, a través de esta medida, una ampliación de su área de influencia.
Resulta significativo el hecho de que –en comparación con otros países del área- la reacción política de Uruguay ante la depresión mundial fuese tardía. El impacto económico de la crisis alcanzó su máxima gravedad en 1932 cuando las exportaciones cayeron en un 58% de las cifras de 1930. Automáticamente se produjeron déficit en el presupuesto y en la balanza de pagos así como la devaluación del peso, pero la tormenta estaba empezando a superarse en el momento del golpe de estado de marzo de 1933. Aunque la política del Consejo Nacional de Administración en los dos años anteriores –con el establecimiento de controles cambiarios y del comercio exterior- estaba dirigida básicamente a enjugar los déficit comerciales e impositivos, existen buenas razones para sostener que estas medidas respondían a los objetivos tradicionales del batllismo. La restricción de importaciones fue planificada para que tuviese efectos proteccionistas sobre la industria local, la estabilización del peso devaluado a niveles superiores a la cotización del mercado castigaba al sector exportador, la amortización de la deuda externa y la remesa de intereses a Gran Bretaña fue suspendida, el ‘pacto del chinchulín’ permitió la creación de una empresa estatal (ANCAP) destinada a la refinación de combustibles y alcoholes y a la producción de Pórtland, y la reducción del déficit presupuestal se planeó más sobre la base del aumento de impuestos que sobre una reducción de los gastos.
El golpe de estado de 1933, aunque resolvió en beneficio de los poderes económicos el problema de su falta de representación en el sistema político fue, en parte, originado también por divisiones internas en el seno mismo de los partidos, y el régimen que generó pudo mantenerse no sólo a través del ejercicio de la autoridad sino- en la misma medida- por expedientes puramente políticos. Al no destruir las organizaciones partidarias fue, a su vez –una década más tarde- desplazado por el renacimiento del batllismo. El propio Terra había realizado toda su carrera política en las filas del batllismo y fue electo para la Presidencia de la República en 1831 como candidato de ese sector. Posteriormente inició desde el gobierno una campaña propagandística denunciando la corrupción e ineptitud del Colegiado que -…- compartía con él las funciones del Poder Ejecutivo. Desde comienzos de 1933 pudo contar con la aquiescencia de Herrera –jefe del sector mayoritario del Partido Nacional- que tenía importantes conexiones en el medio rural. El golpe mismo, llevado a cabo bajo la consigna de la reforma constitucional, provocó escasa resistencia popular. La fuerza de la tradición bipartidista y la dependencia de Terra con respecto al apoyo de un sector del nacionalismo hicieron que la nueva Constitución se basase en un nuevo acuerdo interpartidario. La coparticipación continuó siendo pues, el modus vivendi de la vida política del país.
(…) la orientación gubernativa del nuevo régimen significó un corte con la ideología batllista. Indudablemente, el sector más beneficiado por el cambio fue el de los propietarios rurales. La nueva línea se manifestó con claridad en el mensaje presidencial que acompañó los proyectos de reducción de los impuestos sobre el agro: ‘El iniciar una tendencia de rectificaciones y correcciones a favor de la campaña, por medio de estas leyes que más directamente influyen sobre la vida rural, señalará el principio de una etapa histórica en la vida económica de la República’ (boletín del Ministerio de Hacienda, vol. 20 nº 10, 1933). Otros beneficios económicos directos favorecieron a la campaña y entre ellos deben destacarse la suspensión del pago de hipotecas sobre la propiedad rural, la mejora en los pagos a los productores ganaderos y la devaluación de los tipos de cambio aplicables a las exportaciones. El apoyo de los sectores de las clases altas se consolidó sobre la base de una oposición a la extensión de la legislación laboral y social y a los avances del Estado en las actividades industriales.
(…) Para los productores de carne, con su principal mercado amenazado –Gran Bretaña absorbía la cuarta parte del total de las exportaciones uruguayas- y ante la inminencia de las negociaciones sobre las cuotas en el abasto del mercado británico de carnes, la remoción del gobierno batllista se convirtió en un asunto fundamental. El Foreign Office había ya expresado sobre Terra. ‘Si tiene éxito (en despojar de su autoridad al Consejo Nacional de Administración) ello será en beneficio de nuestro punto de vista’ (F.O. Memorando, 18 de noviembre de 1931).
En 1936, se ve una medida antibatllista de interés directo para los capitales británicos, cuando la Ley Baltar negó a los entes autónomos el derecho de establecer monopolios legales tales como el que se había concedido a la ANCAP en 1931 y a los que estaban autorizados por sus leyes de creación.
Uno de los efectos de la crisis económica internacional, …, fue el de promover una mayor industrialización. Este proceso no se debó al desplazamiento de un grupo de la elite dirigente (los propietarios rurales) por otro grupo anteriormente subordinado (la burguesía industrial).
(…) la mayor rentabilidad del sector industrial era una consecuencia del colapso de los precios mundiales de los productos primarios y de la necesidad, cada vez mayor, de que el país se abasteciese a sí mismo en rubros en los que antes dependía de las importaciones. El proceso de sustitución de importaciones se vio acelerado por medidas de emergencia tomadas a partir de 1931 y continuadas bajo el régimen de Terra. No fue, por lo tanto, la consecuencia de un cambio político favorable; por el contrario: fue el resurgimiento –bajo nuevas circunstancias- del sector urbano el que contribuyó a la restauración del batllismo en el poder y será ese batllismo restaurado el que desarrollará una política de rápido crecimiento industrial, especialmente después de 1947.” (Finch, Henry Historia económica del Uruguay contemporáneo Ed. de la Banda Oriental Uruguay, 1980 pp. 21 a 26)



Terrismo. La perspectiva de Caetano.

"La crisis capitalista de 1929 se hizo sentir tarde y en forma amortiguada en Uruguay. A través de la ventana tradicional de las variaciones del comercio internacional y la dependencia financiera, sus efectos comenzaron a impactar con fuerza evidente hacia 1931. Como ya había ocurrido anteriormente en 1913, las consecuencias de la crisis se asociaron en el corto plazo con la radicalización de un segundo impulso reformista en las políticas públicas, una fuerte reacción conservadora y una polarización política y social. Sin la posibilidad de que un arbitraje electoral moderara la disputa, como había acontecido en 1916, el sistema de partidos se dividió en forma transversal, con batllistas netos y nacionalistas independientes de un lado y riveristas y herreristas del otro, con la tercería marginal de la izquierda política y de los sindicatos, tan debilitados como divididos. En ese marco, Gabriel Terra demostró muy pronto que no era el 'presidente guardia civil' con el que en abstracto había soñado Batlle y Ordoñez, al pretender justificar el híbrido de la Constitución de 1919, tras el pacto con el nacionalismo anticolegialista. Así pudo probarse que la Constitución de 1919 no tenía soluciones previstas para la hipótesis de una confrontación radical de posiciiones entre los dos polos del 'Ejecutivo bicéfalo': el presidente (que controlaba la fuerza) y el Consejo Nacional de Administración (que disponía la orientación de las políticas públicas esenciales).
El 31 de marzo de 1933, Terra dio formalmente el golpe de Estado, contando con el respaldo de herreristas y riveristas, el apoyo operativo de la policía y la aquiescencia cómplice del ejército, al que previamente había 'expurgado' de generales batllistas. Al fundar lo que calificó como una 'dictablanda', Terra disolvió el Consejo y el Parlamento pero de inmediato convocó a las urnas para plebiscitar una nueva Constitución y legitimar a través de comicios a las nuevas autoridades. La mayoría de la oposición al golpe de Estado reaccionó con la abstención electoral, en procura de quitar legitimidad al régimen emergente.
En 1934, meses después del golpe de Estado, Gabriel Terra fue ratificado como presidente de la República por parte de la Asamblea General Constituyente, en procura de restablecer su legitimidad institucional, que la oposición persistió en cuestionar. Los cambios en la Constitución definieron una nueva institucionalidad, más ajustada a la nueva ecuación de poder: se estableció un Poder Ejecutivo dúplex, con un presidente que retomaba poderes pero que contaría con un gabinete ministerial de integración coparticipativa; se creaba el llamado 'Senado del medio y medio' para confirmar el acuerdo entre terristas y herreristas; se incorporaban nuevos derechos sociales; al tiempo que se dejaban de lado algunas propuestas coporativistas, impulsadas por sectores más ultristas que también habían apoyado el golpe y que miraban con expectativas el ascenso del fascismo en Europa. Pese a lo que muchos esperaban y a que los sectores que apoyaban la dictadura controlaban cómodamente a la Asamblea Constituyente, no hubo respaldo para una refundación institucional."
Caetano, G. en Caetano, G. (Dir.) Marchesi, A., Markarian, V., Yaffé, J. (Coord.) (2016) Uruguay. En busca del desarrollo entre el autoritarismo y la democracia. Tomo III – 1930/2010. Montevideo: Ed. Planeta. pp. 37 – 39

"La crisis expresada por el golpe de Estado de Gabriel Terra se daba en el contexto de una América Latina conmovida por la crisis capitalista, con una verdadera cascada de golpes militares, que iniciaban dictaduras tan férreas en lo represivo como conservadoras en lo político y social. La dictadura terrista surgió en cambio de una crisis mucho más referida a una disputa inconciliable dentro del sistema político que a su quiebre y su desborde protagonizado por militares golpistas. De todos modos, el golpe de Estado contó con el respaldo decidido de las cámaras empresariales, unificadas en el llamado 'Comité Nacional de Vigiliancia Económica', fundado en 1929. No hubo aquí esos liderazgos militares y esas constelaciones antipartidistas que constituyeron la punta de lanza de la gran mayoría de las dictaduras civil-militares que por entonces se desplegaron por casi toda América Latina. En su lugar se dio un golpe palaciego -no por ello menos repudiable en tanto quiebre de la institucionalidad legítima-, que impulsó una reorientación conservadora aunque moderada en las políticas públicas.
La política económica del terrismo mantuvo el dirigismo económico y una conducción estatista, aunque orientada a fortalecer el protagonismo del sector privado nacional y extranjero. Se continuó con las pautas industrialistas de un proteccionismo particularista, al tiempo que comenzaron a aplicarse en forma poco ortodoxa estrategias de control monetario orientadas a favorecer la rentabilidad empresarial. En las políticas sociales se consolidó el freno a las reformas y se aplicaron políticas restriccionistas frente a la inmigración 'indeseable', el Estado mantuvo su papel como gran empleador, se continuaron políticas asistencialistas dirigidas a los sectores populares, se implantó un régimen de libertad salarial moderado y se verificó una ampliación del régimen jubilatorio, aunque de acuerdo a pautas conservadoras. Pese a los reclamos empresariales, el gobierno no aceptó impulsar la reglamentación de la acción sindical. En materia de política exterior se consolidó la apuesta panamericanista, se confirmó una mejora sustancial en las relaciones con Inglaterra (dejando atrás toda propuesta nacionalizadora que pueda ser vista como amenazante), se reforzaron las relaciones con Argentina y Brasil. Sin embargo, como señal de reorientación conservadora, se efectivizó la ruptura de relaciones diplomáticas con la URSS (1935) y con la República Española al inicio mismo de la Guerra Civil (1936), al tiempo que se profundizaron como nunca las relaciones políticas y comerciales con la Alemania nazi y la Italia fascista." (40, 41)

"El régimen terrista reprimió a la oposición y persiguió disidencias tanto políticas como sociales. Pero desde su origen no ocultó su base partidista, a través de las fracciones que le dieron sustento y concurso para el ejercicio del gobierno. Dicho de un modo más simple: ni el golpe, ni la Constitución de 1934 (iniciadora, para el oficialismo, de la tercera república y para la oposición, de una república de tercera), ni la gestión de gobierno -novedosa en algunos campos, continuista en otros- fueron obra de un actor político no partidario, ajeno al sistema hasta entonces disponible. Como vimos, no se dio el liderazgo de fuerzas o coaliciones alternativas (como lo ejércitos asociados a grupos económicos dominantes, tan comunes en la América Latina de la época). Los partidos fueron seriamente afectados en su vida interna y pública, pero pocas veces fueron impugnados de raíz (por ejemplo desde ciertas pretensiones fascistizantes presentes pero de escaso predicamento) como los actores legítimos de gobierno.
En contrapartida, las divisiones internas preexistentes se profundizaron y operaron incluso como marcas de identidad de las fracciones de ambos partidos tradicionales ante la ciudadanía. Las oposiciones se consagraron en torno a polaridades vinculadas con la coyuntura: pro terristas y anti terristas; concurrrencistas y abstencionistas; colaboracionistas u opositores; incluso aliadófilos y neutralistas, para mostrar algunas claves internacionales muy relevantes en el trámite de la restauración democrática. Ninguna de estas dialécticas ocurrió afuera de los partidos, por más que la vida de sus asambleas estuviera vedada o restringida.

La división de batllistas y antibatllistas era desde luego mucho más antigua y compleja que el episodio terrista. Solo que la dictadura la organizó de un modo más dramático, aunque de todas formas institucionalizado y previsible, permitiendo a cada sector el cumplimiento de un rol en el sistema. La división entre herrerismo y nacionalismo independiente también tenía raíces más lejanas, ya presentes tal vez en la misma tensión constitutiva de la síntesis entre lo blanco y lo nacionalista. Mientras tanto, los partidos de izquierda y los sindicatos, como había ocurrido el día del golpe, no pudieron trascender sus debilidades y su marginación relativa, pese a sus intentos de convergencia política finalmente fracasados. La dictadura terrista derivó -de modo principal aunque no únicamente- de los partidos tradicionales, al tiempo que también los dividió con profundidad inédita desde comienzos de siglo. Catalizó definiciones, estilos y liderazgos que trascendieron el período propiamente dictatorial y que resultaron imprescindibles para explicar procesos posteriores tales como la lucha por el liderazgo de Luis Batlle o la tardía victoria del Partido Nacional en 1958." (41 – 43)

Uruguay ante la crisis del 29.

Jacob, Raúl: El Uruguay de Terra
EBO 1983
 CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA


A pesar de semejanzas que en ocasiones rompen los ojos, ninguna crisis es idéntica a otra. La historia, si se repite, es sobre realidades distintas. Sin embargo la receta para superar ésta, salvo excepciones que respondieron a hechos novedosos, no fue enteramente original. Muchos de los desafíos planteados podían encontrar una adecuada respuesta en el modelo que el batllismo buscaba implantar desde comienzos de siglo. Sus partidarios, sin la presencia de Batlle en la escena, divididos y también diferenciados en fracciones, debiendo negociar —y no está demás recordar que en política negociar es casi sinónimo de transar—, intentaron, una vez más, impulsar su ideario. Ello implicó en lo interno exacerbar a los sectores ultraconservadores y al capital extranjero, y en lo externo provo­car inquietud, como lo reflejó el Foreign Office en uno de sus informes: "...la facción dominante esta resuelta a explotar la crisis como pretexto para eliminar los intereses extranjeros” 1
Desde el punto de vista social, algunas de las disposiciones adoptadas para conjurar la crisis fueron de efectos negativos. La política económica —en parte fruto del acuerdo político alcanzado en 1931 entre el batllismo y el nacionalismo que pasaría a denominarse "independiente"— terminó siendo vista como una de las causas fundamentales del golpe de 1933.2

a) Desvalorización monetaria

A fines de 1929, Baltasar Brum manifestó en el Consejo Nacional de Administración que la política de sobrevaluar el peso que seguía el Banco República favorecía al comercio importador, pero perjudicaba a la indus­tria y a las exportaciones ganaderas. Propuso estimular la desvalorización monetaria 3
En 1931 sería el Ministro de Industrias, Edmundo Castillo, el encargado de fundamentar la aceptación de la desvalorización del signo monetario uruguayo. Dejó claro que la caída del mismo se debió a que no se habían aplicado oportunamente las medidas propuestas por el batllismo (limita­ción de las importaciones, estatizaciones) que hubiesen impedido la fuga de divisas que presionaron a la baja del peso. Sin embargo el hecho era que el peso había perdido valor. Dijo Castillo: el Consejo Nacional resistió en beneficio de la producción rural a la valorización artificial del signo monetario.”4
Esta política tendía a lograr dos objetivos: a) fomentar al sector exportador que recibiría más pesos uruguayos por sus ventas; b) aumentar el precio de la manufactura importada, con lo que se protegía a la industria nacional.
Pero también podía tener un efecto negativo: aumentar el costo de vida, ya que combustibles, materias primas y artículos de primera necesidad se adquirían en el exterior.
Esta consecuencia fue criticada por el diputado socialista Emilio Frugoni, que ya en mayo de 1929 había propuesto retornar a la libre conversión del peso a oro, coincidiendo con destacados representantes del alto comercio, como medida que conduciría hacia una moneda sana que aseguraría el valor adquisitivo del salario.

b) Control de la comercialización de moneda extranjera
En mayo de 1931 se autorizó al Banco República a controlar la compra y venta de moneda extranjera —que hasta entonces era libre— para impedir la especulación que influía en la depreciación del peso uruguayo. La medida se complementó en octubre con otra que obligaba a los exportadores a comercializar la moneda extranjera en el país, evitando la evasión de divisas.
La intervención del República perjudicaría a exportadores y ganaderos, ya que se fijaría administrativamente el precio de compra de la moneda extranjera a un cambio oficial, aceptando la desvalorización del 54%, mientras que en el mercado negro, que nació espontáneamente, era del 77% 5. Esa diferencia era considerada un impuesto de exportación.
Pero también afectó los intereses de la banca, especialmente la extran­jera, uno de cuyos más suculentos negocios era la comercialización de moneda. Joslin, historiando la banca británica en América del Sur, escribió que en 1931 el "Banco de Londres y América del Sur" se vio obligado a apelar a la intervención diplomática para proteger sus intereses."6

  1. Prohibición de enviar remesas al exterior
Ante la escasez de divisas, en 1931 se obligó a las compañías extran­jeras a depositar el importe de sus remesas al exterior, rigiendo una moratoria que posteriormente se extendió hasta fines de 1932.
En julio de ese año se creó la "Caja Autónoma de Amortización", organismo al que se encargaba la atención de las solicitudes de moneda de las compañías extranjeras y el comercio importador que tenia deudas pendientes en el exterior y que necesitaba de su buen crédito para sobrevivir.
A los acreedores se les dio la opción de cobrar sus deudas en 1933, en pagos escalonados, o aceptar las "Obligaciones a oro" —a emitirse por la Caja— que se rescatarían en un plazo de cinco años con un interés máximo del 6 % 7

  1. Suspensión de la amortización de la Deuda Externa
En 1931 Terra propuso públicamente la suspensión de la amortización de la deuda externa. A principios de 1932 el Consejo Nacional de Adminis­tración decretó la medida —que luego extendió a la Deuda Interna.
El Consejo Nacional de Administración previamente había hecho saber a los centros financieros que sólo la tomaría si contaba con el asentimiento de los Consejos de Tenedores de Títulos en el extranjero (para los inver­sores era más importante percibir los intereses, que en 1929 fluctuaban entre el 4% para los británicos y el 5,81% para los norteamericanos, que las amortizaciones que llegaban al 1%)8
Se estableció además que los intereses de los empréstitos norteameri­canos localizados en Montevideo y en poder de instituciones oficiales se pagarían en pesos uruguayos, cotizando el dólar a la par.
Al Banco República se le facultó para intentar adquirir títulos de Deuda Externa y exportar oro de su encaje para atender los servicios de intereses en el exterior.

  1. Limitación de las importaciones y protección a la industria
En agosto de 1931 se elevó el derecho general de importación de los artículos que tenían similares en la producción nacional, del 31 al 48%.
Se ponía así fin, después de décadas de inmovilismo, al arancel establecido por la ley proteccionista de 1888.
Otra medida autorizó al Consejo Nacional de Administración a limitar la importación de mercadería extranjera hasta un treinta por ciento de las cifras del año anterior, prohibiendo la entrada de otras consideradas suntuarias, como los automóviles, y aplicar recargos de hasta el 100%. Además se intentó aplicar el "dirigismo económico", reconociendo a los países que concedieran a Uruguay la reciprocidad comercial. Según Acevedo Álvarez, esta ley no se efectivizó "porque se exponía el país a represa­lias por parte de las naciones consumidoras de las cosas nuestras"9
Se buscó otra fórmula que no fuera interpretada externamente como discriminatoria. En octubre de 1931 se decidió que mientras durara la baja del peso uruguayo, un cuarto de los derechos aduaneros debían satisfa­cerse en oro y el resto en papel, exceptuándose materias primas industria­les y artículos de primera necesidad, aunque no fueron contemplados maquinaria y combustible industrial y materiales para la construcción10.
Los representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España formularon reparos a esta última ley, según hizo saber el Canciller. Por su parte la Cámara de Comercio entendió que el impuesto a oro significaba tomar a la moneda extranjera como medida de valor en el mercado interno, causando la constante fluctuación de los precios.11
Estas leyes, al limitar las importaciones, buscaban equilibrar la balanza de pagos del país, evitar la evasión de divisas, detener la caída del peso uruguayo, disminuir el consumo, pero también apoyar la estrategia de industrialización, que ya había sido enunciada por el Ministro Castillo:
"General es la crisis porque pasan nuestras industrias agrarias. Debido a ella, los trabajadores rurales abandonan en crecido número las labores de la tierra y refluyen sobre las ciudades y los pueblos.
Innecesario es recalcar la gravedad de esta situación que es indispen­sable remediar tomando medidas que atraigan al proletariado hacia el trabajo agrícola. Entre tanto, debe procurarse que los hombres obligados a abandonarlo obtengan ocupación en los centros urbanos. Para ello es indis­pensable proteger como se procura (...), a la manufactura nacional, de lo contrario, la crisis de la desocupación adquirirá proporciones pavorosas-.”12
La izquierda —incluida la agrupación "Avanzar" de Grauert— era contraria a industrializar el país mediante el establecimiento de un arancel protector. Lo fundamentaba en que los impuestos aduaneros encarecían la vida del obrero y tendían a crear "fabricantes".
La protección a la industria se hizo efectiva por medio de otras dos leyes: la de privilegios industriales, aprobada en 1930; y la de etiqueta obligatoria a los productos fabricados en el país que, a pesar de haber sido sugerida al discutirse la antes citada, recién se promulgó como norma específica en 1932.
La concesión de privilegios industriales también era criticada porque entregaba el mercado por unos años a un monopolio de fabricación. La ley de etiqueta tenía por finalidad prestigiar a la industria nacional, ya que muchos productos se comercializaban como si procedieran del extran­jero.
f) La reducción del déficit fiscal
La limitación de las importaciones afectaría la recaudación de la Aduana, piedra angular del sistema fiscal en ese entonces. La desvaloriza­ción monetaria obligó al Estado, que cobraba los impuestos en pesos uruguayos, a utilizar suma; no previstas para el pago de intereses pactados en moneda extranjera. La situación económica del país aumentó la morosi­dad del sector privado. Todas estas circunstancias confluyeron a acrecentar el déficit fiscal. Para contrarrestarlo, en 1931 se crearon veintitrés nuevos impuestos13. Algunos gravaron al consumo (alcohol, nafta, bananas); aunque muchos de ellos fueron aplicados a productos importados que se fabricaban en el país, con lo cual se protegió a la industria nacional. Otros, como patentes extraordinarias a la importación de automóviles, tendían a recargar artículos de uso suntuario.
A los propietarios se les aumentó los impuestos a las herencias y a las traslaciones de dominio.
Particular importancia adquirió el aumento del uno por mil de la contribución inmobiliaria rural cuyos aforos superaran los cincuenta mil pesos. La medida afectaría —dado el precio de la tierra— a los propietarios de aproximadamente mil y más hectáreas. La Federación Rural declaró que el agro estaba, ya antes, al límite de su capacidad impositiva. El Comité Nacional de Vigilancia Económica arreció su lucha contra el gobierno. En febrero de 1933, ante la baja en los precios de tierras y bienes raíces, "El Debate” instaba a la "huelga de bolsillos cerrados", a la resistencia colectiva al pago de la contribución14; mientras el diputado nacionalista Cecilio Arrarte Corbo proponía suprimir por dos artos el impuesto a todas las propiedades rurales del país15. Ambas propuestas fueron alentadas cuando el régimen tenía sus días contados, como reacción a una política considerada hostil por los ganaderos.
Las medidas reseñadas muestran que se aplicó una concepción imposi­tiva que gravó a todos los sectores, aunque obviamente afectó más a los de menores ingresos. Fiel a ello el Estado trasladó la crisis a sus funcio­narios. Se estableció un "impuesto a los sueldos", eufemismo que impli­caba una rebaja de las retribuciones, tanto en sueldos como pensiones y jubilaciones del sector oficial. Se fijó un mínimo no imponible de setenta pesos para los solteros, y de cien pesos para los casados y solteros cabeza de familia. A partir de esos topes entraba a regir un impuesto gradual, entre el seis y el quince por ciento. La fundamentación que se hizo de esta rebaja salarial era que afectarla sólo a un sector de empleados públicos, los de sueldos mayores. Sin embargo se pueden hacer algunas precisiones: a) el salario de setenta pesos era el que se consideraba mínimo antes de que la desvalorización monetaria aumentara en 1929-30 el costo de vida; 2) para aquellos funcionarios que aún no lo ganaban, o lo ganaban y estaban eximidos, significó de hecho la congelación de toda expectativa de aumento salarial para acompasar las retribuciones al nuevo costo de vida; 3) estando en trámite parlamentario un proyecto para establecer ese salario mínimo en la actividad privada le restó toda posibilidad de aprobación; 4) se consideraba que el Estado pagaba las mejores retribuciones, por lo cual la medida tendía a congelar o deprimir los salarios de la actividad privada.
Según Berreta, el batllismo había apoyado esta medida para dar coherencia al plan económico global.
Tanto la "Federación de Empleados y Obreros de la Nación", como el Presidente Terra, coincidían en que el impuesto a los sueldos debería regir recién a partir de las retribuciones de ciento cincuenta pesos16.
En 1932 el Parlamento estudió la desgravación gradual, o la supresión del resistido impuesto. Baltasar Brum opinó que "la reducción en los emolumentos reflejó de inmediato sobre las operaciones comerciales ordina­rias, causando un enorme perjuicio...". García Morales lamentó la ruptura de colaboración parlamentaria entre los dos partidos, ya que la rebaja constituía "la principal conquista que la transacción realizada permitía reali­zar al programa de prudencia, de justicia y de discreción financiera susten­tado por el Partido Nacional...", recordando que al suspenderse la amorti­zación de la deuda externa se hizo frente a un plan coherente de econo­mías que fue bien acogido en el exterior. En el seno del Consejo Nacional de Administración el batllismo fue partidario de suprimir el gravamen17. El presupuesto de gastos sancionado en enero de 1933 se consideraba "súper equilibrado". Sin embargo, el terrismo no sólo dejaría subsistente el impuesto, sino que lo extendería a los empleados municipales, que no estaban comprendidos en el mismo.
Para paliar la repercusión de la reforma impositiva sobre los sectores de menores ingresos, se resolvió en 1931 rebajar en un diez por ciento los alquileres urbanos.
Algunos entes estatales debieron contribuir con sumas extraordinarias para aliviar ía situación del erario público.

g) Agropecuaria
La ganadería fue afectada doblemente por la crisis: en la caída de la cotización internacional de sus productos y en la disminución de los totales vendidos al exterior. Ambos hechos influirían decididamente en el estancamiento del sector18.
La política de precios seguida por los frigoríficos extranjeros en !« posguerra fue vista como una de las causas que habían desalentado el mejoramiento de la ganadería uruguaya. Según los ganaderos, obtenían casi lo mismo por el ganado inferior que por el mejorado. En 1928 escribía Perfecto López Campana en "E1 Día”:
"La mestización o sea el mejoramiento en la clase de animales explo­tados, ha absorbido casi toda la atención de los criadores, pero ese mejoramiento, fruto de las nuevas corrientes de sangre aportadas a los rodeos por los reproductores importados, no ha seguido la mejora en los procedimientos de crianza, sobre todo en lo que se refiere a la alimentación de las haciendas.
Salvo uno que otro ganadero progresista que engorda sus novillos en avenales o hace ensilaje, la inmensa mayoría sigue confiando sus rodeos a las praderas naturales, y, por consiguiente, expuestos a todas las alternativas que brinda la variación del clima en el Uruguay"19.
El Ministro de Industrias, Edmundo Castillo, fue partidario de la concesión de primas para mejorar el grado de refinación del ganado. La prima era un premio en metálico a la calidad, que estimularía al produc­tor. Su proyecto fue el antecedente inmediato de la ley de primas que aprobó en 1932. El Estado contó además con el instrumento del Frigorí­fico Nacional para intentar aumentar la cotización en Tablada y fomentar la ganadería y la granja.
Al producirse la crisis existía ya cierto desarrollo agrícola, y también una conciencia que lo apuntalaba y trataba de extender. La agricultura cumplía una función económica pero también sedentarizaba al hombre, lo fijaba a la tierra. Fue vista como una de las soluciones para los desocu­pados por la implantación de nuevas técnicas de explotación ganadera, como el alambrado, y también para solucionar los continuos levantamien­tos armados que se sucedían en la campaña uruguaya. Esta finalidad "domesticadora" fue retomada por el batllismo, que había librado la última gran contienda al viejo estilo. Pero también era una manera de minar el latifundio, de ahí que se encarara, aunque con magros resultados, la colonización agrícola.
Al comenzar la crisis la agricultura fue vista como una de las solucio­nes para la preocupante desocupación, como diversificadora de las expor­taciones del país, y como proveedora de materias primas para el ansiado despegue industrial.
Sin embargo no se podía eludir la realidad: la cosecha de maíz de 1928 debió ser adquirida en parte por el Estado, al que se autorizó en 1929 a absorber y exportar el excedente de trigo. Ausencia de deman­da y costo de producción por encima del internacional, requirieron la protección oficial para no liquidar la actividad política en la que se continuó.
Para sustraer a los productores de la distorsión en la comercialización que ocasionaban las grandes firmas internacionales —Bungue y Born actuaba en el país desde hacia años— el Consejo Nacional de Administra­ción en 1929 autorizó al Banco República a intervenir mediante la cons­trucción de "graneros oficiales" en la intermediación de granos. Además se encaró la construcción del "Mercado de Frutos" en el puerto de Montevideo, administrado por el organismo bancario oficial, que coadyu­varía en la comercialización y en el otorgamiento de créditos accesibles a los agricultores. La acción oficial se vio mediatizada por no haberse aprobado la construcción de silos en el puerto de Montevideo, medida imprescindible para abaratar el costo de exportación de los cereales uruguayos. Se concedieron facilidades crediticias para los agricultores afec­tados por la crisis y se creó la sección de "Crédito Agrícola de Habilita­ción" en el Banco República.
Uno de los problemas que frenaron el desarrollo agrícola fue la falta de tierras. El batllismo había planteado la necesidad de rescatar las tierras fiscales ocupadas por los particulares y de establecer un impuesto progre­sivo a la propiedad rural, que con el paso de los años restituiría al Estado, como representante de la sociedad, la posesión de dicho bien. Este programa agrario era muy difícil de implantar ante la reacción político- social que ocasionó y que determinó —entre otras causas— la fundación de la Federación Rural.

Baltasar Brum elaboró al comenzar la década del treinta un proyecto de ley por el que el Estado emitiría una deuda pública para adquirir tierras, las que serían entregadas en arrendamiento a los colonos. Su idea era hacer de la campaña un "jardín poblado de granjas", "con carreteras transitadas por infinitos camiones" que harían de Uruguay una "Dinamarca americana"20
Este sueño, por obra de la reacción conservadora que miró temerosa la posibilidad de que el Estado no se desprendiera de la propiedad de la tierra, quedó en eso, en un sueño. Al comenzar 1933 la colonización agrícola estaba prácticamente detenida por falta de tierras21. Elegida la vía de la adquisición para subdividir la propiedad, un Estado sin fondos sólo podía contemplar la permanencia del latifundio.
Dada la estructura rural, tanto la ganadera como la agrícola, en que casi el cuarenta por ciento del área ocupada era trabajada bajo el régimen de arrendamiento22 adquirió particular importancia la creación, en 1931, de jurados para resolver las desavenencias entre propietarios y arrendamientos, y proceder a la rebaja del precio del alquiler de la tierra. Los jurados serían departamentales, y estarían integrados por dos represen­tantes del municipio, uno por la Federación Rural, otro por la Asociación Rural y uno por la Comisión de Fomento Rural. Al revés que para el caso de los alquileres urbanos, cuya rebaja se estipuló por decreto, aquí se eligió el camino de negociarla con representantes de las gremiales rurales.

h) Banca

La banca había adquirido particular importancia en la década del veinte, tanto por su participación en los negocios inmobiliarios, como en los de comercio exterior, pero en especial, por su relación con la ganadería a partir del triunfo del frigorífico. Sin embargo, ganaderos e industriales que necesitaban créditos de "fomento" (largo plazo y bajo interés), se quejaban de su orfandad en este campo. El crédito "comercial" (de corto plazo y con garantía material) no era el que se adaptaba a las necesi­dades del sector productivo.
Las ventas a plazos, la importación de artículos que se consideraron suntuarios pero que todos aspiraban a disfrutar, permitieron la expansión del crédito. Muchos contemporáneos vieron en este hecho la principal causa de la crisis. Había una simbiosis casi perfecta: la moneda fuerte permitía importar, el préstamo permitía consumir.
La banca, por otra parte, había sido "integradora" de los grandes sectores económicos de la sociedad uruguaya. En sus directorios figuraban comerciantes, ganaderos, industriales, a los que se le sumaban renom­brados profesionales liberales.
Su rol fue reconocido: fueron llamados a aconsejar en el momento de elaborar la política para conjurar la crisis. En una reunión mantenida por la banca privada y los gerentes del República e Hipotecario, en octubre de 1932, se acordó estudiar "la conveniencia del establecimiento de una asocia­ción de Bancos con el fin de atender los intereses comunes dentro del terreno del crédito, de los informes comerciales y de los medios legislativos que convendría adoptar para devolver al comercio mayor eficacia...". Fruto de este consenso será el convenio de noviembre de 1932, por el que se acordó no ejecutar a los deudores imposibilitados de cumplir con sus obligaciones por la situación económica23.
Dado el descenso en el precio de la tierra y de las propiedades urbanas, a la banca no le convenía rematar a sus deudores para recuperar menos de lo invertido.
El República, por su parte, intentó aplicar una política de restricción crediticia aumentando los intereses. Se hizo especial hincapié en que quedaban eximidos los préstamos de fomento rural e industrial. Fundamen­talmente se afectó al Estado, ventas de terrenos y no productores.
A pesar que se emitió moneda, se tendió a restringir la circulación de billetes aumentando los encajes de la banca privada. El efecto que se alcanzó fue disminuir el nivel del crecimiento de las colocaciones bancarias con respecto a los años anteriores a la crisis24.
i) Turismo
Las obras de urbanización de Montevideo, sus costas y sus casinos, atraían cada vez más a los forasteros. Especialmente a nuestros vecinos argentinos.
El turismo era una actividad que proporcionaba divisas, que pesaba en la balanza de pagos del país. Y la situación no estaba como para desapro­vechar ninguna potencial riqueza.
El Estado creó con fines de fomento, en marzo de 1930, la "Comisión Nacional de Turismo"25
Pero, a juzgar por el tenor de un aviso publicado por don Francisco Piria, la actividad privada no le iba en zaga: "En Piriápolis, los hoteles baratos, ganan dinero a bocha y el que quiera ganar dinero, le basta con tener un hotelito en Piriápolis. Por más datos, infórmese de cómo les va a todos tos existentes y les contestarán: bien, muy requetebien"26.

j) El problema de la desocupación
Los testimonios coinciden en señalar que en los treinta primeros años de este siglo se había acentuado la desocupación en el medio rural.
El frigorífico había estimulado la mestización del ganado, el endeuda­miento de los productores, la utilización del ferrocarril como medio masi­vo para el transporte de ganados. La posibilidad de que se fiscalizase el casi incumplido salario mínimo rural estipulado por ley en 1923, el aumen­to del costo de producción y la caída de las cotizaciones de los productos pecuarios, permiten pensar que la estancia siguió liberando mano de obra.
Para estos desocupados la realidad no ofrecía grandes posibilidades: vegetar en los rancheríos, irse a la ciudad, o emigrar a otros países.
Al producirse la crisis existía en la campaña desocupación.
La depresión que la misma produjo en las actividades urbanas fue pronto reflejada por las cifras.
La Oficina Nacional de Trabajo consignó el máximo de desocupados en el arto 1933: cuarenta mil en total.27
Sin embargo, todo permite suponer que quedó marginado un contin­gente difícil de computar: los habitantes de los rancheríos de campaña, los trabajadores domiciliarios, los ocupados parciales.
De todos modos, si se refiere a otras cifras oficiales, a las del censo industrial de 1929-30, se puede tener otra medida de la realidad: equivalía a más del cuarenta por ciento de los asalariados del sector manufacturero.
El desarrollo industrial y agrícola del país fueron dos de las medidas esbozadas para aliviar el problema de la desocupación.
El Estado apoyó el desarrollo de las obras públicas, que se erigieron en la principal estrategia para restaurar el nivel ocupacional. Para ello contaba con la aprobación de la ley de Vialidad e Hidrografía de 1928 y con algunos fondos proporcionado» por el último empréstito contratado en Estados Unidos, que fue el convenido con la firma Hallgarten en 1930.
Se construyeron puentes y caminos, se dotó de redes cloacales a algunas capitales departamentales, se instalaron servicios de agua potable en ciudades y villas, se finalizaron algunos puertos en el litoral del país.
Una "Comisión Nacional de Lucha contra la Desocupación" organizó la asistencia a desocupados y sus familias. En diciembre de 1931 se estipuló que el ochenta por ciento de los empleados en obras públicas debían ser ciudadanos nacidos en el país28.
La Intendencia de Montevideo, en manos batllistas, prosiguió con la construcción de pavimentos y algunas obras más ambiciosas, como la rambla Sur y la Avenida Agraciada.
El Estado proporcionaba trabajo, en especial en el interior que era el que más sufría los efectos de su falta, y generaba demanda de productos, con lo que dinamizaba el comercio y la industria.
Baltasar Brum definió la filosofía sobre el tema: se debía complemen­tar los desniveles laborales de la actividad privada, se debía "escalonar las obras públicas, de modo que sean mas intensas en la época en que disminuyen las actividades privadas".29
La Presidencia de la República también estaba preocupada por el problema: "una desocupación creciente amenaza traer grandes dificultades futuras", diría en el Mensaje a la Asamblea General, en febrero de 1932.
En el siguiente, el del 15 de marzo de 1933, Terra propondría reducir la jornada de trabajo: "Producida la desocupación, y con ella la dolorosa competencia entre los asalariados, la jornada de ocho horas, lejos de favorecer, perjudica francamente el interés obrero que pretende tutelar. Habría llegado, pues, la ocasión de ensayar una jornada obrera mas redu­cida que permitiera una mayor colocación de brazos".
El problema que quedaba pendiente era el salarial, es decir, ¿se mantenía el salario que se pagaba por ocho horas? Decía Terra: "Los jornales serian regulados mediante la armonización de los dos intereses en pugna, pero cuidando siempre las exigencias de las necesidades y hasta de la dignidad humana".
Los sectores ultraconservadores y algunas entidades empresariales, como la Asociación Rural, Asociación Comercial, etc., promovieron la res­tricción de la inmigración.
La medida, en primera instancia, se fundamentó en razones ocupacionales: eran nuevos brazos que competirían con los nacionales. Sin embar­go había otros ingredientes que pesaban.
Uruguay había acogido a perseguidos políticos de otros países, entre ellos algunos ácratas a los que se acusaba de protagonizar hechos san­grientos. Ya a comienzos de 1931 la Asociación Comercial del Uruguay había presentado una nota al Ministerio del Interior contra la inmigración de elementos de ideas sociales subversivas o de francos hábitos de delin­cuencia, que son expulsados de las naciones vecinas"30.
También existió un componente racial: a los inmigrantes de origen latino se les habían sumado otros, originarios de Europa central y del Cercano Oriente.
Diría el Dr. Juan B. Morelli en la Cámara de Senadores: "Nosotros tenemos ahora una enorme inmigración de elementos que proviniendo como provienen de la Europa Central, de la Europa Oriental y del Asia Menor, con excepción de los libaneses, tienen divergencias sociológicas tan profundas con la nuestra (...).
Pues bien, yo, como nacionalista, declaro que preferiría seguir en la llanura, preteriría que mi partido estuviera siempre derrotado, antes que conseguir la victoria, pagando a estos elementos extranjeros el aporte que hubieran llevado a las urnas (...)"31
El factor económico también influyó. Los inmigrantes acostumbraban a enviar, por lo general, remesas de dinero a sus países de origen. Pero, además, los que se dedicaban a la venta callejera, o puerta por puerta, hacían la competencia al comercio establecido. En 1929 el Gerente del Banco República anotó que los "proveedores de artículos modestos se constituyen en la forma elemental de las ventas del comercio volante, turco, ruso, polaco, armenio, etc., que viene abatiendo el comercio importante del país, en la capital y la campaña".32
Finalmente en 1932 se aprobó una ley de restricción a la inmigración considerada indeseable (enfermos, maleantes, vagos, toxicómanos y ebrios, condenados por delitos comunes, etc.)33 Meses después se amplió la medida a todos los extranjeros que carecieran de recursos para subsistir por un año. Además se autorizaba a rechazar a gitanos, negros y asiá­ticos.34
En los años treinta la inmigración hacia Uruguay mermará aproxima­damente entre sesenta y setenta por ciento con respecto a la década anterior35. En ello debe haber influido también la propia coyuntura mundial.
La desocupación pesó en otros aspectos. La oferta de mano de obra tendió a bajar los salarios en momentos que los sectores de menores ingresos acusaban el alza del costo de vida.
Con el agravante que, en la medida que no había trabajo, se hada muy difícil avanzar en la legislación social. Los sectores empresariales —que en general se hablan opuesto a ella— estaban ahora abocados a recuperar, mantener o acrecentar su rentabilidad, o, en el peor de los casos, a impedir su desaparición en el torbellino de la crisis; mientras el Estado, por su parte, procuraba paliar la caída del nivel de empleo. El proyecto de salario mínimo para la actividad privada y otro, no menos ambicioso, de Bolsas de trabajo y seguros de desocupación, no fueron aprobados. En cambio, en 1931, se logró aprobar la semana inglesa para el comercio, consiguiendo la Cámara de Industrias que sus afiliados fueran eximidos de ella.

k) El avance estatista
La extensión de la actividad económica del Estado fue vista como otra de las soluciones para conjurar la crisis. Eduardo Acevedo, que había sido Ministro de Batlle, la propuso para un gran número de actividades, algunas en manos del capital extranjero y otras del nacional. Por su parte expresaba el Ministerio de Industrias en el Mensaje a la Asamblea General en marzo de 1931: "Al Estado corresponde dar el ejemplo, ensanchando su actividad productiva con industrias que por su naturaleza especial y por hallarse monopolizadas o casi monopolizadas por empresas extranjeras, con­vienen pasen al dominio publico, tales como la venta de combustibles, la fabricación de portland, la producción del alcohol, el sen/icio del agua corriente y el de gas, etc. etc. "
El estatismo uruguayo, fundamentado en el nacionalismo económico, al impedir la evasión de divisas por repatriación de ganancias permitía la acumulación de capital. Por otra parte, tardíamente se fue adquiriendo la conciencia de que algunas empresas del tipo de las que hoy por consenso se denominan transnacionales se habían adueñado de resortes estratégicos en cualquier proceso desarrollista: combustibles, exportaciones, construc­ción, comunicaciones.
A estas distorsiones, que cuestionaban el desenvolvimiento capitalista del país, se les intentó dar solución en los últimos años de la década del veinte, cuando se constató la fragilidad de la estabilidad monetaria y los crecientes requerimientos de la balanza de pagos.
El acuerdo logrado en 1931 con un sector del nacionalismo permitió avanzar sustancialmente en este campo, al crearse en octubre de ese año la "Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland". Fue la principal creación del período, tanto por su importancia económica como por englobar una serie de proyectos anteriores, como los de monopolio del alcohol, fábrica de portland, refinería estatal y propiedad de los yaci­mientos de petróleo e hidrocarburos. Su nacimiento fue influido por el cercano ejemplo de "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" (Y.P.F.), que bajo la dirección del General Mosconi había luchado por defender el subsuelo y el mercado argentino de las apetencias y los manejos de las grandes transna­cionales del petróleo.
A pesar de que la postura batllista no fue confiscatoria, esta creación produjo una gran reacción interna. El capital nacional había constituido una empresa de combustibles, en cuyo directorio figuraban abogados de algunas transnacionales de petróleo radicadas aquí, que aspiraba a erigir una refinería.36 Gabriel Terra y el Comité Nacional de Vigilancia Econó­mica apoyaban la construcción de una fábrica de portland bajo el modelo belga de cooperativismo con apoyo estatal, o en forma de empresa mixta. La Cámara de Industrias se opuso, tanto a la refinería estatal como a que el Estado compitiese con la actividad privada —en este caso en manos del capital norteamericano— en la fabricación de portland. La elaboración y venta de alcohol estaba virtualmente monopolizada por un industrial, Meillet. Sectores nacionalistas apoyaban sustraerle la actividad y sustituirlo por una cooperativa. Los importadores se vieron amenazados por la posibilidad de que cesara el comercio de bebidas alcohólicas y portland.
Las compañías de petróleo radicadas en Uruguay, que eran filiales de firmas extranjeras, se contaban entre las más afectadas. El Estado les quitaría parte del mercado, conocería los secretos de la importación —en­tre ellos los costos—, y podría construir una refinería e ir, a partir de ese momento, al monopolio de refinación y también de comercialización de combustibles en el país.
Por otra parte, había sectores políticos, como el herrerismo y el riverismo, que no estaban dispuestos a permitir que el estatismo progre­sase. A ellos se les sumó el temeroso capital extranjero.
Esta trama explicaría las razones por las que ANCAP resultó de un nacionalismo relativo y relativizado. La ley fundacional del ente no contem­pló el comercio de combustibles sólidos, que podía afectar los intereses del carbón británico: estableció la intervención del Estado en la fabricación del portland pero no asumió el monopolio ni en lo mediato ni en lo inmediato, extremo que podía perjudicar a la filial de la fábrica norteameri­cana existente; dejó para "más adelante" el monopolio de los combusti­bles. La relativización sobrevendría por factores externos, referidos a la dependencia del país.
Los grandes trusts —en especial la Shell y la Standard Oil— buscaron afanosamente la constitución de un cártel mundial para regir la extrac­ción, refinación y comercialización de petróleo. Un primer gran paso se dio en 1928, en el castillo escocés de Achnacarry, en que logró convenirse una estructura de precios basada en el vigente en el Golfo de Méjico, los clientes comerciales debían pagar el precio básico del Golfo más el costo de transportar el petróleo desde Estados Unidos al punto de destino. Si se le podía abastecer-desde un campo más cercano que el golfo, el ahorro iba a una de las compañías que formaban el cártel37. El acuerdo intentó también respetar la distribución de los mercados internos en los que las signatarias competían.
El pacto efectuado con el nacionalismo "independiente" preveía ade­más la adquisición por parte del Estado de una partida de combustible soviético.
El proyecto había sido elaborado por Ismael Cortinas para aprovechar la propuesta de la empresa Yuzhamtorg, representante comercial del gobierno de la URSS establecida en Montevideo en 1928, dos años des­pués que Uruguay reconociera "de jure" a dicho país. El negocio con la URSS se haría con un crédito del Banco República para que los soviéticos adquiriesen productos agropecuarios en Uruguay. Se aplicaba así el princi­pio de bilateralidad en una transacción que en momentos de crisis se veía como muy ventajosa. El precio era el vigente en el Golfo de Méjico.
Una vez instalado el primer directorio de ANCAP, que presidió Eduar­do Acevedo, se licitó el aprovisionamiento de combustibles al ente para el ejercicio 1933-1934. A esta licitación se presentaron la Yuzhamtorg, y dos empresas independientes americanas, la Atlántica y la Texaco, ganando nuevamente la primera.
Antes de que llegara la primera partida de combustible soviético, las compañías extranjeras boicotearon el suministro de combustibles. En junio de 1932 algunos surtidores debieron cerrar sus puertas, y otros racionar la venta de nafta. El gobierno argentino ofreció al uruguayo facilitar la gasolina necesaria para las necesidades oficiales.
Frente al peligro de que se paralizase el transporte y el suministro de energía, el Consejo Nacional de Administración debió otorgar facilidades a las empresas para enviar sus remesas de utilidades al exterior.
A pesar de esta medida de fuerza, al comenzar sus actividades ANCAP, en agosto de 1932, obligó a las trasnacionales a bajar el precio de la nafta y el querosene.
También el ambiente político se habla enrarecido. La filial argentina de la Yuzhamtorg —después de haber ofrecido abastecer las necesidades de Y.P.F. para permitirle contrarrestar la acción de los trusts— fue acusada de efectuar dumping y de injerencia en los asuntos políticos internos y expulsada del país. En febrero de 1932 fue investigada la sede de la empresa en Montevideo.
Los opositores a ANCAP no dejaron de subrayar algunas implicancias: el estudio jurídico del que eran socios los doctores Baltasar Brum y Domin­go Arena había obtenido las personerías jurídicas para la Yuzhamtorg y la Shell.38
Los defensores del ente señalaban sus ventajas: 1) habla logrado abatir el precio interno del combustible; 2) habla obtenido cuantiosas ganancias; 3) al trabajar con un crédito del República no había requerido capital; 4) no retenía el impuesto a la nafta, lo que redundaba en benefi­cio del país ya que con el mismo se financiaba la construcción de carreteras en un momento de falta de trabajo.
Al sobrevenir el 31 de marzo, el Directorio del organismo estaba estudiando la construcción de una refinería, de destilerías de alcohol, la compra de tres barcos petroleros y la expropiación de las concesiones otorgadas a las compañías extranjeras para la venta de petróleo39.
El pacto de 1931 también permitió aprobar la ley por la que se concedió a Usinas Eléctricas del Estado el monopolio de las comunicacio­nes telefónicas por cable en todo el territorio nacional, con la facultad de comprar o expropiar las empresas privadas que funcionaban en el país40.
Se licitó la construcción de la red subterránea e instalación de teléfo­nos automáticos en Montevideo, la que fue ganada por una empresa alemana que permitió el pago en "especie", es decir en productos del país.
La International Telephone and Telegraph Co. (I.T.T.) —que en 1927 había adquirido los intereses de la británica Montevideo Telephone Co.—, y de la que era abogado el Dr. José Irureta Goyena, publicó costosos comunicados en la prensa montevideana cuestionando la medida.
Escribió Gustavo Gallinal: "Pocas veces el legislador ha chocado con una muralla tan alta de intereses creados. La presión secreta de esos intereses, contarios al interés nacional, detenta desde hacia largos años la obra, manteniendo en pie un servicio vetustísimo, bochorno de la ciudad".41
También el Estado rescató de manos privadas la explotación y admi­nistración de los puertos y zonas francas de Colonia y Nueva Palmira (15 de julio de 1931); mientras que al año siguiente se resolvió declarar caducadas las autorizaciones otorgadas a los muelles particulares del departamento de Montevideo para realizar operaciones de carga y descar­ga. Esta última disposición, de claro sentido intervencionista, ha sido considerada el punto de partida del monopolio de los servicios portua­rios.42
Otros numerosos proyectos resultaron frustrados, algunos de ellos sumamente importantes, como la sede propia para el Frigorífico Nacional O el ferrocarril estatal Montevideo-Florída-Sarandí del Yi con entrada independiente a la capital, que competiría con la línea británica. Y si bien las dificultades económicas lograron paralizar muchas iniciativas, las pala­bras de Gallinal son harto elocuentes en señalar que el capital extranjero presionaba para detener todo lo que de alguna manera podía perjudicarlo.
Según lo que se entendía por sana administración en la época, el plan económico financiero de 1931 se propuso suprimir el déficit fiscal, equili­brar el presupuesto de gastos y salvar de sus dificultades al Estado. Para ello se aumentaron las contribuciones de los entes estatales al erario público y también los impuestos, lo que en última instancia recaería sobre la población.
También se propuso equilibrar la balanza comercial disminuyendo las importaciones y fomentando el desarrollo de la industria sustitutiva de la producción extranjera. Sus efectos conviene verlos en la realidad.
El Estado, a pesar de tener una política para la desocupación, por su propia situación económica, y la del país, no pudo apresurar la concreción de muchas de las obras públicas planeadas, razón por la que fracasó en su intento por eliminar el paro, que siguió creciendo en 1932, alcanzando el máximo al año siguiente.
La reducción de las exportaciones y del dinero percibido por ellas determinó una aguda depresión en gran parte de las actividades nacio­nales. Se restringió en consecuencia la capacidad de importar y debido al descenso de los ingresos y de las rentas públicas se contrajo la demanda doméstica. Por lo pronto la electricidad vendida para uso industrial fue un quince por ciento inferior en 1933 que en 1930.43
La política aplicada para el fomento fabril benefició indudablemente a los industriales y explica el gran crecimiento empresarial que se dio en esta área en la década del treinta. En cambio, los obreros se encontraron con que la gran oferta de trabajo por la desocupación tendía a bajar los salarios, factor éste que también beneficiaría a los industriales.
La política de encarecer las importaciones y la reducción operada en las remuneraciones tendían a restringir la demanda de productos, lo que a su vez empujaba hacia la recesión. Y esto, a pesar de que las estadísticas oficiales registraron una baja en el costo de vida, significó un empeora­miento en la condiciones de existencia, ya que disminuyó el consumo de artículos de primera necesidad como carne, leche, huevos.44
Al comenzar la crisis, la situación de los obreros uruguayos era muy penosa. El propio director de la Oficina Nacional de Trabajo, Dr. César Charlone, consignó en 1930 que "el 33 por ciento de la población trabaja­dora hallase por debajo del costo límite de la existencia individual y el 65% no podrían fundar un hogar con sus solos recursos"45.
De qué manera incidió la desvalorización monetaria en el costo de vida es materia controvertida. En 1929, al anticiparse la caída del peso a la crisis mundial, existió encarecimiento. Según el Gerente del Banco Repú­blica, Octavio Morató, en 1931 la baja de la cotización del peso hasta los límites en que la estabilizó el Contralor de Cambios se compensó con la disminución de precios que por la crisis sufrieron los artículos importados en sus países de origen46. Esto habría durado hasta 1933, ya que después los artículos de primera necesidad comenzaron a ser importados por el cambio compensado, que se cotizaba más alto que el oficial47. El aumen­to de los impuestos aduaneros tampoco habría repercutido, ya que mate­rias primas y artículos de primera necesidad quedaban eximidos.
Sin embargo, contrastando con este optimismo, muchos contemporá­neos cuestionaron la realidad y también las elaboraciones estadísticas de la Oficina Nacional de Trabajo. Las mismas, por ejemplo, no incluían en el cálculo de la canasta familiar al combustible popular por excelencia, el querosene, que aumentó de nueve centésimos el litro en 1929 a doce en 1931, e ignoraban que muchas industrias nacionales habían recargado en un 15% y en un 30% sus precios.48
La política seguida para conjurar la crisis, en la medida que intentó repartir las cargas, fue sufrida por todos los sectores, aunque con desigual intensidad. Algo que, por lo pronto, explicaría la relativa orfandad en que se encontraron las instituciones el día en que fueron derribadas. A la hora de alinear a los afectados, y citar someramente las causas, se puede in­cluir a:
  1. El capital extranjero, que debió luchar contra un Estado que intentaba transitar nuevos caminos económicos, que limitó las importacio­nes, controló la comercialización de divisas, puso trabas a las remesas de utilidades.
  2. Los ganaderos, a los que se expropió la diferencia entre la cotiza­ción real y la oficial de lo que percibían por las ventas al exterior.
  3. Los comerciantes importadores, por el mismo motivo que el capí- tal extranjero.
  4. Los exportadores, por el mismo motivo que los ganaderos.
  5. Los comerciantes minoristas, por la caída de las ventas.
  6. Los industriales, que a pesar de que fueron favorecidos por el proteccionismo, debieron luchar para detener el avance del estatismo y de la legislación social.
  7. Los propietarios rurales que debieron pagar más impuestos mien­tras bajaban los arrendamientos.
  8. Los propietarios urbanos, a los que se les rebajó los alquileres.
  9. Los pasivos, que tuvieron serias dificultades para percibir sus haberes.
  10. Los empleados públicos, a los que se les rebajó —o indirecta­mente se les "congeló"— sus sueldos.
  11. Obreros y asalariados en general, que se encontraron con escasez de trabajo, con un mercado laboral con tendencia a bajas retribuciones, y con la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Aunque por cierto no fueron los únicos que debieron sobrellevar las circunstancias con ingresos reducidos.
1 Henry Finch: “Historia económica del Uruguay contemporáneo”. Montevideo, EBO, 1980, p.22
2 Véase prólogo de Luis Hierro Gambardella y entrevista a Justino Zavala Muniz en Kurken Dizidian, “Julio César Grauert: discípulo de Batlle”. Montevideo, editorial Avanzar, 1967.
3 Archivo General de la Nación (A.G.N.).- Consejo Nacional de Administración (C. N. de Adm.) Tomo IV Nº 5243, 12 de noviembre de 1931, p. 305.
4 A.G.N.- C. N. de Adm. Tomo IV Nº 5259, 12 de noviembre de 1931, pp 221-222
5 Millot, Silva. “El desarrollo industrial del Uruguay, de la crisis de 1929 a la posguerra”. Montevideo, Universidad de la República, 1973. p 64.
6 David Joslin, “A centuri of banking in Latin América” London, Oxford University Press. 1963, p. 251
7 Véase nuestro “Uruguay 1929-1938: Depresión ganadera y desarrollo fabril”. Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria. 1981.

8 A.G.N- C.N de Adm. 5255- Tomo II- 28 de mayo de 1931. p 277.
9 Eduardo Acevedo Alvarez, “La gran obra de los poderes constitucionales frente a la crisis”, Montevideo, Peña y Cía., 1934, pp 105 a 113
10 Las excepciones fueron consignadas por Frugoni en “Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes”, 14 de mayo de 1935, pp. 71 y 72.
11 A.G.N- C.N. de Adm. 5257.- Tomo III- 8 de setiembre 1931, p 324 y “La Mañana”, 29 de setiembre de 1931, p. 4
12 A.G.N- C.N. de Adm. 5249.- Tomo III 5 de setiembre de 1930, p. 359
13 Ricardo Paseyro, “Pasado y presente”, Bs. As., 1935 pp 152 y 153.

14“El Debate”, 3 de febrero de 1933, p.3.
15 “La Mañana”, 5 de febrero de 1933, p.3
16 “La Mañana”, 5 de febrero de 1933, p.3
17 A.G.N- C.N. de Adm. 5265- Tomo III ppp. 250 a 256 y pp 333 a 341 (23 de agosto y 13 de setiembre de 1932
18 Véase Danilo Astori “La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya (1930 -1977)” Montevideo, EBO 1979
19 Edición extratodinaria, 30 de julio de 1928, p. 87
20 “La mañana” 13 de setiembre de 1932, p.11 noviembre de 1932
21 Mensaje del C. N. de Adm. A la Asamblea General, 15 de febrero de 1933
22 Censo agropecuario de 1937
23 Octavio Morató_ “Al servicios del Banco de la República y de la economía uruguaya (1896-1940)” Montevideo, 1976 pp. 386 y 387
24 Véase cita 7
25 “Registro N. de Leyes y Decretos”, 1930, p. 162
26 “La Mañana”, 2 de febrero de 1932. p.5
27 Véase Millot, Silva, Silva, op. cit. (Cuadros estadísticos)
28 “Registro N de leyes y decretos” 1931, p.761
29 A.G.N. C.N. de Adm. 5257 Tomo III 4 de setiembre de 1931
30 “La Mañana”, 8 de febrero de 1931, p.1
31 “Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores”, 9 de junio de 1931, pp. 242 a 245
32 Morató, op cit. P. 171
33 “Registro N. de Leyes y Decretos”, 1932, pp 396 y sig.
34 Ibidem, 1932 p 533
35 Las cifras oficiales sobre inmigración han sido cuestionadas por César Aguiar en “Uruguay: país de inmigración”, Montvdeo, EBO, 1982
36 Véase nuestro “Inversiones extranjeras y petróleo: la crisis de 1929 en Uruguay”. Montevideo, fundación de Cultura Universitaria. 1979.
37 Christopher Tugendath, “Petróleo: el mayor negocio del mundo”, Madrid Alianza Editorial, 1969, p.128
38 Véase nuestro “Inversiones extranjeras y petróleo…” pp. 170 y 171
39 Todo este ambicioso plan se financiaría en seis años con las utilidades de Ancap. Eduardo Acevedo, “Manual de Historia Uruguaya” Montevideo, 2ª Edición, 1936, pp. 353 y 354.
40 Paseyro, op. cit. P. 156
41 Gustavo Gallinal, “El Uruguay hacia la dictadura”, Montevideo, Nueva América, 1938, pp 250-251
42 Hugo Barachini, “Historia de las Comunicaciones en el Uruguay”, Montevideo, Universidad de la República, p. 174.
43 Finch, op. cit., p 95
44 José C. Williman, “La crisis de 1930 en el Río de la Plata” Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1969, p.10
45 “La Revista económica Sudamericana”, febrero de 1930, Nº 2, pp. 43 a 46-
46 Morató, op. cit. p. 440
47 Eduardo Acevedo Alvarez, La economía y las finanzas públicas después del 31 de marzo”, Montevideo, 1937, p. 40.

48 “La Mañana”, 4 de abril de 1931, p.1