lunes, 2 de septiembre de 2019

América Latina en el siglo XX

La perspectiva de Carmagnani

Carmagnani, M. (2004) El otro Occidente. América Latina desde la invasión europea hasta la globalización. México: ed. F.C.E.


"La configuración de la esfera de influencia estadounidense en el hemisferio occidental tropieza, sin embargo, con la resuelta resistencia de los movimientos reformistas y gobiernos latinoamericanos, lo que demuestra la profundidad de la penetración del nacionalismo en el seno de las clases medias y populares del subcontinente. Esta reacción obliga al gobierno de los Estados Unidos, sobre todo a partir de los años treinta, a mesurar su agresividad y a privilegiar en las relaciones los aspectos financieros y comerciales, con la esperanza de ganarse la buena voluntad de algunos sectores de la élite y de las clases medias latinoamericanas." (283, 284)



"... la política de buena vecindad inaugurada por el presidente Roosevelt en 1933 en el marco del New Deal constituye todo un viraje, puesto que ella considera tanto la necesidad de dialogar con quienes se oponen a la hegemonía estadounidense en el subcontinente, como la de aislar a las áreas latinoamericanas de las influencias fascistas, nazistas y soviéticas. Se trata de una reformulación que no se comprende sin tener en cuenta el impacto de la crisis económica mundial de 1929-1932, la cual, a pesar de todos sus efectos negativos, termina por reequilibrar la asimetría que se venía creando en las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina.
El congelamiento de la deuda externa -fundamentalmente en manos de bancos y ahorradores estadounidenses- decidido unilateralmente por los gobiernos latinoamericanos constituye la reacción más significativa a las políticas agresivas de los Estados Unidos. Según estimaciones estadounidenses la moratoria suma el consistente monto de 1.2 mil millones de dólares, equivalente a 5% del valor del comercio mundial de 1929. (...)
La decisión de los gobiernos latinoamericanos es una respuesta a la fuerte presión ejercida por los estadounienses en la Conferencia Interamericana de Washington de 1928, la cual aprobó el arbitraje en materia de deuda externa, como había establecido la Conferencia de La Haya de 1907. Pero la novedad consistía en el hecho de que la misma crisis económica proporcionaba la justificación material del rechazo latinoamericano al arbitraje y de su apego al principio de la soberanía política y financiera. En efecto, no obstante la enorme repercusión del congelamiento de la deuda en Wall Street, los Estados Unidos no reaccionaron con los cañones, como habrían hecho una década antes.
Es muy posible que la débil reacción estadounidense se relacione con la crisis económica y con la tendencia aislacionista que predominaba en la política exterior de Washington en esos años, siguiendo la corriente de la opinión pública especialmente del oeste y el medio oeste del país. Las nuevas relaciones interamericanas planteadas por Roosevelt forman parte entonces de la propuesta americana orientada a superar la crisis del antiguo sistema internacional de matriz europea. La idea de fondo del presidente Roosevelt consiste en crear nuevos mecanismos institucionales flexibles, capaces de relanzar la colaboración internacional mediante una fuerte presencia estadounidense en el mundo. En última instancia esta estrategia buscaba también tranquilizar a la opinión pública nacional, alarmada por la crisis monetaria, el declive definitivo del patrón oro y la irrupción de las potencias totalitarias, conjunto de factores que podían conducir, como efectivamente ocurrirá, a una nueva guerra mundial.(284, 285)


"La política de buena vecindad con América Latina experimenta la estrategia general del New Deal en una región de vital importancia para los intereses estadounidenses. De hecho, ya en la Conferencia Interamericana de Montevideo de 1933 los Estados Unidos aceptan definitivamente el principio de no intervención defendido por los latinoamericanos, al firmar la declaración según la cual 'ningún Estado tiene derecho a intervenir en los asuntos internos o externos de otro estado'. En consecuencia, los Estados Unidos deben abrogar la cláusula que los autorizaba a intervenir en Cuba y retirar las tropas que mantenían en Haití desde 1916. Al final de cuentas, la presión latinoamericana y la moratoria de la deuda externa terminan por obligar a los Estados Unidos a dejar de lado el proyecto de esfera de influencia en América Latina.
Un factor que sin duda favorece a América Latina en su querella con los Estados Unidos es la reaparición de Alemania e Italia en el escenario latinoamericano en los años treinta. El crecimiento de la influencia alemana e italiana en el subcontinente obedece en parte a la presencia de estas colectividades europeas en los países latinoamericanos, pero sobre todo a la decisión política de esos países de incrementar los intercambios comerciales con Latinoamérica. En una coyuntura internacional marcada por el abandono del patrón oro por parte de todos los países, Alemania e Italia están desarrollando nuevos instrumentos financieros para dinamizar su comercio. Entre ellos cabe señalar el mecanismo de la compensación bilateral, con el cual se minimiza el uso de la divisa dura y se acentúa el papel de los factores complementarios entre países industriales y países productores de bienes primarios. Gran Bretaña, por su parte, intenta mantener a Argentina en su órbita comercial incluyéndola en el sistema de preferencias imperiales que aseguraba a todos los países del Commonwealth la entrada de sus productos en el mercado británico.
Los estados latinoamericanos supieron cómo conciliar las doctrinas nacionalistas con las potenciales ventajas internacionales derivadas de la situación de aguda competencia entre los países industrializados. Y en función de ello los gobiernos del subcontinente consideraron ventajosa la forma de comercio diferido de bienes industriales por productos semielaborados o materias primas, sistema que les permitía mantener bajo control el gasto en divisas. Los Estados Unidos también tuvieron que crear nuevos mecanismo de compensación, puestos en práctica ante la necesidad de salvar la economía cubana afectada por la caída del precio internacional del azúcar y subvencionar por el mismo motivo a los productores nacionales de azúcar de remolacha. Para superar la crisis, Cuba y los Estados Unidos negocian un nuevo tratado comercial (1934) que aumentaba la cuo0ta de azúcar cubano en el mercado estadounidense a cambio de una reducción de los aranceles cubanos para los bienes de importación. Con el objetivo de generalizar esta nueva interacción comercial y financiera, el gobierno de EUA funda en 1934 el Export-Import Bank-Eximbank, una institución crediticia destinada a financiar a medio y largo plazos, con bajas tasas de interés, la compra de bienes intermedios e insumos en los Estados Unidos por parte de los países latinoamericanos. 
Así como las potencias totalitarias habían creado el comercio diferido, los Estados Unidos inventan el préstamo vinculado. Además del Eximbank, el gobierno estadounidense impulsa la creación de otras dos instituciones concebidas para ayudar a las economías latinoamericanas, el Fondo de Estabilización del Ministerio del Tesoro (1934), que ofrecía dólares destinados a estabilizar el cambio, y la Agencia Federal de Empréstitos (1939) que facilitaba el suministro de bienes de equipo a las empresas públicas y privadas latinoamericanas. A ello se añadirá, tras el estallido de la segunda Guerra Mundial, la extensión al subcontinente del mecanismo, ya otorgado a Gran Gretaña, del Lease-lend Act, por medio del cual se otorgan préstamos de bienes que luego serán adquiridos por los gobiernos. (...) Entre 1934 y 1941, Eximbank concedió créditos de este tipo por un valor de 306 millones de dóalres.
La asistencia de Roosevelt a la Conferencia Panamericana de Buenos Aires en 1936 hace resaltar la importancia de la nueva política estadounidense. En el curso de la Conferencia se explicita el modelo cultural implícito en la política de buena vecindad y se ponen en marcha los nuevos programas de intercambio cultural destinados a americanizar la formación de intelectuales y técnicos latinoamericanos y a nuetralizar las influencias culturales europeas, especialmente las de los países totalitarios." (285-287)


" (...) el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) reorganiza con parámetros corporativos el sistema político surgido de la revolución de 1911. Con el respaldo del nuevo partido revolucionario fundado en 1938 y aprovechando el clima favorable a la imagen del nuevo Estado nacionalista y antiimperialista, Cárdenas nacionaliza el petróleo hasta entonces en manos de las grandes compañías internacionales, dando origen a una empresa estatal que aún funciona como tal, Petróleos de México, Pemex. A pesar de las presiones y la propaganda antimexicana de las compañías expropiadas, encabezadas por Standard Oil, que denunciaban a México como un país bolchevique, el gobierno estadounidense se mantiene nuetral y no sólo no rompe relaciones con México ni le aplica sanciones económicas, sino que presiona para que las compañías petroleras negocien un acuerdo directo con el gobierno mexicano, acuerdo alcanzado efectivamente en 1941." (287, 288)


"... tan sólo en 1941 los países de América Central y el Caribe declaran la guerra al Eje; México y Brasil lo hacen en 1942, Colombia y Bolivia en 1943, mientras que Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela se deciden a declarar la guerra en 1945, prácticamente cuando el conflicto había terminado." (288)

"... América Latina se convierte en el laboratorio de las políticas de la superpotencia estadounidense para los países del Tercer Mundo en la fase de la guerra fría. Sin embargo, el momento inicial de esta fase, entre 1943 y 1948, se caracteriza por la persistencia de antiguos conflictos que se explicitan en la Conferencia Panamericana de Chapultepec (1945), cuando los delegados latinoamericanos se oponen enérgicamente a las propuestas estadounidenses orientadas a liberalizar los intercambios en las áreas americanas, privatizar las empresas estatales surgidas en el período entre las guerras mundiales, apoyar la formación de sindicatos libres y adoptar nuevas políticas comericales para las materias primas. De este enfrentamiento nace un compromiso, con el cual los estadounidenses aceptan las políticas nacionalistas a condición de que los gobiernos latinoamericanos no se aislen excesivamente de la economía mundial y moderen sus tendencias proteccionistas.
La política de los Estados Unidos para América Latina y en general hacia el Tercer Mundo cristaliza a fines de los años cuarenta, a partir del momento en que se adopta la doctrina de contención del expansionismo soviético teorizada por George Kennan. En las relaciones interamericanas dicha doctrina se materializa en el concepto según el cual para proteger al continente americano de la ingerencia del bloque soviético los Estados Unidos debían ayudar económicamente a América Latina sosteniendo los precios de los bienes primarios exportados por el subcontinente y asegurando la libre circulación internacional de los productos latinoamericanos; por su parte los gobiernos latinoamericanos debían comprometerse a desincentivar las políticas que incitaran a una movilización política y psicológica de la opinión pública contra los Estados Unidos.
La guerra fría y la doctrina de la contención dan origen a un sistema de relaciones interamericanas que durará hasta los años sesenta, momento en que los Estados Unidos abandonan la visión liberal-democrática de Roosevelt." (291, 292)


"La participación latinoamericana en el nuevo sistema bipolar surgido de la guerra fría comienza en 1947, al firmarse el tratado de ayuda mutua entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos en el marco de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro. En 1951 el Congreso estadounidense aprueba los programas de asistencia militar, concretizando así el objetivo principal de la política exterior de los Estados Unidos, es decir la organización de la seguridad hemisférica con la participación activa de todos los países del continente." (292)


Conferencia de Bogota de 1948 – Se sientan las bases para la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA), que comienza a funcionar realmente en 1951.


"... el núcleo de las tensiones que se manifiestan tanto al interior de la OEA como en las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos, las cuales no son más que el reflejo de la divergencia entre el interés estadounidense centrado exclusivamente en la seguridad y el interés estadounidense centrado exlusivamente en la seguridad y el inte´rres latinaomericano que busca únicamente desarrollar la industra e impulsar el crecimiento económico. En la lógica del nacionalismo del período 1950-1970, los latinoamericanos privilegian sólo las ventajas derivadas de la colaboración económica con los Estados Unidos, mientras que estos entienden que la cooperación económica depende de la concertación político-estratégica. El realismo económico latinoamericano obtiene sus frutos con la creación en 1948, contra la oposición estadounidense, de una agencia especial para América Latina en el seno de las Naciones Unidas: la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con sede en Santiago de Chile." (293)



"En la Conferencia Panamericana de Caracas (1954), en efecto, todos los países de la región se comprometen a intervenir militarmente en caso que un estado americano fuese amenzado por el 'movimiento comunista internacional". (294)



"En una reunión informal de ministros de Relaciones Exteriores latinoamericanos en Washington celebrada en 1958, Brasil, país con una política exterior muy activa, lanza ofensiva conocida como Operación Panamericana, proponiendo una mayor colaboración entre los Estados Unidos y América Latina a fin de mejorar el nivel de vida de la población y acelerar el crecimiento económico del subcontinente. El nuevo programa contemplaba la creación de un organismo financiero para el fomento del desarrollo económico y la formación de un comité encargado de recomendar las medidas a tomar para conseguir una mayor cooperación entre los países de la región y entre éstos y los Estados Unidos. En 1959 se funda el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 1960 el presidente Eisenhower se declara dispuesto a apoyar un programa de desarrollo administrado por el BID y en 1961 el presidente Kennedy crea la Alianza para el Progreso, que vinculaba el crecimiento económico a reformas sociales como la reforma agraria, la modernización de los servicios públicos y el mejoramiento del tenor de vida de los habitantes de menores ingresos." (295)


"En 1955 se celebra la primera Conferencia afro-asiática en Bandung, en la que, sin embargo, los nuevos estados no se alinean con las superpotencias y reivindican un sitial en la escena mundial, solicitando además ayuda económica a los países desarrollados. En 1960 los países de África, Asia y América Latina se convierten en mayoría en la asamblea de la ONU y aceleran el proceso de descolonización. Entre 1960 y 1973 la mayor parte de los nuevos Estados concurre a crear el movimiento de los Países No Alineados y reafirma su posición de equidistancia de los dos bloques. Los Países No Alineados consigue hacer sentir su voz en distintas conferencias patrocinadas por las Naciones Unidas y en la Conferencia de Comercio y Desarrollo (UNCTAD) de 1964 elaboran una plataforma de reivindicaciones comunes muy similar a las presentadas desde 1948 por América Latina a través de la CEPAL: ayuda técnica y financiera, estabilidad de los precios de las materias primas y asistencia social a los países de más bajos ingresos." (298)


"El hecho de que los países latinoamericanos no se integren masivamente al grupo de los No Alineados obedece, por tanto, a un escaso entusiasmo de la opinión pública por las posiciones neutralistas, ya que ésta demostraba entre 1960 y 1980 un fuerte resentimiento antiestadounidense a causa de las constantes interferencias ejercidas por la superpotencia en los asuntos internos latinoamericanos. A diferencia de los países asiáticos y africanos no alineados, los latinoamericanos no asumen posiciones antieuropeas, sino que más bien intentan en este período un acercamiento a Europa occidental con el objetivo de contrarrestar la influencia estadounidense. En los años sesenta el acercamiento a Europa aparece demostrado por los viajes al subcontinente del presidente francés De Gaulle, de los presidentes italianos Gronchi y Saragat y del canciller alemán Adenauer. A partir de esta diplomacia informal se ponen en marcha una serie de acuerdos destinados a incentivar la diversificación de las importaciones y exportaciones latinoamericanas, acuerdos que se traducirán en los años setenta en un sistema de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y los países latinoamericanos.
En la reactivación de las relaciones euro-latinoamericanas juegan un papel importante el abandono de la paridad fija dólar-oro y la crisis del petróleo (1973). En efecto, a partir de este año los principales países latinoamericanos comienzan a recurrir al mercado europeo de capitales, que en los años setenta absorbe la consistente liquidez monetaria generada por los excedentes de los países productores de petróleo y que es considerado como más flexible y que genera menos vínculos en los préstamos en relación al mercado financiero estadounidense. Entre 1973 y 1979 los países latinoamericanos, especialmente Brasil, México, Venezuela, Argentina, Chile y Perú, obtuvieron 65000 millones de dólares en los mercados financieros europeos. Incentivadas por la reactivación de las relaciones con Europa, las tendencias centrífugas latinoamericanas se expresan en el gradual abandono de los proyectos de colaboración interamericana con los Estados Unidos o incluso con todos los países del subcontinente. Tales proyectos se habían traducido en los años sesenta en la creación de nuevas instituciones económicas regionales, como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (1969), el Mercado Común Centroamericano (1969) y el Pacto Andino (1969), organismos que intentaron, con resultados en verdad modestos, integrar a países con niveles de desarrollo muy diferentes." (299, 300)


"Los años sesenta y setenta se caracterizan por un intenso desarrollo de políticas informales, ya sea entre los estados latinaomericanos como entre éstos y los Estados Unidos y Europa, y por un retorno a las relaciones bilaterales entre la potencia americana y los países del subcontinente. El auge del bilateralismo se verifica en los años setenta durante la presidencia de Carter, quien prefería resolver los conflictos negociando directamente con cada país e intentando circuscribir los problemas sin recurrir a la OEA. Ejemplo de ello es la negociación con Panamá en 1977 sobre la nacionalización y neutralidad del canal interoceánico, tema en el que no se consultó a los demás países latinoamericanos. Lo mismo ocurre con la acción de contención de la intervención cubana en Angola (1976) y Etiopía (1978), que los Estados Unidos llevan a cabo sin involucrar a los aliados del subcontinente.
Los efectos de la política bilateral se muestran en el gradual alejamiento estadounidense de la OEA e incluso en la disminución de su contribución económica al funcionamiento de esta organización interamericana. Sin embargo, a pesar de la grave crisis financiera que afecta al organismo, los países latinoamericanos incrementan su participación en él, hasta el punto de aprobar en 1979, contra la voluntad de los Estados Unidos, la creación de la corte interamericana de derechos humanos con sede en San José de Costa Rica, con la misión de aplicar el tratado interamericano de derechos humanos aprobado el año anterior. La latinoamericanización de la OEA es evidente a partir de 1980, cuando la institución comienza a pronunciarse a favor de la democratización política. En noviembre de 1980 y por primera vez en su historia, la OEA condena los regímenes autoritarios argentino, chileno, salvadoreño, haitiano, paraguayo y uruguayo, por su constante violación de los derechos humanos, y sólo la amenaza argentina de retirarse de la organización frena un acuerdo favorable para expulsar a estos países del sistema interamericano." (300, 301)


"El proceso de cooperación latinaomericana se orienta así a la construcción de bloques comerciales y de formas políticas regionales que favorezcan la integración del subcontinente. En las últimas décadas han surgido numerosas formas de cooperación política y entre ellas destacan el grupo Contadora, integrado por México, Panamá, Colombia y Venezuela, creado para impulsar el proceso de pacificación en América Central (1983); el grupo de apoyo a Contadora en el que se incluyen Perú, Brasil, Argentina y Uruguay (1985); el grupo de Río de Janeiro, compuesto por los once países que forman el grupo Contadora y el grupo de apoyo (1986); la integración bilateral entre Argentina y Brasil (1986); el tratado firmado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay para crear el mercado común de los países del Cono Sur (Mercosur) (1991); el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) firmado por los EEUU, México y Canadá (1992); el Grupo de los Tres compuesto por Colombia, México y Venezuela (1994); la Asociación de los Estados del Caribe (1994). Hasta 1995 los estados americanos había firmado 15 acuerdos de colaboración que involucraban a 30 países, incluído el acuerdo de los 13 países del mercado común del Caribe (Caricom)." (310, 311)


"Los antecedentes del populismo se hallan en el contexto internacional que, tras la crisis de 1929 y la segunda Guerra Mundial, disuelve las relaciones multilaterales construídas a partir del último tercio del siglo XIX gracias a la consolidación del patrón oro, impidiendo de tal manera la libre circulación de capitales y tecnologías y dando origen al proteccionismo y al control cambiario, tendencias que acompañarán la evolución económica latinoamericana hasta finales de la década del setenta. Se trata entonces de un período en el que un marco de expectativas sociales crecientes crea la convicción de que no existen vínculos externos en la definición de las políticas económicas y que la abundancia de capitales internacionales y el control cambiario permitirían la implementación de políticas expansivas. En un comienzo estas nuevas políticas tonificarán efectivamente las economías, creando condiciones para una aumento de la demanda global y de la masa salarial y una redistribución del ingreso." (314)

"... América Latina no sólo es el área extraeuropea más afectada por la reestrucuración económica internacional, sino también la región más perjudicada por la situación de desorden en la economía mundial. Podemos apreciar además que la reactivación económica latinoamericana es sin duda la menos dinámica a nivel internacional. Por otra parte, en los datos relativos al período 1938-1944 se comprueba que la débil reactivación se explica esencialmente por el carácter unidimensional de estas economías, cuya fuerza dinámica reside sólo en el mercado interno. La expansión del consumo descansa exclusivamente en el fomento de la industria de bienes de consumo e intermedios, cuya producción sustituye los bienes que antes se importaban y se expande gracias a la definitiva monetarización de las áreas rurales obtenida a través de la reforma agraria y la colonización del territorio.
Sin embargo, la reactivación económica aparece frenada por una evolución negativa de las exportaciones que limita la disponibilidad de divisas necesarias para importar bienes de capital y materias primas. (317)


"... el PIB per cápita crece 2.5% anual entre 1950 y 1973, mientras en el período posterior registra una fuerte disminución hasta 0.5% anual.
Durante tres décadas la principal fuerza dinámica del crecimiento latinoamericano es la producción industrial. Podemos observar, en efecto, que entre 1940 y 1970 la cuota de la industria en el PIB va aumentando rápidamente y que especialmente en el período 1945-1972 la producción industrial registra altas tasas de crecimiento. Etre estas dos fechas se crea entonces un desfase entre el notable aumento del producto industrial y un modesto crecimiento del PIB, en tanto que en el período subsiguiente el aumento de la producción industrial es inferior al del PIB.
El crecimiento industrial, que en los años sesenta aparecía como la clave de la transformación económica, no era capaz, sin embargo, de generar efectos inducidos sobre el desempeño de los demás sectores económicos." (319, 320)

"En los años treinta concluye una época en la que la inmigración había contribuído notablemente al crecimiento de la población. A partir de ese momento el incremento demográfico depende sólo de factores internos y se acelera marcadamente después de la segunda Guerra Mundial. De los 107 millones de habitantes de 1930 la población se duplica en los años sesenta y vuelve a duplicarse a comienzos del siglo XXI. Como podemos ver en el cuadro, el índice de incremento se eleva entre 1950 y 1970, declina en 1970-1990 y se recupera moderadamente en 1990-2010. Once de los 20 países latinoamericanos, entre los cuales Brasil, Colombia, Perú y Venezuela siguen la evolución general, mientras en cuatro países (Argentina, Cuba, Panamá y Uruguay) la trancisión demográfica se termina ya en los años cincuenta y en dos países (Bolivia y Haití) no ha terminado aún.
La disminución de la mortandad había influído en el crecimiento de la población aún antes de 1930 en Argentina, Cuba y Uruguay, pero en la mayoría de los países este factor empieza a declinar sólo después de 1945, fecha que marca el comienzo de la convergencia demográfica con el modelo occidental, caracterizada en un primer momento por la disminución de la tasa de mortandad y la persistencia de las anteriores tasas de natalidad, factor que determina precisamente el boom demográfico de los años 1940-1970 y parcialmente el crecimiento de los veinte años siguientes. Después de los años ochenta, además de continuar la disminución de la mortandad, la natalidad no disminuye sustancialmente, con el resultado de que el porcentaje de población de menor de 15 años es de 42.5% en los años sesenta, de 37.6% en 1985 y se conocerá una consistente disminución en 2010, cuando representará 27.7%." (354, 355)



"Todavía a comienzos del siglo XX en el campo y en las minas, e incluso en las ciudades latinoamericanas, se pagaban salarios en especie o pseudomonedas que sólo podían ser usadas en las tiendas de las empresas, haciendas o determinados comerciantes, lo que restringía o anulaba la libertad económica de los actores sociales. La represión del consumo y la persistencia de las relaciones de clientelas comenzarán a declinar a partir del boom demográfico de los años cincuenta y la masiva emigración hacia las ciudades.
El rápido crecimiento urbano en el primer tercio del siglo XX se debe tanto a la inmigración externa como a los flujos migratorios internos del campo a la ciudad. El crecimiento de ciudades como Sao Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre en Brasil, Buenos Aires y Rosario en Argentina y Montevideo en Uruguay obedece sobre todo al aumento de la inmigración europea, mientras que en Santiago de Chile y Valparaíso, Lima en Perú, Bogotá y Barranquilla en Colombia y la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en México el fenómeno se explica esencialmente por la emigración desde las zonas rurales de los mismos países." (355, 356)


"La transformación urbana, proceso que acentúa la occidentalización social de América Latina, tiene lugar entre 1950 y 1980, período en que los habitantes de las ciudades pasan de 37 a 69.5% de la población total, con un índice de crecimiento anual de 4.1%, el doble de la tasa demográfica total y cuatro veces superior al índice de incremento de la población rural. Es en esta fase cuando crecen las ciudades intermedias, con población superior a 100000 habitantes e inferior a dos millones, y las ciudades metropolitanas con más de dos millones de habitantes. En 1980 las ciudades intermedias y metropolitanas concentras casi la mitad -46.2%- de la población latinoamericana total.
(...) la nueva tendencia urbana se extiende en primer lugar en las áreas meridionales -Uruguay, Argentina y Chile- y luego en los países grandes y medianos -Brasil, Perú, Venezuela y México, para llegar finalmente a los países pequeños como Ecuador y Haití y en general a las Antillas. En ese período las metrópolis crecen a un ritmo vertiginoso: Bogotá y Caracas a 4.5% anual; Lima, 4.8%; la ciudad de México, 4.5%; Río de Janeiro, 4.7%; Sao Paulo 4%; Santiago de Chile, 5.4%. A pesar del elevado incremento del gasto social y de las inversiones en infraestructuras urbanas, este proceso supone un notable deterioro de las condiciones de vida, con una enorme proliferación de construcción de viviendas provisorias e ilegales. La población asentada en las barriadas miserables de las periferias urbanas aumenta de 330000 a 5.6 millones en la ciudad de México, de 1.4 a 3.3 millones en Lima, de 1.3 a 2.2 millones en Caracas y de 917 a 3.1 millones en Bogotá. A finales de los años setenta se estima que un tercio de la población en Uruguay, Chile, Venezuela y México y casi 50% en Brasil, Paraguay y Guatemala, vive en asentamientos provisorios." (356, 357)


"No obstante la disminución de las tasas demográficas, el continente ha seguido reforzando su dimensión urbana, puesto que la población que vive en ciudades de más de 10000 habitantes aumenta de 65 a 80% entre 1980 y 2000.
(...) la existencia de tres grandes áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes, la ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo. La misma tendencia metropolitana se reproduce en las áreas de Bogotá, Lima y Rio de Janeiro, que concentran a una población de entre cinco y diez millones de habitantes. Comparadas con la ciudad de México y Sao Paulo, las demás ciudades latinoamericanas nos parecen relativamente pequeñas, aunque para los estándares europeos son megalópolis. En 1995 América Latina contaba con once ciudades de más de tres millones de habitantes y con 43 ciudades de más de un millón de habitantes, de las cuales 14 están en brasil y ocho en México. En general, las áreas metropolitanas concentran una proción significativa de las poblaciones nacionales: buenos Aires, 35% de la población argentina; Santiago, 35% de la población chilena; La Habana, 20%; Lima, 27%, y Montevideo, 50.3% de los habitantes de Uruguay." (357)


"La acentuada concentración urbana es, por lo tanto, el resultado de la crisis de los años ochenta y de la reestructuración económica llevada a cabo en la última década. Ambos procesos generan una reorientación del empleo determinada por la disminución de los puestos de trabajo en el aparato estatal, la disminución de las inversiones en obras públicas y la reestructuración industrial. Entre 1980 y 2000 se verifica, además de nuevas reducciones en la población activa en la agricultura, un decrecimiento del empleo en la gran industria, un estancamiento en la pequeña y mediana industria y un incremento constante en el sector servicios, el cual a mediados de los noventa proporciona empleo a 48% de la población económicamente activa.
Otros dos cambios en la estructura ocupacional tienen un impacto importante a nivel social general y urbano en particular. El primero concierne al rápido aumento del desempleo, mucho más extendido que en el período 1960-1970, y el segundo es el fuerte crecimiento de las actividades informales, especialmente en la construcción y el servicio doméstico, pero también en el comercio ambulante y en muchas actividades artesanales. Es muy posible que el trabajo flexible haya favorecido la absorción de mano de obra que el sector formal no llega a emplear porque las nuevas tecnologías expulsan fuerza de trabajo. A finales de siglo las actividades informales proporcionan trabajo a 30-40% de la población activa latinoamericana, de lo que se deduce entonces que, a diferencia de lo que ocurría hasta los años ochenta, el sector informal ya no consiste en la actividad de un genérico subproletariado que tiene que conformarse con un subempleo, sino que es una forma de trabajo que ocupa desde las clases medias a las clases populares, ya que muchas actividades de este sector generan ingresos personales comparables y a veces superiores a los de la economíaformal, con la diferencia de que se trata de trabajos inestables y sin ninguna seguridad social.
El dato que acerca la realidad laboral latinoamericana a la situación que se ha creado en todo el mundo es la pérdida de la seguridad y continuidad en el trabajo y la disminución del porcentaje de mano de obra protegida por instituciones de seguridad social. Esto ocurre no sólo a causa de la creciente masa de trabajadores empleados en el sector informal sino también por la tendencia de las empresas del sector formal a contratar trabajadores a tiempo determinado y ocasionales a fin de mantener los salarios bajos y reducir el costo del trabajo. Aunque no se dispone de mayor información al respecto, esta tendencia estaría favorecida también por la creciente inserción de las mujeres en el mercado laboral y por factores como la constante reestructuración de las empresas que buscan adquirir competitividad en los mercados nacionales e internacionales, y la pérdida de influencia de los sindicatos en el mercado de trabajo, rasgo típico de la nueva democracia de baja intensidad que caracteriza al subcontinente." (361, 362)


"La occidentalización de la política es también un proceso de discontinuidad en la continuidad, en cuanto condicionado de una parte por las transformaciones en la interacción entre dimensión nacional y dimensión internacional y, de otra, por los cambios ideolóticos, la demanda política y las reivindicaciones de los actores políticos. Puede definirse la primera fase de este proceso, el populismo predominante en el período 1930-1960, como la reacción nacionalista a las dificultades internacionales y como una respuesta a las demandas de derechos colectivos. La segunda, la fase autoritaria predominante entre los años setenta y ochenta, muestra una limitada apertura a la dimensión internacional que busca favorecer exclusivamente a los grupos de interés de la burguesía. Por último, la tercera fase de carácter democrático, se manifiesta a partir de los años noventa e impulsa la convergencia del subcontinente en el contexto de las democracias occidentales." (363)


"La contribución del populismo a la democratización no es a fin de cuentas muy significativa, y podemos constatar que cuando el populismo entra en crisis, a finales de los años sesenta, sus exponentes más relevantes apoyan a los gobiernos autoritarios encabezados por los militares. De hecho el autoritarismo militar de los años setenta y ochenta es una demostración de que las transformaciones políticas producidas en la época populista no lograron eliminar los comportamientos tradicionales de las clases altas y de una parte de la clase media, que había sido la principal beneficiada por las medidas definidas como modernizadoras llevadas a cabo por el populismo." (367)


"... en la época de las reformas electorales que van progresivamente derogando la restricción del analfabetismo (Argentina en 1912, Uruguay en 1918, Colombia en 1936, Venezuela en 1947, Costa Rica en 1949, Chile en 1970, Perú en 1979 y Brasil en 1985) y convirtiendo el voto en un derecho-deber. A su vez, a partir de los años treinta se extienden los derechos políticos a la población femenina (Brasil y Uruguay en 1932, Venezuela en 1945, Argentina en 1947, Chile y Costa Rica en 1949, Colombia en 1954 y Perú en 1979)." (368)


"... la mayor expansión electoral corresponde al período entre 1937 y 1960, o sea durante el populismo, y a partir de 1980, en la fase de la democratización." (368)


"La presencia militar en la vida política del siglo XX se ha manifestado a través de dos formas: la vía pretoriana, mediante la cual algunos sectores militares se alían con grupos civiles con el objetivo de controlar el gobierno, y la vía autoritaria, en la que el poder político es monopolizado por la institución militar, con la participación de grupos tecnocráticos y empresariales. La forma pretoriana predomina en los años treinta y en menor medida en la década subsiguiente, mientras la autoritaria se impone en los años setenta y ochenta. Una característica común de ambas es el debilitamiento del orden constitucional mediante la suspensión por períodos más o menos prolongados de las garantías constitucionales, limitaciones al poder judicial y un fuerte control del poder legislativo.
En los años 1928-1934 la mitad de los países latinoamericanos, entre los cuales Argentina, Brasil, Chile, Peru, Venezuela y las naciones de América Central, se hallan sometidos a gobiernos encabezados o condicionados por militares. El fenómeno se reproduce entre 1944 y 1946, afectando principalmente a los países centroamericanos (Honduras, Nicaragua, El Salvador), de las Antillas (Cuba y Santo Domingo) y a un país de América meridional, Paraguay, todos los cuales permanecen bajo tutela militar hasta 1955.
Una nueva oleada de golpes y regímenes militares sobreviene entre 1960 y 1973 y afecta no sólo a los países centroamericanos sino también a Argentina, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, países que seguirán bajo gobiernos castrenses hasta mediados de los años ochenta. Esta última fase autoritaria presenta dos características que la diferencian de las anteriores: es instaurada por la institución militar con el objetivo de oponerse a la eventual expansión soviética y del comunismo revolucionario, y goza del apoyo o tolerancia militar y política de parte de los Estados Unidos." (375, 376)



"... los derechos sociales y colectivos ... la primera constitución latinoamericana que los contempla es la mexicana de 1917, la cual servirá como modelo para las reformas constitucionales de otros países latinoamericanos. La Constitución mexicana contiene dos artículos fundamentales al respecto. El artículo 27 atribuye el derecho prioritario de propiedad a la nación misma y se reserva la propiedad del subsuelo, en virtud de los cual la propiedad privada puede ser expropiada y el subsuelo puede ser concedido en concesión a empresas mexicanas o extranjeras. Gracias a esta norma constitucional los gobiernos populistas mexicanos lograron realizar una imponente reforma agraria que distribuyó 19 millones de hectáreas a unas 800000 familias campesinas entre 1934 y 1940, pudiendo además nacionalizar el petróleo en cuanto recurso estratégico para la industrialización y el desarrollo económico del país. La segunda norma constitucional, el artículo 123, hace posible la regulación del trabajo estableciendo un salario mínimo, la duración de la jornada laboral, control sobre el trabajo de menores de edad y mujeres, derechos sindicales y de huelga y una forma de arbitraje entre empresas y trabajadores para la solución de los conflictos. Este texto, dividido en treinta apartados, influyó en la redacción de las normas que la Organización Internacional del Trabajo comenzaría a defender y propagar algunos años más tarde.
Las conquistas sociales se difunden rápidamente en América Latina entre los años veinte y cuarenta y las normas constitucionales no de quedan en el papel, porque las nuevas organizaciones y partidos de masas presionan a los gobiernos por su aplicación. A fines de los años cincuenta todos los países del subcontinente cuentan con una legislación social progresista y con instituciones que la ponen en práctica. En consecuencia entre los años 1930 y 1960 los países latinoamericanos son los únicos del Tercer Mundo que disponen de normas e instituciones sociales occidentales. Las nuevas leyes laborales modernizan del derecho familiar, permitiendo que las mujeres adquieran sus plenos derechos individuales, incluída la patria potestad, premisa de sus futuros derechos políticos.
El proceso de extensión de los derechos sociales encuentra un límite en las áreas rurales y entre los trabajadores informales no sindicalizados de las ciudades, aproximadamente la mitad de la población activa total. Otra limitación reside en la relativa vigencia de las garantías individuales a causa de los graves defectos del sistema judicial, subordinado muchas veces al ejecutivo y perjudicado por el mermado gasto público destinado a este poder del Estado. Esto explica las frecuentes arbitrariedades de los aparatos administrativos locales, regionales y nacionales en perjuicio de los ciudadanos, los arrestos arbitrarios, las viiolaciones de la libertad individual y del derecho de propiedad. La escasa implantación de la justicia civil, penal, administrativa y laboral afecta tanto a los derechos individuales como colectivos y delata la insuficiente independencia del poder judicial." (377, 378)

martes, 14 de noviembre de 2017

la sociedad uruguaya durante la dictadura

"... la población total de Uruguay pasó de 2788429 habitantes en 1975 a 2955241 en 1985. Esto significa que siendo una población pequeña -una de las más pequeñas en América Latina-, su ritmo de crecimiento era además extremadamente lento, ubicándose en el orden de 0,6% anual. Si se tiene en cuenta que el censo de 1963 había registrado un total de 2595510 residentes, puede concluirse que esta baja tasa de crecimiento poblacional ya estaba instalada al menos desde la década anterior a la instauración de la dictadura. En efecto, la tasa de crecimiento anual entre 1963 y 1975 fue la misma que entre 1975 y 1985. Esta baja tasa de crecimiento de la población fue consecuencia del fuerte descenso de la natalidad proucido a lo largo del siglo XX. Pero ello se vio reforzado desde los años sesenta por la reversión del signo de los movimientos migratorios, que se volvió sistemáticamente negativo. En efecto, el saldo de los movimientos de población desde y hacia Uruguay significó una pérdida neta de 3% de la población entre 1975 y 1985, que se agregó a la pérdida de 6% registrada entre los censos de 1963 y 1975 (Calvo y Mieres 2007: 88)." 
Yaffé, J. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House. (p. 125)

"... la evolución del salario real evidencia un fuerte y continuado deterioro entre 1973 y 1985, que profundizó el que ya se venía produciendo en forma casi ininterrumpida desde la segunda mitad de los años cincuenta. En los dos años finales de la dictadura el valor del índice medio del salario real llegó a ubicarse en 57% con respecto al de 1973. Esto significa que a una década de la instauración del régimen dictatorial, el poder de compra de los salarios había disminuído casi a la mitad.
(... ) la mayor caída del salario real durante la dictadura se produjo simultáneamentej con el crecimiento económico entre 1973 y 1979; se detuvo en 1980 y 1981 y luego con la crisis de 1982-1984 siguió cayendo. Esta convivencia de la expansión de la riqueza total generada por el país con el deterioro de los salarios, produjo una notable traslación de ingresos de los trabajadores en favor de las ganancias empresariales y, en mucho menor medida, también del Estado. En el quinquenio 1968-1972 los salarios representaban 41% del valor del PBI uruguayo; en 1979 -séptimo año de crecimiento económico-, habían caído a 25% del PBI (Terra y Hopenhaym, 1986: 54).
(...) En 1962 los salarios representaban 54% del PBI, los beneficios empresariales 37% y los impuestos recaudados por el Estado 9%; en 1984 la distribución se había invertido completamente perjuicio de los trabajdores: 33%, 53% y 14% respectivamente. " (131, 132)


"... hacia el final de la dictadura, al menos en el ámbito urbano, la totalidad de las personas pertenecientes al quintil inferior de ingresos y buena parte de las ubicadas en el segundo quintil, se encontraban en situación de pobreza. En el año 1981 9% de los hogares y 13% de las personas residentes en la ciudad de Montevideo se encontraban por debajo de la línea de pobreza (Filgueira, 1994: 127-128). Según la misma fuente, tres años más tarde esos valores se habían más que duplicado. En 1984 21% de los hogares y 28% de los habitantes de la ciudad de Montevideo se encontraba en situación de pobreza. También se encontraba por debajo de la línea de pobreza 32% de los hogares del resto del país urbano. Por tanto, en el conjunto de la población urbana, entre la quinta y la tercera parte de las familias estaban en situación de pobreza en el año final de la dictadura.
Aunque a la vista estas cifras de pobreza, resulta claro que muchos fracasaron en el intento, es igualmente cierto que, al tiempo que se instaló una fuerte corriente de emigración por motivos económicos, las familias hicieron un gran esfuerzo para compensar mediante el sobretrabajo el impactante deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En efecto, durante el período dictatorial se verificó un aumento del número de horas de trabajo por trabajador, lo cual se relaciona a su vez con el crecimiento del multiempleo y el informalismo laboral. A su vez, se incrementó notoriamente la participación femenina en el mercado laboral. Aunque este fenómeno responde además a otras causas de tipo sociocultural, es indudable que, al igual que el multiempleo, fue una de las estrategias de las familias para amortiguar los efectos de la caída del poder adquisitivo de los salarios mediante la búsqueda de nuevos ingresos por trabajo." (133, 134)

 "El período comprendido entre 1973 y 1985 fue para Uruguay un momento de exacerbación extrema de la violencia política estatal desplegada en el marco de un régimen dictatorial que se instauró como culminación de la transición autoritaria iniciada hacia 1967. Los sectores populares organizados fueron duramente reprimidos, sus organizaciones colectivas desmanteladas y sus demandas acalladas en el contexto de un sistema de control social y político que por momentos evidenció pretensiones totalitarias y terroristas. En cambio las organizaciones representativas del empresariado, no fueron afectadas en sus capacidades de acción y representación de intereses. Por el contrario, mantuvieron una posición privilegiada como interlocutoras de los conductores de la política económica y financiera del régimen, lo que les permitió incluso dar a conocer públicamente sus opiniones críticas ante orientaciones o medidas puntuales que los afectaban.
Aunque varios de sus dirigentes y asesores lo hicieron a título individual, ocupando incluso altos cargos en el gobierno y la administración pública, las cámaras empresariales nunca declararon su apoyo corporativo al régimen dictatorial como tal. Esnotoro que desde el punto de vista económico los empresarios se beneficiaron ampliamente de la represión antisindical y de la política salarial llevadas a cabo por el régimen. Sin embargo, testimonios de sindicalistas de la época evocan una actitud ambivalente y contradictoria en lo que tiene que ver con la disposición empresarial a colaborar con la represión de los trabajadores (Rico et al 2005, págs. 47-48). En general, las cámaras empresariales saludaron las medidas económicas del gobierno cuando los beneficiaban, pero no silenciaron su voz crítica cuando los perjudicaban. Esta es la actitud que se puede verificar tanto en el caso de la Cámara de Industrias como en el de la Federación Rural, cuyas críticas a la política económica fueron recurrentes, en particular a partir de 1978. Probablemente la única excepción en este sentido haya sido la de la Asociación de Bancos, cuyo silencio complaciente se mantuvo constante. Incluso, y sobre todo, durante la crisis que contextualizaó la transición a la democracia, cuando el salvataje del sistema financiero fue el objetivo prioritario de la estrategia de supervivencia desplegada por la dictadura en su fase final (Notaro, 1984: 184).
El período 1973-1985 constituyó un momento de confirmación de las orientaciones económicas de corte neoliberal, que venían ensayándose en forma parcial y con muchas dificultades desde 1959 como respuesta a la crisis de las estrategias de crecimiento económico y desarrollo social que hasta entonces habían resultado exitosas. En este sentido, la dictadura no representó un momento de ruptura sino de confirmación y profundización del rumbo político-económico. En los hechos, la política económica implementada durante el primer quinquenio del régimen se ajustó al libreto que había quedado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 1973-1977, el cual fuera elaborado por la Oficina del Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República durante el año 1972 y aprobado por el Poder Ejecutivo en los meses previos al golpe de Estado.
En este trabajo hemos intentado establecer algunos de los efectos de estas orientaciones políticas económicas sobre la sociedad uruguaya. Desde el punto de vista demográfico, entre 1975 y 1985 la población de Uruguay mantuvo la bajísima tasa de crecimiento que había evidenciado entre 1963 y 1975 (0,6%), pasando de 2788429 a 2955241 habitantes. Tampoco se evidenciaron cambios significativos en su estructura según radicación rural o urbana, sexo o edad. Las mujeres siguieron constituyendo 51% del total. La población urbana pasó de 83% a 87%. Los menores de 15 años se mantuvieron en 27% mientras que los mayores de 64 pasaron de 10% a 11%, como resultado de las bajas tasas de natalidad y mortalidad que se verificaban desde los años sesenta. El cambio en el signo del saldo de los flujos migratorios consagró una ruptura histórica con la tradeicional condición del Uruguay como país de inmigrantes: durante la dictadura, el efecto combinado del exilio político y la emigración por motivos económicos se constituyó en una sangría permanente de recursos humanos que agudizó los efectos de la muy baja tasa de crecimiento vegetativo de la población.
Sin dudas, la emigración por motivos económicos fue una de las consecuencias directas del cambio en las expectativas de bienestar, experimentadas por una parte muy importante de la sociedad uruguaya. Si bien la evolución del Índice de Desarrollo Humano exhibió un progreso continuo durante los años setenta -que mantuvo a Uruguay en las primeras posiciones en el ámbito regional, aunque siempre muy distante de los países de mayor desarrollo en el mundo-, las políticas económicas implementadas en esa época provocaron un severo retorceso en las condiciones de vida de un vasto sector de la población. Dos de los objetivos prioritarios de las políticas, inspiradas en la orientación neoliberal predominante, fueron la contención de la inflación y la reducción de los costos asociados a la fuerza de trabajo. Se esperaba que se estos dos objetivos se lograban, ello estimulara la inversión, sobre todo extranjera, y con ello el país lograría retomar la senda del crecimiento económico.
Aunque la inflación nunca pudo ser llevada a los niveles deseados, a partir de 1973 sí se logró poner fin al largo estancamiento que afectaba la economía uruguaya desde 1957. Se inició entonces una nueva fase de crecimiento económico, pero la crisis financiera de 1982 sumió al país en una recesión de la que no comenzaría a salir hasta 1985, cuando la dictadura ya había concluido. Esa crisis económica tuvo profundas consecuencias sobre la sociedad, visibles entre otros indicadores en el gran aumento del desempleo y de la pobreza. Sin embargo, los efectos adversos del proceso económico sobre las condiciones de vida de los trabajadores no se verificaron únicamente en el momento de la crisis. Por el contrario, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que se había iniciado a fines de los cincuenta al son de la inflación que se instaló junto con el estancamiento productivo, se profundizó aún más en tiempos de crecimiento económico.
A diferencia del período previo a 1973, durante la dictadura, con los sindicatos prohibidos y perseguidos, los trabajadores quedaron completamente desarmados para resisitir y al menos moderar la rebaja del poder adquisitivo de sus salarios. Como fue dicho, lejos de ser una consecuencia indeseada del proceso económico, la contención salarial fue un instrumento deliberadamente utilizado por los conductores de la política económica de la dictadura para contener el proceso inflacionario y estimular la inversión. Como consecuencia, la dictadura fue el escenario de una fuerte transferencia de ingresos de los trabajadores asalariados hacia los empresarios y el Estado. Esto fue así durante y después de la fase de crecimiento económico que se inició en 1973. Con la crisis desatada en 1982 este fenómeno se profundizó todavía más y aunque el esfuerzo de los trabajadores (en particular de las mujeres) para recomponer su capacidad adquisitiva aumentó notablemente, de todos modos más de la tercera parte de la población total quedó por debajo del ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas para sostener una vida digna." (139)




domingo, 22 de octubre de 2017

la economia en los 60 y durante la dictadura


"Hacia la década del 70 la Europa post Plan Marshall había dejado de ser el principal mercado para las exportaciones de ganado y productos ganaderos del Uruguay, Esto, debido a las medidas que estaban siendo adoptadas 'por los países consumidores, para proteger sus productores domésticos y de ganado y productos ganaderos de la competencia de productores más eficientes, incluyendo el Uruguay' (Favaro, Bensión 1003:187; énfasis mío)" (Menéndez-Carrión, 2015: 313)



Instituto de economía (2001)Uruguay del siglo XX. La economía. Montevideo: Ed. Banda Oriental

“La temprana urbanización y un módulo de distribución del ingreso bastante más progresivo que en los demás países de la América Latina, constituían fundamentos importantes de la absorción referida. Este crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones se convirtió entonces en el principal factor de dinamismo de la producción nacional, pero nunca llegó a alterar el tipo de inserción internacional del país. Su única incidencia destacable sobre el comercio exterior consistió en la modificación de la estructura de las importaciones, al reducirse la participación relativa de los bienes de consumo e incrementarse las de los insumos y los bienes de capital, con lo que disminuyó progresivamente, el margen de maniobra del Uruguay para seguir adelante por el camino asociado a este patrón de crecimiento.
Es que la interrelación existente entre los límites del mercado interno, la dependencia tecnológica, las crecientes escalas de producción requeridas y las exigencias planteadas para mantener un nivel de rentabilidad suficiente como para seguir estimulando la expansión de la producción, representó un obstáculo insuperable para el sector, que no obstante la presencia permanente de la protección estatal, se estancó hacia mediados de los años cincuenta del siglo pasado, como lo demuestran los índices del volumen físico del producto bruto interno generado por las diferentes ramas de la industria manufacturera. (…)
El Uruguay llegó entonces a la segunda mitad del decenio de los cincuenta del siglo XX con un escenario de estancamiento global de su producción material. La tasa de inversión bruta cayó a un nivel apenas superior al 10 por ciento –guarismo que ponía apenas la reposición anual del capital despreciado- y el ritmo de evolución del producto bruto interno disminuyó notoriamente respecto a la década precedente. En particular, la caída de la inversión resultó especialmente notoria en el sector privado y afectó tanto a la construcción como a las maquinarias y los equipos, que son los dos principales rubros en el proceso de formación de capital en el Uruguay. En estas circunstancias, crecieron las dificultades en el funcionamiento de la economía hacia comienzos de los años sesenta, que condujeron a serios desequilibrios, alteraciones negativas en el campo laboral, deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población y contradicciones sociales que se alimentaron especialmente de una pugna creciente por mantener participaciones relativas en un producto que no crecía.
(…)
(…) el desequilibrio externo surge a partir del estancamiento de las exportaciones y una estructura rígida de importaciones, en la que se habían sustituído las de bienes de consumo, pero se mantenían las de insumos y bienes de capital como una exigencia permanente para el funcionamiento de la industria. Por este camino, se llegó rápidamente a un déficit comercial pronunciado, a una pérdida importante de reservas internacionales y a un acelerado crecimiento del endeudamiento. En efecto, hacia mediados de los años sesenta del siglo XX, la deuda externa ya había superado los 400 millones de dólares y diez años más tarde alcanzó el nivel de los 1000 millones, cifra que representaba –aproximadamente- el volumen de ingresos que el país obtenía por más de dos años de exportaciones. En particular, cabe destacar el rápido crecimiento de la deuda externa del sector público no monetario, esto es, el gobierno central y las empresas públicas.” (p. 76, 77, 78, 79)

“… la crisis financiera interna se manifestaba como un creciente desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sector público, con la consecuente expansión del déficit fiscal. Así, por ejemplo, si se observa la gestión de caja del gobierno central, el valor real de dicho déficit aumentó casi en un 40 por ciento entre los trienios 1963-1965 y 1972-1974.” (p. 80)

“El tipo de cambio constituye una de las variables relevantes en el análisis del proceso inflacionario uruguayo. (…) ha sido uno de los centros de las presiones de determinados grupos sociales, como los exportadores –en especial los ganaderos y los frigoríficos- en el marco del enfrentamiento por mantener o acrecentar las participaciones relativas en la distribución del ingreso, al que se hizo referencia antes.
(…) Aún cuando es cierto que las devaluaciones sucesivas que se aceleraron especialmente a contar de la finalización del decenio de los cincuenta respondieron a su vez –en buena medida- a la acción de otros factores generadores de inflación, también es preciso reconocer que, a determinada altura del proceso, el manejo que se hizo del tipo de cambio contribuyó a agudizar la elevación de los precios internos.
(…) Así, no obstante la espiral referida, la propia naturaleza de este desequilibrio –en la que el ritmo de ajuste de los precios es mucho más fluido que el que caracteriza a los salarios y otros ingresos fijos- la convierte en un factor de concentración regresiva de las participaciones relativas de los distintos grupos sociales en la distribución de los frutos de la producción.
(…)
(…) cabe señalar en primer lugar que la evidencia disponible al respecto indica que, en general, los trabajadores y el gobierno transfirieron ingresos hacia los grupos empresariales nacionales y el exterior, que los absorbió a través de las variaciones en la relación de términos del intercambio o los servicios de factores. En este sentido, algunos cálculos realizados en los últimos años para el período comprendido entre 1971 y 1976, han estimado que cerca del 98 por ciento de los ingresos transferidos corresponden al grupo de trabajadores, en tanto que el 70 por ciento de los mismos fueron captados por grupos de empresarios nacionales.” (pp. 84, 85)

“ … hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, o sea, casi enseguida de finalizado el período cubierto por este trabajo, las repercusiones de la dinámica de la acumulación interna sobre los problemas propios de este recinto específico de la sociedad uruguaya pueden ser vistas como una agudización de los desequilibrios entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo –manifestados cuantitativa y cualitativamente- y un consecuente incremento en los niveles de desocupación y subocupación. En segundo lugar, la emigración en cuanto estrategia de sobrevivencia de grupos socialmente diferenciados supone –desde la perspectiva de funcionamiento del mercado laboral- una exportación de buena parte de la oferta excedente de fuerza de trabajo. Finalmente, el deterioro del salario real medio de los trabajadores se puede comprobar con claridad a medida que transcurren los años cubiertos por este análisis.
(…)
(…) a partir de la primera mitad de los años sesenta, comenzó a gestarse en el Uruguay un proceso de emigración que hasta 1975 involucró directamente –de acuerdo con los cálculos más cautelosos- a una cantidad de entre 250 y 300 mil personas, que se mantuvo elevado en 1976 y que pareció luego tender a endentecerse a partir de 1977.
(…) es importante señalar que los emigrantes poseían un nivel de educación relativamente alto, lo que estuvo asociado al hecho de que la creciente desarticulación entre el nivel medio de instrucción y capacitación de la población activa y los requerimientos que –desde este punto de vista- estaban implícitos en la demanda efectiva de mano de obra, desempeñó un papel importante en la explicación del proceso emigratorio. Así, se sabe que casi la mitad de los emigrantes entre 1963 y 1975 tenían instrucción primaria, que algo más de la tercera parte de los mismos estaban vinculados a la industria manufacturera, y que las tres cuartas partes eran nacidos en Montevideo. A ello hay que agregar que, como parte de la emigración, el Uruguay perdió más de un 13 por ciento de su población con instrucción secundaria, técnica o superior, y cerca de un 18 por ciento de la categoría conformada por profesionales, técnicos, gerentes y funcionarios administrativos.
Según ya fue dicho, los desequilibrios provocados por el proceso económico uruguayo sobre el ámbito laboral estuvieron acompañados por una tendencia al deterioro del salario real, sobre todo a partir de la primera mitad de los años sesenta, cuando simultáneamente se aceleró la inflación. Esta última asumió un papel fundamental en torno a la pugna social que apunta mantener o acrecentar las participaciones relativas en el ingreso, como ya se explicó antes.
(…)
Si se analizan los problemas ocupacionales del Uruguay durante el período comprendido entre 1955 y 1972 desde una perspectiva sectorial, las principales comprobaciones que es posible realizar refieren al mantenimiento de la tendencia expulsora de mano de obra que caracterizó tradicionalmente al sector agropecuario, la falta de cambios significativos en la insuficiencia de la absorción productiva de fuerza de trabajo que ha mostrado la industria manufacturera, la desmesurada participación relativa del empleo en las actividades terciarias y la relevante declinación del sector público como fuente de ocupación.
Al comentar en particular estos aspectos sectoriales, hay que señalar que la muy baja y descendente importancia relativa del sector agropecuario como fuente de trabajo es un rasgo histórico esencial de la economía uruguaya, y está asociado al carácter primordialmente extensivo de su producción ganadera que, según se dijo antes, ha basado siempre su competitividad internacional en la dotación de recursos naturales. Si se tiene en cuenta que con la sola excepción del decenio comprendido entre mediados de los cuarenta y los cincuenta –cuando crecieron los cultivos a impulsos de una política estatal específica- la ganadería ha ocupado alrededor de 15 de los casi 17 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria, se puede apreciar la enorme influencia que la extensividad del rubro ha tenido sobre el ritmo de creación de oportunidades de trabajo en el país considerado en su conjunto.
(…)
Cuando comenzaba el decenio de los sesenta, el agro generaba más de la tercera parte de la ocupación fuera del departamento de Montevideo. Hacia fines de la década siguiente, esa proporción cayó a la cuarta parte. Este ritmo revela la magnitud de la tendencia expulsora del sector, la que –por su parte- ha provocado una continua y creciente corriente migratoria interna hacia los sectores urbanos. (…)
Simultáneamente, la economía uruguaya no tuvo durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, otro sector de la producción material que absorbiera productivamente los excedentes de fuerza de trabajo. En este sentido, la mayor responsabilidad debe ser asignada a la industria manufacturera que, a contar del estancamiento que la afectó desde mediados de los cincuenta, disminuyó relativamente su ya limitada generación de puestos de trabajo.
(…)
(…) el sector industrial ha sido el que concentró la mayor parte de los desocupados que no buscan trabajo por primera vez, aún cuando debe señalarse que esa proporción también mostró una evolución decreciente. Ello tiene que ver con el hecho de que una alta proporción de los emigrantes entre 1963 y 1975 –que ha sido estimada en más de 34 por ciento- estaban vinculados a la industria manufacturera, perteneciendo mayoritariamente a la categoría de artesanos, operarios y jornaleros.
Hacia fines del período que se viene analizando, la industria manufacturera concentraba menos de la quinta parte de la población económicamente activa del país –lo que ilustra claramente acerca de su poca importancia relativa como fuente ocupacional- y las ramas individualmente consideradas que tenían un mayor nivel absoluto de empleo eran las siguientes: textil y cuero; alimentos, bebidas y tabaco; caucho; química y metalúrgica. Al mismo tiempo, con la excepción de la construcción, era el sector de la economía que mostraba más altas tasas de desempleo abierto.
(…)
(…) la carencia de una industria fuerte que cumpliera un papel dinámico en la absorción productiva de fuerza de trabajo originó un vacío que fue ocupado –desde este punto de vista- por el sector público, apoyado en la conformación tradicional del Estado uruguayo.” (pp. 86 - 92)

“Con la dictadura ya instalada a contar de 1973, el Uruguay comenzaría a conocer una política de liberalización y apertura que provocaría una fuerte compresión del salario real –mucho más allá de las posibilidades que permitía la inflación al respecto- y una nueva experiencia de articulación a la economía mundial.” (p. 94)

“El gobierno que asumió en marzo de 1972 duró poco más de un año, hasta el golpe de Estado de junio de 1973. Tuvo que enfrentar la crisis de pagos externos que se inició a fines de 1971 y que se manifestó en caída de reservas, acelerado aumento del endeudamiento externo, atraso en los pagos a proveedores y quiebra de bancos.
Definió una nueva estrategia económica en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 (PND) aprobado por el Poder Ejecutivo en abril de 1973 luego de ser analizado por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).
El modelo de desarrollo intentó aumentar las exportaciones con una mayor explotación de los recursos naturales del país y procesamiento de sus materias primas. La Ley de Promoción Industrial y el Plan de Pesca agregaron estímulos crediticios y fiscales. La Ley de Inversiones Extranjeras estableció las garantías para la radicación y repatriación de capital y utilidades explicitando que podían acogerse a los demás estímulos de carácter general.
La política económica de corto plazo apunto a cumplir los compromisos de pagos externos. (…) Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo financiero para sostener el nivel de reservas y poner al día los atrasos de pagos externos.
(…) Finalmente, se aceleró la inflación y se inició una tendencia a la concentración del ingreso; el ritmo de inflación alcanzó al 86.8% promedio anual y el salario real en 1972 cayó 17%.” (pp. 96, 97)

“Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos, como se explicará más adelante, aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos públicos. Financiaron las transferencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y el mayor consumo de los no asalariados. La concentración del ingreso llevó a una reestructura del consumo privado, por la caída del consumo de los asalariados y pasivos y por lo tanto la demanda interna de bienes-salario, mientras que aumentó el consumo de los no asalariados con repercusión sobre la producción y las importaciones de bienes de consumo suntuario.
(…)
El permanente saldo negativo en cuenta corriente otorgó una nueva y creciente importancia al ingreso neto de capital, como condición del crecimiento del producto, permitió aumentar y diversificar las importaciones así como su liberalización, aumentar las reservas internacionales y mantener una situación fluida de pagos externos; con el costo de un creciente endeudamiento externo.
En la deuda externa del país, la deuda contraída por el Sector Público (Gobierno Nacional y Municipales; Bancos y otras Empresas Públicas) fue más importantes que la del Sector Privado. El principal componente fue el sector público no monetario (Gobierno Nacional y Empresas Públicas) y dentro de éste, la colocación de bonos y letras en moneda extranjera.” (p. 99)

“Las condiciones políticas contribuyeron a: proporcionar seguridad para el ingreso de capital del exterior así como para la inversión privada local; procesar las transferencias de ingresos, en particular, mediante la contracción de los ingresos reales de asalariados y pasivos …” (p. 100)

Dassatti, C., Márquez, G. (2012) La economía uruguaya 1960-2010, en 1960-2010 Medio siglo de Historia Uruguaya. Montevideo: Ed. Banda Oriental 

“El desempleo abierto aumentó al 14.3% en 1984. El salario real medio cayó un 30% entre 1982 y 1984, continuando una tendencia iniciada en 1971 y que lleva al final del período a la capacidad de compra del salario aproximadamente a la mitad de la de 1968/71. Las pasividades en términos reales tienen una evolución muy parecida y su caída en los dos últimos años del período se puede estimar en torno al 30%.
Los cambios en el Estado y en la economía derivaron en el ascendente protagonismo de un nuevo actor social. Hasta principios de la década del setenta se identificaban tres actores principales aunque no únicos, los ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros generaban la producción exportable y las exportaciones eran la principal y casi única fuente de moneda extranjera. La moneda extranjera permitía importar las materias primas y los equipos para la industria protegida, que generaba los nuevos puestos de trabajo. Con el desarrollo de la industria y los servicios públicos, aumentan los asalariados urbanos.
Al final del período podemos hablar de un cuarto socio, el capital financiero. Tiene su base en las instituciones de intermediación financiera y articula también a los acreedores externos y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior.” (pp. 120, 121)

“El 1º de noviembre de 1967 asumió como nuevo ministro de Economía del Gobierno del Gral. Gestido el Dr. César Charlone. Dicho cambio de autoridades determinó una vuelta a las prácticas dictadas por el FMI, siendo los principales objetivos de política económica el logro de la estabilización en el nivel de precios y el equilibrio en las cuentas externas. Se esperaba que, con el cumplimiento de dichos objetivos, se lograría la repatriación de capitales, la recomposición del ahorro privado y la confianza por parte de los mercados internacionales. De esta manera, las principales medidas adoptadas fueron las siguientes:
  • devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $99 a $200 por dólar, en noviembre de 1967.
  • Reunificación del mercado cambiario.
  • Liberación de dicho mercado, con la salvedad de que las operaciones de divisas derivadas de las exportaciones tradicionales deberían tramitarse a través del BROU.
  • Limitación del crédito, restricción de los aumentos salariales y reducción del déficit fiscal, con el fin de eliminar presiones inflacionarias por el lado de la demanda.
No obstante, a pesar del cumplimiento de las metas planteadas, la persistente inflación condujo a una nueva devaluación en abril de 1968, llevando la cotización del dólar a $250. (…) la situación de estancamiento económico potenció la presencia de prácticas especulativas, las cuales se intensificaron en este período, encontrándose entre las principales causas de las presiones inflacionarias.” (163, 164)

“Las circunstancias económicas en 1968 planteaban como principales problemas a enfrentar: un elevado déficit fiscal, un significativo nivel de endeudamiento con el exterior y un acelerado ritmo inflacionario. Este agravamiento del clima económico se vio acompañado de –y en cierta medida alimentó- un deterioro de las relaciones entre sectores de la sociedad, caracterizado principalmente por la confrontación. (…)
Los principales objetivos de la política económica en este período se basaron en el logro del equilibrio externo y la estabilización del nivel de precios. Con respecto al primero, se buscaba recuperar el nivel de reservas internacionales y reducir el endeudamiento externo de corto plazo. Con respecto al objetivo en materia de política inflacionaria, se instrumentó un plan de estabilización a partir del cual se decretaba la congelación de precios y salarios.
Dicha medida se implementó con anterioridad al ajuste corrector del salario real, determinando así una fuerte depresión en su nivel; en cambio, en el momento de implementarse el decreto, los sectores empresariales ya habían remarcado sus precios de venta. A la suspensión de los Consejos de Salarios (en funcionamiento desde 1944), le siguió la creación de la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), entidad pública a cargo del control de las nuevas escalas de precios y salarios fijadas por decreto.” (p. 164)


La política económica de la dictadura
Primera etapa, 1974-1978: ‘intervencionismo reestructurador’
Este período marca la adopción de una política inspirada en el Plan de Nacional de Desarrollo 1973-77, complementado luego en los Cónclaves de San Miguel y Nirvana (de agosto y octubre de 1973, respectivamente) con la finalidad de promover cambios estructurales en la economía del país. La estrategia se basó en la opción aperturista y de integración económica y comercial con el mundo. (…)
Se impulsó la expansión del sector exportador en el entendido de que su crecimiento provocaría el arrastre del resto de la economía. Durante este período, luego de un estancamiento económico de veinte años, el país logró una etapa de crecimiento apoyado en la inversión y las exportaciones. El costo de esto fue una concentración del ingreso y una disminución del salario real.
Este período ha sido llamado ‘intervencionismo reestructurador o ‘segundo modelo neoliberal’. A pesar de que el principio declarado era apoyarse en el libre mercado para la distribución de los recursos y regular el funcionamiento de la economía, la práctica intervencionista fue una característica permanente. El propósito era reestructurar la economía del país para superar aquellas trabas que, según esta concepción, impedían su desarrollo. Cabe destacar que esta reestructura no se llevó a cabo porque el libre juego del mercado así lo determinó, sino que el nuevo orden fue impuesto utilizando para ello el poder coercitivo que la situación política dictatorial brindaba.
(…) En 1974 se designó al Ing. Alejandro Végh Villegas como ministro de Economía. Los pilares de la nueva política económica serían los objetivos de crecimientos, liberalización, apertura y estabilización, y la reducción de la participación del Estado. La apertura comercial aproximaría la estructura de precios internos a la estructura de precios internos a la estructura de precios internacionales y, de ese modo, los recursos se asignarían según el principio de las ventajas comparativas.” (pp. 170,171)

Segunda etapa, 1978-1982: ‘liberalismo estabilizador’
En el análisis de los objetivos de política económica en el período comprendido entre 1978 y 1982 se pueden encontrar dos etapas: en la primera, hasta fines de 1981, el objetivo primordial fue la estabilización de precios con una instrumentación de carácter liberal, en tanto que en una segunda etapa se incorpora la preocupación por atenuar la recesión retomándose cierto grado de intervencionismo.” (p. 181)

“En octubre de 1978 el gobierno anunció la introducción de ‘la tablita’, una planificación diaria del tipo de cambio unificado (comercial y financiero) que estaría vigente hasta seis o nueve meses después. El objetivo de esta nueva política cambiaria era la reducción del volumen de transacciones especulativas y de riesgo cambiario y la disminución de las expectativas de inflación futura (la tasa de inflación doméstica debería converger a la tasa de inflación internacional más la cada vez menor tasa de devaluación del peso).
(…) el BCU solo emitiría dinero contra el ingreso de divisas y lo retiraría cuando egresaran divisas, por lo que su capacidad para conceder crédito y aumentar el circulante en la economía se encontraría limitada. Como resultado, desaparecerían los aumentos de precios originados en la emisión descontrolada de origen monetario o fiscal, de modo que tanto los precios como las tasas de interés internas convergerían a las internacionales.
Para que esto fuera posible era necesaria la eliminación de todos los obstáculos al libre movimiento de capitales.” (p. 182)

“En concordancia con el nuevo enfoque de política cambiaria, fueron eliminados los controles sobre la oferta de dinero. De esta manera, a fines de 1978 comenzaron a reducirse los encajes obligatorios y, a fines de marzo de 1979, los mismos fueron eliminados así como también las operaciones de mercado abierto.
Al mismo tiempo, el proceso de liberalización financiera intensificó su ritmo, como lo demuestran la liberalización de las tasas de interés en setiembre de 1979, la derogación del Impuesto Único a la Actividad Bancaria, el aumento de los márgenes de receptividad de los depósitos y la autorización del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. (…) el número de casas bancarias se multiplicó, y pasaron a basar su negocio netamente en la actividad off-shore.
Por último, cabe destacar que, como resultado del proyecto de transformar a Uruguay en una plaza financiera internacional, se dio una importante extranjerización e internacionalización del sistema financiero uruguayo. Esto se explica por la instalación de trece nuevas casas bancarias filiales de capital extranjero y la venta de cuatro bancos de capitales nacionales a extranjeros, así como por el aumento de la importancia relativa de las operaciones en los mercados financieros externos. No obstante, la plaza financiera tuvo un carácter regional, en la medida que los capitales que ingresaron eran fundamentalmente de los países vecinos.” (p. 183)

“El endeudamiento externo registró aumentos derivados de la entrada de capitales dirigida al sector privado y del financiamiento público. Dentro del sector privado, el subsector que dominó la expansión de la deuda externa fue el bancario, debido fundamentalmente al incremento de los depósitos de no residentes. Con respecto al sector público, el subsector público no financiero fue dominante, dentro de cuyo destino se destacó el rubro infraestructura (financiación de la represa hidroeléctrica de Palmar).
(…)
Hacia 1982, la inseguridad, tanto financiera como cambiaria (derivada la primera de las crecientes dificultades de pago de los deudores bancarios y la segunda de la progresiva desconfianza en el mantenimiento del cronograma cambiario), se tradujo en una significativa fuga de capitales.
Como consecuencia del aumento del déficit de cuenta corriente y de la reversión del flujo de ingreso de capitales, se deterioraron los niveles de reservas internacionales del BCU, a lo que también contribuyó la considerable fuga de recursos financieros nacionales hacia el exterior. Otro factor que influyó en la pérdida de reservas fue la creciente transformación en dólares de gran parte de los depósitos a plazo denominados en moneda nacional.
De esta manera, la pérdida neta de reservas internacionales (de alrededor de 638 millones de dólares) excedió a las ganancias netas generadas en los años anteriores, culminando en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982.” (pp. 186, 187)

“El detonante de la recesión que se inició a partir del segundo semestre de 1981 fue la reversión de la relación de precios favorable con Argentina, como consecuencia del abandono del cronograma cambiario en dicho país en marzo de 1981. Esto se sumó a la situación económica ya deteriorada por la recesión internacional y el impacto de las crecientes tasas de interés en el servicio de la deuda externa uruguaya.” (p. 187)

Tipo de cambio
En octubre de 1978 se dio inicio al régimen conocido como ‘la tablita’, el cual consistió en una planificación diaria del tipo de cambio (unificado) por un período de entre seis a nueve meses. Esta nueva política cambiaria implicaba la administración de las reservas internacionales y un manejo muy cuidadoso del gasto público.
Si bien en la teoría se esperaba lograr una alineación de los precios internos a los internacionales, en la práctica la variación del tipo de cambio nominal comenzó a mostrar rezagos con respecto a la evolución de los precios internos, afectando de forma negativa a la competitividad del país con el resto del mundo.
Finalmente, la pérdida de reservas internacionales registrada en 1982 puso en jaque la sostenibilidad del régimen cambiario imperante.” (p. 188)

“Expansión de la actividad financiera
El sector financiero se vio ampliamente beneficiado con las políticas aplicadas en el período.
Todo esto fue posible debido a la ausencia de controles regulatorios, producto del profundo proceso de liberalización aplicado en el sector financiero en este período. De esta manera, el acceso prácticamente irrestricto al crédito abundante se conjugó con su utilización frecuentemente imprudente.
La combinación de la mayor disponibilidad crediticia en conjunto con la existencia de expectativas favorables en algunos sectores económicos, se tradujo en el surgimiento de booms económicos con un elevado contenido especulativo. Como consecuencia, se verificó un sostenido crecimiento de la deuda de los distintos sectores productivos con el sistema bancario privado. Al mismo tiempo, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito al consumo como fuente de financiamiento de compras de bienes de consumo duradero importados.” (p. 189)

“Otra de las consecuencias de la profundización de la apertura financiera registrada en el período se refiere a la dolarización de la economía y, principalmente, del sector financiero. Como ya mencionamos, la existencia de fuertes atractivos de rentabilidad para las operaciones en dólares, en conjunto con la existencia de atraso cambiario, motivaron un fuerte ingreso de capitales extranjeros con fines especulativos, una contracción progresiva de la base monetaria y una utilización más intensiva del dólar como unidad de cuenta y depósito de valor.” (p. 191)

Caída de salarios y pasividades
Con respecto a la situación de los asalariados y pasivos, la transferencia de ingresos desde estos sectores hacia el sector empresarial siguió vigente. En particular, en el período 1978-1982, dicha transferencia se apoyó fundamentalmente en los sectores de menores ingresos. Como contrapartida, los ingresos del capital global continuaron aumentando. No obstante, en este período se observó una nueva tendencia en cuanto a la redistribución de ingresos; la transferencia desde el capital comercial y productivo hacia el capital financiero.
Como consecuencia del continuo deterioro de los ingresos de la clase trabajadora se produjo una mayor concentración del ingreso, provocando como respuesta estrategias de supervivencia como el ‘sobretrabajo’ o la emigración.” (p. 191)

Tercera etapa, 1982-1984: ‘intervencionismo de supervivencia’
(…) El 25 de noviembre de 1982 el BCU comunicó su retiro del mercado cambiario, dando fin así al régimen cambiario de ‘la tablita’. La grave situación económica que enfrentaba el país fue uno de los principales factores que explicaron este cambio de política. En particular, existía una crítica situación en el sector externo, que se traducía en una continua pérdida de reservas internacionales y en crecientes dificultades para hacer frente a los pagos externos.
Las políticas aplicadas en este período respondieron a las condiciones plasmadas en el crédito firmado con el FMI en febrero de 1983. Dicho organismo desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y sus acreedores, la banca privada internacional.
(…)la política económica aplicada durante el período comprendido entre fines de noviembre de 1982 y fines de 1984 puede ser considerada como un ‘intervencionismo de supervivencia. Esta caracterización responde a dos aspectos: por un lado, el manejo de los instrumentos de política económica implicó la sustitución del rol del mercado por parte del Estado, en tanto que, por otro lado, se buscaba el logro de mejores condiciones para subsistir en la crisis.
Entre fines de 1982 y comienzos de 1983 se definieron los lineamientos generales de la política económica del período, los cuales se dieron a conocer en un comunicado del gobierno del 26 de noviembre de 1982 y en la Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) del 1º de febrero de 1983.
En el marco de una situación deteriorada, el Gobierno debió recurrir a la asistencia financiera del FMI, para lo cual se comprometió a desarrollar un programa de ajuste de los desequilibrios existentes. (…) En este período, una importante porción de la deuda externa de nuestro país tenía como acreedores a los bancos transnacionales, y la asistencia del FMI era insuficiente para atender el calendario de pagos previsto. De esta manera, el FMI desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y la banca transnacional, garantizando que el ajuste económico plasmado en el programa aseguraría el cobro de sus préstamos con los intereses correspondientes. (…)
La política cambiaria: flotación limpia
Los intentos de mantenimiento del cronograma cambiario se traducían en una continua pérdida de reservas internacionales. Esta situación llevó a que, el 25 de noviembre de 1982, se abandonara la política cambiaria de mini devaluaciones preanunciadas y se sustituyera por un régimen de libre flotación de la moneda. Asimismo, se eliminaron los reintegros y se redujeron los aranceles, traduciéndose en menores efectos de instrumentos fiscales sobre el tipo de cambio efectivo.
La intención del equipo económico de este período era, luego del aumento del tipo de cambio y un período de oscilaciones, cuando encontrara su nivel de equilibrio, llevar a cabo una política cambiaria flexible con posibles intervenciones de la autoridad monetaria. A partir de esta medida, el dólar pasó de N$ 13,81 en el último día de ‘la tablita’ a N$ 22 en el día de la reapertura del mercado, y a N$ 35 a fines de diciembre de 1982.” (p. 193)

La política comercial: nuevos pasos en la liberalización y apertura
Con respecto a las importaciones, se avanzó en el proceso de liberalización y apertura, a través de una fuerte reducción arancelaria y la eliminación de aforos y precios de referencia de carácter proteccionista. De esta manera, las importaciones que competían con los productos nacionales vieron reducir su arancel en un 30%, con un máximo que se fijó en 55%.
(…) La promoción de las exportaciones se basó principalmente en el tipo de cambio y en la reducción del costo de la mano de obra, y mantuvo un tratamiento igual para exportaciones tradicionales y no tradicionales.” (p. 193)

“Como consecuencia de la recesión, las carteras de deudas a cobrar por parte de los bancos se tornaban cada vez más difíciles de liquidar La situación se agravó aun más cuando, en agosto de 1982, México declaró la imposibilidad de pago de su deuda. La llegada de esta noticia en conjunto con el abandono del cronograma cambiario derivaron en un importante retiro de depósitos en el sistema bancario.
El Estado asumió la mayor parte de los costos de la crisis bancaria, mediante la compra de carteras y la absorción de los bancos en dificultades por parte del BROU y/o la Corporación Nacional para el Desarrollo.” (p. 194)


Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House.


Capítulo 4. La estrategia y la política económica de la dictadura, 1973-1984. Jorge Notaro

"En junio de 1968 con Pacheco Areco como Presidente de la República, con una inflación que por primera vez superó el 100% anual, se adoptó una medida sin precedentes: la congelación de precios y salarios. Esta PE no logró dinamizar las exportaciones y la experiencia terminó con una importante devaluación en 1971, que se trasladó a los precios y provocó una caída de 17% del salario real durante el primer año del nuevo gobierno con Bordaberry como Presidente. La plusvalía captada por las actividades ganaderas aumentó 50% sobre el nivel de 1971 (IECON, 1973: 54-57)." (88)

"El gobierno que asumió en marzo de 1972 definió una nueva estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que proponía aumentar las exportaciones con una mayor explotación y procesamiento de los recursos naturales con participación del capital extranjero. Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo para poner al día los atrasos de pagos externos. (...) el Producto Bruto Interno (PBI) cayó levemente pero el ingreso nacional bruto disponible (YNBD) aumentó por la ganancia de términos de intercambio, se aceleró la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó 86,8% promedio anual y el salario real medido por el Índice Medio de Salarios (IMS) en 1972 cayó 17%.
El largo proceso de deterioro económico y político así como los conflictos sociales fueron modificando el peso relativo de los actores y el gobierno se fue deslizando hacia la dictadura aceptando condiciones de las Fuerzas Armadas en febrero de 1973 y la disolución del Parlamento en junio del mismo año. Entre los militares se fue afirmando la idea de que los políticos eran corruptos e ineficaces para resolver los problemas económicos y enfrentar el comunismo internacional. Adicionalmente, como funcionarios públicos no sindicalizados y despreciados por la oligarquía, sus ingresos se deterioraban.
En febrero de 1973 las Fuerzas Armadas plantearon exigencias al presidente Bordaberry, quien aceptó firmar en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza. Una de las condiciones fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) (Decreto 163/973 del 23/02/7f3 y Decreto-Ley 14.157 del 21/02/74) como asesor del Poder Ejecutivo en seguridad nacional en un sentido muy amplio que incluía la actividad económica y social. Integrado por el Presidente, algunos ministros y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, institucionalizaó la participación militar en las decisiones del gobierno. La primera participación relevante en la estrategia y la política económica fue aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y con la disolución del Parlamento se institucionalizó su hegemonía.

El intervencionismo reestructurador 1974-1978

La PE de este período puede caracterizarse como 'intervencionismo' por el manejo de los instrmentos lo que implica una importante discrecionalidad del gobierno y 'reestructurador' por sus objetivos preioritarios, que apuntaban a modificar las estructuras de la producción, del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos (Notaro, 1984: 39-102).
La PE preexistente sobrevivió algunos meses alos cambios políticos y en el equipo económico, fue un período de observación y aprendizaje de la gestión del gobierno para las Fuerzas Armadas. Desde agosto de 1973 hasta octubre de 1978 la estrategia se ajustó en cuatro reuniones conocidascomo 'Cónclaves' en las que participaron los civiles que ocupaban cargos políticos y los militares de mayor graduación. Se integraron las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo con las de los militares, quienes habían expresado anteriormente en distintos documentos -entre los que se destacan los Comunicados Nº4/73 y 7/73, de fecha 9 y 10 de febrero de 1973-, que tenían por objetivo 'hacer saber al pueblo cuál era exactamente el pensamiento de las FFA respecto de los grandes y acuciantes problemas de la vida nacional'; el Memorando del 11 de febrero de 1973, dirigido al Presidente de la República con las propuestas de las Fuerzas Armadas para superar la crisis; y la Relación de Objetivos Nacionales y Pautas de Planificación y Conducción Nacional, Documento de la Junta de Comandantes en Jefe de mayo de 1973 que consolidó los anteriores y definió prioridades.
En julio de 1974 se designó al ingeniero Alejandro Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas, quien renunció por discrepancias con el proceso de retorno a la democracia en julio de 1976 y fue sustituído por el Subsecretario, Cr. Valentín Arismendi. Se implementó una política de promoción de exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra muy bajo, una devolución de impuestos que era una forma encubierta de subsidios, créditos a tasas de interés reales negativas, acceso a los mercados externos con los acuerdos llamados CAUCE con Argentina y PEC con Brasil por los cuales estos países se comprometían a aceptar determinados montos de exportaciones de determinados productos sin aranceloes. Se reinició el crecimiento del PBI y en menor medida del YNBD; aumentó la Inversión Bruta Fija (IBF) y, la importancia relativa de las exportaciones así como la demanda del sector público y el permanente déficit comercial se financió con ingreso neto de capital. Se reestructuró la demanda por aumento de la importancia relativa de la demanda externa y de la demanda pública; aumentó la concentración del ingreso apoyada en la persistente caída del salario, la mayor captación interna de los excedentes generados y el ingreso neto de capital. La inflación fue el costo para promover una estructura de precios relativos, considerada adecuada y en particular, un tipo de cambio alto en términos reales. El ingreso de capital contribuyó a financiar la inversión y fundamentalmente, permitió aumentar y diversificar las importaciones. Estas últimas crecieron más que las exportaciones y que el producto, de modo que el desequilibrio en cuenta corriente se volvió estructura. Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos pùblicos, y financiaron las transfrencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y elmayor consumo de los no asalariados. Se completó así la exclusión social de los trabajadores con su exclusión económica y los ingresos transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre grupos empresariales de todas las actividades económicas lo que permitió construir una amplia base social constituida por fracciones burguesas incluyendo estratos medios y pequeños que contaron además, con el apoyo del capital financiero externo (Notaro,1984: 94)"(88-92)


"Durante los primeros años de la dictadura, la oligarquía local manifestó su apoyo a la dictadura en declaraciones delas principales organizaciones empresariales y, por ejemplo,en agosto de 1978 el conjunto de gremiales patronales rurales apareció en televisión junto al General Gregorio Álvarez diciendo que la liberalización de los precios de los productos de la ganadería era una medida patriótica. Se ha señalado que 'Las medidas tuvieron como objetivo el aumento de los niveles de rentabilidad del sector' (Araújo, 2008:2) así como 'la relación entre los dirigentes de las gremiales y los técnicos del régimen fue más que directa'. (Araújo, op.cit: 48). Contó con apoyo importante del FMI durante el primer semestre de 1974, cuando la caída de los valores de las exportaciones (carne vacuna principalmente) y el aumento de los de las importaciones (petróleo) generaron un importante déficit comercial y reducción de las reservas internacionales netas del BCU.

La liberalización para la estabilización de precios 1979-1982

Desde noviembre de 1978 hasta noviembre de 1982 la PE se caracteriza como 'liberalismo estabilizador' por el manejo más liberal de los instrumentos y la prioridad absoluta del objetivo de estabilización de precios (Notaro, 1984: 103-184). El equipo económico fue estable, continuaron el Cr. Valentín Arismendi como Ministro de Economía y Finanzas, y José Gil Díaz como Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). Se definió cronograma cambiario conocido como la tablita que anunciaba la cotización del dólar a la que el BCU se comprometía a comprar y a vender, cada día, a varios meses de plazo en un contexto de libre movimiento internacional de capital y alto grado de apertura comercial. Se esperaba que el ingreso de capital aumentara la oferta de moneda extranjera y de crédito, estabilizara el tipo de cambio y redujera las tasas de interés internas al nivel de las externas, cambios sumados a la liberalización de las importaciones llevarían a la estabilidad de los precios internos, lo que permitiría un tipo de cambio fijo creándose así las condiciones para la instalación de un centro financiero internacional en el país.
El proceso económicono se desarrolló de acuerdo a los esperado, la devaluación fue menor que el aumento de precios internos, las empresas del país perdieron competitividad con el atraso cambiario que se sumó a la reducción de la protección y la eliminación de promoción de exportaciones, el nivel de actividad de la industria manufacturera cayó en 1981 y al año siguiente la economía ingresó en una fase recesiva con aumento del desempleo. Los sucesivos y crecientes déficit de la cuenta corriente y la ejxpansión de la demanda interna generaron una demanda creciente de recursos externos.
Las tasas de interés domésticas aumentaron más que la inflacion y se ubicaron por encima de las tasas de interés internacionales,con impactos contradictorios. Por una parte, aumentó la rentabilidadde la intermediación financiera estimulando el ingreso neto de capital y la expaqnsión de la actividad. Por otra, también aumentaron la importancia de los pasivos externos con relación al producto y el costo real del crédito. Los stocks de difícil realización, el endeudamiento y la incapacidad de pagos llevaron a capitalizar los intereses vencidos, generando nuevos requerimientos de financiamiento externo sin contrapartida en expansión del nivel de actividad.
Con el descenso de la inflación a 20% en 1980 comenzaron a manifestarse dificultades para el pago de los créditos, la política cambiaria perdía credibilidad, los depósitos se convertían a moneda extranjera y los bancos trasladaban el riesgo cambiario obligando a los deudores a convertir su deuda a moneda extranjera. En el segundo semestre de 1981 se puso en marcha un proceso de fuga de capital, comenzó a reducirse la captación interna y a aumentar la colocación externa. El endeudamiento de las empresas con el sistema bancario alcanzó 80% del PBI en 1982.
La expectativa de una inminente devaluación estimuló el aumento de demanda de moneda extranjera, el aumento del déficit en cuenta corriente y la salida de capital deterioraron el nivel de reservas y culminaron en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982. En noviembre las reservas alcanzaron su nivel mínimo en 279 millones de dólares y el día 25 del mismo mes el BCU se retiró del mercado cambiario y dejó de vender moneda extranjera a la cotización establecida en el cronograma, el tipo de cambio se fijo por la oferta y la demanda en un mercado sin intervención del BCU y en días siguientes se produjo una devaluación de algo más de 100%.
Desde 1980 aumentaron los concordatos y las quiebras, los clubes de bancos que intervinieron la gestión de los deudores morosos y la venta de bancos con dificultades. Las organizaciones empresariales agropecuarias e industriales manifestaron discrepancias crecientes desde 1980 señalando como principales dificultades la reducción de las ventas en el mercado interno y externo, los altos costos financieros y la caída de la rentabilidad.

La intervención para la supervivencia del capital financiero 1983-1984

Desde noviembre de 1982 la PE se puede caracterizar como 'intervencionista' porque la instrumentación implicó un aumento de la participación del Estado y 'de supervivencia del capital financiero' porque tuvo como objetivo prioritario sostenerlo. El Ministro de Economía y Finanzas Arismendi fue sustituído por el Cr. Walter Luziardo (el 15 de diciembre de 1982) y se completó el cambio del equipo económico que se había iniciado en julio con la sustitución de Gil Díaz porel Cr. José María Puppo en la Presidencia del BCU. El nuevo equipo duró poco tiempo pues en noviembre de 1983 volvió Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas y en febrero de 1984 Puppo fue sustituído por el Cr. JuanProtasi.
La nueva estrategia se definió en un comunicado del gobierno (26 de noviembre de 1982) y en la Carta de Intención dirigidaal FMI (1º defebrero de 1983). (...)
Entre las medidas se destacan las compras de cartera que permitieron desplazar hacia el Estado la mayor parte de los deudores bancarios morosos y el respaldo a las ventas de bancos y casas bancarias haciéndose cargo el Estado de la cartera incobrable.Se consolidó la hegemonía del capital financiero asegurando la supervivencia de las instituciones de intermediación financiera así como la recuperación de las colocaciones a los acreedores externos y los propietarios de depósitosbancarios, residentes en el país o en el exterior,en todos los casos, con altos niveles de rentabilidad.
El experimento de la tablita terminó en una catástrofe económica y a medida que se expandían sus impactos negativos, los actores empresariales que se habían beneficiado durante varios años comenzaron a quitar el apoyo a a la dictadura militar desde 1980. La Federación y la Asociación Rural solicitaron la refinanciación de las deudas bancarias y mayores estímulos fiscales en junio de 1980. Un año después la Federación reiteró sus revindicaciones y declaró que 'el equipo económico no cuenta con la confianza de los productores'.
Para la industria el estímulo más permanente fue la reducción del costo de la mano de obra, en estos años por una acelerada reducción del aporte patronal a la seguridad social. El desmantelamiento de la promoción de exportaciones, la reducción de aranceles,el atraso cambiario y las altas tasas de interés en términos reales, generaron una situación crítica en toda la industria. En abril de 1982 la asamblea de la Cámara de Industrias se declaró en 'estado de emergencia', solicitando un mayor ritmo de devaluación, la suspensión de la reducción de aranceles y la refinanciación de las deudas bancarias. El Ministro del Interior consideró que la resolución indicaba un clima de 'presión, desafío y enfrentamiento' por lo que justificó la negativa del gobierno a recibir a una delegación de la gremial.
El estancamiento, la inflación y la crisis financieras desarmaron la base social del gobierno contribuyendo a crear condiciones favorables para la transición a la democracia. Touraine señala que en Chile y Argentina el resultado de la política económica de lasdictaduras fue una 'desindustrialización' (1987:11). Se podría agregar el caso de Uruguay y subrayar la diferencia con la política económica de la dictadura brasileña, que por ejemplo, mantuvo múltiples estímulos a la inversión productiva y un estricto control del movimiento internacional de capital.
El FMI recuperó protagonismo por la contracción de la financiación privada externa y reinició las operaciones de apoyo condicionado al establecimiento de metas de estabilización de precios, fiscales y monetarias. 'La distribución de costos y beneficios,así como los resultados sobre el proceso económico, permiten hablar de un modelo que pasó detener un carácter antipopular a tener un carácter antinacional'. (Notaro, 1984: 104).
Cuando se constituyó la Concertación Nacional Programática, un frente social y político que promovía la 'transición a la democracia', estaban todas las organizaciones sociales, desde las organizaciones sindicales y estudiantiles hasta la Asociación Rural y la Cámara de Industrias. No participaron los militares y la Asociación de Bancos, los primeros como responsables y los segundos como beneficiariosde este proceso." (92-98)