América Latina en el siglo XX

La perspectiva de Carmagnani

Carmagnani, M. (2004) El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización. México: ed. F.C.E.

"La configuración de la esfera de influencia estadounidense en el hemisferio occidental tropieza, sin embargo, con la resuelta resistencia de los movimientos reformistas y gobiernos latinoamericanos, lo que demuestra la profundidad de la penetración del nacionalismo en el seno de las clases medias y populares del subcontinente. Esta reacción obliga al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los años treinta, a mesurar su agresividad y a privilegiar en las relaciones los aspectos financieros y comerciales, con la esperanza de ganarse la buena voluntad de algunos sectores de la élite y de las clases medias latinoamericanas." (283, 284)

"... la política de buena vecindad inaugurada por el presidente Roosevelt en 1933 en el marco del New Deal constituye todo un viraje, puesto que ella considera tanto la necesidad de dialogar con quienes se oponen a la hegemonía estadounidense en el subcontinente, como la de aislar a las áreas latinoamericanas de las influencias fascistas, nazistas y soviéticas. Se trata de una reformulación que no se comprende sin tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial de 1929-1932, la cual, a pesar de todos sus efectos negativos, termina por reequilibrar la asimetría que se venía creando en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina.

El congelamiento de la deuda externa -fundamentalmente en manos de bancos y ahorradores estadounidenses- decidido unilateralmente por los gobiernos latinoamericanos constituye la reacción más significativa a las políticas agresivas de los Estados Unidos. Según estimaciones estadounidenses la moratoria suma el consistente monto de 1.2 mil millones de dólares, equivalente a 5% del valor del comercio mundial de 1929. (...)

La decisión de los gobiernos latinoamericanos es una respuesta a la fuerte presión ejercida por los estadounienses en la Conferencia Interamericana de Washington de 1928, la cual aprobó el arbitraje en materia de deuda externa, como había establecido la Conferencia de La Haya de 1907. Pero la novedad consistía en el hecho de que la misma crisis económica proporcionaba la justificación material del rechazo latinoamericano al arbitraje y de su apego al principio de la soberanía política y financiera. En efecto, no obstante la enorme repercusión del congelamiento de la deuda en Wall Street, los Estados Unidos no reaccionaron con los cañones, como habrían hecho una década antes.

Es muy posible que la débil reacción estadounidense se relacione con la crisis económica y con la tendencia aislacionista que predominaba en la política exterior de Washington en esos años, siguiendo la corriente de la opinión pública especialmente del oeste y el medio oeste del país. Las nuevas relaciones interamericanas planteadas por Roosevelt forman parte entonces de la propuesta americana orientada a superar la crisis del antiguo sistema internacional de matriz europea. La idea de fondo del presidente Roosevelt consiste en crear nuevos mecanismos institucionales flexibles, capaces de relanzar la colaboración internacional mediante una fuerte presencia estadounidense en el mundo. En última instancia esta estrategia buscaba también tranquilizar a la opinión pública nacional, alarmada por la crisis monetaria, el declive definitivo del patrón oro y la irrupción de las potencias totalitarias, conjunto de factores que podían conducir, como efectivamente ocurrirá, a una nueva guerra mundial.(284, 285)

"La política de buena vecindad con América Latina experimenta la estrategia general del New Deal en una región de vital importancia para los intereses estadounidenses. De hecho, ya en la Conferencia Interamericana de Montevideo de 1933 los Estados Unidos aceptan definitivamente el principio de no intervención defendido por los latinoamericanos, al firmar la declaración según la cual 'ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro estado'. En consecuencia, los Estados Unidos deben abrogar la cláusula que los autorizaba a intervenir en Cuba y retirar las tropas que mantenían en Haití desde 1916. Al final de cuentas, la presión latinoamericana y la moratoria de la deuda externa terminan por obligar a los Estados Unidos a dejar de lado el proyecto de esfera de influencia en América Latina.

Un factor que sin duda favorece a América Latina en su querella con los Estados Unidos es la reaparición de Alemania e Italia en el escenario latinoamericano en los años treinta. El crecimiento de la influencia alemana e italiana en el subcontinente obedece en parte a la presencia de estas colectividades europeas en los países latinoamericanos, pero sobre todo a la decisión política de esos países de incrementar los intercambios comerciales con Latinoamérica. En una coyuntura internacional marcada por el abandono del patrón oro por parte de todos los países, Alemania e Italia están desarrollando nuevos instrumentos financieros para dinamizar su comercio. Entre ellos cabe señalar el mecanismo de la compensación bilateral, con el cual se minimiza el uso de la divisa dura y se acentúa el papel de los factores complementarios entre países industriales y países productores de bienes primarios. Gran Bretaña, por su parte, intenta mantener a Argentina en su órbita comercial incluyéndola en el sistema de preferencias imperiales que aseguraba a todos los países del Commonwealth la entrada de sus productos en el mercado británico.

Los estados latinoamericanos supieron cómo conciliar las doctrinas nacionalistas con las potenciales ventajas internacionales derivadas de la situación de aguda competencia entre los países industrializados. Y en función de ello los gobiernos del subcontinente consideraron ventajosa la forma de comercio diferido de bienes industriales por productos semielaborados o materias primas, sistema que les permitía mantener bajo control el gasto en divisas. Los Estados Unidos también tuvieron que crear nuevos mecanismo de compensación, puestos en práctica ante la necesidad de salvar la economía cubana afectada por la caída del precio internacional del azúcar y subvencionar por el mismo motivo a los productores nacionales de azúcar de remolacha. Para superar la crisis, Cuba y los Estados Unidos negocian un nuevo tratado comercial (1934) que aumentaba la cuo0ta de azúcar cubano en el mercado estadounidense a cambio de una reducción de los aranceles cubanos para los bienes de importación. Con el objetivo de generalizar esta nueva interacción comercial y financiera, el gobierno de EUA funda en 1934 el Export-Import Bank-Eximbank, una institución crediticia destinada a financiar a medio y largo plazos, con bajas tasas de interés, la compra de bienes intermedios e insumos en los Estados Unidos por parte de los países latinoamericanos. 

Así como las potencias totalitarias habían creado el comercio diferido, los Estados Unidos inventan el préstamo vinculado. Además del Eximbank, el gobierno estadounidense impulsa la creación de otras dos instituciones concebidas para ayudar a las economías latinoamericanas, el Fondo de Estabilización del Ministerio del Tesoro (1934), que ofrecía dólares destinados a estabilizar el cambio, y la Agencia Federal de Empréstitos (1939) que facilitaba el suministro de bienes de equipo a las empresas públicas y privadas latinoamericanas. A ello se añadirá, tras el estallido de la segunda Guerra Mundial, la extensión al subcontinente del mecanismo, ya otorgado a Gran Gretaña, del Lease-lend Act, por medio del cual se otorgan préstamos de bienes que luego serán adquiridos por los gobiernos. (...) Entre 1934 y 1941, Eximbank concedió créditos de este tipo por un valor de 306 millones de dóalres.

La asistencia de Roosevelt a la Conferencia Panamericana de Buenos Aires en 1936 hace resaltar la importancia de la nueva política estadounidense. En el curso de la Conferencia se explicita el modelo cultural implícito en la política de buena vecindad y se ponen en marcha los nuevos programas de intercambio cultural destinados a americanizar la formación de intelectuales y técnicos latinoamericanos y a nuetralizar las influencias culturales europeas, especialmente las de los países totalitarios." (285-287)

" (...) el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) reorganiza con parámetros corporativos el sistema político surgido de la revolución de 1911. Con el respaldo del nuevo partido revolucionario fundado en 1938 y aprovechando el clima favorable a la imagen del nuevo Estado nacionalista y antiimperialista, Cárdenas nacionaliza el petróleo hasta entonces en manos de las grandes compañías internacionales, dando origen a una empresa estatal que aún funciona como tal, Petróleos de México, Pemex. A pesar de las presiones y la propaganda antimexicana de las compañías expropiadas, encabezadas por Standard Oil, que denunciaban a México como un país bolchevique, el gobierno estadounidense se mantiene nuetral y no sólo no rompe relaciones con México ni le aplica sanciones económicas, sino que presiona para que las compañías petroleras negocien un acuerdo directo con el gobierno mexicano, acuerdo alcanzado efectivamente en 1941." (287, 288)

"... tan sólo en 1941 los países de América Central y el Caribe declaran la guerra al Eje; México y Brasil lo hacen en 1942, Colombia y Bolivia en 1943, mientras que Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela se deciden a declarar la guerra en 1945, prácticamente cuando el conflicto había terminado." (288)

"... América Latina se convierte en el laboratorio de las políticas de la superpotencia estadounidense para los países del Tercer Mundo en la fase de la guerra fría. Sin embargo, el momento inicial de esta fase, entre 1943 y 1948, se caracteriza por la persistencia de antiguos conflictos que se explicitan en la Conferencia Panamericana de Chapultepec (1945), cuando los delegados latinoamericanos se oponen enérgicamente a las propuestas estadounidenses orientadas a liberalizar los intercambios en las áreas americanas, privatizar las empresas estatales surgidas en el período entre las guerras mundiales, apoyar la formación de sindicatos libres y adoptar nuevas políticas comericales para las materias primas. De este enfrentamiento nace un compromiso, con el cual los estadounidenses aceptan las políticas nacionalistas a condición de que los gobiernos latinoamericanos no se aislen excesivamente de la economía mundial y moderen sus tendencias proteccionistas.

La política de los Estados Unidos para América Latina y en general hacia el Tercer Mundo cristaliza a fines de los años cuarenta, a partir del momento en que se adopta la doctrina de contención del expansionismo soviético teorizada por George Kennan. En las relaciones interamericanas dicha doctrina se materializa en el concepto según el cual para proteger al continente americano de la ingerencia del bloque soviético los Estados Unidos debían ayudar económicamente a América Latina sosteniendo los precios de los bienes primarios exportados por el subcontinente y asegurando la libre circulación internacional de los productos latinoamericanos; por su parte los gobiernos latinoamericanos debían comprometerse a desincentivar las políticas que incitaran a una movilización política y psicológica de la opinión pública contra los Estados Unidos.

La guerra fría y la doctrina de la contención dan origen a un sistema de relaciones interamericanas que durará hasta los años sesenta, momento en que los Estados Unidos abandonan la visión liberal-democrática de Roosevelt." (291, 292)

"La participación latinoamericana en el nuevo sistema bipolar surgido de la guerra fría comienza en 1947, al firmarse el tratado de ayuda mutua entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos en el marco de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro. En 1951 el Congreso estadounidense aprueba los programas de asistencia militar, concretizando así el objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos, es decir la organización de la seguridad hemisférica con la participación activa de todos los países del continente." (292)

Conferencia de Bogota de 1948 – Se sientan las bases para la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comienza a funcionar realmente en 1951.

"... el núcleo de las tensiones que se manifiestan tanto al interior de la OEA como en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, las cuales no son más que el reflejo de la divergencia entre el interés estadounidense centrado exclusivamente en la seguridad y el interés estadounidense centrado exlusivamente en la seguridad y el inte´rres latinaomericano que busca únicamente desarrollar la industra e impulsar el crecimiento económico. En la lógica del nacionalismo del período 1950-1970, los latinoamericanos privilegian sólo las ventajas derivadas de la colaboración económica con los Estados Unidos, mientras que estos entienden que la cooperación económica depende de la concertación político-estratégica. El realismo económico latinoamericano obtiene sus frutos con la creación en 1948, contra la oposición estadounidense, de una agencia especial para América Latina en el seno de las Naciones Unidas: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con sede en Santiago de Chile." (293)

"En la Conferencia Panamericana de Caracas (1954), en efecto, todos los países de la región se comprometen a intervenir militarmente en caso que un estado americano fuese amenzado por el 'movimiento comunista internacional". (294)

"En una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos en Washington celebrada en 1958, Brasil, país con una política exterior muy activa, lanza ofensiva conocida como Operación Panamericana, proponiendo una mayor colaboración entre los Estados Unidos y América Latina a fin de mejorar el nivel de vida de la población y acelerar el crecimiento económico del subcontinente. El nuevo programa contemplaba la creación de un organismo financiero para el fomento del desarrollo económico y la formación de un comité encargado de recomendar las medidas a tomar para conseguir una mayor cooperación entre los países de la región y entre éstos y los Estados Unidos. En 1959 se funda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 1960 el presidente Eisenhower se declara dispuesto a apoyar un programa de desarrollo administrado por el BID y en 1961 el presidente Kennedy crea la Alianza para el Progreso, que vinculaba el crecimiento económico a reformas sociales como la reforma agraria, la modernización de los servicios públicos y el mejoramiento del tenor de vida de los habitantes de menores ingresos." (295)

"En 1955 se celebra la primera Conferencia afro-asiática en Bandung, en la que, sin embargo, los nuevos estados no se alinean con las superpotencias y reivindican un sitial en la escena mundial, solicitando además ayuda económica a los países desarrollados. En 1960 los países de África, Asia y América Latina se convierten en mayoría en la asamblea de la ONU y aceleran el proceso de descolonización. Entre 1960 y 1973 la mayor parte de los nuevos Estados concurre a crear el movimiento de los Países No Alineados y reafirma su posición de equidistancia de los dos bloques. Los Países No Alineados consigue hacer sentir su voz en distintas conferencias patrocinadas por las Naciones Unidas y en la Conferencia de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 1964 elaboran una plataforma de reivindicaciones comunes muy similar a las presentadas desde 1948 por América Latina a través de la CEPAL: ayuda técnica y financiera, estabilidad de los precios de las materias primas y asistencia social a los países de más bajos ingresos." (298)

"El hecho de que los países latinoamericanos no se integren masivamente al grupo de los No Alineados obedece, por tanto, a un escaso entusiasmo de la opinión pública por las posiciones neutralistas, ya que ésta demostraba entre 1960 y 1980 un fuerte resentimiento antiestadounidense a causa de las constantes interferencias ejercidas por la superpotencia en los asuntos internos latinoamericanos. A diferencia de los países asiáticos y africanos no alineados, los latinoamericanos no asumen posiciones antieuropeas, sino que más bien intentan en este período un acercamiento a Europa occidental con el objetivo de contrarrestar la influencia estadounidense. En los años sesenta el acercamiento a Europa aparece demostrado por los viajes al subcontinente del presidente francés De Gaulle, de los presidentes italianos Gronchi y Saragat y del canciller alemán Adenauer. A partir de esta diplomacia informal se ponen en marcha una serie de acuerdos destinados a incentivar la diversificación de las importaciones y exportaciones latinoamericanas, acuerdos que se traducirán en los años setenta en un sistema de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los países latinoamericanos.

En la reactivación de las relaciones euro-latinoamericanas juegan un papel importante el abandono de la paridad fija dólar-oro y la crisis del petróleo (1973). En efecto, a partir de este año los principales países latinoamericanos comienzan a recurrir al mercado europeo de capitales, que en los años setenta absorbe la consistente liquidez monetaria generada por los excedentes de los países productores de petróleo y que es considerado como más flexible y que genera menos vínculos en los préstamos en relación al mercado financiero estadounidense. Entre 1973 y 1979 los países latinoamericanos, especialmente Brasil, México, Venezuela, Argentina, Chile y Perú, obtuvieron 65000 millones de dólares en los mercados financieros europeos. Incentivadas por la reactivación de las relaciones con Europa, las tendencias centrífugas latinoamericanas se expresan en el gradual abandono de los proyectos de colaboración interamericana con los Estados Unidos o incluso con todos los países del subcontinente. Tales proyectos se habían traducido en los años sesenta en la creación de nuevas instituciones económicas regionales, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (1969), el Mercado Común Centroamericano (1969) y el Pacto Andino (1969), organismos que intentaron, con resultados en verdad modestos, integrar a países con niveles de desarrollo muy diferentes." (299, 300)

"Los años sesenta y setenta se caracterizan por un intenso desarrollo de políticas informales, ya sea entre los estados latinaomericanos como entre éstos y los Estados Unidos y Europa, y por un retorno a las relaciones bilaterales entre la potencia americana y los países del subcontinente. El auge del bilateralismo se verifica en los años setenta durante la presidencia de Carter, quien prefería resolver los conflictos negociando directamente con cada país e intentando circuscribir los problemas sin recurrir a la OEA. Ejemplo de ello es la negociación con Panamá en 1977 sobre la nacionalización y neutralidad del canal interoceánico, tema en el que no se consultó a los demás países latinoamericanos. Lo mismo ocurre con la acción de contención de la intervención cubana en Angola (1976) y Etiopía (1978), que los Estados Unidos llevan a cabo sin involucrar a los aliados del subcontinente.

Los efectos de la política bilateral se muestran en el gradual alejamiento estadounidense de la OEA e incluso en la disminución de su contribución económica al funcionamiento de esta organización interamericana. Sin embargo, a pesar de la grave crisis financiera que afecta al organismo, los países latinoamericanos incrementan su participación en él, hasta el punto de aprobar en 1979, contra la voluntad de los Estados Unidos, la creación de la corte interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica, con la misión de aplicar el tratado interamericano de derechos humanos aprobado el año anterior. La latinoamericanización de la OEA es evidente a partir de 1980, cuando la institución comienza a pronunciarse a favor de la democratización política. En noviembre de 1980 y por primera vez en su historia, la OEA condena los regímenes autoritarios argentino, chileno, salvadoreño, haitiano, paraguayo y uruguayo, por su constante violación de los derechos humanos, y sólo la amenaza argentina de retirarse de la organización frena un acuerdo favorable para expulsar a estos países del sistema interamericano." (300, 301)

"El proceso de cooperación latinaomericana se orienta así a la construcción de bloques comerciales y de formas políticas regionales que favorezcan la integración del subcontinente. En las últimas décadas han surgido numerosas formas de cooperación política y entre ellas destacan el grupo Contadora, integrado por México, Panamá, Colombia y Venezuela, creado para impulsar el proceso de pacificación en América Central (1983); el grupo de apoyo a Contadora en el que se incluyen Perú, Brasil, Argentina y Uruguay (1985); el grupo de Río de Janeiro, compuesto por los once países que forman el grupo Contadora y el grupo de apoyo (1986); la integración bilateral entre Argentina y Brasil (1986); el tratado firmado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para crear el mercado común de los países del Cono Sur (Mercosur) (1991); el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) firmado por los EEUU, México y Canadá (1992); el Grupo de los Tres compuesto por Colombia, México y Venezuela (1994); la Asociación de los Estados del Caribe (1994). Hasta 1995 los estados americanos había firmado 15 acuerdos de colaboración que involucraban a 30 países, incluído el acuerdo de los 13 países del mercado común del Caribe (Caricom)." (310, 311)

"Los antecedentes del populismo se hallan en el contexto internacional que, tras la crisis de 1929 y la segunda Guerra Mundial, disuelve las relaciones multilaterales construídas a partir del último tercio del siglo XIX gracias a la consolidación del patrón oro, impidiendo de tal manera la libre circulación de capitales y tecnologías y dando origen al proteccionismo y al control cambiario, tendencias que acompañarán la evolución económica latinoamericana hasta finales de la década del setenta. Se trata entonces de un período en el que un marco de expectativas sociales crecientes crea la convicción de que no existen vínculos externos en la definición de las políticas económicas y que la abundancia de capitales internacionales y el control cambiario permitirían la implementación de políticas expansivas. En un comienzo estas nuevas políticas tonificarán efectivamente las economías, creando condiciones para una aumento de la demanda global y de la masa salarial y una redistribución del ingreso." (314)

"... América Latina no sólo es el área extraeuropea más afectada por la reestrucuración económica internacional, sino también la región más perjudicada por la situación de desorden en la economía mundial. Podemos apreciar además que la reactivación económica latinoamericana es sin duda la menos dinámica a nivel internacional. Por otra parte, en los datos relativos al período 1938-1944 se comprueba que la débil reactivación se explica esencialmente por el carácter unidimensional de estas economías, cuya fuerza dinámica reside sólo en el mercado interno. La expansión del consumo descansa exclusivamente en el fomento de la industria de bienes de consumo e intermedios, cuya producción sustituye los bienes que antes se importaban y se expande gracias a la definitiva monetarización de las áreas rurales obtenida a través de la reforma agraria y la colonización del territorio.

Sin embargo, la reactivación económica aparece frenada por una evolución negativa de las exportaciones que limita la disponibilidad de divisas necesarias para importar bienes de capital y materias primas. (317)

"... el PIB per cápita crece 2.5% anual entre 1950 y 1973, mientras en el período posterior registra una fuerte disminución hasta 0.5% anual.

Durante tres décadas la principal fuerza dinámica del crecimiento latinoamericano es la producción industrial. Podemos observar, en efecto, que entre 1940 y 1970 la cuota de la industria en el PIB va aumentando rápidamente y que especialmente en el período 1945-1972 la producción industrial registra altas tasas de crecimiento. Etre estas dos fechas se crea entonces un desfase entre el notable aumento del producto industrial y un modesto crecimiento del PIB, en tanto que en el período subsiguiente el aumento de la producción industrial es inferior al del PIB.

El crecimiento industrial, que en los años sesenta aparecía como la clave de la transformación económica, no era capaz, sin embargo, de generar efectos inducidos sobre el desempeño de los demás sectores económicos." (319, 320)

"En los años treinta concluye una época en la que la inmigración había contribuído notablemente al crecimiento de la población. A partir de ese momento el incremento demográfico depende sólo de factores internos y se acelera marcadamente después de la segunda Guerra Mundial. De los 107 millones de habitantes de 1930 la población se duplica en los años sesenta y vuelve a duplicarse a comienzos del siglo XXI. Como podemos ver en el cuadro, el índice de incremento se eleva entre 1950 y 1970, declina en 1970-1990 y se recupera moderadamente en 1990-2010. Once de los 20 países latinoamericanos, entre los cuales Brasil, Colombia, Perú y Venezuela siguen la evolución general, mientras en cuatro países (Argentina, Cuba, Panamá y Uruguay) la trancisión demográfica se termina ya en los años cincuenta y en dos países (Bolivia y Haití) no ha terminado aún.

La disminución de la mortandad había influído en el crecimiento de la población aún antes de 1930 en Argentina, Cuba y Uruguay, pero en la mayoría de los países este factor empieza a declinar sólo después de 1945, fecha que marca el comienzo de la convergencia demográfica con el modelo occidental, caracterizada en un primer momento por la disminución de la tasa de mortandad y la persistencia de las anteriores tasas de natalidad, factor que determina precisamente el boom demográfico de los años 1940-1970 y parcialmente el crecimiento de los veinte años siguientes. Después de los años ochenta, además de continuar la disminución de la mortandad, la natalidad no disminuye sustancialmente, con el resultado de que el porcentaje de población de menor de 15 años es de 42.5% en los años sesenta, de 37.6% en 1985 y se conocerá una consistente disminución en 2010, cuando representará 27.7%." (354, 355)

"Todavía a comienzos del siglo XX en el campo y en las minas, e incluso en las ciudades latinoamericanas, se pagaban salarios en especie o pseudomonedas que sólo podían ser usadas en las tiendas de las empresas, haciendas o determinados comerciantes, lo que restringía o anulaba la libertad económica de los actores sociales. La represión del consumo y la persistencia de las relaciones de clientelas comenzarán a declinar a partir del boom demográfico de los años cincuenta y la masiva emigración hacia las ciudades.

El rápido crecimiento urbano en el primer tercio del siglo XX se debe tanto a la inmigración externa como a los flujos migratorios internos del campo a la ciudad. El crecimiento de ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre en Brasil, Buenos Aires y Rosario en Argentina y Montevideo en Uruguay obedece sobre todo al aumento de la inmigración europea, mientras que en Santiago de Chile y Valparaíso, Lima en Perú, Bogotá y Barranquilla en Colombia y la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México el fenómeno se explica esencialmente por la emigración desde las zonas rurales de los mismos países." (355, 356)

"La transformación urbana, proceso que acentúa la occidentalización social de América Latina, tiene lugar entre 1950 y 1980, período en que los habitantes de las ciudades pasan de 37 a 69.5% de la población total, con un índice de crecimiento anual de 4.1%, el doble de la tasa demográfica total y cuatro veces superior al índice de incremento de la población rural. Es en esta fase cuando crecen las ciudades intermedias, con población superior a 100000 habitantes e inferior a dos millones, y las ciudades metropolitanas con más de dos millones de habitantes. En 1980 las ciudades intermedias y metropolitanas concentras casi la mitad -46.2%- de la población latinoamericana total.

(...) la nueva tendencia urbana se extiende en primer lugar en las áreas meridionales -Uruguay, Argentina y Chile- y luego en los países grandes y medianos -Brasil, Perú, Venezuela y México, para llegar finalmente a los países pequeños como Ecuador y Haití y en general a las Antillas. En ese período las metrópolis crecen a un ritmo vertiginoso: Bogotá y Caracas a 4.5% anual; Lima, 4.8%; la ciudad de México, 4.5%; Río de Janeiro, 4.7%; Sao Paulo 4%; Santiago de Chile, 5.4%. A pesar del elevado incremento del gasto social y de las inversiones en infraestructuras urbanas, este proceso supone un notable deterioro de las condiciones de vida, con una enorme proliferación de construcción de viviendas provisorias e ilegales. La población asentada en las barriadas miserables de las periferias urbanas aumenta de 330000 a 5.6 millones en la ciudad de México, de 1.4 a 3.3 millones en Lima, de 1.3 a 2.2 millones en Caracas y de 917 a 3.1 millones en Bogotá. A finales de los años setenta se estima que un tercio de la población en Uruguay, Chile, Venezuela y México y casi 50% en Brasil, Paraguay y Guatemala, vive en asentamientos provisorios." (356, 357)

"No obstante la disminución de las tasas demográficas, el continente ha seguido reforzando su dimensión urbana, puesto que la población que vive en ciudades de más de 10000 habitantes aumenta de 65 a 80% entre 1980 y 2000.

(...) la existencia de tres grandes áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes, la ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo. La misma tendencia metropolitana se reproduce en las áreas de Bogotá, Lima y Rio de Janeiro, que concentran a una población de entre cinco y diez millones de habitantes. Comparadas con la ciudad de México y Sao Paulo, las demás ciudades latinoamericanas nos parecen relativamente pequeñas, aunque para los estándares europeos son megalópolis. En 1995 América Latina contaba con once ciudades de más de tres millones de habitantes y con 43 ciudades de más de un millón de habitantes, de las cuales 14 están en brasil y ocho en México. En general, las áreas metropolitanas concentran una proción significativa de las poblaciones nacionales: buenos Aires, 35% de la población argentina; Santiago, 35% de la población chilena; La Habana, 20%; Lima, 27%, y Montevideo, 50.3% de los habitantes de Uruguay." (357)

"La acentuada concentración urbana es, por lo tanto, el resultado de la crisis de los años ochenta y de la reestructuración económica llevada a cabo en la última década. Ambos procesos generan una reorientación del empleo determinada por la disminución de los puestos de trabajo en el aparato estatal, la disminución de las inversiones en obras públicas y la reestructuración industrial. Entre 1980 y 2000 se verifica, además de nuevas reducciones en la población activa en la agricultura, un decrecimiento del empleo en la gran industria, un estancamiento en la pequeña y mediana industria y un incremento constante en el sector servicios, el cual a mediados de los noventa proporciona empleo a 48% de la población económicamente activa.

Otros dos cambios en la estructura ocupacional tienen un impacto importante a nivel social general y urbano en particular. El primero concierne al rápido aumento del desempleo, mucho más extendido que en el período 1960-1970, y el segundo es el fuerte crecimiento de las actividades informales, especialmente en la construcción y el servicio doméstico, pero también en el comercio ambulante y en muchas actividades artesanales. Es muy posible que el trabajo flexible haya favorecido la absorción de mano de obra que el sector formal no llega a emplear porque las nuevas tecnologías expulsan fuerza de trabajo. A finales de siglo las actividades informales proporcionan trabajo a 30-40% de la población activa latinoamericana, de lo que se deduce entonces que, a diferencia de lo que ocurría hasta los años ochenta, el sector informal ya no consiste en la actividad de un genérico subproletariado que tiene que conformarse con un subempleo, sino que es una forma de trabajo que ocupa desde las clases medias a las clases populares, ya que muchas actividades de este sector generan ingresos personales comparables y a veces superiores a los de la economíaformal, con la diferencia de que se trata de trabajos inestables y sin ninguna seguridad social.

El dato que acerca la realidad laboral latinoamericana a la situación que se ha creado en todo el mundo es la pérdida de la seguridad y continuidad en el trabajo y la disminución del porcentaje de mano de obra protegida por instituciones de seguridad social. Esto ocurre no sólo a causa de la creciente masa de trabajadores empleados en el sector informal sino también por la tendencia de las empresas del sector formal a contratar trabajadores a tiempo determinado y ocasionales a fin de mantener los salarios bajos y reducir el costo del trabajo. Aunque no se dispone de mayor información al respecto, esta tendencia estaría favorecida también por la creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral y por factores como la constante reestructuración de las empresas que buscan adquirir competitividad en los mercados nacionales e internacionales, y la pérdida de influencia de los sindicatos en el mercado de trabajo, rasgo típico de la nueva democracia de baja intensidad que caracteriza al subcontinente." (361, 362)

"La occidentalización de la política es también un proceso de discontinuidad en la continuidad, en cuanto condicionado de una parte por las transformaciones en la interacción entre dimensión nacional y dimensión internacional y, de otra, por los cambios ideolóticos, la demanda política y las reivindicaciones de los actores políticos. Puede definirse la primera fase de este proceso, el populismo predominante en el período 1930-1960, como la reacción nacionalista a las dificultades internacionales y como una respuesta a las demandas de derechos colectivos. La segunda, la fase autoritaria predominante entre los años setenta y ochenta, muestra una limitada apertura a la dimensión internacional que busca favorecer exclusivamente a los grupos de interés de la burguesía. Por último, la tercera fase de carácter democrático, se manifiesta a partir de los años noventa e impulsa la convergencia del subcontinente en el contexto de las democracias occidentales." (363)

"La contribución del populismo a la democratización no es a fin de cuentas muy significativa, y podemos constatar que cuando el populismo entra en crisis, a finales de los años sesenta, sus exponentes más relevantes apoyan a los gobiernos autoritarios encabezados por los militares. De hecho el autoritarismo militar de los años setenta y ochenta es una demostración de que las transformaciones políticas producidas en la época populista no lograron eliminar los comportamientos tradicionales de las clases altas y de una parte de la clase media, que había sido la principal beneficiada por las medidas definidas como modernizadoras llevadas a cabo por el populismo." (367)

"... en la época de las reformas electorales que van progresivamente derogando la restricción del analfabetismo (Argentina en 1912, Uruguay en 1918, Colombia en 1936, Venezuela en 1947, Costa Rica en 1949, Chile en 1970, Perú en 1979 y Brasil en 1985) y convirtiendo el voto en un derecho-deber. A su vez, a partir de los años treinta se extienden los derechos políticos a la población femenina (Brasil y Uruguay en 1932, Venezuela en 1945, Argentina en 1947, Chile y Costa Rica en 1949, Colombia en 1954 y Perú en 1979)." (368)

"... la mayor expansión electoral corresponde al período entre 1937 y 1960, o sea durante el populismo, y a partir de 1980, en la fase de la democratización." (368)

"La presencia militar en la vida política del siglo XX se ha manifestado a través de dos formas: la vía pretoriana, mediante la cual algunos sectores militares se alían con grupos civiles con el objetivo de controlar el gobierno, y la vía autoritaria, en la que el poder político es monopolizado por la institución militar, con la participación de grupos tecnocráticos y empresariales. La forma pretoriana predomina en los años treinta y en menor medida en la década subsiguiente, mientras la autoritaria se impone en los años setenta y ochenta. Una característica común de ambas es el debilitamiento del orden constitucional mediante la suspensión por períodos más o menos prolongados de las garantías constitucionales, limitaciones al poder judicial y un fuerte control del poder legislativo.

En los años 1928-1934 la mitad de los países latinoamericanos, entre los cuales Argentina, Brasil, Chile, Peru, Venezuela y las naciones de América Central, se hallan sometidos a gobiernos encabezados o condicionados por militares. El fenómeno se reproduce entre 1944 y 1946, afectando principalmente a los países centroamericanos (Honduras, Nicaragua, El Salvador), de las Antillas (Cuba y Santo Domingo) y a un país de América meridional, Paraguay, todos los cuales permanecen bajo tutela militar hasta 1955.

Una nueva oleada de golpes y regímenes militares sobreviene entre 1960 y 1973 y afecta no sólo a los países centroamericanos sino también a Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, países que seguirán bajo gobiernos castrenses hasta mediados de los años ochenta. Esta última fase autoritaria presenta dos características que la diferencian de las anteriores: es instaurada por la institución militar con el objetivo de oponerse a la eventual expansión soviética y del comunismo revolucionario, y goza del apoyo o tolerancia militar y política de parte de los Estados Unidos." (375, 376)

"... los derechos sociales y colectivos ... la primera constitución latinoamericana que los contempla es la mexicana de 1917, la cual servirá como modelo para las reformas constitucionales de otros países latinoamericanos. La Constitución mexicana contiene dos artículos fundamentales al respecto. El artículo 27 atribuye el derecho prioritario de propiedad a la nación misma y se reserva la propiedad del subsuelo, en virtud de los cual la propiedad privada puede ser expropiada y el subsuelo puede ser concedido en concesión a empresas mexicanas o extranjeras. Gracias a esta norma constitucional los gobiernos populistas mexicanos lograron realizar una imponente reforma agraria que distribuyó 19 millones de hectáreas a unas 800000 familias campesinas entre 1934 y 1940, pudiendo además nacionalizar el petróleo en cuanto recurso estratégico para la industrialización y el desarrollo económico del país. La segunda norma constitucional, el artículo 123, hace posible la regulación del trabajo estableciendo un salario mínimo, la duración de la jornada laboral, control sobre el trabajo de menores de edad y mujeres, derechos sindicales y de huelga y una forma de arbitraje entre empresas y trabajadores para la solución de los conflictos. Este texto, dividido en treinta apartados, influyó en la redacción de las normas que la Organización Internacional del Trabajo comenzaría a defender y propagar algunos años más tarde.

Las conquistas sociales se difunden rápidamente en América Latina entre los años veinte y cuarenta y las normas constitucionales no de quedan en el papel, porque las nuevas organizaciones y partidos de masas presionan a los gobiernos por su aplicación. A fines de los años cincuenta todos los países del subcontinente cuentan con una legislación social progresista y con instituciones que la ponen en práctica. En consecuencia entre los años 1930 y 1960 los países latinoamericanos son los únicos del Tercer Mundo que disponen de normas e instituciones sociales occidentales. Las nuevas leyes laborales modernizan del derecho familiar, permitiendo que las mujeres adquieran sus plenos derechos individuales, incluída la patria potestad, premisa de sus futuros derechos políticos.

El proceso de extensión de los derechos sociales encuentra un límite en las áreas rurales y entre los trabajadores informales no sindicalizados de las ciudades, aproximadamente la mitad de la población activa total. Otra limitación reside en la relativa vigencia de las garantías individuales a causa de los graves defectos del sistema judicial, subordinado muchas veces al ejecutivo y perjudicado por el mermado gasto público destinado a este poder del Estado. Esto explica las frecuentes arbitrariedades de los aparatos administrativos locales, regionales y nacionales en perjuicio de los ciudadanos, los arrestos arbitrarios, las viiolaciones de la libertad individual y del derecho de propiedad. La escasa implantación de la justicia civil, penal, administrativa y laboral afecta tanto a los derechos individuales como colectivos y delata la insuficiente independencia del poder judicial." (377, 378)