"Hacia
la década del 70 la Europa post Plan Marshall había dejado de ser
el principal mercado para las exportaciones de ganado y productos
ganaderos del Uruguay, Esto, debido a las medidas que estaban siendo
adoptadas 'por los países consumidores, para proteger sus
productores domésticos y de ganado y productos ganaderos de la
competencia de productores
más eficientes, incluyendo el Uruguay' (Favaro,
Bensión 1003:187; énfasis mío)" (Menéndez-Carrión, 2015: 313)
Instituto de economía (2001)Uruguay del siglo XX. La economía. Montevideo: Ed. Banda Oriental
“La temprana urbanización y un módulo de distribución del ingreso bastante más progresivo que en los demás países de la América Latina, constituían fundamentos importantes de la absorción referida. Este crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones se convirtió entonces en el principal factor de dinamismo de la producción nacional, pero nunca llegó a alterar el tipo de inserción internacional del país. Su única incidencia destacable sobre el comercio exterior consistió en la modificación de la estructura de las importaciones, al reducirse la participación relativa de los bienes de consumo e incrementarse las de los insumos y los bienes de capital, con lo que disminuyó progresivamente, el margen de maniobra del Uruguay para seguir adelante por el camino asociado a este patrón de crecimiento.
Es que la interrelación existente
entre los límites del mercado interno, la dependencia tecnológica,
las crecientes escalas de producción requeridas y las exigencias
planteadas para mantener un nivel de rentabilidad suficiente como
para seguir estimulando la expansión de la producción, representó
un obstáculo insuperable para el sector, que no obstante la
presencia permanente de la protección estatal, se estancó hacia
mediados de los años cincuenta del siglo pasado, como lo demuestran
los índices del volumen físico del producto bruto interno generado
por las diferentes ramas de la industria manufacturera. (…)
El Uruguay llegó entonces a la
segunda mitad del decenio de los cincuenta del siglo XX con un
escenario de estancamiento global de su producción material. La tasa
de inversión bruta cayó a un nivel apenas superior al 10 por ciento
–guarismo que ponía apenas la reposición anual del capital
despreciado- y el ritmo de evolución del producto bruto interno
disminuyó notoriamente respecto a la década precedente. En
particular, la caída de la inversión resultó especialmente notoria
en el sector privado y afectó tanto a la construcción como a las
maquinarias y los equipos, que son los dos principales rubros en el
proceso de formación de capital en el Uruguay. En estas
circunstancias, crecieron las dificultades en el funcionamiento de la
economía hacia comienzos de los años sesenta, que condujeron a
serios desequilibrios, alteraciones negativas en el campo laboral,
deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población
y contradicciones sociales que se alimentaron especialmente de una
pugna creciente por mantener participaciones relativas en un producto
que no crecía.
(…)
(…) el desequilibrio externo surge a
partir del estancamiento de las exportaciones y una estructura rígida
de importaciones, en la que se habían sustituído las de bienes de
consumo, pero se mantenían las de insumos y bienes de capital como
una exigencia permanente para el funcionamiento de la industria. Por
este camino, se llegó rápidamente a un déficit comercial
pronunciado, a una pérdida importante de reservas internacionales y
a un acelerado crecimiento del endeudamiento. En efecto, hacia
mediados de los años sesenta del siglo XX, la deuda externa ya había
superado los 400 millones de dólares y diez años más tarde alcanzó
el nivel de los 1000 millones, cifra que representaba
–aproximadamente- el volumen de ingresos que el país obtenía por
más de dos años de exportaciones. En particular, cabe destacar el
rápido crecimiento de la deuda externa del sector público no
monetario, esto es, el gobierno central y las empresas públicas.”
(p. 76, 77, 78, 79)
“… la crisis financiera interna se
manifestaba como un creciente desequilibrio entre los ingresos y los
egresos del sector público, con la consecuente expansión del
déficit fiscal. Así, por ejemplo, si se observa la gestión de caja
del gobierno central, el valor real de dicho déficit aumentó casi
en un 40 por ciento entre los trienios 1963-1965 y 1972-1974.” (p.
80)
“El tipo de cambio constituye una de
las variables relevantes en el análisis del proceso inflacionario
uruguayo. (…) ha sido uno de los centros de las presiones de
determinados grupos sociales, como los exportadores –en especial
los ganaderos y los frigoríficos- en el marco del enfrentamiento por
mantener o acrecentar las participaciones relativas en la
distribución del ingreso, al que se hizo referencia antes.
(…) Aún cuando es cierto que las
devaluaciones sucesivas que se aceleraron especialmente a contar de
la finalización del decenio de los cincuenta respondieron a su vez
–en buena medida- a la acción de otros factores generadores de
inflación, también es preciso reconocer que, a determinada altura
del proceso, el manejo que se hizo del tipo de cambio contribuyó a
agudizar la elevación de los precios internos.
(…) Así, no obstante la espiral
referida, la propia naturaleza de este desequilibrio –en la que el
ritmo de ajuste de los precios es mucho más fluido que el que
caracteriza a los salarios y otros ingresos fijos- la convierte en un
factor de concentración regresiva de las participaciones relativas
de los distintos grupos sociales en la distribución de los frutos de
la producción.
(…)
(…) cabe señalar en primer lugar
que la evidencia disponible al respecto indica que, en general, los
trabajadores y el gobierno transfirieron ingresos hacia los grupos
empresariales nacionales y el exterior, que los absorbió a través
de las variaciones en la relación de términos del intercambio o los
servicios de factores. En este sentido, algunos cálculos realizados
en los últimos años para el período comprendido entre 1971 y 1976,
han estimado que cerca del 98 por ciento de los ingresos transferidos
corresponden al grupo de trabajadores, en tanto que el 70 por ciento
de los mismos fueron captados por grupos de empresarios nacionales.”
(pp. 84, 85)
“ … hasta mediados de los años
setenta del siglo pasado, o sea, casi enseguida de finalizado el
período cubierto por este trabajo, las repercusiones de la dinámica
de la acumulación interna sobre los problemas propios de este
recinto específico de la sociedad uruguaya pueden ser vistas como
una agudización de los desequilibrios entre la oferta y la demanda
de fuerza de trabajo –manifestados cuantitativa y cualitativamente-
y un consecuente incremento en los niveles de desocupación y
subocupación. En segundo lugar, la emigración en cuanto estrategia
de sobrevivencia de grupos socialmente diferenciados supone –desde
la perspectiva de funcionamiento del mercado laboral- una exportación
de buena parte de la oferta excedente de fuerza de trabajo.
Finalmente, el deterioro del salario real medio de los trabajadores
se puede comprobar con claridad a medida que transcurren los años
cubiertos por este análisis.
(…)
(…) a partir de la primera mitad de
los años sesenta, comenzó a gestarse en el Uruguay un proceso de
emigración que hasta 1975 involucró directamente –de acuerdo con
los cálculos más cautelosos- a una cantidad de entre 250 y 300 mil
personas, que se mantuvo elevado en 1976 y que pareció luego tender
a endentecerse a partir de 1977.
(…) es importante señalar que los
emigrantes poseían un nivel de educación relativamente alto, lo que
estuvo asociado al hecho de que la creciente desarticulación entre
el nivel medio de instrucción y capacitación de la población
activa y los requerimientos que –desde este punto de vista- estaban
implícitos en la demanda efectiva de mano de obra, desempeñó un
papel importante en la explicación del proceso emigratorio. Así, se
sabe que casi la mitad de los emigrantes entre 1963 y 1975 tenían
instrucción primaria, que algo más de la tercera parte de los
mismos estaban vinculados a la industria manufacturera, y que las
tres cuartas partes eran nacidos en Montevideo. A ello hay que
agregar que, como parte de la emigración, el Uruguay perdió más de
un 13 por ciento de su población con instrucción secundaria,
técnica o superior, y cerca de un 18 por ciento de la categoría
conformada por profesionales, técnicos, gerentes y funcionarios
administrativos.
Según ya fue dicho, los
desequilibrios provocados por el proceso económico uruguayo sobre el
ámbito laboral estuvieron acompañados por una tendencia al
deterioro del salario real, sobre todo a partir de la primera mitad
de los años sesenta, cuando simultáneamente se aceleró la
inflación. Esta última asumió un papel fundamental en torno a la
pugna social que apunta mantener o acrecentar las participaciones
relativas en el ingreso, como ya se explicó antes.
(…)
Si se analizan los problemas
ocupacionales del Uruguay durante el período comprendido entre 1955
y 1972 desde una perspectiva sectorial, las principales
comprobaciones que es posible realizar refieren al mantenimiento de
la tendencia expulsora de mano de obra que caracterizó
tradicionalmente al sector agropecuario, la falta de cambios
significativos en la insuficiencia de la absorción productiva de
fuerza de trabajo que ha mostrado la industria manufacturera, la
desmesurada participación relativa del empleo en las actividades
terciarias y la relevante declinación del sector público como
fuente de ocupación.
Al comentar en particular estos
aspectos sectoriales, hay que señalar que la muy baja y descendente
importancia relativa del sector agropecuario como fuente de trabajo
es un rasgo histórico esencial de la economía uruguaya, y está
asociado al carácter primordialmente extensivo de su producción
ganadera que, según se dijo antes, ha basado siempre su
competitividad internacional en la dotación de recursos naturales.
Si se tiene en cuenta que con la sola excepción del decenio
comprendido entre mediados de los cuarenta y los cincuenta –cuando
crecieron los cultivos a impulsos de una política estatal
específica- la ganadería ha ocupado alrededor de 15 de los casi 17
millones de hectáreas con aptitud agropecuaria, se puede apreciar la
enorme influencia que la extensividad del rubro ha tenido sobre el
ritmo de creación de oportunidades de trabajo en el país
considerado en su conjunto.
(…)
Cuando comenzaba el decenio de los
sesenta, el agro generaba más de la tercera parte de la ocupación
fuera del departamento de Montevideo. Hacia fines de la década
siguiente, esa proporción cayó a la cuarta parte. Este ritmo revela
la magnitud de la tendencia expulsora del sector, la que –por su
parte- ha provocado una continua y creciente corriente migratoria
interna hacia los sectores urbanos. (…)
Simultáneamente, la economía
uruguaya no tuvo durante las décadas de los cincuenta y los sesenta,
otro sector de la producción material que absorbiera productivamente
los excedentes de fuerza de trabajo. En este sentido, la mayor
responsabilidad debe ser asignada a la industria manufacturera que, a
contar del estancamiento que la afectó desde mediados de los
cincuenta, disminuyó relativamente su ya limitada generación de
puestos de trabajo.
(…)
(…) el sector industrial ha sido el
que concentró la mayor parte de los desocupados que no buscan
trabajo por primera vez, aún cuando debe señalarse que esa
proporción también mostró una evolución decreciente. Ello tiene
que ver con el hecho de que una alta proporción de los emigrantes
entre 1963 y 1975 –que ha sido estimada en más de 34 por ciento-
estaban vinculados a la industria manufacturera, perteneciendo
mayoritariamente a la categoría de artesanos, operarios y
jornaleros.
Hacia fines del período que se viene
analizando, la industria manufacturera concentraba menos de la quinta
parte de la población económicamente activa del país –lo que
ilustra claramente acerca de su poca importancia relativa como fuente
ocupacional- y las ramas individualmente consideradas que tenían un
mayor nivel absoluto de empleo eran las siguientes: textil y cuero;
alimentos, bebidas y tabaco; caucho; química y metalúrgica. Al
mismo tiempo, con la excepción de la construcción, era el sector de
la economía que mostraba más altas tasas de desempleo abierto.
(…)
(…) la carencia de una industria
fuerte que cumpliera un papel dinámico en la absorción productiva
de fuerza de trabajo originó un vacío que fue ocupado –desde este
punto de vista- por el sector público, apoyado en la conformación
tradicional del Estado uruguayo.” (pp. 86 - 92)
“Con la dictadura ya instalada a
contar de 1973, el Uruguay comenzaría a conocer una política de
liberalización y apertura que provocaría una fuerte compresión del
salario real –mucho más allá de las posibilidades que permitía
la inflación al respecto- y una nueva experiencia de articulación a
la economía mundial.” (p. 94)
“El gobierno que asumió en marzo de
1972 duró poco más de un año, hasta el golpe de Estado de junio de
1973. Tuvo que enfrentar la crisis de pagos externos que se inició a
fines de 1971 y que se manifestó en caída de reservas, acelerado
aumento del endeudamiento externo, atraso en los pagos a proveedores
y quiebra de bancos.
Definió una nueva estrategia
económica en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 (PND) aprobado
por el Poder Ejecutivo en abril de 1973 luego de ser analizado por el
Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
El modelo de desarrollo intentó
aumentar las exportaciones con una mayor explotación de los recursos
naturales del país y procesamiento de sus materias primas. La Ley de
Promoción Industrial y el Plan de Pesca agregaron estímulos
crediticios y fiscales. La Ley de Inversiones Extranjeras estableció
las garantías para la radicación y repatriación de capital y
utilidades explicitando que podían acogerse a los demás estímulos
de carácter general.
La política económica de corto plazo
apunto a cumplir los compromisos de pagos externos. (…) Se firmaron
cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su
apoyo financiero para sostener el nivel de reservas y poner al día
los atrasos de pagos externos.
(…) Finalmente,
se aceleró la inflación y se inició una tendencia a la
concentración del ingreso; el ritmo de inflación alcanzó al 86.8%
promedio anual y el salario real en 1972 cayó 17%.” (pp. 96, 97)
“Las
transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos, como
se explicará más adelante, aumentaron la rentabilidad media de la
economía y los ingresos públicos. Financiaron las transferencias de
ingresos al exterior, el aumento de la inversión y el mayor consumo
de los no asalariados. La concentración del ingreso llevó a una
reestructura del consumo privado, por la caída del consumo de los
asalariados y pasivos y por lo tanto la demanda interna de
bienes-salario, mientras que aumentó el consumo de los no
asalariados con repercusión sobre la producción y las importaciones
de bienes de consumo suntuario.
(…)
El permanente
saldo negativo en cuenta corriente otorgó una nueva y creciente
importancia al ingreso neto de capital, como condición del
crecimiento del producto, permitió aumentar y diversificar las
importaciones así como su liberalización, aumentar las reservas
internacionales y mantener una situación fluida de pagos externos;
con el costo de un creciente endeudamiento externo.
En la deuda
externa del país, la deuda contraída por el Sector Público
(Gobierno Nacional y Municipales; Bancos y otras Empresas Públicas)
fue más importantes que la del Sector Privado. El principal
componente fue el sector público no monetario (Gobierno Nacional y
Empresas Públicas) y dentro de éste, la colocación de bonos y
letras en moneda extranjera.” (p. 99)
“Las condiciones
políticas contribuyeron a: proporcionar seguridad para el ingreso de
capital del exterior así como para la inversión privada local;
procesar las transferencias de ingresos, en particular, mediante la
contracción de los ingresos reales de asalariados y pasivos …”
(p. 100)
Dassatti, C., Márquez, G. (2012) La economía uruguaya 1960-2010, en 1960-2010 Medio siglo de Historia Uruguaya. Montevideo: Ed. Banda Oriental
“El desempleo
abierto aumentó al 14.3% en 1984. El salario real medio cayó un 30%
entre 1982 y 1984, continuando una tendencia iniciada en 1971 y que
lleva al final del período a la capacidad de compra del salario
aproximadamente a la mitad de la de 1968/71. Las pasividades en
términos reales tienen una evolución muy parecida y su caída en
los dos últimos años del período se puede estimar en torno al 30%.
Los cambios en el
Estado y en la economía derivaron en el ascendente protagonismo de
un nuevo actor social. Hasta principios de la década del setenta se
identificaban tres actores principales aunque no únicos, los
ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros
generaban la producción exportable y las exportaciones eran la
principal y casi única fuente de moneda extranjera. La moneda
extranjera permitía importar las materias primas y los equipos para
la industria protegida, que generaba los nuevos puestos de trabajo.
Con el desarrollo de la industria y los servicios públicos, aumentan
los asalariados urbanos.
Al final del
período podemos hablar de un cuarto socio, el capital financiero.
Tiene su base en las instituciones de intermediación financiera y
articula también a los acreedores externos y los propietarios de
depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior.”
(pp. 120, 121)
“El 1º de
noviembre de 1967 asumió como nuevo ministro de Economía del
Gobierno del Gral. Gestido el Dr. César Charlone. Dicho cambio de
autoridades determinó una vuelta a las prácticas dictadas por el
FMI, siendo los principales objetivos de política económica el
logro de la estabilización en el nivel de precios y el equilibrio en
las cuentas externas. Se esperaba que, con el cumplimiento de dichos
objetivos, se lograría la repatriación de capitales, la
recomposición del ahorro privado y la confianza por parte de los
mercados internacionales. De esta manera, las principales medidas
adoptadas fueron las siguientes:
- devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $99 a $200 por dólar, en noviembre de 1967.
- Reunificación del mercado cambiario.
- Liberación de dicho mercado, con la salvedad de que las operaciones de divisas derivadas de las exportaciones tradicionales deberían tramitarse a través del BROU.
- Limitación del crédito, restricción de los aumentos salariales y reducción del déficit fiscal, con el fin de eliminar presiones inflacionarias por el lado de la demanda.
No obstante, a
pesar del cumplimiento de las metas planteadas, la persistente
inflación condujo a una nueva devaluación en abril de 1968,
llevando la cotización del dólar a $250. (…) la situación de
estancamiento económico potenció la presencia de prácticas
especulativas, las cuales se intensificaron en este período,
encontrándose entre las principales causas de las presiones
inflacionarias.” (163, 164)
“Las circunstancias económicas en
1968 planteaban como principales problemas a enfrentar: un elevado
déficit fiscal, un significativo nivel de endeudamiento con el
exterior y un acelerado ritmo inflacionario. Este agravamiento del
clima económico se vio acompañado de –y en cierta medida
alimentó- un deterioro de las relaciones entre sectores de la
sociedad, caracterizado principalmente por la confrontación. (…)
Los principales objetivos de la
política económica en este período se basaron en el logro del
equilibrio externo y la estabilización del nivel de precios. Con
respecto al primero, se buscaba recuperar el nivel de reservas
internacionales y reducir el endeudamiento externo de corto plazo.
Con respecto al objetivo en materia de política inflacionaria, se
instrumentó un plan de estabilización a partir del cual se
decretaba la congelación de precios y salarios.
Dicha medida se implementó con
anterioridad al ajuste corrector del salario real, determinando así
una fuerte depresión en su nivel; en cambio, en el momento de
implementarse el decreto, los sectores empresariales ya habían
remarcado sus precios de venta. A la suspensión de los Consejos de
Salarios (en funcionamiento desde 1944), le siguió la creación de
la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), entidad pública a cargo
del control de las nuevas escalas de precios y salarios fijadas por
decreto.” (p. 164)
La política económica de la
dictadura
“Primera etapa, 1974-1978:
‘intervencionismo reestructurador’
Este período marca la adopción de una
política inspirada en el Plan de Nacional de Desarrollo 1973-77,
complementado luego en los Cónclaves de San Miguel y Nirvana (de
agosto y octubre de 1973, respectivamente) con la finalidad de
promover cambios estructurales en la economía del país. La
estrategia se basó en la opción aperturista y de integración
económica y comercial con el mundo. (…)
Se impulsó la expansión del sector
exportador en el entendido de que su crecimiento provocaría el
arrastre del resto de la economía. Durante este período, luego de
un estancamiento económico de veinte años, el país logró una
etapa de crecimiento apoyado en la inversión y las exportaciones. El
costo de esto fue una concentración del ingreso y una disminución
del salario real.
Este período ha sido llamado
‘intervencionismo reestructurador o ‘segundo modelo neoliberal’.
A pesar de que el principio declarado era apoyarse en el libre
mercado para la distribución de los recursos y regular el
funcionamiento de la economía, la práctica intervencionista fue una
característica permanente. El propósito era reestructurar la
economía del país para superar aquellas trabas que, según esta
concepción, impedían su desarrollo. Cabe destacar que esta
reestructura no se llevó a cabo porque el libre juego del mercado
así lo determinó, sino que el nuevo orden fue impuesto utilizando
para ello el poder coercitivo que la situación política dictatorial
brindaba.
(…) En 1974 se designó al Ing.
Alejandro Végh Villegas como ministro de Economía. Los pilares de
la nueva política económica serían los objetivos de crecimientos,
liberalización, apertura y estabilización, y la reducción de la
participación del Estado. La apertura comercial aproximaría la
estructura de precios internos a la estructura de precios internos a
la estructura de precios internacionales y, de ese modo, los recursos
se asignarían según el principio de las ventajas comparativas.”
(pp. 170,171)
“Segunda etapa, 1978-1982:
‘liberalismo estabilizador’
En el análisis de
los objetivos de política económica en el período comprendido
entre 1978 y 1982 se pueden encontrar dos etapas: en la primera,
hasta fines de 1981, el objetivo primordial fue la estabilización de
precios con una instrumentación de carácter liberal, en tanto que
en una segunda etapa se incorpora la preocupación por atenuar la
recesión retomándose cierto grado de intervencionismo.” (p. 181)
“En octubre de 1978 el gobierno
anunció la introducción de ‘la tablita’, una planificación
diaria del tipo de cambio unificado (comercial y financiero) que
estaría vigente hasta seis o nueve meses después. El objetivo de
esta nueva política cambiaria era la reducción del volumen de
transacciones especulativas y de riesgo cambiario y la disminución
de las expectativas de inflación futura (la tasa de inflación
doméstica debería converger a la tasa de inflación internacional
más la cada vez menor tasa de devaluación del peso).
(…) el BCU solo emitiría dinero
contra el ingreso de divisas y lo retiraría cuando egresaran
divisas, por lo que su capacidad para conceder crédito y aumentar el
circulante en la economía se encontraría limitada. Como resultado,
desaparecerían los aumentos de precios originados en la emisión
descontrolada de origen monetario o fiscal, de modo que tanto los
precios como las tasas de interés internas convergerían a las
internacionales.
Para que esto fuera posible era
necesaria la eliminación de todos los obstáculos al libre
movimiento de capitales.” (p. 182)
“En concordancia con el nuevo
enfoque de política cambiaria, fueron eliminados los controles sobre
la oferta de dinero. De esta manera, a fines de 1978 comenzaron a
reducirse los encajes obligatorios y, a fines de marzo de 1979, los
mismos fueron eliminados así como también las operaciones de
mercado abierto.
Al mismo tiempo, el proceso de
liberalización financiera intensificó su ritmo, como lo demuestran
la liberalización de las tasas de interés en setiembre de 1979, la
derogación del Impuesto Único a la Actividad Bancaria, el aumento
de los márgenes de receptividad de los depósitos y la autorización
del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. (…) el
número de casas bancarias se multiplicó, y pasaron a basar su
negocio netamente en la actividad off-shore.
Por último, cabe destacar que, como
resultado del proyecto de transformar a Uruguay en una plaza
financiera internacional, se dio una importante extranjerización e
internacionalización del sistema financiero uruguayo. Esto se
explica por la instalación de trece nuevas casas bancarias filiales
de capital extranjero y la venta de cuatro bancos de capitales
nacionales a extranjeros, así como por el aumento de la importancia
relativa de las operaciones en los mercados financieros externos. No
obstante, la plaza financiera tuvo un carácter regional, en la
medida que los capitales que ingresaron eran fundamentalmente de los
países vecinos.” (p. 183)
“El endeudamiento externo registró
aumentos derivados de la entrada de capitales dirigida al sector
privado y del financiamiento público. Dentro del sector privado, el
subsector que dominó la expansión de la deuda externa fue el
bancario, debido fundamentalmente al incremento de los depósitos de
no residentes. Con respecto al sector público, el subsector público
no financiero fue dominante, dentro de cuyo destino se destacó el
rubro infraestructura (financiación de la represa hidroeléctrica de
Palmar).
(…)
Hacia 1982, la inseguridad, tanto
financiera como cambiaria (derivada la primera de las crecientes
dificultades de pago de los deudores bancarios y la segunda de la
progresiva desconfianza en el mantenimiento del cronograma
cambiario), se tradujo en una significativa fuga de capitales.
Como consecuencia del aumento del
déficit de cuenta corriente y de la reversión del flujo de ingreso
de capitales, se deterioraron los niveles de reservas internacionales
del BCU, a lo que también contribuyó la considerable fuga de
recursos financieros nacionales hacia el exterior. Otro factor que
influyó en la pérdida de reservas fue la creciente transformación
en dólares de gran parte de los depósitos a plazo denominados en
moneda nacional.
De esta manera, la pérdida neta de
reservas internacionales (de alrededor de 638 millones de dólares)
excedió a las ganancias netas generadas en los años anteriores,
culminando en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982.”
(pp. 186, 187)
“El detonante de la recesión que se
inició a partir del segundo semestre de 1981 fue la reversión de la
relación de precios favorable con Argentina, como consecuencia del
abandono del cronograma cambiario en dicho país en marzo de 1981.
Esto se sumó a la situación económica ya deteriorada por la
recesión internacional y el impacto de las crecientes tasas de
interés en el servicio de la deuda externa uruguaya.” (p. 187)
“Tipo de cambio
En octubre de 1978
se dio inicio al régimen conocido como ‘la tablita’, el cual
consistió en una planificación diaria del tipo de cambio
(unificado) por un período de entre seis a nueve meses. Esta nueva
política cambiaria implicaba la administración de las reservas
internacionales y un manejo muy cuidadoso del gasto público.
Si bien en la teoría se esperaba
lograr una alineación de los precios internos a los internacionales,
en la práctica la variación del tipo de cambio nominal comenzó a
mostrar rezagos con respecto a la evolución de los precios internos,
afectando de forma negativa a la competitividad del país con el
resto del mundo.
Finalmente, la pérdida de reservas
internacionales registrada en 1982 puso en jaque la sostenibilidad
del régimen cambiario imperante.” (p. 188)
“Expansión de la actividad
financiera
El sector financiero se vio
ampliamente beneficiado con las políticas aplicadas en el período.
Todo esto fue posible debido a la
ausencia de controles regulatorios, producto del profundo proceso de
liberalización aplicado en el sector financiero en este período. De
esta manera, el acceso prácticamente irrestricto al crédito
abundante se conjugó con su utilización frecuentemente imprudente.
La combinación de la mayor
disponibilidad crediticia en conjunto con la existencia de
expectativas favorables en algunos sectores económicos, se tradujo
en el surgimiento de booms económicos con un elevado contenido
especulativo. Como consecuencia, se verificó un sostenido
crecimiento de la deuda de los distintos sectores productivos con el
sistema bancario privado. Al mismo tiempo, tuvo lugar una fuerte
expansión del crédito al consumo como fuente de financiamiento de
compras de bienes de consumo duradero importados.” (p. 189)
“Otra de las consecuencias de la
profundización de la apertura financiera registrada en el período
se refiere a la dolarización de la economía y, principalmente, del
sector financiero. Como ya mencionamos, la existencia de fuertes
atractivos de rentabilidad para las operaciones en dólares, en
conjunto con la existencia de atraso cambiario, motivaron un fuerte
ingreso de capitales extranjeros con fines especulativos, una
contracción progresiva de la base monetaria y una utilización más
intensiva del dólar como unidad de cuenta y depósito de valor.”
(p. 191)
“Caída de salarios y pasividades
Con respecto a la situación de los
asalariados y pasivos, la transferencia de ingresos desde estos
sectores hacia el sector empresarial siguió vigente. En particular,
en el período 1978-1982, dicha transferencia se apoyó
fundamentalmente en los sectores de menores ingresos. Como
contrapartida, los ingresos del capital global continuaron
aumentando. No obstante, en este período se observó una nueva
tendencia en cuanto a la redistribución de ingresos; la
transferencia desde el capital comercial y productivo hacia el
capital financiero.
Como consecuencia del continuo
deterioro de los ingresos de la clase trabajadora se produjo una
mayor concentración del ingreso, provocando como respuesta
estrategias de supervivencia como el ‘sobretrabajo’ o la
emigración.” (p. 191)
“Tercera etapa, 1982-1984:
‘intervencionismo de supervivencia’
(…) El 25 de noviembre de 1982 el BCU
comunicó su retiro del mercado cambiario, dando fin así al régimen
cambiario de ‘la tablita’. La grave situación económica que
enfrentaba el país fue uno de los principales factores que
explicaron este cambio de política. En particular, existía una
crítica situación en el sector externo, que se traducía en una
continua pérdida de reservas internacionales y en crecientes
dificultades para hacer frente a los pagos externos.
Las políticas aplicadas en este
período respondieron a las condiciones plasmadas en el crédito
firmado con el FMI en febrero de 1983. Dicho organismo desempeñó un
rol de intermediación entre Uruguay y sus acreedores, la banca
privada internacional.
(…)la política económica aplicada
durante el período comprendido entre fines de noviembre de 1982 y
fines de 1984 puede ser considerada como un ‘intervencionismo de
supervivencia. Esta caracterización responde a dos aspectos: por un
lado, el manejo de los instrumentos de política económica implicó
la sustitución del rol del mercado por parte del Estado, en tanto
que, por otro lado, se buscaba el logro de mejores condiciones para
subsistir en la crisis.
Entre fines de 1982 y comienzos de
1983 se definieron los lineamientos generales de la política
económica del período, los cuales se dieron a conocer en un
comunicado del gobierno del 26 de noviembre de 1982 y en la Carta de
Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) del 1º de
febrero de 1983.
En el marco de una situación
deteriorada, el Gobierno debió recurrir a la asistencia financiera
del FMI, para lo cual se comprometió a desarrollar un programa de
ajuste de los desequilibrios existentes. (…) En este período, una
importante porción de la deuda externa de nuestro país tenía como
acreedores a los bancos transnacionales, y la asistencia del FMI era
insuficiente para atender el calendario de pagos previsto. De esta
manera, el FMI desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y
la banca transnacional, garantizando que el ajuste económico
plasmado en el programa aseguraría el cobro de sus préstamos con
los intereses correspondientes. (…)
La política cambiaria: flotación
limpia
Los intentos de mantenimiento del
cronograma cambiario se traducían en una continua pérdida de
reservas internacionales. Esta situación llevó a que, el 25 de
noviembre de 1982, se abandonara la política cambiaria de mini
devaluaciones preanunciadas y se sustituyera por un régimen de libre
flotación de la moneda. Asimismo, se eliminaron los reintegros y se
redujeron los aranceles, traduciéndose en menores efectos de
instrumentos fiscales sobre el tipo de cambio efectivo.
La intención del equipo económico de
este período era, luego del aumento del tipo de cambio y un período
de oscilaciones, cuando encontrara su nivel de equilibrio, llevar a
cabo una política cambiaria flexible con posibles intervenciones de
la autoridad monetaria. A partir de esta medida, el dólar pasó de
N$ 13,81 en el último día de ‘la tablita’ a N$ 22 en el día de
la reapertura del mercado, y a N$ 35 a fines de diciembre de 1982.”
(p. 193)
“La política comercial: nuevos
pasos en la liberalización y apertura
Con respecto a las importaciones, se
avanzó en el proceso de liberalización y apertura, a través de una
fuerte reducción arancelaria y la eliminación de aforos y precios
de referencia de carácter proteccionista. De esta manera, las
importaciones que competían con los productos nacionales vieron
reducir su arancel en un 30%, con un máximo que se fijó en 55%.
(…) La promoción de las
exportaciones se basó principalmente en el tipo de cambio y en la
reducción del costo de la mano de obra, y mantuvo un tratamiento
igual para exportaciones tradicionales y no tradicionales.” (p.
193)
“Como consecuencia de la recesión,
las carteras de deudas a cobrar por parte de los bancos se tornaban
cada vez más difíciles de liquidar La situación se agravó aun más
cuando, en agosto de 1982, México declaró la imposibilidad de pago
de su deuda. La llegada de esta noticia en conjunto con el abandono
del cronograma cambiario derivaron en un importante retiro de
depósitos en el sistema bancario.
El Estado asumió la mayor parte de
los costos de la crisis bancaria, mediante la compra de carteras y la
absorción de los bancos en dificultades por parte del BROU y/o la
Corporación Nacional para el Desarrollo.” (p. 194)
Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016)
El negocio del terrorismo de Estado.
Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya.
Uruguay: Ed. Penguim Random House.
Capítulo
4. La estrategia y la política económica de la dictadura,
1973-1984. Jorge Notaro
"En
junio de 1968 con Pacheco Areco como Presidente de la República, con
una inflación que por primera vez superó el 100% anual, se adoptó
una medida sin precedentes: la congelación de precios y salarios.
Esta PE no logró dinamizar las exportaciones y la experiencia
terminó con una importante devaluación en 1971, que se trasladó a
los precios y provocó una caída de 17% del salario real durante el
primer año del nuevo gobierno con Bordaberry como Presidente. La
plusvalía captada por las actividades ganaderas aumentó 50% sobre
el nivel de 1971 (IECON, 1973: 54-57)." (88)
"El
gobierno que asumió en marzo de 1972 definió una nueva estrategia
en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que proponía aumentar
las exportaciones con una mayor explotación y procesamiento de los
recursos naturales con participación del capital extranjero. Se
firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se
logró su apoyo para poner al día los atrasos de pagos externos.
(...) el Producto Bruto Interno (PBI) cayó levemente pero el ingreso
nacional bruto disponible (YNBD) aumentó por la ganancia de términos
de intercambio, se aceleró la inflación, el Índice de Precios al
Consumo (IPC) alcanzó 86,8% promedio anual y el salario real medido
por el Índice Medio de Salarios (IMS) en 1972 cayó 17%.
El
largo proceso de deterioro económico y político así como los
conflictos sociales fueron modificando el peso relativo de los
actores y el gobierno se fue deslizando hacia la dictadura aceptando
condiciones de las Fuerzas Armadas en febrero de 1973 y la disolución
del Parlamento en junio del mismo año. Entre los militares se fue
afirmando la idea de que los políticos eran corruptos e ineficaces
para resolver los problemas económicos y enfrentar el comunismo
internacional. Adicionalmente, como funcionarios públicos no
sindicalizados y despreciados por la oligarquía, sus ingresos se
deterioraban.
En
febrero de 1973 las Fuerzas Armadas plantearon exigencias al
presidente Bordaberry, quien aceptó firmar en el llamado Acuerdo de
Boiso Lanza. Una de las condiciones fue la creación del Consejo de
Seguridad Nacional (COSENA) (Decreto 163/973 del 23/02/7f3
y Decreto-Ley 14.157 del 21/02/74) como asesor del Poder Ejecutivo en
seguridad nacional en un sentido muy amplio que incluía la actividad
económica y social. Integrado por el Presidente, algunos ministros y
los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, institucionalizaó la
participación militar en las decisiones del gobierno. La primera
participación relevante en la estrategia y la política económica
fue aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y con la disolución del
Parlamento se institucionalizó su hegemonía.
El
intervencionismo reestructurador 1974-1978
La PE de este período puede caracterizarse como 'intervencionismo'
por el manejo de los instrmentos lo que implica una importante
discrecionalidad del gobierno y 'reestructurador' por sus objetivos
preioritarios, que apuntaban a modificar las estructuras de la
producción, del comercio exterior, de la distribución del ingreso,
de la demanda y de los precios relativos (Notaro, 1984: 39-102).
La
PE preexistente sobrevivió algunos meses alos cambios políticos y
en el equipo económico, fue un período de observación y
aprendizaje de la gestión del gobierno para las Fuerzas Armadas.
Desde agosto de 1973 hasta octubre de 1978 la estrategia se ajustó
en cuatro reuniones conocidascomo 'Cónclaves' en las que
participaron los civiles que ocupaban cargos políticos y los
militares de mayor graduación. Se integraron las propuestas del Plan
Nacional de Desarrollo con las de los militares, quienes habían
expresado anteriormente en distintos documentos -entre los que se
destacan los Comunicados Nº4/73 y 7/73, de fecha 9 y 10 de febrero
de 1973-, que tenían por objetivo 'hacer saber al pueblo cuál era
exactamente el pensamiento de las FFA respecto de los grandes y
acuciantes problemas de la vida nacional'; el Memorando del 11 de
febrero de 1973,
dirigido al Presidente de la República con las propuestas de las
Fuerzas Armadas para superar la crisis; y la Relación de Objetivos
Nacionales y Pautas de Planificación y Conducción Nacional,
Documento de la Junta de Comandantes en Jefe de mayo de 1973 que
consolidó los anteriores y definió prioridades.
En
julio de 1974 se designó al ingeniero Alejandro Végh Villegas como
Ministro de Economía y Finanzas, quien
renunció por discrepancias con el proceso de retorno a la democracia
en julio de 1976 y fue sustituído por el Subsecretario, Cr. Valentín
Arismendi. Se implementó una política de promoción de
exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra muy
bajo, una devolución de impuestos que era una forma encubierta de
subsidios, créditos a tasas de interés reales negativas, acceso a
los mercados externos con los acuerdos llamados CAUCE con Argentina y
PEC con Brasil por los cuales estos países se comprometían a
aceptar determinados montos de exportaciones de determinados
productos sin aranceloes. Se reinició el crecimiento del PBI y en
menor medida del YNBD; aumentó la Inversión Bruta Fija (IBF) y, la
importancia relativa de las exportaciones así como la demanda del
sector público y el permanente déficit comercial se financió con
ingreso neto de capital. Se reestructuró la demanda por aumento de
la importancia relativa de la demanda externa y de la demanda
pública; aumentó la concentración del ingreso apoyada en la
persistente caída del salario, la mayor captación interna de los
excedentes generados y el ingreso neto de capital. La inflación fue
el costo para promover una estructura de precios relativos,
considerada adecuada y en particular, un tipo de cambio alto en
términos reales. El ingreso de capital contribuyó a financiar la
inversión y fundamentalmente, permitió aumentar y diversificar las
importaciones. Estas últimas crecieron más que las exportaciones y
que el producto, de modo que el desequilibrio en cuenta corriente se
volvió estructura. Las transferencias de ingresos desde los
asalariados y los pasivos aumentaron la rentabilidad media de la
economía y los ingresos pùblicos, y financiaron las transfrencias
de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y elmayor
consumo de los no asalariados. Se completó así la exclusión social
de los trabajadores con su exclusión económica y los ingresos
transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre
grupos empresariales de todas las actividades económicas lo que
permitió construir una amplia base social constituida por fracciones
burguesas incluyendo estratos medios y pequeños que contaron además,
con el apoyo del capital financiero externo (Notaro,1984: 94)"(88-92)
"Durante
los primeros años de la dictadura, la oligarquía local manifestó
su apoyo a la dictadura en declaraciones delas principales
organizaciones empresariales y, por ejemplo,en agosto de 1978 el
conjunto de gremiales patronales rurales apareció en televisión
junto al General Gregorio Álvarez diciendo que la liberalización de
los precios de los productos de la ganadería era una medida
patriótica. Se ha señalado que 'Las medidas tuvieron como objetivo
el aumento de los niveles de rentabilidad del sector' (Araújo,
2008:2) así como 'la relación entre los dirigentes de las gremiales
y los técnicos del régimen fue más que directa'. (Araújo, op.cit:
48). Contó con apoyo importante del FMI durante el primer semestre
de 1974, cuando la caída de los valores de las exportaciones (carne
vacuna principalmente) y el aumento de los de las importaciones
(petróleo) generaron un importante déficit comercial y reducción
de las reservas internacionales netas del BCU.
La
liberalización para la estabilización de precios 1979-1982
Desde
noviembre de 1978 hasta noviembre de 1982 la PE se caracteriza como
'liberalismo estabilizador' por el manejo más liberal de los
instrumentos y la prioridad absoluta del objetivo de estabilización
de precios (Notaro, 1984: 103-184). El equipo económico fue estable,
continuaron el Cr. Valentín Arismendi como Ministro de Economía y
Finanzas, y José Gil Díaz como Presidente del Banco Central del
Uruguay (BCU). Se definió cronograma cambiario conocido como la
tablita que
anunciaba la cotización del dólar a la que el BCU se comprometía a
comprar y a vender, cada día, a varios meses de plazo en un contexto
de libre movimiento internacional de capital y alto grado de apertura
comercial. Se esperaba que el ingreso de capital aumentara la oferta
de moneda extranjera y de crédito, estabilizara el tipo de cambio y
redujera las tasas de interés internas al nivel de las externas,
cambios sumados a la liberalización de las importaciones llevarían
a la estabilidad de los precios internos, lo que permitiría un tipo
de cambio fijo creándose así las condiciones para la instalación
de un centro financiero internacional en el país.
El
proceso económicono se desarrolló de acuerdo a los esperado, la
devaluación fue menor que el aumento de precios internos, las
empresas del país perdieron competitividad con el atraso cambiario
que se sumó a la reducción de la protección y la eliminación de
promoción de exportaciones, el nivel de actividad de la industria
manufacturera cayó en 1981 y al año siguiente la economía ingresó
en una fase recesiva con aumento del desempleo. Los sucesivos y
crecientes déficit de la cuenta corriente y la ejxpansión de la
demanda interna generaron una demanda creciente de recursos externos.
Las
tasas de interés domésticas aumentaron más que la inflacion y se
ubicaron por encima de las tasas de interés internacionales,con
impactos contradictorios. Por una parte, aumentó la rentabilidadde
la intermediación financiera estimulando el ingreso neto de capital
y la expaqnsión de la actividad. Por otra, también aumentaron la
importancia de los pasivos externos con relación al producto y el
costo real del crédito. Los stocks
de difícil realización, el endeudamiento y la incapacidad de pagos
llevaron a capitalizar los intereses vencidos, generando nuevos
requerimientos de financiamiento externo sin contrapartida en
expansión del nivel de actividad.
Con el descenso de la inflación a 20% en 1980 comenzaron a
manifestarse dificultades para el pago de los créditos, la política
cambiaria perdía credibilidad, los depósitos se convertían a
moneda extranjera y los bancos trasladaban el riesgo cambiario
obligando a los deudores a convertir su deuda a moneda extranjera. En
el segundo semestre de 1981 se puso en marcha un proceso de fuga de
capital, comenzó a reducirse la captación interna y a aumentar la
colocación externa. El endeudamiento de las empresas con el sistema
bancario alcanzó 80% del PBI en 1982.
La expectativa de una inminente devaluación estimuló el aumento de
demanda de moneda extranjera, el aumento del déficit en cuenta
corriente y la salida de capital deterioraron el nivel de reservas y
culminaron en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982. En
noviembre las reservas alcanzaron su nivel mínimo en 279 millones de
dólares y el día 25 del mismo mes el BCU se retiró del mercado
cambiario y dejó de vender moneda extranjera a la cotización
establecida en el cronograma, el tipo de cambio se fijo por la oferta
y la demanda en un mercado sin intervención del BCU y en días
siguientes se produjo una devaluación de algo más de 100%.
Desde 1980 aumentaron los concordatos y las quiebras, los clubes de
bancos que intervinieron la gestión de los deudores morosos y la
venta de bancos con dificultades. Las organizaciones empresariales
agropecuarias e industriales manifestaron discrepancias crecientes
desde 1980 señalando como principales dificultades la reducción de
las ventas en el mercado interno y externo, los altos costos
financieros y la caída de la rentabilidad.
La
intervención para la supervivencia del capital financiero 1983-1984
Desde
noviembre de 1982 la PE se puede caracterizar como 'intervencionista'
porque la instrumentación implicó un aumento de la participación
del Estado y 'de supervivencia
del capital financiero' porque tuvo como objetivo prioritario
sostenerlo. El Ministro de Economía y Finanzas Arismendi fue
sustituído por el Cr. Walter
Luziardo (el 15 de diciembre de 1982) y se completó el cambio del
equipo económico que se había iniciado en julio con
la sustitución de Gil Díaz porel Cr. José María Puppo en la
Presidencia del BCU. El nuevo equipo duró poco tiempo pues en
noviembre de 1983 volvió Végh Villegas como Ministro de Economía y
Finanzas
y en febrero de 1984 Puppo fue sustituído por el Cr. JuanProtasi.
La
nueva estrategia se definió en un comunicado del gobierno (26 de
noviembre de 1982) y en la Carta de Intención dirigidaal FMI (1º
defebrero de 1983). (...)
Entre
las medidas se destacan las compras de cartera que permitieron
desplazar hacia el Estado la mayor parte de los deudores bancarios
morosos y el respaldo a las ventas de bancos y casas bancarias
haciéndose cargo el Estado de la cartera incobrable.Se consolidó la
hegemonía del capital financiero asegurando la supervivencia de las
instituciones de intermediación financiera así como la recuperación
de las colocaciones a los acreedores externos y los propietarios de
depósitosbancarios, residentes en el país o en el exterior,en todos
los casos, con altos niveles de rentabilidad.
El
experimento de la tablita
terminó en una
catástrofe económica y a medida que se expandían sus impactos
negativos, los actores empresariales que se habían beneficiado
durante varios años comenzaron a quitar el apoyo a a la dictadura
militar desde 1980. La
Federación y la Asociación Rural solicitaron la refinanciación de
las deudas bancarias y mayores estímulos fiscales en junio de 1980.
Un año después la Federación reiteró sus revindicaciones y
declaró que 'el equipo económico no cuenta con la confianza de los
productores'.
Para
la industria el estímulo más permanente fue la reducción del costo
de la mano de obra, en estos años por una acelerada reducción del
aporte patronal a la seguridad social. El desmantelamiento de la
promoción de exportaciones, la reducción de aranceles,el atraso
cambiario y las altas tasas de interés en términos reales,
generaron una situación crítica en toda la industria. En abril de
1982 la asamblea de la Cámara de Industrias se declaró en 'estado
de emergencia', solicitando un mayor ritmo de devaluación, la
suspensión de la reducción de aranceles y la refinanciación de las
deudas bancarias. El Ministro del Interior consideró que la
resolución indicaba un clima de 'presión, desafío y
enfrentamiento' por lo que justificó la negativa del gobierno a
recibir a una delegación de la gremial.
El
estancamiento, la inflación y la crisis financieras desarmaron
la base social del gobierno contribuyendo a crear condiciones
favorables para la transición a la democracia. Touraine señala que
en Chile y Argentina el resultado de la política económica de
lasdictaduras fue una 'desindustrialización' (1987:11). Se podría
agregar el caso de Uruguay y subrayar la diferencia con la política
económica de la dictadura brasileña, que por ejemplo, mantuvo
múltiples estímulos a la inversión productiva y un estricto
control del movimiento internacional de capital.
El
FMI recuperó protagonismo por la contracción de la financiación
privada externa y reinició las operaciones de apoyo condicionado al
establecimiento de metas de estabilización de precios, fiscales y
monetarias. 'La distribución de costos y beneficios,así como los
resultados sobre el proceso económico, permiten hablar de un modelo
que pasó detener un carácter antipopular a tener un carácter
antinacional'. (Notaro, 1984: 104).
Cuando
se constituyó la Concertación Nacional Programática, un frente
social y político que promovía la 'transición a la democracia',
estaban todas las organizaciones sociales, desde las organizaciones
sindicales y estudiantiles hasta la Asociación Rural y la Cámara de
Industrias. No participaron los militares y la Asociación de Bancos,
los primeros como responsables y los segundos como beneficiariosde
este proceso." (92-98)
