domingo, 22 de octubre de 2017

la economia en los 60 y durante la dictadura


"Hacia la década del 70 la Europa post Plan Marshall había dejado de ser el principal mercado para las exportaciones de ganado y productos ganaderos del Uruguay, Esto, debido a las medidas que estaban siendo adoptadas 'por los países consumidores, para proteger sus productores domésticos y de ganado y productos ganaderos de la competencia de productores más eficientes, incluyendo el Uruguay' (Favaro, Bensión 1003:187; énfasis mío)" (Menéndez-Carrión, 2015: 313)



Instituto de economía (2001)Uruguay del siglo XX. La economía. Montevideo: Ed. Banda Oriental

“La temprana urbanización y un módulo de distribución del ingreso bastante más progresivo que en los demás países de la América Latina, constituían fundamentos importantes de la absorción referida. Este crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones se convirtió entonces en el principal factor de dinamismo de la producción nacional, pero nunca llegó a alterar el tipo de inserción internacional del país. Su única incidencia destacable sobre el comercio exterior consistió en la modificación de la estructura de las importaciones, al reducirse la participación relativa de los bienes de consumo e incrementarse las de los insumos y los bienes de capital, con lo que disminuyó progresivamente, el margen de maniobra del Uruguay para seguir adelante por el camino asociado a este patrón de crecimiento.
Es que la interrelación existente entre los límites del mercado interno, la dependencia tecnológica, las crecientes escalas de producción requeridas y las exigencias planteadas para mantener un nivel de rentabilidad suficiente como para seguir estimulando la expansión de la producción, representó un obstáculo insuperable para el sector, que no obstante la presencia permanente de la protección estatal, se estancó hacia mediados de los años cincuenta del siglo pasado, como lo demuestran los índices del volumen físico del producto bruto interno generado por las diferentes ramas de la industria manufacturera. (…)
El Uruguay llegó entonces a la segunda mitad del decenio de los cincuenta del siglo XX con un escenario de estancamiento global de su producción material. La tasa de inversión bruta cayó a un nivel apenas superior al 10 por ciento –guarismo que ponía apenas la reposición anual del capital despreciado- y el ritmo de evolución del producto bruto interno disminuyó notoriamente respecto a la década precedente. En particular, la caída de la inversión resultó especialmente notoria en el sector privado y afectó tanto a la construcción como a las maquinarias y los equipos, que son los dos principales rubros en el proceso de formación de capital en el Uruguay. En estas circunstancias, crecieron las dificultades en el funcionamiento de la economía hacia comienzos de los años sesenta, que condujeron a serios desequilibrios, alteraciones negativas en el campo laboral, deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población y contradicciones sociales que se alimentaron especialmente de una pugna creciente por mantener participaciones relativas en un producto que no crecía.
(…)
(…) el desequilibrio externo surge a partir del estancamiento de las exportaciones y una estructura rígida de importaciones, en la que se habían sustituído las de bienes de consumo, pero se mantenían las de insumos y bienes de capital como una exigencia permanente para el funcionamiento de la industria. Por este camino, se llegó rápidamente a un déficit comercial pronunciado, a una pérdida importante de reservas internacionales y a un acelerado crecimiento del endeudamiento. En efecto, hacia mediados de los años sesenta del siglo XX, la deuda externa ya había superado los 400 millones de dólares y diez años más tarde alcanzó el nivel de los 1000 millones, cifra que representaba –aproximadamente- el volumen de ingresos que el país obtenía por más de dos años de exportaciones. En particular, cabe destacar el rápido crecimiento de la deuda externa del sector público no monetario, esto es, el gobierno central y las empresas públicas.” (p. 76, 77, 78, 79)

“… la crisis financiera interna se manifestaba como un creciente desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sector público, con la consecuente expansión del déficit fiscal. Así, por ejemplo, si se observa la gestión de caja del gobierno central, el valor real de dicho déficit aumentó casi en un 40 por ciento entre los trienios 1963-1965 y 1972-1974.” (p. 80)

“El tipo de cambio constituye una de las variables relevantes en el análisis del proceso inflacionario uruguayo. (…) ha sido uno de los centros de las presiones de determinados grupos sociales, como los exportadores –en especial los ganaderos y los frigoríficos- en el marco del enfrentamiento por mantener o acrecentar las participaciones relativas en la distribución del ingreso, al que se hizo referencia antes.
(…) Aún cuando es cierto que las devaluaciones sucesivas que se aceleraron especialmente a contar de la finalización del decenio de los cincuenta respondieron a su vez –en buena medida- a la acción de otros factores generadores de inflación, también es preciso reconocer que, a determinada altura del proceso, el manejo que se hizo del tipo de cambio contribuyó a agudizar la elevación de los precios internos.
(…) Así, no obstante la espiral referida, la propia naturaleza de este desequilibrio –en la que el ritmo de ajuste de los precios es mucho más fluido que el que caracteriza a los salarios y otros ingresos fijos- la convierte en un factor de concentración regresiva de las participaciones relativas de los distintos grupos sociales en la distribución de los frutos de la producción.
(…)
(…) cabe señalar en primer lugar que la evidencia disponible al respecto indica que, en general, los trabajadores y el gobierno transfirieron ingresos hacia los grupos empresariales nacionales y el exterior, que los absorbió a través de las variaciones en la relación de términos del intercambio o los servicios de factores. En este sentido, algunos cálculos realizados en los últimos años para el período comprendido entre 1971 y 1976, han estimado que cerca del 98 por ciento de los ingresos transferidos corresponden al grupo de trabajadores, en tanto que el 70 por ciento de los mismos fueron captados por grupos de empresarios nacionales.” (pp. 84, 85)

“ … hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, o sea, casi enseguida de finalizado el período cubierto por este trabajo, las repercusiones de la dinámica de la acumulación interna sobre los problemas propios de este recinto específico de la sociedad uruguaya pueden ser vistas como una agudización de los desequilibrios entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo –manifestados cuantitativa y cualitativamente- y un consecuente incremento en los niveles de desocupación y subocupación. En segundo lugar, la emigración en cuanto estrategia de sobrevivencia de grupos socialmente diferenciados supone –desde la perspectiva de funcionamiento del mercado laboral- una exportación de buena parte de la oferta excedente de fuerza de trabajo. Finalmente, el deterioro del salario real medio de los trabajadores se puede comprobar con claridad a medida que transcurren los años cubiertos por este análisis.
(…)
(…) a partir de la primera mitad de los años sesenta, comenzó a gestarse en el Uruguay un proceso de emigración que hasta 1975 involucró directamente –de acuerdo con los cálculos más cautelosos- a una cantidad de entre 250 y 300 mil personas, que se mantuvo elevado en 1976 y que pareció luego tender a endentecerse a partir de 1977.
(…) es importante señalar que los emigrantes poseían un nivel de educación relativamente alto, lo que estuvo asociado al hecho de que la creciente desarticulación entre el nivel medio de instrucción y capacitación de la población activa y los requerimientos que –desde este punto de vista- estaban implícitos en la demanda efectiva de mano de obra, desempeñó un papel importante en la explicación del proceso emigratorio. Así, se sabe que casi la mitad de los emigrantes entre 1963 y 1975 tenían instrucción primaria, que algo más de la tercera parte de los mismos estaban vinculados a la industria manufacturera, y que las tres cuartas partes eran nacidos en Montevideo. A ello hay que agregar que, como parte de la emigración, el Uruguay perdió más de un 13 por ciento de su población con instrucción secundaria, técnica o superior, y cerca de un 18 por ciento de la categoría conformada por profesionales, técnicos, gerentes y funcionarios administrativos.
Según ya fue dicho, los desequilibrios provocados por el proceso económico uruguayo sobre el ámbito laboral estuvieron acompañados por una tendencia al deterioro del salario real, sobre todo a partir de la primera mitad de los años sesenta, cuando simultáneamente se aceleró la inflación. Esta última asumió un papel fundamental en torno a la pugna social que apunta mantener o acrecentar las participaciones relativas en el ingreso, como ya se explicó antes.
(…)
Si se analizan los problemas ocupacionales del Uruguay durante el período comprendido entre 1955 y 1972 desde una perspectiva sectorial, las principales comprobaciones que es posible realizar refieren al mantenimiento de la tendencia expulsora de mano de obra que caracterizó tradicionalmente al sector agropecuario, la falta de cambios significativos en la insuficiencia de la absorción productiva de fuerza de trabajo que ha mostrado la industria manufacturera, la desmesurada participación relativa del empleo en las actividades terciarias y la relevante declinación del sector público como fuente de ocupación.
Al comentar en particular estos aspectos sectoriales, hay que señalar que la muy baja y descendente importancia relativa del sector agropecuario como fuente de trabajo es un rasgo histórico esencial de la economía uruguaya, y está asociado al carácter primordialmente extensivo de su producción ganadera que, según se dijo antes, ha basado siempre su competitividad internacional en la dotación de recursos naturales. Si se tiene en cuenta que con la sola excepción del decenio comprendido entre mediados de los cuarenta y los cincuenta –cuando crecieron los cultivos a impulsos de una política estatal específica- la ganadería ha ocupado alrededor de 15 de los casi 17 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria, se puede apreciar la enorme influencia que la extensividad del rubro ha tenido sobre el ritmo de creación de oportunidades de trabajo en el país considerado en su conjunto.
(…)
Cuando comenzaba el decenio de los sesenta, el agro generaba más de la tercera parte de la ocupación fuera del departamento de Montevideo. Hacia fines de la década siguiente, esa proporción cayó a la cuarta parte. Este ritmo revela la magnitud de la tendencia expulsora del sector, la que –por su parte- ha provocado una continua y creciente corriente migratoria interna hacia los sectores urbanos. (…)
Simultáneamente, la economía uruguaya no tuvo durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, otro sector de la producción material que absorbiera productivamente los excedentes de fuerza de trabajo. En este sentido, la mayor responsabilidad debe ser asignada a la industria manufacturera que, a contar del estancamiento que la afectó desde mediados de los cincuenta, disminuyó relativamente su ya limitada generación de puestos de trabajo.
(…)
(…) el sector industrial ha sido el que concentró la mayor parte de los desocupados que no buscan trabajo por primera vez, aún cuando debe señalarse que esa proporción también mostró una evolución decreciente. Ello tiene que ver con el hecho de que una alta proporción de los emigrantes entre 1963 y 1975 –que ha sido estimada en más de 34 por ciento- estaban vinculados a la industria manufacturera, perteneciendo mayoritariamente a la categoría de artesanos, operarios y jornaleros.
Hacia fines del período que se viene analizando, la industria manufacturera concentraba menos de la quinta parte de la población económicamente activa del país –lo que ilustra claramente acerca de su poca importancia relativa como fuente ocupacional- y las ramas individualmente consideradas que tenían un mayor nivel absoluto de empleo eran las siguientes: textil y cuero; alimentos, bebidas y tabaco; caucho; química y metalúrgica. Al mismo tiempo, con la excepción de la construcción, era el sector de la economía que mostraba más altas tasas de desempleo abierto.
(…)
(…) la carencia de una industria fuerte que cumpliera un papel dinámico en la absorción productiva de fuerza de trabajo originó un vacío que fue ocupado –desde este punto de vista- por el sector público, apoyado en la conformación tradicional del Estado uruguayo.” (pp. 86 - 92)

“Con la dictadura ya instalada a contar de 1973, el Uruguay comenzaría a conocer una política de liberalización y apertura que provocaría una fuerte compresión del salario real –mucho más allá de las posibilidades que permitía la inflación al respecto- y una nueva experiencia de articulación a la economía mundial.” (p. 94)

“El gobierno que asumió en marzo de 1972 duró poco más de un año, hasta el golpe de Estado de junio de 1973. Tuvo que enfrentar la crisis de pagos externos que se inició a fines de 1971 y que se manifestó en caída de reservas, acelerado aumento del endeudamiento externo, atraso en los pagos a proveedores y quiebra de bancos.
Definió una nueva estrategia económica en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 (PND) aprobado por el Poder Ejecutivo en abril de 1973 luego de ser analizado por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
El modelo de desarrollo intentó aumentar las exportaciones con una mayor explotación de los recursos naturales del país y procesamiento de sus materias primas. La Ley de Promoción Industrial y el Plan de Pesca agregaron estímulos crediticios y fiscales. La Ley de Inversiones Extranjeras estableció las garantías para la radicación y repatriación de capital y utilidades explicitando que podían acogerse a los demás estímulos de carácter general.
La política económica de corto plazo apunto a cumplir los compromisos de pagos externos. (…) Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo financiero para sostener el nivel de reservas y poner al día los atrasos de pagos externos.
(…) Finalmente, se aceleró la inflación y se inició una tendencia a la concentración del ingreso; el ritmo de inflación alcanzó al 86.8% promedio anual y el salario real en 1972 cayó 17%.” (pp. 96, 97)

“Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos, como se explicará más adelante, aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos públicos. Financiaron las transferencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y el mayor consumo de los no asalariados. La concentración del ingreso llevó a una reestructura del consumo privado, por la caída del consumo de los asalariados y pasivos y por lo tanto la demanda interna de bienes-salario, mientras que aumentó el consumo de los no asalariados con repercusión sobre la producción y las importaciones de bienes de consumo suntuario.
(…)
El permanente saldo negativo en cuenta corriente otorgó una nueva y creciente importancia al ingreso neto de capital, como condición del crecimiento del producto, permitió aumentar y diversificar las importaciones así como su liberalización, aumentar las reservas internacionales y mantener una situación fluida de pagos externos; con el costo de un creciente endeudamiento externo.
En la deuda externa del país, la deuda contraída por el Sector Público (Gobierno Nacional y Municipales; Bancos y otras Empresas Públicas) fue más importantes que la del Sector Privado. El principal componente fue el sector público no monetario (Gobierno Nacional y Empresas Públicas) y dentro de éste, la colocación de bonos y letras en moneda extranjera.” (p. 99)

“Las condiciones políticas contribuyeron a: proporcionar seguridad para el ingreso de capital del exterior así como para la inversión privada local; procesar las transferencias de ingresos, en particular, mediante la contracción de los ingresos reales de asalariados y pasivos …” (p. 100)

Dassatti, C., Márquez, G. (2012) La economía uruguaya 1960-2010, en 1960-2010 Medio siglo de Historia Uruguaya. Montevideo: Ed. Banda Oriental 

“El desempleo abierto aumentó al 14.3% en 1984. El salario real medio cayó un 30% entre 1982 y 1984, continuando una tendencia iniciada en 1971 y que lleva al final del período a la capacidad de compra del salario aproximadamente a la mitad de la de 1968/71. Las pasividades en términos reales tienen una evolución muy parecida y su caída en los dos últimos años del período se puede estimar en torno al 30%.
Los cambios en el Estado y en la economía derivaron en el ascendente protagonismo de un nuevo actor social. Hasta principios de la década del setenta se identificaban tres actores principales aunque no únicos, los ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros generaban la producción exportable y las exportaciones eran la principal y casi única fuente de moneda extranjera. La moneda extranjera permitía importar las materias primas y los equipos para la industria protegida, que generaba los nuevos puestos de trabajo. Con el desarrollo de la industria y los servicios públicos, aumentan los asalariados urbanos.
Al final del período podemos hablar de un cuarto socio, el capital financiero. Tiene su base en las instituciones de intermediación financiera y articula también a los acreedores externos y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior.” (pp. 120, 121)

“El 1º de noviembre de 1967 asumió como nuevo ministro de Economía del Gobierno del Gral. Gestido el Dr. César Charlone. Dicho cambio de autoridades determinó una vuelta a las prácticas dictadas por el FMI, siendo los principales objetivos de política económica el logro de la estabilización en el nivel de precios y el equilibrio en las cuentas externas. Se esperaba que, con el cumplimiento de dichos objetivos, se lograría la repatriación de capitales, la recomposición del ahorro privado y la confianza por parte de los mercados internacionales. De esta manera, las principales medidas adoptadas fueron las siguientes:
  • devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $99 a $200 por dólar, en noviembre de 1967.
  • Reunificación del mercado cambiario.
  • Liberación de dicho mercado, con la salvedad de que las operaciones de divisas derivadas de las exportaciones tradicionales deberían tramitarse a través del BROU.
  • Limitación del crédito, restricción de los aumentos salariales y reducción del déficit fiscal, con el fin de eliminar presiones inflacionarias por el lado de la demanda.
No obstante, a pesar del cumplimiento de las metas planteadas, la persistente inflación condujo a una nueva devaluación en abril de 1968, llevando la cotización del dólar a $250. (…) la situación de estancamiento económico potenció la presencia de prácticas especulativas, las cuales se intensificaron en este período, encontrándose entre las principales causas de las presiones inflacionarias.” (163, 164)

“Las circunstancias económicas en 1968 planteaban como principales problemas a enfrentar: un elevado déficit fiscal, un significativo nivel de endeudamiento con el exterior y un acelerado ritmo inflacionario. Este agravamiento del clima económico se vio acompañado de –y en cierta medida alimentó- un deterioro de las relaciones entre sectores de la sociedad, caracterizado principalmente por la confrontación. (…)
Los principales objetivos de la política económica en este período se basaron en el logro del equilibrio externo y la estabilización del nivel de precios. Con respecto al primero, se buscaba recuperar el nivel de reservas internacionales y reducir el endeudamiento externo de corto plazo. Con respecto al objetivo en materia de política inflacionaria, se instrumentó un plan de estabilización a partir del cual se decretaba la congelación de precios y salarios.
Dicha medida se implementó con anterioridad al ajuste corrector del salario real, determinando así una fuerte depresión en su nivel; en cambio, en el momento de implementarse el decreto, los sectores empresariales ya habían remarcado sus precios de venta. A la suspensión de los Consejos de Salarios (en funcionamiento desde 1944), le siguió la creación de la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), entidad pública a cargo del control de las nuevas escalas de precios y salarios fijadas por decreto.” (p. 164)


La política económica de la dictadura
Primera etapa, 1974-1978: ‘intervencionismo reestructurador’
Este período marca la adopción de una política inspirada en el Plan de Nacional de Desarrollo 1973-77, complementado luego en los Cónclaves de San Miguel y Nirvana (de agosto y octubre de 1973, respectivamente) con la finalidad de promover cambios estructurales en la economía del país. La estrategia se basó en la opción aperturista y de integración económica y comercial con el mundo. (…)
Se impulsó la expansión del sector exportador en el entendido de que su crecimiento provocaría el arrastre del resto de la economía. Durante este período, luego de un estancamiento económico de veinte años, el país logró una etapa de crecimiento apoyado en la inversión y las exportaciones. El costo de esto fue una concentración del ingreso y una disminución del salario real.
Este período ha sido llamado ‘intervencionismo reestructurador o ‘segundo modelo neoliberal’. A pesar de que el principio declarado era apoyarse en el libre mercado para la distribución de los recursos y regular el funcionamiento de la economía, la práctica intervencionista fue una característica permanente. El propósito era reestructurar la economía del país para superar aquellas trabas que, según esta concepción, impedían su desarrollo. Cabe destacar que esta reestructura no se llevó a cabo porque el libre juego del mercado así lo determinó, sino que el nuevo orden fue impuesto utilizando para ello el poder coercitivo que la situación política dictatorial brindaba.
(…) En 1974 se designó al Ing. Alejandro Végh Villegas como ministro de Economía. Los pilares de la nueva política económica serían los objetivos de crecimientos, liberalización, apertura y estabilización, y la reducción de la participación del Estado. La apertura comercial aproximaría la estructura de precios internos a la estructura de precios internos a la estructura de precios internacionales y, de ese modo, los recursos se asignarían según el principio de las ventajas comparativas.” (pp. 170,171)

Segunda etapa, 1978-1982: ‘liberalismo estabilizador’
En el análisis de los objetivos de política económica en el período comprendido entre 1978 y 1982 se pueden encontrar dos etapas: en la primera, hasta fines de 1981, el objetivo primordial fue la estabilización de precios con una instrumentación de carácter liberal, en tanto que en una segunda etapa se incorpora la preocupación por atenuar la recesión retomándose cierto grado de intervencionismo.” (p. 181)

“En octubre de 1978 el gobierno anunció la introducción de ‘la tablita’, una planificación diaria del tipo de cambio unificado (comercial y financiero) que estaría vigente hasta seis o nueve meses después. El objetivo de esta nueva política cambiaria era la reducción del volumen de transacciones especulativas y de riesgo cambiario y la disminución de las expectativas de inflación futura (la tasa de inflación doméstica debería converger a la tasa de inflación internacional más la cada vez menor tasa de devaluación del peso).
(…) el BCU solo emitiría dinero contra el ingreso de divisas y lo retiraría cuando egresaran divisas, por lo que su capacidad para conceder crédito y aumentar el circulante en la economía se encontraría limitada. Como resultado, desaparecerían los aumentos de precios originados en la emisión descontrolada de origen monetario o fiscal, de modo que tanto los precios como las tasas de interés internas convergerían a las internacionales.
Para que esto fuera posible era necesaria la eliminación de todos los obstáculos al libre movimiento de capitales.” (p. 182)

“En concordancia con el nuevo enfoque de política cambiaria, fueron eliminados los controles sobre la oferta de dinero. De esta manera, a fines de 1978 comenzaron a reducirse los encajes obligatorios y, a fines de marzo de 1979, los mismos fueron eliminados así como también las operaciones de mercado abierto.
Al mismo tiempo, el proceso de liberalización financiera intensificó su ritmo, como lo demuestran la liberalización de las tasas de interés en setiembre de 1979, la derogación del Impuesto Único a la Actividad Bancaria, el aumento de los márgenes de receptividad de los depósitos y la autorización del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. (…) el número de casas bancarias se multiplicó, y pasaron a basar su negocio netamente en la actividad off-shore.
Por último, cabe destacar que, como resultado del proyecto de transformar a Uruguay en una plaza financiera internacional, se dio una importante extranjerización e internacionalización del sistema financiero uruguayo. Esto se explica por la instalación de trece nuevas casas bancarias filiales de capital extranjero y la venta de cuatro bancos de capitales nacionales a extranjeros, así como por el aumento de la importancia relativa de las operaciones en los mercados financieros externos. No obstante, la plaza financiera tuvo un carácter regional, en la medida que los capitales que ingresaron eran fundamentalmente de los países vecinos.” (p. 183)

“El endeudamiento externo registró aumentos derivados de la entrada de capitales dirigida al sector privado y del financiamiento público. Dentro del sector privado, el subsector que dominó la expansión de la deuda externa fue el bancario, debido fundamentalmente al incremento de los depósitos de no residentes. Con respecto al sector público, el subsector público no financiero fue dominante, dentro de cuyo destino se destacó el rubro infraestructura (financiación de la represa hidroeléctrica de Palmar).
(…)
Hacia 1982, la inseguridad, tanto financiera como cambiaria (derivada la primera de las crecientes dificultades de pago de los deudores bancarios y la segunda de la progresiva desconfianza en el mantenimiento del cronograma cambiario), se tradujo en una significativa fuga de capitales.
Como consecuencia del aumento del déficit de cuenta corriente y de la reversión del flujo de ingreso de capitales, se deterioraron los niveles de reservas internacionales del BCU, a lo que también contribuyó la considerable fuga de recursos financieros nacionales hacia el exterior. Otro factor que influyó en la pérdida de reservas fue la creciente transformación en dólares de gran parte de los depósitos a plazo denominados en moneda nacional.
De esta manera, la pérdida neta de reservas internacionales (de alrededor de 638 millones de dólares) excedió a las ganancias netas generadas en los años anteriores, culminando en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982.” (pp. 186, 187)

“El detonante de la recesión que se inició a partir del segundo semestre de 1981 fue la reversión de la relación de precios favorable con Argentina, como consecuencia del abandono del cronograma cambiario en dicho país en marzo de 1981. Esto se sumó a la situación económica ya deteriorada por la recesión internacional y el impacto de las crecientes tasas de interés en el servicio de la deuda externa uruguaya.” (p. 187)

Tipo de cambio
En octubre de 1978 se dio inicio al régimen conocido como ‘la tablita’, el cual consistió en una planificación diaria del tipo de cambio (unificado) por un período de entre seis a nueve meses. Esta nueva política cambiaria implicaba la administración de las reservas internacionales y un manejo muy cuidadoso del gasto público.
Si bien en la teoría se esperaba lograr una alineación de los precios internos a los internacionales, en la práctica la variación del tipo de cambio nominal comenzó a mostrar rezagos con respecto a la evolución de los precios internos, afectando de forma negativa a la competitividad del país con el resto del mundo.
Finalmente, la pérdida de reservas internacionales registrada en 1982 puso en jaque la sostenibilidad del régimen cambiario imperante.” (p. 188)

“Expansión de la actividad financiera
El sector financiero se vio ampliamente beneficiado con las políticas aplicadas en el período.
Todo esto fue posible debido a la ausencia de controles regulatorios, producto del profundo proceso de liberalización aplicado en el sector financiero en este período. De esta manera, el acceso prácticamente irrestricto al crédito abundante se conjugó con su utilización frecuentemente imprudente.
La combinación de la mayor disponibilidad crediticia en conjunto con la existencia de expectativas favorables en algunos sectores económicos, se tradujo en el surgimiento de booms económicos con un elevado contenido especulativo. Como consecuencia, se verificó un sostenido crecimiento de la deuda de los distintos sectores productivos con el sistema bancario privado. Al mismo tiempo, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito al consumo como fuente de financiamiento de compras de bienes de consumo duradero importados.” (p. 189)

“Otra de las consecuencias de la profundización de la apertura financiera registrada en el período se refiere a la dolarización de la economía y, principalmente, del sector financiero. Como ya mencionamos, la existencia de fuertes atractivos de rentabilidad para las operaciones en dólares, en conjunto con la existencia de atraso cambiario, motivaron un fuerte ingreso de capitales extranjeros con fines especulativos, una contracción progresiva de la base monetaria y una utilización más intensiva del dólar como unidad de cuenta y depósito de valor.” (p. 191)

Caída de salarios y pasividades
Con respecto a la situación de los asalariados y pasivos, la transferencia de ingresos desde estos sectores hacia el sector empresarial siguió vigente. En particular, en el período 1978-1982, dicha transferencia se apoyó fundamentalmente en los sectores de menores ingresos. Como contrapartida, los ingresos del capital global continuaron aumentando. No obstante, en este período se observó una nueva tendencia en cuanto a la redistribución de ingresos; la transferencia desde el capital comercial y productivo hacia el capital financiero.
Como consecuencia del continuo deterioro de los ingresos de la clase trabajadora se produjo una mayor concentración del ingreso, provocando como respuesta estrategias de supervivencia como el ‘sobretrabajo’ o la emigración.” (p. 191)

Tercera etapa, 1982-1984: ‘intervencionismo de supervivencia’
(…) El 25 de noviembre de 1982 el BCU comunicó su retiro del mercado cambiario, dando fin así al régimen cambiario de ‘la tablita’. La grave situación económica que enfrentaba el país fue uno de los principales factores que explicaron este cambio de política. En particular, existía una crítica situación en el sector externo, que se traducía en una continua pérdida de reservas internacionales y en crecientes dificultades para hacer frente a los pagos externos.
Las políticas aplicadas en este período respondieron a las condiciones plasmadas en el crédito firmado con el FMI en febrero de 1983. Dicho organismo desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y sus acreedores, la banca privada internacional.
(…)la política económica aplicada durante el período comprendido entre fines de noviembre de 1982 y fines de 1984 puede ser considerada como un ‘intervencionismo de supervivencia. Esta caracterización responde a dos aspectos: por un lado, el manejo de los instrumentos de política económica implicó la sustitución del rol del mercado por parte del Estado, en tanto que, por otro lado, se buscaba el logro de mejores condiciones para subsistir en la crisis.
Entre fines de 1982 y comienzos de 1983 se definieron los lineamientos generales de la política económica del período, los cuales se dieron a conocer en un comunicado del gobierno del 26 de noviembre de 1982 y en la Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) del 1º de febrero de 1983.
En el marco de una situación deteriorada, el Gobierno debió recurrir a la asistencia financiera del FMI, para lo cual se comprometió a desarrollar un programa de ajuste de los desequilibrios existentes. (…) En este período, una importante porción de la deuda externa de nuestro país tenía como acreedores a los bancos transnacionales, y la asistencia del FMI era insuficiente para atender el calendario de pagos previsto. De esta manera, el FMI desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y la banca transnacional, garantizando que el ajuste económico plasmado en el programa aseguraría el cobro de sus préstamos con los intereses correspondientes. (…)
La política cambiaria: flotación limpia
Los intentos de mantenimiento del cronograma cambiario se traducían en una continua pérdida de reservas internacionales. Esta situación llevó a que, el 25 de noviembre de 1982, se abandonara la política cambiaria de mini devaluaciones preanunciadas y se sustituyera por un régimen de libre flotación de la moneda. Asimismo, se eliminaron los reintegros y se redujeron los aranceles, traduciéndose en menores efectos de instrumentos fiscales sobre el tipo de cambio efectivo.
La intención del equipo económico de este período era, luego del aumento del tipo de cambio y un período de oscilaciones, cuando encontrara su nivel de equilibrio, llevar a cabo una política cambiaria flexible con posibles intervenciones de la autoridad monetaria. A partir de esta medida, el dólar pasó de N$ 13,81 en el último día de ‘la tablita’ a N$ 22 en el día de la reapertura del mercado, y a N$ 35 a fines de diciembre de 1982.” (p. 193)

La política comercial: nuevos pasos en la liberalización y apertura
Con respecto a las importaciones, se avanzó en el proceso de liberalización y apertura, a través de una fuerte reducción arancelaria y la eliminación de aforos y precios de referencia de carácter proteccionista. De esta manera, las importaciones que competían con los productos nacionales vieron reducir su arancel en un 30%, con un máximo que se fijó en 55%.
(…) La promoción de las exportaciones se basó principalmente en el tipo de cambio y en la reducción del costo de la mano de obra, y mantuvo un tratamiento igual para exportaciones tradicionales y no tradicionales.” (p. 193)

“Como consecuencia de la recesión, las carteras de deudas a cobrar por parte de los bancos se tornaban cada vez más difíciles de liquidar La situación se agravó aun más cuando, en agosto de 1982, México declaró la imposibilidad de pago de su deuda. La llegada de esta noticia en conjunto con el abandono del cronograma cambiario derivaron en un importante retiro de depósitos en el sistema bancario.
El Estado asumió la mayor parte de los costos de la crisis bancaria, mediante la compra de carteras y la absorción de los bancos en dificultades por parte del BROU y/o la Corporación Nacional para el Desarrollo.” (p. 194)


Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House.


Capítulo 4. La estrategia y la política económica de la dictadura, 1973-1984. Jorge Notaro

"En junio de 1968 con Pacheco Areco como Presidente de la República, con una inflación que por primera vez superó el 100% anual, se adoptó una medida sin precedentes: la congelación de precios y salarios. Esta PE no logró dinamizar las exportaciones y la experiencia terminó con una importante devaluación en 1971, que se trasladó a los precios y provocó una caída de 17% del salario real durante el primer año del nuevo gobierno con Bordaberry como Presidente. La plusvalía captada por las actividades ganaderas aumentó 50% sobre el nivel de 1971 (IECON, 1973: 54-57)." (88)

"El gobierno que asumió en marzo de 1972 definió una nueva estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que proponía aumentar las exportaciones con una mayor explotación y procesamiento de los recursos naturales con participación del capital extranjero. Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo para poner al día los atrasos de pagos externos. (...) el Producto Bruto Interno (PBI) cayó levemente pero el ingreso nacional bruto disponible (YNBD) aumentó por la ganancia de términos de intercambio, se aceleró la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó 86,8% promedio anual y el salario real medido por el Índice Medio de Salarios (IMS) en 1972 cayó 17%.
El largo proceso de deterioro económico y político así como los conflictos sociales fueron modificando el peso relativo de los actores y el gobierno se fue deslizando hacia la dictadura aceptando condiciones de las Fuerzas Armadas en febrero de 1973 y la disolución del Parlamento en junio del mismo año. Entre los militares se fue afirmando la idea de que los políticos eran corruptos e ineficaces para resolver los problemas económicos y enfrentar el comunismo internacional. Adicionalmente, como funcionarios públicos no sindicalizados y despreciados por la oligarquía, sus ingresos se deterioraban.
En febrero de 1973 las Fuerzas Armadas plantearon exigencias al presidente Bordaberry, quien aceptó firmar en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza. Una de las condiciones fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) (Decreto 163/973 del 23/02/7f3 y Decreto-Ley 14.157 del 21/02/74) como asesor del Poder Ejecutivo en seguridad nacional en un sentido muy amplio que incluía la actividad económica y social. Integrado por el Presidente, algunos ministros y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, institucionalizaó la participación militar en las decisiones del gobierno. La primera participación relevante en la estrategia y la política económica fue aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y con la disolución del Parlamento se institucionalizó su hegemonía.

El intervencionismo reestructurador 1974-1978

La PE de este período puede caracterizarse como 'intervencionismo' por el manejo de los instrmentos lo que implica una importante discrecionalidad del gobierno y 'reestructurador' por sus objetivos preioritarios, que apuntaban a modificar las estructuras de la producción, del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos (Notaro, 1984: 39-102).
La PE preexistente sobrevivió algunos meses alos cambios políticos y en el equipo económico, fue un período de observación y aprendizaje de la gestión del gobierno para las Fuerzas Armadas. Desde agosto de 1973 hasta octubre de 1978 la estrategia se ajustó en cuatro reuniones conocidascomo 'Cónclaves' en las que participaron los civiles que ocupaban cargos políticos y los militares de mayor graduación. Se integraron las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo con las de los militares, quienes habían expresado anteriormente en distintos documentos -entre los que se destacan los Comunicados Nº4/73 y 7/73, de fecha 9 y 10 de febrero de 1973-, que tenían por objetivo 'hacer saber al pueblo cuál era exactamente el pensamiento de las FFA respecto de los grandes y acuciantes problemas de la vida nacional'; el Memorando del 11 de febrero de 1973, dirigido al Presidente de la República con las propuestas de las Fuerzas Armadas para superar la crisis; y la Relación de Objetivos Nacionales y Pautas de Planificación y Conducción Nacional, Documento de la Junta de Comandantes en Jefe de mayo de 1973 que consolidó los anteriores y definió prioridades.
En julio de 1974 se designó al ingeniero Alejandro Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas, quien renunció por discrepancias con el proceso de retorno a la democracia en julio de 1976 y fue sustituído por el Subsecretario, Cr. Valentín Arismendi. Se implementó una política de promoción de exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra muy bajo, una devolución de impuestos que era una forma encubierta de subsidios, créditos a tasas de interés reales negativas, acceso a los mercados externos con los acuerdos llamados CAUCE con Argentina y PEC con Brasil por los cuales estos países se comprometían a aceptar determinados montos de exportaciones de determinados productos sin aranceloes. Se reinició el crecimiento del PBI y en menor medida del YNBD; aumentó la Inversión Bruta Fija (IBF) y, la importancia relativa de las exportaciones así como la demanda del sector público y el permanente déficit comercial se financió con ingreso neto de capital. Se reestructuró la demanda por aumento de la importancia relativa de la demanda externa y de la demanda pública; aumentó la concentración del ingreso apoyada en la persistente caída del salario, la mayor captación interna de los excedentes generados y el ingreso neto de capital. La inflación fue el costo para promover una estructura de precios relativos, considerada adecuada y en particular, un tipo de cambio alto en términos reales. El ingreso de capital contribuyó a financiar la inversión y fundamentalmente, permitió aumentar y diversificar las importaciones. Estas últimas crecieron más que las exportaciones y que el producto, de modo que el desequilibrio en cuenta corriente se volvió estructura. Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos pùblicos, y financiaron las transfrencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y elmayor consumo de los no asalariados. Se completó así la exclusión social de los trabajadores con su exclusión económica y los ingresos transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre grupos empresariales de todas las actividades económicas lo que permitió construir una amplia base social constituida por fracciones burguesas incluyendo estratos medios y pequeños que contaron además, con el apoyo del capital financiero externo (Notaro,1984: 94)"(88-92)


"Durante los primeros años de la dictadura, la oligarquía local manifestó su apoyo a la dictadura en declaraciones delas principales organizaciones empresariales y, por ejemplo,en agosto de 1978 el conjunto de gremiales patronales rurales apareció en televisión junto al General Gregorio Álvarez diciendo que la liberalización de los precios de los productos de la ganadería era una medida patriótica. Se ha señalado que 'Las medidas tuvieron como objetivo el aumento de los niveles de rentabilidad del sector' (Araújo, 2008:2) así como 'la relación entre los dirigentes de las gremiales y los técnicos del régimen fue más que directa'. (Araújo, op.cit: 48). Contó con apoyo importante del FMI durante el primer semestre de 1974, cuando la caída de los valores de las exportaciones (carne vacuna principalmente) y el aumento de los de las importaciones (petróleo) generaron un importante déficit comercial y reducción de las reservas internacionales netas del BCU.

La liberalización para la estabilización de precios 1979-1982

Desde noviembre de 1978 hasta noviembre de 1982 la PE se caracteriza como 'liberalismo estabilizador' por el manejo más liberal de los instrumentos y la prioridad absoluta del objetivo de estabilización de precios (Notaro, 1984: 103-184). El equipo económico fue estable, continuaron el Cr. Valentín Arismendi como Ministro de Economía y Finanzas, y José Gil Díaz como Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). Se definió cronograma cambiario conocido como la tablita que anunciaba la cotización del dólar a la que el BCU se comprometía a comprar y a vender, cada día, a varios meses de plazo en un contexto de libre movimiento internacional de capital y alto grado de apertura comercial. Se esperaba que el ingreso de capital aumentara la oferta de moneda extranjera y de crédito, estabilizara el tipo de cambio y redujera las tasas de interés internas al nivel de las externas, cambios sumados a la liberalización de las importaciones llevarían a la estabilidad de los precios internos, lo que permitiría un tipo de cambio fijo creándose así las condiciones para la instalación de un centro financiero internacional en el país.
El proceso económicono se desarrolló de acuerdo a los esperado, la devaluación fue menor que el aumento de precios internos, las empresas del país perdieron competitividad con el atraso cambiario que se sumó a la reducción de la protección y la eliminación de promoción de exportaciones, el nivel de actividad de la industria manufacturera cayó en 1981 y al año siguiente la economía ingresó en una fase recesiva con aumento del desempleo. Los sucesivos y crecientes déficit de la cuenta corriente y la ejxpansión de la demanda interna generaron una demanda creciente de recursos externos.
Las tasas de interés domésticas aumentaron más que la inflacion y se ubicaron por encima de las tasas de interés internacionales,con impactos contradictorios. Por una parte, aumentó la rentabilidadde la intermediación financiera estimulando el ingreso neto de capital y la expaqnsión de la actividad. Por otra, también aumentaron la importancia de los pasivos externos con relación al producto y el costo real del crédito. Los stocks de difícil realización, el endeudamiento y la incapacidad de pagos llevaron a capitalizar los intereses vencidos, generando nuevos requerimientos de financiamiento externo sin contrapartida en expansión del nivel de actividad.
Con el descenso de la inflación a 20% en 1980 comenzaron a manifestarse dificultades para el pago de los créditos, la política cambiaria perdía credibilidad, los depósitos se convertían a moneda extranjera y los bancos trasladaban el riesgo cambiario obligando a los deudores a convertir su deuda a moneda extranjera. En el segundo semestre de 1981 se puso en marcha un proceso de fuga de capital, comenzó a reducirse la captación interna y a aumentar la colocación externa. El endeudamiento de las empresas con el sistema bancario alcanzó 80% del PBI en 1982.
La expectativa de una inminente devaluación estimuló el aumento de demanda de moneda extranjera, el aumento del déficit en cuenta corriente y la salida de capital deterioraron el nivel de reservas y culminaron en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982. En noviembre las reservas alcanzaron su nivel mínimo en 279 millones de dólares y el día 25 del mismo mes el BCU se retiró del mercado cambiario y dejó de vender moneda extranjera a la cotización establecida en el cronograma, el tipo de cambio se fijo por la oferta y la demanda en un mercado sin intervención del BCU y en días siguientes se produjo una devaluación de algo más de 100%.
Desde 1980 aumentaron los concordatos y las quiebras, los clubes de bancos que intervinieron la gestión de los deudores morosos y la venta de bancos con dificultades. Las organizaciones empresariales agropecuarias e industriales manifestaron discrepancias crecientes desde 1980 señalando como principales dificultades la reducción de las ventas en el mercado interno y externo, los altos costos financieros y la caída de la rentabilidad.

La intervención para la supervivencia del capital financiero 1983-1984

Desde noviembre de 1982 la PE se puede caracterizar como 'intervencionista' porque la instrumentación implicó un aumento de la participación del Estado y 'de supervivencia del capital financiero' porque tuvo como objetivo prioritario sostenerlo. El Ministro de Economía y Finanzas Arismendi fue sustituído por el Cr. Walter Luziardo (el 15 de diciembre de 1982) y se completó el cambio del equipo económico que se había iniciado en julio con la sustitución de Gil Díaz porel Cr. José María Puppo en la Presidencia del BCU. El nuevo equipo duró poco tiempo pues en noviembre de 1983 volvió Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas y en febrero de 1984 Puppo fue sustituído por el Cr. JuanProtasi.
La nueva estrategia se definió en un comunicado del gobierno (26 de noviembre de 1982) y en la Carta de Intención dirigidaal FMI (1º defebrero de 1983). (...)
Entre las medidas se destacan las compras de cartera que permitieron desplazar hacia el Estado la mayor parte de los deudores bancarios morosos y el respaldo a las ventas de bancos y casas bancarias haciéndose cargo el Estado de la cartera incobrable.Se consolidó la hegemonía del capital financiero asegurando la supervivencia de las instituciones de intermediación financiera así como la recuperación de las colocaciones a los acreedores externos y los propietarios de depósitosbancarios, residentes en el país o en el exterior,en todos los casos, con altos niveles de rentabilidad.
El experimento de la tablita terminó en una catástrofe económica y a medida que se expandían sus impactos negativos, los actores empresariales que se habían beneficiado durante varios años comenzaron a quitar el apoyo a a la dictadura militar desde 1980. La Federación y la Asociación Rural solicitaron la refinanciación de las deudas bancarias y mayores estímulos fiscales en junio de 1980. Un año después la Federación reiteró sus revindicaciones y declaró que 'el equipo económico no cuenta con la confianza de los productores'.
Para la industria el estímulo más permanente fue la reducción del costo de la mano de obra, en estos años por una acelerada reducción del aporte patronal a la seguridad social. El desmantelamiento de la promoción de exportaciones, la reducción de aranceles,el atraso cambiario y las altas tasas de interés en términos reales, generaron una situación crítica en toda la industria. En abril de 1982 la asamblea de la Cámara de Industrias se declaró en 'estado de emergencia', solicitando un mayor ritmo de devaluación, la suspensión de la reducción de aranceles y la refinanciación de las deudas bancarias. El Ministro del Interior consideró que la resolución indicaba un clima de 'presión, desafío y enfrentamiento' por lo que justificó la negativa del gobierno a recibir a una delegación de la gremial.
El estancamiento, la inflación y la crisis financieras desarmaron la base social del gobierno contribuyendo a crear condiciones favorables para la transición a la democracia. Touraine señala que en Chile y Argentina el resultado de la política económica de lasdictaduras fue una 'desindustrialización' (1987:11). Se podría agregar el caso de Uruguay y subrayar la diferencia con la política económica de la dictadura brasileña, que por ejemplo, mantuvo múltiples estímulos a la inversión productiva y un estricto control del movimiento internacional de capital.
El FMI recuperó protagonismo por la contracción de la financiación privada externa y reinició las operaciones de apoyo condicionado al establecimiento de metas de estabilización de precios, fiscales y monetarias. 'La distribución de costos y beneficios,así como los resultados sobre el proceso económico, permiten hablar de un modelo que pasó detener un carácter antipopular a tener un carácter antinacional'. (Notaro, 1984: 104).
Cuando se constituyó la Concertación Nacional Programática, un frente social y político que promovía la 'transición a la democracia', estaban todas las organizaciones sociales, desde las organizaciones sindicales y estudiantiles hasta la Asociación Rural y la Cámara de Industrias. No participaron los militares y la Asociación de Bancos, los primeros como responsables y los segundos como beneficiariosde este proceso." (92-98)






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