"...
la población total de Uruguay pasó de 2788429 habitantes en 1975 a
2955241 en 1985. Esto significa que siendo una población pequeña
-una de las más pequeñas en América Latina-, su ritmo de
crecimiento era además extremadamente
lento, ubicándose en el orden de 0,6% anual. Si se tiene en cuenta
que el censo de 1963 había registrado un total de 2595510
residentes, puede concluirse que esta baja tasa de crecimiento
poblacional ya estaba instalada al menos desde la década anterior a
la instauración de la dictadura. En efecto, la tasa de crecimiento
anual entre 1963 y 1975 fue la misma que entre 1975 y 1985. Esta baja
tasa de crecimiento de la población fue consecuencia del fuerte
descenso de la natalidad proucido a lo largo del siglo XX. Pero ello
se vio reforzado desde los años sesenta por la reversión del signo
de los movimientos migratorios, que se volvió sistemáticamente
negativo. En efecto, el saldo de los movimientos de población desde
y hacia Uruguay significó una pérdida neta de 3% de la población
entre 1975 y 1985, que se agregó a la pérdida de 6% registrada
entre los censos de 1963 y 1975 (Calvo y Mieres 2007: 88)."
Yaffé, J. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016)
El negocio del terrorismo de Estado.
Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya.
Uruguay: Ed. Penguim Random House. (p. 125)
"...
la evolución del salario
real evidencia un fuerte y continuado deterioro entre 1973 y 1985,
que profundizó el que ya se venía produciendo en forma casi
ininterrumpida desde la segunda mitad de los años cincuenta. En los
dos años finales de la dictadura el valor del índice medio del
salario real llegó a ubicarse en 57% con respecto al de 1973. Esto
significa que a una década de la instauración del régimen
dictatorial, el poder de compra de los salarios había disminuído
casi a la mitad.
(...
) la mayor caída del salario real durante la dictadura se produjo
simultáneamentej con el crecimiento económico entre 1973 y 1979; se
detuvo en 1980 y 1981 y luego con la crisis de 1982-1984 siguió
cayendo. Esta convivencia de la expansión de la riqueza total
generada por el país con el deterioro de los salarios, produjo una
notable traslación de ingresos de los trabajadores en favor de las
ganancias empresariales y, en mucho menor medida, también del
Estado. En el quinquenio 1968-1972 los salarios representaban 41% del
valor del PBI uruguayo; en 1979 -séptimo año de crecimiento
económico-, habían caído a 25% del PBI (Terra y Hopenhaym, 1986:
54).
(...)
En 1962 los salarios representaban 54% del PBI, los beneficios
empresariales 37% y los impuestos recaudados por el Estado 9%; en
1984 la distribución se había invertido completamente perjuicio de
los trabajdores: 33%, 53% y 14% respectivamente. " (131, 132)
"...
hacia el final de la
dictadura, al menos en el ámbito urbano, la totalidad de las
personas pertenecientes al quintil inferior de ingresos y buena parte
de las ubicadas en el segundo quintil, se encontraban en situación
de pobreza. En el año 1981 9% de los hogares y 13% de las personas
residentes en la ciudad de Montevideo se encontraban por debajo de la
línea de pobreza (Filgueira, 1994: 127-128). Según la misma fuente,
tres años más tarde esos valores se habían más que duplicado. En
1984 21% de los hogares y 28% de los habitantes de la ciudad de
Montevideo se encontraba en situación de pobreza. También se
encontraba por debajo de la línea de pobreza 32% de los hogares del
resto del país urbano. Por tanto, en el conjunto de la población
urbana, entre la quinta y la tercera parte de las familias estaban en
situación de pobreza en el año final de la dictadura.
Aunque
a la vista estas cifras de pobreza, resulta claro que muchos
fracasaron en el intento, es igualmente cierto que, al tiempo que se
instaló una fuerte corriente de emigración por motivos económicos,
las familias hicieron un gran esfuerzo para compensar mediante el
sobretrabajo el impactante deterioro del poder adquisitivo de los
salarios. En efecto, durante el período dictatorial se verificó un
aumento del número de horas de trabajo por trabajador, lo cual se
relaciona a su vez con el crecimiento del multiempleo y el
informalismo laboral. A su vez, se incrementó notoriamente la
participación femenina en el mercado laboral. Aunque este fenómeno
responde además a otras causas de tipo sociocultural, es indudable
que, al igual que el multiempleo, fue una de las estrategias de las
familias para amortiguar los efectos de la caída del poder
adquisitivo de los salarios mediante la búsqueda de nuevos ingresos
por trabajo." (133, 134)
"El período comprendido entre 1973 y 1985 fue para Uruguay un
momento de exacerbación extrema de la violencia política estatal
desplegada en el marco de un régimen dictatorial que se instauró
como culminación de la transición autoritaria iniciada hacia 1967.
Los sectores populares organizados fueron duramente reprimidos, sus
organizaciones colectivas desmanteladas y sus demandas acalladas en
el contexto de un sistema de control social y político que por
momentos evidenció pretensiones totalitarias y terroristas. En
cambio las organizaciones representativas del empresariado, no fueron
afectadas en sus capacidades de acción y representación de
intereses. Por el contrario, mantuvieron una posición privilegiada
como interlocutoras de los conductores de la política económica y
financiera del régimen, lo que les permitió incluso dar a conocer
públicamente sus opiniones críticas ante orientaciones o medidas
puntuales que los afectaban.
Aunque varios de sus dirigentes y asesores lo hicieron a título
individual, ocupando incluso altos cargos en el gobierno y la
administración pública, las cámaras empresariales nunca declararon
su apoyo corporativo al régimen dictatorial como tal. Esnotoro que
desde el punto de vista económico los empresarios se beneficiaron
ampliamente de la represión antisindical y de la política salarial
llevadas a cabo por el régimen. Sin embargo, testimonios de
sindicalistas de la época evocan una actitud ambivalente y
contradictoria en lo que tiene que ver con la disposición
empresarial a colaborar con la represión de los trabajadores (Rico
et al 2005, págs. 47-48). En general, las cámaras
empresariales saludaron las medidas económicas del gobierno cuando
los beneficiaban, pero no silenciaron su voz crítica cuando los
perjudicaban. Esta es la actitud que se puede verificar tanto en el
caso de la Cámara de Industrias como en el de la Federación Rural,
cuyas críticas a la política económica fueron recurrentes, en
particular a partir de 1978. Probablemente la única excepción en
este sentido haya sido la de la Asociación de Bancos, cuyo silencio
complaciente se mantuvo constante. Incluso, y sobre todo, durante la
crisis que contextualizaó la transición a la democracia, cuando el
salvataje del sistema financiero fue el objetivo prioritario de la
estrategia de supervivencia desplegada por la dictadura en su fase
final (Notaro, 1984: 184).
El período 1973-1985 constituyó un momento de confirmación de las
orientaciones económicas de corte neoliberal, que venían
ensayándose en forma parcial y con muchas dificultades desde 1959
como respuesta a la crisis de las estrategias de crecimiento
económico y desarrollo social que hasta entonces habían resultado
exitosas. En este sentido, la dictadura no representó un momento de
ruptura sino de confirmación y profundización del rumbo
político-económico. En los hechos, la política económica
implementada durante el primer quinquenio del régimen se ajustó al
libreto que había quedado establecido en el Plan Nacional de
Desarrollo para el período 1973-1977, el cual fuera elaborado por la
Oficina del Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la
República durante el año 1972 y aprobado por el Poder Ejecutivo en
los meses previos al golpe de Estado.
En este trabajo hemos intentado establecer algunos de los efectos de
estas orientaciones políticas económicas sobre la sociedad
uruguaya. Desde el punto de vista demográfico, entre 1975 y 1985 la
población de Uruguay mantuvo la bajísima tasa de crecimiento que
había evidenciado entre 1963 y 1975 (0,6%), pasando de 2788429 a
2955241 habitantes. Tampoco se evidenciaron cambios significativos en
su estructura según radicación rural o urbana, sexo o edad. Las
mujeres siguieron constituyendo 51% del total. La población urbana
pasó de 83% a 87%. Los menores de 15 años se mantuvieron en 27%
mientras que los mayores de 64 pasaron de 10% a 11%, como resultado
de las bajas tasas de natalidad y mortalidad que se verificaban desde
los años sesenta. El cambio en el signo del saldo de los flujos
migratorios consagró una ruptura histórica con la tradeicional
condición del Uruguay como país de inmigrantes: durante la
dictadura, el efecto combinado del exilio político y la emigración
por motivos económicos se constituyó en una sangría permanente de
recursos humanos que agudizó los efectos de la muy baja tasa de
crecimiento vegetativo de la población.
Sin dudas, la emigración por motivos económicos fue una de las
consecuencias directas del cambio en las expectativas de bienestar,
experimentadas por una parte muy importante de la sociedad uruguaya.
Si bien la evolución del Índice de Desarrollo Humano exhibió un
progreso continuo durante los años setenta -que mantuvo a Uruguay en
las primeras posiciones en el ámbito regional, aunque siempre muy
distante de los países de mayor desarrollo en el mundo-, las
políticas económicas implementadas en esa época provocaron un
severo retorceso en las condiciones de vida de un vasto sector de la
población. Dos de los objetivos prioritarios de las políticas,
inspiradas en la orientación neoliberal predominante, fueron la
contención de la inflación y la reducción de los costos asociados
a la fuerza de trabajo. Se esperaba que se estos dos objetivos se
lograban, ello estimulara la inversión, sobre todo extranjera, y con
ello el país lograría retomar la senda del crecimiento económico.
Aunque la inflación nunca pudo ser llevada a los niveles deseados,
a partir de 1973 sí se logró poner fin al largo estancamiento que
afectaba la economía uruguaya desde 1957. Se inició entonces una
nueva fase de crecimiento económico, pero la crisis financiera de
1982 sumió al país en una recesión de la que no comenzaría a
salir hasta 1985, cuando la dictadura ya había concluido. Esa crisis
económica tuvo profundas consecuencias sobre la sociedad, visibles
entre otros indicadores en el gran aumento del desempleo y de la
pobreza. Sin embargo, los efectos adversos del proceso económico
sobre las condiciones de vida de los trabajadores no se verificaron
únicamente en el momento de la crisis. Por el contrario, la caída
del poder adquisitivo de los salarios, que se había iniciado a fines
de los cincuenta al son de la inflación que se instaló junto con el
estancamiento productivo, se profundizó aún más en tiempos de
crecimiento económico.
A diferencia del período previo a 1973, durante la dictadura, con
los sindicatos prohibidos y perseguidos, los trabajadores quedaron
completamente desarmados para resisitir y al menos moderar la rebaja
del poder adquisitivo de sus salarios. Como fue dicho, lejos de ser
una consecuencia indeseada del proceso económico, la contención
salarial fue un instrumento deliberadamente utilizado por los
conductores de la política económica de la dictadura para contener
el proceso inflacionario y estimular la inversión. Como
consecuencia, la dictadura fue el escenario de una fuerte
transferencia de ingresos de los trabajadores asalariados hacia los
empresarios y el Estado. Esto fue así durante y después de la fase
de crecimiento económico que se inició en 1973. Con la crisis
desatada en 1982 este fenómeno se profundizó todavía más y aunque
el esfuerzo de los trabajadores (en particular de las mujeres) para
recomponer su capacidad adquisitiva aumentó notablemente, de todos
modos más de la tercera parte de la población total quedó por
debajo del ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades
básicas para sostener una vida digna." (139)
