la sociedad uruguaya durante la dictadura

"... la población total de Uruguay pasó de 2788429 habitantes en 1975 a 2955241 en 1985. Esto significa que siendo una población pequeña -una de las más pequeñas en América Latina-, su ritmo de crecimiento era además extremadamente lento, ubicándose en el orden de 0,6% anual. Si se tiene en cuenta que el censo de 1963 había registrado un total de 2595510 residentes, puede concluirse que esta baja tasa de crecimiento poblacional ya estaba instalada al menos desde la década anterior a la instauración de la dictadura. En efecto, la tasa de crecimiento anual entre 1963 y 1975 fue la misma que entre 1975 y 1985. Esta baja tasa de crecimiento de la población fue consecuencia del fuerte descenso de la natalidad proucido a lo largo del siglo XX. Pero ello se vio reforzado desde los años sesenta por la reversión del signo de los movimientos migratorios, que se volvió sistemáticamente negativo. En efecto, el saldo de los movimientos de población desde y hacia Uruguay significó una pérdida neta de 3% de la población entre 1975 y 1985, que se agregó a la pérdida de 6% registrada entre los censos de 1963 y 1975 (Calvo y Mieres 2007: 88)." 

Yaffé, J. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House. (p. 125)

"... la evolución del salario real evidencia un fuerte y continuado deterioro entre 1973 y 1985, que profundizó el que ya se venía produciendo en forma casi ininterrumpida desde la segunda mitad de los años cincuenta. En los dos años finales de la dictadura el valor del índice medio del salario real llegó a ubicarse en 57% con respecto al de 1973. Esto significa que a una década de la instauración del régimen dictatorial, el poder de compra de los salarios había disminuído casi a la mitad.

(... ) la mayor caída del salario real durante la dictadura se produjo simultáneamentej con el crecimiento económico entre 1973 y 1979; se detuvo en 1980 y 1981 y luego con la crisis de 1982-1984 siguió cayendo. Esta convivencia de la expansión de la riqueza total generada por el país con el deterioro de los salarios, produjo una notable traslación de ingresos de los trabajadores en favor de las ganancias empresariales y, en mucho menor medida, también del Estado. En el quinquenio 1968-1972 los salarios representaban 41% del valor del PBI uruguayo; en 1979 -séptimo año de crecimiento económico-, habían caído a 25% del PBI (Terra y Hopenhaym, 1986: 54).

(...) En 1962 los salarios representaban 54% del PBI, los beneficios empresariales 37% y los impuestos recaudados por el Estado 9%; en 1984 la distribución se había invertido completamente perjuicio de los trabajdores: 33%, 53% y 14% respectivamente. " (131, 132)

"... hacia el final de la dictadura, al menos en el ámbito urbano, la totalidad de las personas pertenecientes al quintil inferior de ingresos y buena parte de las ubicadas en el segundo quintil, se encontraban en situación de pobreza. En el año 1981 9% de los hogares y 13% de las personas residentes en la ciudad de Montevideo se encontraban por debajo de la línea de pobreza (Filgueira, 1994: 127-128). Según la misma fuente, tres años más tarde esos valores se habían más que duplicado. En 1984 21% de los hogares y 28% de los habitantes de la ciudad de Montevideo se encontraba en situación de pobreza. También se encontraba por debajo de la línea de pobreza 32% de los hogares del resto del país urbano. Por tanto, en el conjunto de la población urbana, entre la quinta y la tercera parte de las familias estaban en situación de pobreza en el año final de la dictadura.

Aunque a la vista estas cifras de pobreza, resulta claro que muchos fracasaron en el intento, es igualmente cierto que, al tiempo que se instaló una fuerte corriente de emigración por motivos económicos, las familias hicieron un gran esfuerzo para compensar mediante el sobretrabajo el impactante deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En efecto, durante el período dictatorial se verificó un aumento del número de horas de trabajo por trabajador, lo cual se relaciona a su vez con el crecimiento del multiempleo y el informalismo laboral. A su vez, se incrementó notoriamente la participación femenina en el mercado laboral. Aunque este fenómeno responde además a otras causas de tipo sociocultural, es indudable que, al igual que el multiempleo, fue una de las estrategias de las familias para amortiguar los efectos de la caída del poder adquisitivo de los salarios mediante la búsqueda de nuevos ingresos por trabajo." (133, 134)

 "El período comprendido entre 1973 y 1985 fue para Uruguay un momento de exacerbación extrema de la violencia política estatal desplegada en el marco de un régimen dictatorial que se instauró como culminación de la transición autoritaria iniciada hacia 1967. Los sectores populares organizados fueron duramente reprimidos, sus organizaciones colectivas desmanteladas y sus demandas acalladas en el contexto de un sistema de control social y político que por momentos evidenció pretensiones totalitarias y terroristas. En cambio las organizaciones representativas del empresariado, no fueron afectadas en sus capacidades de acción y representación de intereses. Por el contrario, mantuvieron una posición privilegiada como interlocutoras de los conductores de la política económica y financiera del régimen, lo que les permitió incluso dar a conocer públicamente sus opiniones críticas ante orientaciones o medidas puntuales que los afectaban.

Aunque varios de sus dirigentes y asesores lo hicieron a título individual, ocupando incluso altos cargos en el gobierno y la administración pública, las cámaras empresariales nunca declararon su apoyo corporativo al régimen dictatorial como tal. Esnotoro que desde el punto de vista económico los empresarios se beneficiaron ampliamente de la represión antisindical y de la política salarial llevadas a cabo por el régimen. Sin embargo, testimonios de sindicalistas de la época evocan una actitud ambivalente y contradictoria en lo que tiene que ver con la disposición empresarial a colaborar con la represión de los trabajadores (Rico et al 2005, págs. 47-48). En general, las cámaras empresariales saludaron las medidas económicas del gobierno cuando los beneficiaban, pero no silenciaron su voz crítica cuando los perjudicaban. Esta es la actitud que se puede verificar tanto en el caso de la Cámara de Industrias como en el de la Federación Rural, cuyas críticas a la política económica fueron recurrentes, en particular a partir de 1978. Probablemente la única excepción en este sentido haya sido la de la Asociación de Bancos, cuyo silencio complaciente se mantuvo constante. Incluso, y sobre todo, durante la crisis que contextualizaó la transición a la democracia, cuando el salvataje del sistema financiero fue el objetivo prioritario de la estrategia de supervivencia desplegada por la dictadura en su fase final (Notaro, 1984: 184).

El período 1973-1985 constituyó un momento de confirmación de las orientaciones económicas de corte neoliberal, que venían ensayándose en forma parcial y con muchas dificultades desde 1959 como respuesta a la crisis de las estrategias de crecimiento económico y desarrollo social que hasta entonces habían resultado exitosas. En este sentido, la dictadura no representó un momento de ruptura sino de confirmación y profundización del rumbo político-económico. En los hechos, la política económica implementada durante el primer quinquenio del régimen se ajustó al libreto que había quedado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 1973-1977, el cual fuera elaborado por la Oficina del Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República durante el año 1972 y aprobado por el Poder Ejecutivo en los meses previos al golpe de Estado.

En este trabajo hemos intentado establecer algunos de los efectos de estas orientaciones políticas económicas sobre la sociedad uruguaya. Desde el punto de vista demográfico, entre 1975 y 1985 la población de Uruguay mantuvo la bajísima tasa de crecimiento que había evidenciado entre 1963 y 1975 (0,6%), pasando de 2788429 a 2955241 habitantes. Tampoco se evidenciaron cambios significativos en su estructura según radicación rural o urbana, sexo o edad. Las mujeres siguieron constituyendo 51% del total. La población urbana pasó de 83% a 87%. Los menores de 15 años se mantuvieron en 27% mientras que los mayores de 64 pasaron de 10% a 11%, como resultado de las bajas tasas de natalidad y mortalidad que se verificaban desde los años sesenta. El cambio en el signo del saldo de los flujos migratorios consagró una ruptura histórica con la tradeicional condición del Uruguay como país de inmigrantes: durante la dictadura, el efecto combinado del exilio político y la emigración por motivos económicos se constituyó en una sangría permanente de recursos humanos que agudizó los efectos de la muy baja tasa de crecimiento vegetativo de la población.

Sin dudas, la emigración por motivos económicos fue una de las consecuencias directas del cambio en las expectativas de bienestar, experimentadas por una parte muy importante de la sociedad uruguaya. Si bien la evolución del Índice de Desarrollo Humano exhibió un progreso continuo durante los años setenta -que mantuvo a Uruguay en las primeras posiciones en el ámbito regional, aunque siempre muy distante de los países de mayor desarrollo en el mundo-, las políticas económicas implementadas en esa época provocaron un severo retorceso en las condiciones de vida de un vasto sector de la población. Dos de los objetivos prioritarios de las políticas, inspiradas en la orientación neoliberal predominante, fueron la contención de la inflación y la reducción de los costos asociados a la fuerza de trabajo. Se esperaba que se estos dos objetivos se lograban, ello estimulara la inversión, sobre todo extranjera, y con ello el país lograría retomar la senda del crecimiento económico.

Aunque la inflación nunca pudo ser llevada a los niveles deseados, a partir de 1973 sí se logró poner fin al largo estancamiento que afectaba la economía uruguaya desde 1957. Se inició entonces una nueva fase de crecimiento económico, pero la crisis financiera de 1982 sumió al país en una recesión de la que no comenzaría a salir hasta 1985, cuando la dictadura ya había concluido. Esa crisis económica tuvo profundas consecuencias sobre la sociedad, visibles entre otros indicadores en el gran aumento del desempleo y de la pobreza. Sin embargo, los efectos adversos del proceso económico sobre las condiciones de vida de los trabajadores no se verificaron únicamente en el momento de la crisis. Por el contrario, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que se había iniciado a fines de los cincuenta al son de la inflación que se instaló junto con el estancamiento productivo, se profundizó aún más en tiempos de crecimiento económico.

A diferencia del período previo a 1973, durante la dictadura, con los sindicatos prohibidos y perseguidos, los trabajadores quedaron completamente desarmados para resisitir y al menos moderar la rebaja del poder adquisitivo de sus salarios. Como fue dicho, lejos de ser una consecuencia indeseada del proceso económico, la contención salarial fue un instrumento deliberadamente utilizado por los conductores de la política económica de la dictadura para contener el proceso inflacionario y estimular la inversión. Como consecuencia, la dictadura fue el escenario de una fuerte transferencia de ingresos de los trabajadores asalariados hacia los empresarios y el Estado. Esto fue así durante y después de la fase de crecimiento económico que se inició en 1973. Con la crisis desatada en 1982 este fenómeno se profundizó todavía más y aunque el esfuerzo de los trabajadores (en particular de las mujeres) para recomponer su capacidad adquisitiva aumentó notablemente, de todos modos más de la tercera parte de la población total quedó por debajo del ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas para sostener una vida digna." (139)