dictadura de Terra

6.2. El avance de la regulación a partir de los treinta

Con respecto al sector agropecuario las medidas impulsadas intensificaron el tono regulador

puesto de manifiesto al final de los años veinte. La creación del Ministerio de Ganadería y

Agricultura en 1935 fue la expresión institucional de la prioridad que el régimen terrista

asignó al sector agropecuario. En su órbita funcionaron diversos organismos de estímulo a

la producción.

Ante los efectos de la crisis sobre el agro, y teniendo en cuenta el apoyo prestado por los

ganaderos al golpe de estado, se rebajó la contribución inmobiliaria rural, se suspendió la

amortización de los prestamos contraídos por los ganaderos con el Banco Hipotecario y, lo

que fue muy favorable para los exportadores, se devaluó la moneda (1935 y 1938) y se les

fijó un tipo de cambió más favorable.

Fue notorio el aumento gradual de la intervención estatal en la comercialización de la

producción. En 1935 se firmó un Convenio comercial con el Reino Unido (Convenio Cosio-

Runciman) que aseguró una cuota en el mercado británico a las carnes uruguayas. Además

se firmaron acuerdos comerciales de canje con Alemania e Italia. A partir de 1939 se

centralizó en el Ministerio de Ganadería, del que pasó a depender la Comisión de Carnes,

todo lo relativo a su exportación.

(...)

En relación al sector industrial se continuó con la tradicional apuesta proteccionista del

batllismo, elevando aranceles y estableciendo prohibiciones para la importación de productos

competitivos con la producción nacional y se volvió al expediente de los privilegios industriales

para promover el desarrollo de nuevas iniciativas y la modernización de las existentes,

aprobándose en 1930 una nueva ley al respecto. El establecimiento en 1931 del Control de

Cambios, abrió un nuevo eje para la promoción de la industria en tanto el Estado contó, a

partir de entonces, con un instrumento que le permitió asignar divisas, imprescindibles

para las importaciones que la industria requería.

La creación de ANCAP en 1931 y la inauguración de la usina termoeléctrica “José Batlle y

Ordónez”, tuvieron fuertes conexiones con la política industrial. En 1937, culminaron las

obras de la refinería de La Teja y en el mismo año se inició la construcción de la represa de

Rincón del Bonete.

El terrismo no rompió en éste, como en muchos otros campos de la política económica,

con la línea de promoción industrial desplegada por el CNA, aún cuando el advenimiento de

la dictadura estuvo fuertemente asentado en el apoyo del sector ganadero a través de sus

expresiones gremiales y políticas.

Al Control de Cambios se le agregó el Contralor de Importaciones, fortaleciendo de esa

forma la capacidad de regulación estatal respecto al monto y al tipo de productos que se

importaban. Cuando en 1941 se estableció el Contralor de Exportaciones e Importaciones,

se completó el conjunto de organismos y reglamentaciones a través de los cuales el Estado

desplegó en los años siguientes una cada vez más afinada regulación del comercio exterior

y, por medio de ella, una creciente transferencia de recursos orientada al estímulo de la

diversificación productiva y de la distribución del ingreso.

En el comercio exterior, la creación del Contralor de Exportaciones e Importaciones (Ley

Nº 10.000 de 10 de enero de 1941) marcó el punto culminante de una acumulación institucional

iniciada a comienzos de los años treinta, que marca, a su vez, una llamativa continuidad en

las políticas del CNA [Consejo Nacional de Administración], el terrismo y el neobatllismo con

referencia al sector. Las atribuciones del Contralor comprendían: el control de la operaciones

de compra y venta con el exterior, fiscalizando el valor de las mismas, así como su origen o

destino; la concesión de permisos de importación de acuerdo a cierto orden de prioridades

(materias primas para alimentos indispensables, para la salud y los servicios públicos,

maquinarias, repuestos, etc.); la asignación individual del cambio a los importadores

contemplando sus necesidades, el personal ocupado, etc.; y la fijación del tipo de cambio

para los importadores (según los mismos criterios) y para los exportadores.

La política monetaria y cambiaria estaba estrechamente vinculada con la regulación del

comercio exterior. La convertibilidad oro del peso uruguayo suspendida en 1914 nunca fue

restablecida. Cuando, en 1935, se puso en marcha el primero de los “revalúos” se “respaldó”

una nueva emisión monetaria destinada a cubrir deuda pública, apoyar al sector exportador

y desarrollar políticas de empleo.

En 1938 se puso en marcha el “segundo revalúo”, al mismo tiempo que se autorizó una

nueva emisión monetaria destinada a cubrir el déficit presupuestal, o pagar servicios de

deuda y a realizar obras públicas. En este mismo año fue aprobada una ley por la que se

reglamentaba la actividad de los bancos privados. Durante la Segunda Guerra Mundial, se

reforzó el papel de autoridad monetaria del Poder Ejecutivo y los problemas generados por

los flujos monetarios hacia el exterior en la inmediata posguerra impulsaron nuevas

definiciones en cuanto al manejo de los asuntos monetarios.

Por último, en lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, en los años treinta no

hubo regulación salarial propiamente dicha, con la única excepción de la industria frigorífica

que tuvo salario mínimo estipulado por ley sancionada en 1930. Hasta 1943, los salarios de

la actividad privada se fijaban en el libre juego del mercado. A partir de ese año, con la

promulgación de la ley que estableció los Consejos de Salarios y Asignaciones Familiares, se

montó un complejo andamiaje institucional al servicio de la regulación salarial. La ley

asignó a estos consejos la fijación de un salario mínimo que asegurase la satisfacción de las

necesidades físicas e intelectuales, a través de la negociación de las partes con la mediación

del Estado. Los sueldos mínimos de los empleados públicos y trabajadores rurales que

quedaban fuera del mecanismo de negociación tripartita del salario, se fijaban por ley. En

los años cuarenta la regulación del costo de la fuerza de trabajo se completó con el antes

mencionado control de precios de artículos de primera necesidad y de los alquileres.

Mientras que el Contralor fue el instrumento mediante el cual se canalizó la transferencia

de recursos desde el sector agro-exportador hacia el sector industrial y el propio Estado, los

Consejos habilitaron la transferencia de ingreso desde el sector empresarial urbano hacia

los asalariados. Por otra parte el Estado, a través de sus políticas sociales (educación, salud,

vivienda, seguridad social, alimentación) y de su dominio industrial y comercial, se volvió él

mismo un vehículo de las transferencias de ingreso hacia los trabajadores rurales y urbanos.

Al considerar los efectos de las regulaciones salariales sobre el nivel de vida de la población,

no puede dejar de considerarse la evolución de las políticas sociales a lo largo del período.

Frente a la desocupación de los primeros años treinta, el terrismo promovió la realización

de obras públicas y, en términos más generales, se expandió el empleo público. Además, el

régimen promovió diversas medidas paliativas de la grave situación social (precios tarifados

y subsidios, rebajas de arrendamientos, comedores populares, expendios municipales).

Todas estas medidas fueron la contracara del autoritarismo y la represión impuesta a la

acción sindical, dando vía libre a la persecución desplegada por las patronales, que dejó sin

defensas a los sectores asalariados frente a la notable caída del salario real durante la

dictadura.

*Instituto de Economía:

“El Uruguay del siglo XX. La Economía”,

EBO – Instituto de Economía, 2003,

págs. 53 - 59