la sociedad uruguaya durante la dictadura

"... la población total de Uruguay pasó de 2788429 habitantes en 1975 a 2955241 en 1985. Esto significa que siendo una población pequeña -una de las más pequeñas en América Latina-, su ritmo de crecimiento era además extremadamente lento, ubicándose en el orden de 0,6% anual. Si se tiene en cuenta que el censo de 1963 había registrado un total de 2595510 residentes, puede concluirse que esta baja tasa de crecimiento poblacional ya estaba instalada al menos desde la década anterior a la instauración de la dictadura. En efecto, la tasa de crecimiento anual entre 1963 y 1975 fue la misma que entre 1975 y 1985. Esta baja tasa de crecimiento de la población fue consecuencia del fuerte descenso de la natalidad proucido a lo largo del siglo XX. Pero ello se vio reforzado desde los años sesenta por la reversión del signo de los movimientos migratorios, que se volvió sistemáticamente negativo. En efecto, el saldo de los movimientos de población desde y hacia Uruguay significó una pérdida neta de 3% de la población entre 1975 y 1985, que se agregó a la pérdida de 6% registrada entre los censos de 1963 y 1975 (Calvo y Mieres 2007: 88)." 

Yaffé, J. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House. (p. 125)

"... la evolución del salario real evidencia un fuerte y continuado deterioro entre 1973 y 1985, que profundizó el que ya se venía produciendo en forma casi ininterrumpida desde la segunda mitad de los años cincuenta. En los dos años finales de la dictadura el valor del índice medio del salario real llegó a ubicarse en 57% con respecto al de 1973. Esto significa que a una década de la instauración del régimen dictatorial, el poder de compra de los salarios había disminuído casi a la mitad.

(... ) la mayor caída del salario real durante la dictadura se produjo simultáneamentej con el crecimiento económico entre 1973 y 1979; se detuvo en 1980 y 1981 y luego con la crisis de 1982-1984 siguió cayendo. Esta convivencia de la expansión de la riqueza total generada por el país con el deterioro de los salarios, produjo una notable traslación de ingresos de los trabajadores en favor de las ganancias empresariales y, en mucho menor medida, también del Estado. En el quinquenio 1968-1972 los salarios representaban 41% del valor del PBI uruguayo; en 1979 -séptimo año de crecimiento económico-, habían caído a 25% del PBI (Terra y Hopenhaym, 1986: 54).

(...) En 1962 los salarios representaban 54% del PBI, los beneficios empresariales 37% y los impuestos recaudados por el Estado 9%; en 1984 la distribución se había invertido completamente perjuicio de los trabajdores: 33%, 53% y 14% respectivamente. " (131, 132)

"... hacia el final de la dictadura, al menos en el ámbito urbano, la totalidad de las personas pertenecientes al quintil inferior de ingresos y buena parte de las ubicadas en el segundo quintil, se encontraban en situación de pobreza. En el año 1981 9% de los hogares y 13% de las personas residentes en la ciudad de Montevideo se encontraban por debajo de la línea de pobreza (Filgueira, 1994: 127-128). Según la misma fuente, tres años más tarde esos valores se habían más que duplicado. En 1984 21% de los hogares y 28% de los habitantes de la ciudad de Montevideo se encontraba en situación de pobreza. También se encontraba por debajo de la línea de pobreza 32% de los hogares del resto del país urbano. Por tanto, en el conjunto de la población urbana, entre la quinta y la tercera parte de las familias estaban en situación de pobreza en el año final de la dictadura.

Aunque a la vista estas cifras de pobreza, resulta claro que muchos fracasaron en el intento, es igualmente cierto que, al tiempo que se instaló una fuerte corriente de emigración por motivos económicos, las familias hicieron un gran esfuerzo para compensar mediante el sobretrabajo el impactante deterioro del poder adquisitivo de los salarios. En efecto, durante el período dictatorial se verificó un aumento del número de horas de trabajo por trabajador, lo cual se relaciona a su vez con el crecimiento del multiempleo y el informalismo laboral. A su vez, se incrementó notoriamente la participación femenina en el mercado laboral. Aunque este fenómeno responde además a otras causas de tipo sociocultural, es indudable que, al igual que el multiempleo, fue una de las estrategias de las familias para amortiguar los efectos de la caída del poder adquisitivo de los salarios mediante la búsqueda de nuevos ingresos por trabajo." (133, 134)

 "El período comprendido entre 1973 y 1985 fue para Uruguay un momento de exacerbación extrema de la violencia política estatal desplegada en el marco de un régimen dictatorial que se instauró como culminación de la transición autoritaria iniciada hacia 1967. Los sectores populares organizados fueron duramente reprimidos, sus organizaciones colectivas desmanteladas y sus demandas acalladas en el contexto de un sistema de control social y político que por momentos evidenció pretensiones totalitarias y terroristas. En cambio las organizaciones representativas del empresariado, no fueron afectadas en sus capacidades de acción y representación de intereses. Por el contrario, mantuvieron una posición privilegiada como interlocutoras de los conductores de la política económica y financiera del régimen, lo que les permitió incluso dar a conocer públicamente sus opiniones críticas ante orientaciones o medidas puntuales que los afectaban.

Aunque varios de sus dirigentes y asesores lo hicieron a título individual, ocupando incluso altos cargos en el gobierno y la administración pública, las cámaras empresariales nunca declararon su apoyo corporativo al régimen dictatorial como tal. Esnotoro que desde el punto de vista económico los empresarios se beneficiaron ampliamente de la represión antisindical y de la política salarial llevadas a cabo por el régimen. Sin embargo, testimonios de sindicalistas de la época evocan una actitud ambivalente y contradictoria en lo que tiene que ver con la disposición empresarial a colaborar con la represión de los trabajadores (Rico et al 2005, págs. 47-48). En general, las cámaras empresariales saludaron las medidas económicas del gobierno cuando los beneficiaban, pero no silenciaron su voz crítica cuando los perjudicaban. Esta es la actitud que se puede verificar tanto en el caso de la Cámara de Industrias como en el de la Federación Rural, cuyas críticas a la política económica fueron recurrentes, en particular a partir de 1978. Probablemente la única excepción en este sentido haya sido la de la Asociación de Bancos, cuyo silencio complaciente se mantuvo constante. Incluso, y sobre todo, durante la crisis que contextualizaó la transición a la democracia, cuando el salvataje del sistema financiero fue el objetivo prioritario de la estrategia de supervivencia desplegada por la dictadura en su fase final (Notaro, 1984: 184).

El período 1973-1985 constituyó un momento de confirmación de las orientaciones económicas de corte neoliberal, que venían ensayándose en forma parcial y con muchas dificultades desde 1959 como respuesta a la crisis de las estrategias de crecimiento económico y desarrollo social que hasta entonces habían resultado exitosas. En este sentido, la dictadura no representó un momento de ruptura sino de confirmación y profundización del rumbo político-económico. En los hechos, la política económica implementada durante el primer quinquenio del régimen se ajustó al libreto que había quedado establecido en el Plan Nacional de Desarrollo para el período 1973-1977, el cual fuera elaborado por la Oficina del Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República durante el año 1972 y aprobado por el Poder Ejecutivo en los meses previos al golpe de Estado.

En este trabajo hemos intentado establecer algunos de los efectos de estas orientaciones políticas económicas sobre la sociedad uruguaya. Desde el punto de vista demográfico, entre 1975 y 1985 la población de Uruguay mantuvo la bajísima tasa de crecimiento que había evidenciado entre 1963 y 1975 (0,6%), pasando de 2788429 a 2955241 habitantes. Tampoco se evidenciaron cambios significativos en su estructura según radicación rural o urbana, sexo o edad. Las mujeres siguieron constituyendo 51% del total. La población urbana pasó de 83% a 87%. Los menores de 15 años se mantuvieron en 27% mientras que los mayores de 64 pasaron de 10% a 11%, como resultado de las bajas tasas de natalidad y mortalidad que se verificaban desde los años sesenta. El cambio en el signo del saldo de los flujos migratorios consagró una ruptura histórica con la tradeicional condición del Uruguay como país de inmigrantes: durante la dictadura, el efecto combinado del exilio político y la emigración por motivos económicos se constituyó en una sangría permanente de recursos humanos que agudizó los efectos de la muy baja tasa de crecimiento vegetativo de la población.

Sin dudas, la emigración por motivos económicos fue una de las consecuencias directas del cambio en las expectativas de bienestar, experimentadas por una parte muy importante de la sociedad uruguaya. Si bien la evolución del Índice de Desarrollo Humano exhibió un progreso continuo durante los años setenta -que mantuvo a Uruguay en las primeras posiciones en el ámbito regional, aunque siempre muy distante de los países de mayor desarrollo en el mundo-, las políticas económicas implementadas en esa época provocaron un severo retorceso en las condiciones de vida de un vasto sector de la población. Dos de los objetivos prioritarios de las políticas, inspiradas en la orientación neoliberal predominante, fueron la contención de la inflación y la reducción de los costos asociados a la fuerza de trabajo. Se esperaba que se estos dos objetivos se lograban, ello estimulara la inversión, sobre todo extranjera, y con ello el país lograría retomar la senda del crecimiento económico.

Aunque la inflación nunca pudo ser llevada a los niveles deseados, a partir de 1973 sí se logró poner fin al largo estancamiento que afectaba la economía uruguaya desde 1957. Se inició entonces una nueva fase de crecimiento económico, pero la crisis financiera de 1982 sumió al país en una recesión de la que no comenzaría a salir hasta 1985, cuando la dictadura ya había concluido. Esa crisis económica tuvo profundas consecuencias sobre la sociedad, visibles entre otros indicadores en el gran aumento del desempleo y de la pobreza. Sin embargo, los efectos adversos del proceso económico sobre las condiciones de vida de los trabajadores no se verificaron únicamente en el momento de la crisis. Por el contrario, la caída del poder adquisitivo de los salarios, que se había iniciado a fines de los cincuenta al son de la inflación que se instaló junto con el estancamiento productivo, se profundizó aún más en tiempos de crecimiento económico.

A diferencia del período previo a 1973, durante la dictadura, con los sindicatos prohibidos y perseguidos, los trabajadores quedaron completamente desarmados para resisitir y al menos moderar la rebaja del poder adquisitivo de sus salarios. Como fue dicho, lejos de ser una consecuencia indeseada del proceso económico, la contención salarial fue un instrumento deliberadamente utilizado por los conductores de la política económica de la dictadura para contener el proceso inflacionario y estimular la inversión. Como consecuencia, la dictadura fue el escenario de una fuerte transferencia de ingresos de los trabajadores asalariados hacia los empresarios y el Estado. Esto fue así durante y después de la fase de crecimiento económico que se inició en 1973. Con la crisis desatada en 1982 este fenómeno se profundizó todavía más y aunque el esfuerzo de los trabajadores (en particular de las mujeres) para recomponer su capacidad adquisitiva aumentó notablemente, de todos modos más de la tercera parte de la población total quedó por debajo del ingreso mínimo requerido para satisfacer las necesidades básicas para sostener una vida digna." (139)

la economia en los 60 y durante la dictadura

"Hacia la década del 70 la Europa post Plan Marshall había dejado de ser el principal mercado para las exportaciones de ganado y productos ganaderos del Uruguay, Esto, debido a las medidas que estaban siendo adoptadas 'por los países consumidores, para proteger sus productores domésticos y de ganado y productos ganaderos de la competencia de productores más eficientes, incluyendo el Uruguay' (Favaro, Bensión 1003:187; énfasis mío)" (Menéndez-Carrión, 2015: 313)

Instituto de economía (2001)Uruguay del siglo XX. La economía. Montevideo: Ed. Banda Oriental

“La temprana urbanización y un módulo de distribución del ingreso bastante más progresivo que en los demás países de la América Latina, constituían fundamentos importantes de la absorción referida. Este crecimiento de la industria sustitutiva de importaciones se convirtió entonces en el principal factor de dinamismo de la producción nacional, pero nunca llegó a alterar el tipo de inserción internacional del país. Su única incidencia destacable sobre el comercio exterior consistió en la modificación de la estructura de las importaciones, al reducirse la participación relativa de los bienes de consumo e incrementarse las de los insumos y los bienes de capital, con lo que disminuyó progresivamente, el margen de maniobra del Uruguay para seguir adelante por el camino asociado a este patrón de crecimiento.

Es que la interrelación existente entre los límites del mercado interno, la dependencia tecnológica, las crecientes escalas de producción requeridas y las exigencias planteadas para mantener un nivel de rentabilidad suficiente como para seguir estimulando la expansión de la producción, representó un obstáculo insuperable para el sector, que no obstante la presencia permanente de la protección estatal, se estancó hacia mediados de los años cincuenta del siglo pasado, como lo demuestran los índices del volumen físico del producto bruto interno generado por las diferentes ramas de la industria manufacturera. (…)

El Uruguay llegó entonces a la segunda mitad del decenio de los cincuenta del siglo XX con un escenario de estancamiento global de su producción material. La tasa de inversión bruta cayó a un nivel apenas superior al 10 por ciento –guarismo que ponía apenas la reposición anual del capital despreciado- y el ritmo de evolución del producto bruto interno disminuyó notoriamente respecto a la década precedente. En particular, la caída de la inversión resultó especialmente notoria en el sector privado y afectó tanto a la construcción como a las maquinarias y los equipos, que son los dos principales rubros en el proceso de formación de capital en el Uruguay. En estas circunstancias, crecieron las dificultades en el funcionamiento de la economía hacia comienzos de los años sesenta, que condujeron a serios desequilibrios, alteraciones negativas en el campo laboral, deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población y contradicciones sociales que se alimentaron especialmente de una pugna creciente por mantener participaciones relativas en un producto que no crecía.

(…)

(…) el desequilibrio externo surge a partir del estancamiento de las exportaciones y una estructura rígida de importaciones, en la que se habían sustituído las de bienes de consumo, pero se mantenían las de insumos y bienes de capital como una exigencia permanente para el funcionamiento de la industria. Por este camino, se llegó rápidamente a un déficit comercial pronunciado, a una pérdida importante de reservas internacionales y a un acelerado crecimiento del endeudamiento. En efecto, hacia mediados de los años sesenta del siglo XX, la deuda externa ya había superado los 400 millones de dólares y diez años más tarde alcanzó el nivel de los 1000 millones, cifra que representaba –aproximadamente- el volumen de ingresos que el país obtenía por más de dos años de exportaciones. En particular, cabe destacar el rápido crecimiento de la deuda externa del sector público no monetario, esto es, el gobierno central y las empresas públicas.” (p. 76, 77, 78, 79)

“… la crisis financiera interna se manifestaba como un creciente desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sector público, con la consecuente expansión del déficit fiscal. Así, por ejemplo, si se observa la gestión de caja del gobierno central, el valor real de dicho déficit aumentó casi en un 40 por ciento entre los trienios 1963-1965 y 1972-1974.” (p. 80)

“El tipo de cambio constituye una de las variables relevantes en el análisis del proceso inflacionario uruguayo. (…) ha sido uno de los centros de las presiones de determinados grupos sociales, como los exportadores –en especial los ganaderos y los frigoríficos- en el marco del enfrentamiento por mantener o acrecentar las participaciones relativas en la distribución del ingreso, al que se hizo referencia antes.

(…) Aún cuando es cierto que las devaluaciones sucesivas que se aceleraron especialmente a contar de la finalización del decenio de los cincuenta respondieron a su vez –en buena medida- a la acción de otros factores generadores de inflación, también es preciso reconocer que, a determinada altura del proceso, el manejo que se hizo del tipo de cambio contribuyó a agudizar la elevación de los precios internos.

(…) Así, no obstante la espiral referida, la propia naturaleza de este desequilibrio –en la que el ritmo de ajuste de los precios es mucho más fluido que el que caracteriza a los salarios y otros ingresos fijos- la convierte en un factor de concentración regresiva de las participaciones relativas de los distintos grupos sociales en la distribución de los frutos de la producción.

(…)

(…) cabe señalar en primer lugar que la evidencia disponible al respecto indica que, en general, los trabajadores y el gobierno transfirieron ingresos hacia los grupos empresariales nacionales y el exterior, que los absorbió a través de las variaciones en la relación de términos del intercambio o los servicios de factores. En este sentido, algunos cálculos realizados en los últimos años para el período comprendido entre 1971 y 1976, han estimado que cerca del 98 por ciento de los ingresos transferidos corresponden al grupo de trabajadores, en tanto que el 70 por ciento de los mismos fueron captados por grupos de empresarios nacionales.” (pp. 84, 85)

“ … hasta mediados de los años setenta del siglo pasado, o sea, casi enseguida de finalizado el período cubierto por este trabajo, las repercusiones de la dinámica de la acumulación interna sobre los problemas propios de este recinto específico de la sociedad uruguaya pueden ser vistas como una agudización de los desequilibrios entre la oferta y la demanda de fuerza de trabajo –manifestados cuantitativa y cualitativamente- y un consecuente incremento en los niveles de desocupación y subocupación. En segundo lugar, la emigración en cuanto estrategia de sobrevivencia de grupos socialmente diferenciados supone –desde la perspectiva de funcionamiento del mercado laboral- una exportación de buena parte de la oferta excedente de fuerza de trabajo. Finalmente, el deterioro del salario real medio de los trabajadores se puede comprobar con claridad a medida que transcurren los años cubiertos por este análisis.

(…)

(…) a partir de la primera mitad de los años sesenta, comenzó a gestarse en el Uruguay un proceso de emigración que hasta 1975 involucró directamente –de acuerdo con los cálculos más cautelosos- a una cantidad de entre 250 y 300 mil personas, que se mantuvo elevado en 1976 y que pareció luego tender a endentecerse a partir de 1977.

(…) es importante señalar que los emigrantes poseían un nivel de educación relativamente alto, lo que estuvo asociado al hecho de que la creciente desarticulación entre el nivel medio de instrucción y capacitación de la población activa y los requerimientos que –desde este punto de vista- estaban implícitos en la demanda efectiva de mano de obra, desempeñó un papel importante en la explicación del proceso emigratorio. Así, se sabe que casi la mitad de los emigrantes entre 1963 y 1975 tenían instrucción primaria, que algo más de la tercera parte de los mismos estaban vinculados a la industria manufacturera, y que las tres cuartas partes eran nacidos en Montevideo. A ello hay que agregar que, como parte de la emigración, el Uruguay perdió más de un 13 por ciento de su población con instrucción secundaria, técnica o superior, y cerca de un 18 por ciento de la categoría conformada por profesionales, técnicos, gerentes y funcionarios administrativos.

Según ya fue dicho, los desequilibrios provocados por el proceso económico uruguayo sobre el ámbito laboral estuvieron acompañados por una tendencia al deterioro del salario real, sobre todo a partir de la primera mitad de los años sesenta, cuando simultáneamente se aceleró la inflación. Esta última asumió un papel fundamental en torno a la pugna social que apunta mantener o acrecentar las participaciones relativas en el ingreso, como ya se explicó antes.

(…)

Si se analizan los problemas ocupacionales del Uruguay durante el período comprendido entre 1955 y 1972 desde una perspectiva sectorial, las principales comprobaciones que es posible realizar refieren al mantenimiento de la tendencia expulsora de mano de obra que caracterizó tradicionalmente al sector agropecuario, la falta de cambios significativos en la insuficiencia de la absorción productiva de fuerza de trabajo que ha mostrado la industria manufacturera, la desmesurada participación relativa del empleo en las actividades terciarias y la relevante declinación del sector público como fuente de ocupación.

Al comentar en particular estos aspectos sectoriales, hay que señalar que la muy baja y descendente importancia relativa del sector agropecuario como fuente de trabajo es un rasgo histórico esencial de la economía uruguaya, y está asociado al carácter primordialmente extensivo de su producción ganadera que, según se dijo antes, ha basado siempre su competitividad internacional en la dotación de recursos naturales. Si se tiene en cuenta que con la sola excepción del decenio comprendido entre mediados de los cuarenta y los cincuenta –cuando crecieron los cultivos a impulsos de una política estatal específica- la ganadería ha ocupado alrededor de 15 de los casi 17 millones de hectáreas con aptitud agropecuaria, se puede apreciar la enorme influencia que la extensividad del rubro ha tenido sobre el ritmo de creación de oportunidades de trabajo en el país considerado en su conjunto.

(…)

Cuando comenzaba el decenio de los sesenta, el agro generaba más de la tercera parte de la ocupación fuera del departamento de Montevideo. Hacia fines de la década siguiente, esa proporción cayó a la cuarta parte. Este ritmo revela la magnitud de la tendencia expulsora del sector, la que –por su parte- ha provocado una continua y creciente corriente migratoria interna hacia los sectores urbanos. (…)

Simultáneamente, la economía uruguaya no tuvo durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, otro sector de la producción material que absorbiera productivamente los excedentes de fuerza de trabajo. En este sentido, la mayor responsabilidad debe ser asignada a la industria manufacturera que, a contar del estancamiento que la afectó desde mediados de los cincuenta, disminuyó relativamente su ya limitada generación de puestos de trabajo.

(…)

(…) el sector industrial ha sido el que concentró la mayor parte de los desocupados que no buscan trabajo por primera vez, aún cuando debe señalarse que esa proporción también mostró una evolución decreciente. Ello tiene que ver con el hecho de que una alta proporción de los emigrantes entre 1963 y 1975 –que ha sido estimada en más de 34 por ciento- estaban vinculados a la industria manufacturera, perteneciendo mayoritariamente a la categoría de artesanos, operarios y jornaleros.

Hacia fines del período que se viene analizando, la industria manufacturera concentraba menos de la quinta parte de la población económicamente activa del país –lo que ilustra claramente acerca de su poca importancia relativa como fuente ocupacional- y las ramas individualmente consideradas que tenían un mayor nivel absoluto de empleo eran las siguientes: textil y cuero; alimentos, bebidas y tabaco; caucho; química y metalúrgica. Al mismo tiempo, con la excepción de la construcción, era el sector de la economía que mostraba más altas tasas de desempleo abierto.

(…)

(…) la carencia de una industria fuerte que cumpliera un papel dinámico en la absorción productiva de fuerza de trabajo originó un vacío que fue ocupado –desde este punto de vista- por el sector público, apoyado en la conformación tradicional del Estado uruguayo.” (pp. 86 - 92)

“Con la dictadura ya instalada a contar de 1973, el Uruguay comenzaría a conocer una política de liberalización y apertura que provocaría una fuerte compresión del salario real –mucho más allá de las posibilidades que permitía la inflación al respecto- y una nueva experiencia de articulación a la economía mundial.” (p. 94)

“El gobierno que asumió en marzo de 1972 duró poco más de un año, hasta el golpe de Estado de junio de 1973. Tuvo que enfrentar la crisis de pagos externos que se inició a fines de 1971 y que se manifestó en caída de reservas, acelerado aumento del endeudamiento externo, atraso en los pagos a proveedores y quiebra de bancos.

Definió una nueva estrategia económica en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 (PND) aprobado por el Poder Ejecutivo en abril de 1973 luego de ser analizado por el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA).

El modelo de desarrollo intentó aumentar las exportaciones con una mayor explotación de los recursos naturales del país y procesamiento de sus materias primas. La Ley de Promoción Industrial y el Plan de Pesca agregaron estímulos crediticios y fiscales. La Ley de Inversiones Extranjeras estableció las garantías para la radicación y repatriación de capital y utilidades explicitando que podían acogerse a los demás estímulos de carácter general.

La política económica de corto plazo apunto a cumplir los compromisos de pagos externos. (…) Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo financiero para sostener el nivel de reservas y poner al día los atrasos de pagos externos.

(…) Finalmente, se aceleró la inflación y se inició una tendencia a la concentración del ingreso; el ritmo de inflación alcanzó al 86.8% promedio anual y el salario real en 1972 cayó 17%.” (pp. 96, 97)

“Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos, como se explicará más adelante, aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos públicos. Financiaron las transferencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y el mayor consumo de los no asalariados. La concentración del ingreso llevó a una reestructura del consumo privado, por la caída del consumo de los asalariados y pasivos y por lo tanto la demanda interna de bienes-salario, mientras que aumentó el consumo de los no asalariados con repercusión sobre la producción y las importaciones de bienes de consumo suntuario.

(…)

El permanente saldo negativo en cuenta corriente otorgó una nueva y creciente importancia al ingreso neto de capital, como condición del crecimiento del producto, permitió aumentar y diversificar las importaciones así como su liberalización, aumentar las reservas internacionales y mantener una situación fluida de pagos externos; con el costo de un creciente endeudamiento externo.

En la deuda externa del país, la deuda contraída por el Sector Público (Gobierno Nacional y Municipales; Bancos y otras Empresas Públicas) fue más importantes que la del Sector Privado. El principal componente fue el sector público no monetario (Gobierno Nacional y Empresas Públicas) y dentro de éste, la colocación de bonos y letras en moneda extranjera.” (p. 99)

“Las condiciones políticas contribuyeron a: proporcionar seguridad para el ingreso de capital del exterior así como para la inversión privada local; procesar las transferencias de ingresos, en particular, mediante la contracción de los ingresos reales de asalariados y pasivos …” (p. 100)

Dassatti, C., Márquez, G. (2012) La economía uruguaya 1960-2010, en 1960-2010 Medio siglo de Historia Uruguaya. Montevideo: Ed. Banda Oriental 

“El desempleo abierto aumentó al 14.3% en 1984. El salario real medio cayó un 30% entre 1982 y 1984, continuando una tendencia iniciada en 1971 y que lleva al final del período a la capacidad de compra del salario aproximadamente a la mitad de la de 1968/71. Las pasividades en términos reales tienen una evolución muy parecida y su caída en los dos últimos años del período se puede estimar en torno al 30%.

Los cambios en el Estado y en la economía derivaron en el ascendente protagonismo de un nuevo actor social. Hasta principios de la década del setenta se identificaban tres actores principales aunque no únicos, los ganaderos, los industriales y los asalariados urbanos. Los primeros generaban la producción exportable y las exportaciones eran la principal y casi única fuente de moneda extranjera. La moneda extranjera permitía importar las materias primas y los equipos para la industria protegida, que generaba los nuevos puestos de trabajo. Con el desarrollo de la industria y los servicios públicos, aumentan los asalariados urbanos.

Al final del período podemos hablar de un cuarto socio, el capital financiero. Tiene su base en las instituciones de intermediación financiera y articula también a los acreedores externos y los propietarios de depósitos bancarios, residentes en el país o en el exterior.” (pp. 120, 121)

“El 1º de noviembre de 1967 asumió como nuevo ministro de Economía del Gobierno del Gral. Gestido el Dr. César Charlone. Dicho cambio de autoridades determinó una vuelta a las prácticas dictadas por el FMI, siendo los principales objetivos de política económica el logro de la estabilización en el nivel de precios y el equilibrio en las cuentas externas. Se esperaba que, con el cumplimiento de dichos objetivos, se lograría la repatriación de capitales, la recomposición del ahorro privado y la confianza por parte de los mercados internacionales. De esta manera, las principales medidas adoptadas fueron las siguientes:

• devaluación del tipo de cambio oficial, que pasó de $99 a $200 por dólar, en noviembre de 1967.
• Reunificación del mercado cambiario.
• Liberación de dicho mercado, con la salvedad de que las operaciones de divisas derivadas de las exportaciones tradicionales deberían tramitarse a través del BROU.
• Limitación del crédito, restricción de los aumentos salariales y reducción del déficit fiscal, con el fin de eliminar presiones inflacionarias por el lado de la demanda.

No obstante, a pesar del cumplimiento de las metas planteadas, la persistente inflación condujo a una nueva devaluación en abril de 1968, llevando la cotización del dólar a $250. (…) la situación de estancamiento económico potenció la presencia de prácticas especulativas, las cuales se intensificaron en este período, encontrándose entre las principales causas de las presiones inflacionarias.” (163, 164)

“Las circunstancias económicas en 1968 planteaban como principales problemas a enfrentar: un elevado déficit fiscal, un significativo nivel de endeudamiento con el exterior y un acelerado ritmo inflacionario. Este agravamiento del clima económico se vio acompañado de –y en cierta medida alimentó- un deterioro de las relaciones entre sectores de la sociedad, caracterizado principalmente por la confrontación. (…)

Los principales objetivos de la política económica en este período se basaron en el logro del equilibrio externo y la estabilización del nivel de precios. Con respecto al primero, se buscaba recuperar el nivel de reservas internacionales y reducir el endeudamiento externo de corto plazo. Con respecto al objetivo en materia de política inflacionaria, se instrumentó un plan de estabilización a partir del cual se decretaba la congelación de precios y salarios.

Dicha medida se implementó con anterioridad al ajuste corrector del salario real, determinando así una fuerte depresión en su nivel; en cambio, en el momento de implementarse el decreto, los sectores empresariales ya habían remarcado sus precios de venta. A la suspensión de los Consejos de Salarios (en funcionamiento desde 1944), le siguió la creación de la Comisión de Precios e Ingresos (COPRIN), entidad pública a cargo del control de las nuevas escalas de precios y salarios fijadas por decreto.” (p. 164)

La política económica de la dictadura

“Primera etapa, 1974-1978: ‘intervencionismo reestructurador’

Este período marca la adopción de una política inspirada en el Plan de Nacional de Desarrollo 1973-77, complementado luego en los Cónclaves de San Miguel y Nirvana (de agosto y octubre de 1973, respectivamente) con la finalidad de promover cambios estructurales en la economía del país. La estrategia se basó en la opción aperturista y de integración económica y comercial con el mundo. (…)

Se impulsó la expansión del sector exportador en el entendido de que su crecimiento provocaría el arrastre del resto de la economía. Durante este período, luego de un estancamiento económico de veinte años, el país logró una etapa de crecimiento apoyado en la inversión y las exportaciones. El costo de esto fue una concentración del ingreso y una disminución del salario real.

Este período ha sido llamado ‘intervencionismo reestructurador o ‘segundo modelo neoliberal’. A pesar de que el principio declarado era apoyarse en el libre mercado para la distribución de los recursos y regular el funcionamiento de la economía, la práctica intervencionista fue una característica permanente. El propósito era reestructurar la economía del país para superar aquellas trabas que, según esta concepción, impedían su desarrollo. Cabe destacar que esta reestructura no se llevó a cabo porque el libre juego del mercado así lo determinó, sino que el nuevo orden fue impuesto utilizando para ello el poder coercitivo que la situación política dictatorial brindaba.

(…) En 1974 se designó al Ing. Alejandro Végh Villegas como ministro de Economía. Los pilares de la nueva política económica serían los objetivos de crecimientos, liberalización, apertura y estabilización, y la reducción de la participación del Estado. La apertura comercial aproximaría la estructura de precios internos a la estructura de precios internos a la estructura de precios internacionales y, de ese modo, los recursos se asignarían según el principio de las ventajas comparativas.” (pp. 170,171)

“Segunda etapa, 1978-1982: ‘liberalismo estabilizador’

En el análisis de los objetivos de política económica en el período comprendido entre 1978 y 1982 se pueden encontrar dos etapas: en la primera, hasta fines de 1981, el objetivo primordial fue la estabilización de precios con una instrumentación de carácter liberal, en tanto que en una segunda etapa se incorpora la preocupación por atenuar la recesión retomándose cierto grado de intervencionismo.” (p. 181)

“En octubre de 1978 el gobierno anunció la introducción de ‘la tablita’, una planificación diaria del tipo de cambio unificado (comercial y financiero) que estaría vigente hasta seis o nueve meses después. El objetivo de esta nueva política cambiaria era la reducción del volumen de transacciones especulativas y de riesgo cambiario y la disminución de las expectativas de inflación futura (la tasa de inflación doméstica debería converger a la tasa de inflación internacional más la cada vez menor tasa de devaluación del peso).

(…) el BCU solo emitiría dinero contra el ingreso de divisas y lo retiraría cuando egresaran divisas, por lo que su capacidad para conceder crédito y aumentar el circulante en la economía se encontraría limitada. Como resultado, desaparecerían los aumentos de precios originados en la emisión descontrolada de origen monetario o fiscal, de modo que tanto los precios como las tasas de interés internas convergerían a las internacionales.

Para que esto fuera posible era necesaria la eliminación de todos los obstáculos al libre movimiento de capitales.” (p. 182)

“En concordancia con el nuevo enfoque de política cambiaria, fueron eliminados los controles sobre la oferta de dinero. De esta manera, a fines de 1978 comenzaron a reducirse los encajes obligatorios y, a fines de marzo de 1979, los mismos fueron eliminados así como también las operaciones de mercado abierto.

Al mismo tiempo, el proceso de liberalización financiera intensificó su ritmo, como lo demuestran la liberalización de las tasas de interés en setiembre de 1979, la derogación del Impuesto Único a la Actividad Bancaria, el aumento de los márgenes de receptividad de los depósitos y la autorización del establecimiento de nuevas instituciones bancarias. (…) el número de casas bancarias se multiplicó, y pasaron a basar su negocio netamente en la actividad off-shore.

Por último, cabe destacar que, como resultado del proyecto de transformar a Uruguay en una plaza financiera internacional, se dio una importante extranjerización e internacionalización del sistema financiero uruguayo. Esto se explica por la instalación de trece nuevas casas bancarias filiales de capital extranjero y la venta de cuatro bancos de capitales nacionales a extranjeros, así como por el aumento de la importancia relativa de las operaciones en los mercados financieros externos. No obstante, la plaza financiera tuvo un carácter regional, en la medida que los capitales que ingresaron eran fundamentalmente de los países vecinos.” (p. 183)

“El endeudamiento externo registró aumentos derivados de la entrada de capitales dirigida al sector privado y del financiamiento público. Dentro del sector privado, el subsector que dominó la expansión de la deuda externa fue el bancario, debido fundamentalmente al incremento de los depósitos de no residentes. Con respecto al sector público, el subsector público no financiero fue dominante, dentro de cuyo destino se destacó el rubro infraestructura (financiación de la represa hidroeléctrica de Palmar).

(…)

Hacia 1982, la inseguridad, tanto financiera como cambiaria (derivada la primera de las crecientes dificultades de pago de los deudores bancarios y la segunda de la progresiva desconfianza en el mantenimiento del cronograma cambiario), se tradujo en una significativa fuga de capitales.

Como consecuencia del aumento del déficit de cuenta corriente y de la reversión del flujo de ingreso de capitales, se deterioraron los niveles de reservas internacionales del BCU, a lo que también contribuyó la considerable fuga de recursos financieros nacionales hacia el exterior. Otro factor que influyó en la pérdida de reservas fue la creciente transformación en dólares de gran parte de los depósitos a plazo denominados en moneda nacional.

De esta manera, la pérdida neta de reservas internacionales (de alrededor de 638 millones de dólares) excedió a las ganancias netas generadas en los años anteriores, culminando en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982.” (pp. 186, 187)

“El detonante de la recesión que se inició a partir del segundo semestre de 1981 fue la reversión de la relación de precios favorable con Argentina, como consecuencia del abandono del cronograma cambiario en dicho país en marzo de 1981. Esto se sumó a la situación económica ya deteriorada por la recesión internacional y el impacto de las crecientes tasas de interés en el servicio de la deuda externa uruguaya.” (p. 187)

“Tipo de cambio

En octubre de 1978 se dio inicio al régimen conocido como ‘la tablita’, el cual consistió en una planificación diaria del tipo de cambio (unificado) por un período de entre seis a nueve meses. Esta nueva política cambiaria implicaba la administración de las reservas internacionales y un manejo muy cuidadoso del gasto público.

Si bien en la teoría se esperaba lograr una alineación de los precios internos a los internacionales, en la práctica la variación del tipo de cambio nominal comenzó a mostrar rezagos con respecto a la evolución de los precios internos, afectando de forma negativa a la competitividad del país con el resto del mundo.

Finalmente, la pérdida de reservas internacionales registrada en 1982 puso en jaque la sostenibilidad del régimen cambiario imperante.” (p. 188)

“Expansión de la actividad financiera

El sector financiero se vio ampliamente beneficiado con las políticas aplicadas en el período.

Todo esto fue posible debido a la ausencia de controles regulatorios, producto del profundo proceso de liberalización aplicado en el sector financiero en este período. De esta manera, el acceso prácticamente irrestricto al crédito abundante se conjugó con su utilización frecuentemente imprudente.

La combinación de la mayor disponibilidad crediticia en conjunto con la existencia de expectativas favorables en algunos sectores económicos, se tradujo en el surgimiento de booms económicos con un elevado contenido especulativo. Como consecuencia, se verificó un sostenido crecimiento de la deuda de los distintos sectores productivos con el sistema bancario privado. Al mismo tiempo, tuvo lugar una fuerte expansión del crédito al consumo como fuente de financiamiento de compras de bienes de consumo duradero importados.” (p. 189)

“Otra de las consecuencias de la profundización de la apertura financiera registrada en el período se refiere a la dolarización de la economía y, principalmente, del sector financiero. Como ya mencionamos, la existencia de fuertes atractivos de rentabilidad para las operaciones en dólares, en conjunto con la existencia de atraso cambiario, motivaron un fuerte ingreso de capitales extranjeros con fines especulativos, una contracción progresiva de la base monetaria y una utilización más intensiva del dólar como unidad de cuenta y depósito de valor.” (p. 191)

“Caída de salarios y pasividades

Con respecto a la situación de los asalariados y pasivos, la transferencia de ingresos desde estos sectores hacia el sector empresarial siguió vigente. En particular, en el período 1978-1982, dicha transferencia se apoyó fundamentalmente en los sectores de menores ingresos. Como contrapartida, los ingresos del capital global continuaron aumentando. No obstante, en este período se observó una nueva tendencia en cuanto a la redistribución de ingresos; la transferencia desde el capital comercial y productivo hacia el capital financiero.

Como consecuencia del continuo deterioro de los ingresos de la clase trabajadora se produjo una mayor concentración del ingreso, provocando como respuesta estrategias de supervivencia como el ‘sobretrabajo’ o la emigración.” (p. 191)

“Tercera etapa, 1982-1984: ‘intervencionismo de supervivencia’

(…) El 25 de noviembre de 1982 el BCU comunicó su retiro del mercado cambiario, dando fin así al régimen cambiario de ‘la tablita’. La grave situación económica que enfrentaba el país fue uno de los principales factores que explicaron este cambio de política. En particular, existía una crítica situación en el sector externo, que se traducía en una continua pérdida de reservas internacionales y en crecientes dificultades para hacer frente a los pagos externos.

Las políticas aplicadas en este período respondieron a las condiciones plasmadas en el crédito firmado con el FMI en febrero de 1983. Dicho organismo desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y sus acreedores, la banca privada internacional.

(…)la política económica aplicada durante el período comprendido entre fines de noviembre de 1982 y fines de 1984 puede ser considerada como un ‘intervencionismo de supervivencia. Esta caracterización responde a dos aspectos: por un lado, el manejo de los instrumentos de política económica implicó la sustitución del rol del mercado por parte del Estado, en tanto que, por otro lado, se buscaba el logro de mejores condiciones para subsistir en la crisis.

Entre fines de 1982 y comienzos de 1983 se definieron los lineamientos generales de la política económica del período, los cuales se dieron a conocer en un comunicado del gobierno del 26 de noviembre de 1982 y en la Carta de Intención dirigida al Fondo Monetario Internacional (FMI) del 1º de febrero de 1983.

En el marco de una situación deteriorada, el Gobierno debió recurrir a la asistencia financiera del FMI, para lo cual se comprometió a desarrollar un programa de ajuste de los desequilibrios existentes. (…) En este período, una importante porción de la deuda externa de nuestro país tenía como acreedores a los bancos transnacionales, y la asistencia del FMI era insuficiente para atender el calendario de pagos previsto. De esta manera, el FMI desempeñó un rol de intermediación entre Uruguay y la banca transnacional, garantizando que el ajuste económico plasmado en el programa aseguraría el cobro de sus préstamos con los intereses correspondientes. (…)

La política cambiaria: flotación limpia

Los intentos de mantenimiento del cronograma cambiario se traducían en una continua pérdida de reservas internacionales. Esta situación llevó a que, el 25 de noviembre de 1982, se abandonara la política cambiaria de mini devaluaciones preanunciadas y se sustituyera por un régimen de libre flotación de la moneda. Asimismo, se eliminaron los reintegros y se redujeron los aranceles, traduciéndose en menores efectos de instrumentos fiscales sobre el tipo de cambio efectivo.

La intención del equipo económico de este período era, luego del aumento del tipo de cambio y un período de oscilaciones, cuando encontrara su nivel de equilibrio, llevar a cabo una política cambiaria flexible con posibles intervenciones de la autoridad monetaria. A partir de esta medida, el dólar pasó de N$ 13,81 en el último día de ‘la tablita’ a N$ 22 en el día de la reapertura del mercado, y a N$ 35 a fines de diciembre de 1982.” (p. 193)

“La política comercial: nuevos pasos en la liberalización y apertura

Con respecto a las importaciones, se avanzó en el proceso de liberalización y apertura, a través de una fuerte reducción arancelaria y la eliminación de aforos y precios de referencia de carácter proteccionista. De esta manera, las importaciones que competían con los productos nacionales vieron reducir su arancel en un 30%, con un máximo que se fijó en 55%.

(…) La promoción de las exportaciones se basó principalmente en el tipo de cambio y en la reducción del costo de la mano de obra, y mantuvo un tratamiento igual para exportaciones tradicionales y no tradicionales.” (p. 193)

“Como consecuencia de la recesión, las carteras de deudas a cobrar por parte de los bancos se tornaban cada vez más difíciles de liquidar La situación se agravó aun más cuando, en agosto de 1982, México declaró la imposibilidad de pago de su deuda. La llegada de esta noticia en conjunto con el abandono del cronograma cambiario derivaron en un importante retiro de depósitos en el sistema bancario.

El Estado asumió la mayor parte de los costos de la crisis bancaria, mediante la compra de carteras y la absorción de los bancos en dificultades por parte del BROU y/o la Corporación Nacional para el Desarrollo.” (p. 194)

Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House.

Capítulo 4. La estrategia y la política económica de la dictadura, 1973-1984. Jorge Notaro

"En junio de 1968 con Pacheco Areco como Presidente de la República, con una inflación que por primera vez superó el 100% anual, se adoptó una medida sin precedentes: la congelación de precios y salarios. Esta PE no logró dinamizar las exportaciones y la experiencia terminó con una importante devaluación en 1971, que se trasladó a los precios y provocó una caída de 17% del salario real durante el primer año del nuevo gobierno con Bordaberry como Presidente. La plusvalía captada por las actividades ganaderas aumentó 50% sobre el nivel de 1971 (IECON, 1973: 54-57)." (88)

"El gobierno que asumió en marzo de 1972 definió una nueva estrategia en el Plan Nacional de Desarrollo 1973-1977 que proponía aumentar las exportaciones con una mayor explotación y procesamiento de los recursos naturales con participación del capital extranjero. Se firmaron cartas de intención con el FMI desde junio de 1972 y se logró su apoyo para poner al día los atrasos de pagos externos. (...) el Producto Bruto Interno (PBI) cayó levemente pero el ingreso nacional bruto disponible (YNBD) aumentó por la ganancia de términos de intercambio, se aceleró la inflación, el Índice de Precios al Consumo (IPC) alcanzó 86,8% promedio anual y el salario real medido por el Índice Medio de Salarios (IMS) en 1972 cayó 17%.

El largo proceso de deterioro económico y político así como los conflictos sociales fueron modificando el peso relativo de los actores y el gobierno se fue deslizando hacia la dictadura aceptando condiciones de las Fuerzas Armadas en febrero de 1973 y la disolución del Parlamento en junio del mismo año. Entre los militares se fue afirmando la idea de que los políticos eran corruptos e ineficaces para resolver los problemas económicos y enfrentar el comunismo internacional. Adicionalmente, como funcionarios públicos no sindicalizados y despreciados por la oligarquía, sus ingresos se deterioraban.

En febrero de 1973 las Fuerzas Armadas plantearon exigencias al presidente Bordaberry, quien aceptó firmar en el llamado Acuerdo de Boiso Lanza. Una de las condiciones fue la creación del Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) (Decreto 163/973 del 23/02/7f3 y Decreto-Ley 14.157 del 21/02/74) como asesor del Poder Ejecutivo en seguridad nacional en un sentido muy amplio que incluía la actividad económica y social. Integrado por el Presidente, algunos ministros y los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, institucionalizaó la participación militar en las decisiones del gobierno. La primera participación relevante en la estrategia y la política económica fue aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y con la disolución del Parlamento se institucionalizó su hegemonía.

El intervencionismo reestructurador 1974-1978

La PE de este período puede caracterizarse como 'intervencionismo' por el manejo de los instrmentos lo que implica una importante discrecionalidad del gobierno y 'reestructurador' por sus objetivos preioritarios, que apuntaban a modificar las estructuras de la producción, del comercio exterior, de la distribución del ingreso, de la demanda y de los precios relativos (Notaro, 1984: 39-102).

La PE preexistente sobrevivió algunos meses alos cambios políticos y en el equipo económico, fue un período de observación y aprendizaje de la gestión del gobierno para las Fuerzas Armadas. Desde agosto de 1973 hasta octubre de 1978 la estrategia se ajustó en cuatro reuniones conocidascomo 'Cónclaves' en las que participaron los civiles que ocupaban cargos políticos y los militares de mayor graduación. Se integraron las propuestas del Plan Nacional de Desarrollo con las de los militares, quienes habían expresado anteriormente en distintos documentos -entre los que se destacan los Comunicados Nº4/73 y 7/73, de fecha 9 y 10 de febrero de 1973-, que tenían por objetivo 'hacer saber al pueblo cuál era exactamente el pensamiento de las FFA respecto de los grandes y acuciantes problemas de la vida nacional'; el Memorando del 11 de febrero de 1973, dirigido al Presidente de la República con las propuestas de las Fuerzas Armadas para superar la crisis; y la Relación de Objetivos Nacionales y Pautas de Planificación y Conducción Nacional, Documento de la Junta de Comandantes en Jefe de mayo de 1973 que consolidó los anteriores y definió prioridades.

En julio de 1974 se designó al ingeniero Alejandro Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas, quien renunció por discrepancias con el proceso de retorno a la democracia en julio de 1976 y fue sustituído por el Subsecretario, Cr. Valentín Arismendi. Se implementó una política de promoción de exportaciones industriales que incluía costo de mano de obra muy bajo, una devolución de impuestos que era una forma encubierta de subsidios, créditos a tasas de interés reales negativas, acceso a los mercados externos con los acuerdos llamados CAUCE con Argentina y PEC con Brasil por los cuales estos países se comprometían a aceptar determinados montos de exportaciones de determinados productos sin aranceloes. Se reinició el crecimiento del PBI y en menor medida del YNBD; aumentó la Inversión Bruta Fija (IBF) y, la importancia relativa de las exportaciones así como la demanda del sector público y el permanente déficit comercial se financió con ingreso neto de capital. Se reestructuró la demanda por aumento de la importancia relativa de la demanda externa y de la demanda pública; aumentó la concentración del ingreso apoyada en la persistente caída del salario, la mayor captación interna de los excedentes generados y el ingreso neto de capital. La inflación fue el costo para promover una estructura de precios relativos, considerada adecuada y en particular, un tipo de cambio alto en términos reales. El ingreso de capital contribuyó a financiar la inversión y fundamentalmente, permitió aumentar y diversificar las importaciones. Estas últimas crecieron más que las exportaciones y que el producto, de modo que el desequilibrio en cuenta corriente se volvió estructura. Las transferencias de ingresos desde los asalariados y los pasivos aumentaron la rentabilidad media de la economía y los ingresos pùblicos, y financiaron las transfrencias de ingresos al exterior, el aumento de la inversión y elmayor consumo de los no asalariados. Se completó así la exclusión social de los trabajadores con su exclusión económica y los ingresos transferidos se distribuyeron mediante diversos mecanismos entre grupos empresariales de todas las actividades económicas lo que permitió construir una amplia base social constituida por fracciones burguesas incluyendo estratos medios y pequeños que contaron además, con el apoyo del capital financiero externo (Notaro,1984: 94)"(88-92)

"Durante los primeros años de la dictadura, la oligarquía local manifestó su apoyo a la dictadura en declaraciones delas principales organizaciones empresariales y, por ejemplo,en agosto de 1978 el conjunto de gremiales patronales rurales apareció en televisión junto al General Gregorio Álvarez diciendo que la liberalización de los precios de los productos de la ganadería era una medida patriótica. Se ha señalado que 'Las medidas tuvieron como objetivo el aumento de los niveles de rentabilidad del sector' (Araújo, 2008:2) así como 'la relación entre los dirigentes de las gremiales y los técnicos del régimen fue más que directa'. (Araújo, op.cit: 48). Contó con apoyo importante del FMI durante el primer semestre de 1974, cuando la caída de los valores de las exportaciones (carne vacuna principalmente) y el aumento de los de las importaciones (petróleo) generaron un importante déficit comercial y reducción de las reservas internacionales netas del BCU.

La liberalización para la estabilización de precios 1979-1982

Desde noviembre de 1978 hasta noviembre de 1982 la PE se caracteriza como 'liberalismo estabilizador' por el manejo más liberal de los instrumentos y la prioridad absoluta del objetivo de estabilización de precios (Notaro, 1984: 103-184). El equipo económico fue estable, continuaron el Cr. Valentín Arismendi como Ministro de Economía y Finanzas, y José Gil Díaz como Presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). Se definió cronograma cambiario conocido como la tablita que anunciaba la cotización del dólar a la que el BCU se comprometía a comprar y a vender, cada día, a varios meses de plazo en un contexto de libre movimiento internacional de capital y alto grado de apertura comercial. Se esperaba que el ingreso de capital aumentara la oferta de moneda extranjera y de crédito, estabilizara el tipo de cambio y redujera las tasas de interés internas al nivel de las externas, cambios sumados a la liberalización de las importaciones llevarían a la estabilidad de los precios internos, lo que permitiría un tipo de cambio fijo creándose así las condiciones para la instalación de un centro financiero internacional en el país.

El proceso económicono se desarrolló de acuerdo a los esperado, la devaluación fue menor que el aumento de precios internos, las empresas del país perdieron competitividad con el atraso cambiario que se sumó a la reducción de la protección y la eliminación de promoción de exportaciones, el nivel de actividad de la industria manufacturera cayó en 1981 y al año siguiente la economía ingresó en una fase recesiva con aumento del desempleo. Los sucesivos y crecientes déficit de la cuenta corriente y la ejxpansión de la demanda interna generaron una demanda creciente de recursos externos.

Las tasas de interés domésticas aumentaron más que la inflacion y se ubicaron por encima de las tasas de interés internacionales,con impactos contradictorios. Por una parte, aumentó la rentabilidadde la intermediación financiera estimulando el ingreso neto de capital y la expaqnsión de la actividad. Por otra, también aumentaron la importancia de los pasivos externos con relación al producto y el costo real del crédito. Los stocks de difícil realización, el endeudamiento y la incapacidad de pagos llevaron a capitalizar los intereses vencidos, generando nuevos requerimientos de financiamiento externo sin contrapartida en expansión del nivel de actividad.

Con el descenso de la inflación a 20% en 1980 comenzaron a manifestarse dificultades para el pago de los créditos, la política cambiaria perdía credibilidad, los depósitos se convertían a moneda extranjera y los bancos trasladaban el riesgo cambiario obligando a los deudores a convertir su deuda a moneda extranjera. En el segundo semestre de 1981 se puso en marcha un proceso de fuga de capital, comenzó a reducirse la captación interna y a aumentar la colocación externa. El endeudamiento de las empresas con el sistema bancario alcanzó 80% del PBI en 1982.

La expectativa de una inminente devaluación estimuló el aumento de demanda de moneda extranjera, el aumento del déficit en cuenta corriente y la salida de capital deterioraron el nivel de reservas y culminaron en la incapacidad de pagos externos a fines de 1982. En noviembre las reservas alcanzaron su nivel mínimo en 279 millones de dólares y el día 25 del mismo mes el BCU se retiró del mercado cambiario y dejó de vender moneda extranjera a la cotización establecida en el cronograma, el tipo de cambio se fijo por la oferta y la demanda en un mercado sin intervención del BCU y en días siguientes se produjo una devaluación de algo más de 100%.

Desde 1980 aumentaron los concordatos y las quiebras, los clubes de bancos que intervinieron la gestión de los deudores morosos y la venta de bancos con dificultades. Las organizaciones empresariales agropecuarias e industriales manifestaron discrepancias crecientes desde 1980 señalando como principales dificultades la reducción de las ventas en el mercado interno y externo, los altos costos financieros y la caída de la rentabilidad.

La intervención para la supervivencia del capital financiero 1983-1984

Desde noviembre de 1982 la PE se puede caracterizar como 'intervencionista' porque la instrumentación implicó un aumento de la participación del Estado y 'de supervivencia del capital financiero' porque tuvo como objetivo prioritario sostenerlo. El Ministro de Economía y Finanzas Arismendi fue sustituído por el Cr. Walter Luziardo (el 15 de diciembre de 1982) y se completó el cambio del equipo económico que se había iniciado en julio con la sustitución de Gil Díaz porel Cr. José María Puppo en la Presidencia del BCU. El nuevo equipo duró poco tiempo pues en noviembre de 1983 volvió Végh Villegas como Ministro de Economía y Finanzas y en febrero de 1984 Puppo fue sustituído por el Cr. JuanProtasi.

La nueva estrategia se definió en un comunicado del gobierno (26 de noviembre de 1982) y en la Carta de Intención dirigidaal FMI (1º defebrero de 1983). (...)

Entre las medidas se destacan las compras de cartera que permitieron desplazar hacia el Estado la mayor parte de los deudores bancarios morosos y el respaldo a las ventas de bancos y casas bancarias haciéndose cargo el Estado de la cartera incobrable.Se consolidó la hegemonía del capital financiero asegurando la supervivencia de las instituciones de intermediación financiera así como la recuperación de las colocaciones a los acreedores externos y los propietarios de depósitosbancarios, residentes en el país o en el exterior,en todos los casos, con altos niveles de rentabilidad.

El experimento de la tablita terminó en una catástrofe económica y a medida que se expandían sus impactos negativos, los actores empresariales que se habían beneficiado durante varios años comenzaron a quitar el apoyo a a la dictadura militar desde 1980. La Federación y la Asociación Rural solicitaron la refinanciación de las deudas bancarias y mayores estímulos fiscales en junio de 1980. Un año después la Federación reiteró sus revindicaciones y declaró que 'el equipo económico no cuenta con la confianza de los productores'.

Para la industria el estímulo más permanente fue la reducción del costo de la mano de obra, en estos años por una acelerada reducción del aporte patronal a la seguridad social. El desmantelamiento de la promoción de exportaciones, la reducción de aranceles,el atraso cambiario y las altas tasas de interés en términos reales, generaron una situación crítica en toda la industria. En abril de 1982 la asamblea de la Cámara de Industrias se declaró en 'estado de emergencia', solicitando un mayor ritmo de devaluación, la suspensión de la reducción de aranceles y la refinanciación de las deudas bancarias. El Ministro del Interior consideró que la resolución indicaba un clima de 'presión, desafío y enfrentamiento' por lo que justificó la negativa del gobierno a recibir a una delegación de la gremial.

El estancamiento, la inflación y la crisis financieras desarmaron la base social del gobierno contribuyendo a crear condiciones favorables para la transición a la democracia. Touraine señala que en Chile y Argentina el resultado de la política económica de lasdictaduras fue una 'desindustrialización' (1987:11). Se podría agregar el caso de Uruguay y subrayar la diferencia con la política económica de la dictadura brasileña, que por ejemplo, mantuvo múltiples estímulos a la inversión productiva y un estricto control del movimiento internacional de capital.

El FMI recuperó protagonismo por la contracción de la financiación privada externa y reinició las operaciones de apoyo condicionado al establecimiento de metas de estabilización de precios, fiscales y monetarias. 'La distribución de costos y beneficios,así como los resultados sobre el proceso económico, permiten hablar de un modelo que pasó detener un carácter antipopular a tener un carácter antinacional'. (Notaro, 1984: 104).

Cuando se constituyó la Concertación Nacional Programática, un frente social y político que promovía la 'transición a la democracia', estaban todas las organizaciones sociales, desde las organizaciones sindicales y estudiantiles hasta la Asociación Rural y la Cámara de Industrias. No participaron los militares y la Asociación de Bancos, los primeros como responsables y los segundos como beneficiariosde este proceso." (92-98)

El impulso y su freno

Real de Azúa, C. (1964) El impulso y su freno Montevideo: Ed. Banda Oriental.

“No es arbitrario partir por una de las vías más transitadas por la penetración imperialista: los empréstitos. O mejor aún: los empréstitos y el cumplimiento leonino de sus obligaciones en la general insolvencia latinoamericana tantas veces promovida por los propios prestamistas. De ello se libró el Uruguay que en el primer cuarto del siglo fue repatriando sin pausa su deuda externa mientras que todo el cerco de garantías se completaba con la política de nacionalización de los servicios públicos que es uno de los timbres de orgullo del Batllismo. Si ya antes de él y durante la década del noventa habían sido preservados para el país el Banco Hipotecario (1892) y el Banco República (1896), fue el impulso batllista el que completó la obra y rescató lo rescatable. Contra muchas reticencias internas, contra presiones internacionales, cautas pero evidentes, se nacionalizaron totalmente el Banco de la República (1906-1911), el Hipotecario (1912), se estableció el monopolio de los seguros más importantes y se organizó su Banco (1911), se estatizaron los servicios del Puerto (1916), se crearon los ferrocarriles del Estado (1912), pasaron a manos públicas los servicios de energía eléctrica (1912), los telégrafos (1915), se planteó la orientalización del cabotaje (1912) y se proyectó —desde los primeros años del Batllismo— la nacionalización y el monopolio estatal del alcohol, el tabaco y las aguas corrientes. Hacia el final del primer tercio del siglo se formó (no sin resistencia batllista en cuanto a su carácter mixto y privatista) el Frigorífico Nacional (1928) y fue la Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (1931) la última gran expresión del período que fenecía.

Pero también esta política de creación fue acompañada por una de contención y hasta de represión; las compañías tranviarias y los frigoríficos (entre otros) conocieron lo que era tan desusado en Sudamérica: un Estado difícil de corromper y atropellar, dispuesto a vigilar sus ganancias desmesuradas, su fraude fiscal, sus prepotentes tratos laborales.

Con la excepción registrada, "nacionalización" se acompañó siempre de "estatización" más o menos completa (abriéndose por ahí, como se verá, el desprestigio más ancho y peligroso). Por entonces, todo eso, constitucionalizado en el famoso artículo 100 de la Carta de 1917, fue engrosando la versión uruguaya de las clásicamente llamadas "funciones secundarias del Estado". Unas funciones que, por otra parte, ya nos colocaron inicialmente muy lejos del Estado destartalado y angosto de casi todos los países hispanoamericanos de la época. Si gendarme, casi siempre fiel, de los intereses privados era el de estos, la porción que, por el contrario tomó para sí el Estado uruguayo en todos los rubros fundamentales (gestión empresaria, distribución de la renta nacional) resultó desusadamente grande; aun el mantenido aporte de la explotación pecuaria privada y el carácter capitalista del proceso industrial no fueron capaces de arañar su volumen.” (22, 23)

“ …la industrialización, el agrandamiento del Estado, la lucha contra los propietarios de la tierra parecen estar imputando estos procesos a un ineludible (e inconfundible) protagonista clasístico. La clase media —no exactamente "la burguesía"— se identificó en su marcha con la obra batllista inicial y a ella se han referido estudios comparativos penetrantes, como el de John Jonson, para consustanciarla con su esfuerzo entero. Todo está, como se decía, demasiado intrincado, pero no habría que olvidar, entre las fuerzas de impulsión, la tarea educacional de esos años, que fue, en buena parte, obra batllista y que se orientó, como más arriba decía, en el sentido de universalizar efectivamente la enseñanza. Las escuelas nocturnas para adultos (1906), los liceos departamentales (1912), el Liceo Nocturno (1919), la Universidad de Mujeres (1921) participan de un propósito que se une espontáneamente con la extensión del principio de gratuidad —implantado en las leyes Varela-Latorre de 1877 para la etapa escolar, extendido en 1916 para la media y superior— y con el de laicidad, consolidado en 1909. Aquellas instituciones, estos principios (sobre todo si se les agrega el de la obligatoriedad escolar, también de 1877), caracterizan nuestra educación. Pero además señalan la fidelidad con que el Batllismo recogió su inspiración tradicional, su veta iluminista, su profunda fe en la cultura intelectual como factor de movilidad social ascendente aunque también (sería un matiz diferencial con los admirados Estados Unidos) el "tope" —así hay que llamarlo— "mesocrático" de esa movilidad.” (25)

“Una aspiración más peculiar, en cambio, traducen las Escuelas (más tarde Facultades) que se debieron al impulso creador de Eduardo Acevedo: la de Agronomía, la de Veterinaria, la de Química especialmente (1916 y 1918). Representaron una orientación practicista y técnica, fundamentalmente realista, muy coherente con las ideas del grupo penetrado de positivismo desde el que Acevedo accedió, en camino divergente al de otros, al Batllismo. El trabajoso trámite de estas instituciones y su posterior estancamiento hasta hoy podría valer por el más transparente síntoma de ese "desarrollo frustrado" de una sociedad de raíz agropecuaria que se planteó al principio (y ya puede empezar, con esto, a dejar de serlo) como mera interrogación.” (26)

“(En la realidad de las cifras buena parte de los gastos presupuestales se siguieron basando durante todo el período batllista en los muy regresivos y empíricos impuestos al consumo y en los gravámenes aduaneros, nuestra gran fuente fiscal tradicional). (10)” (29)

“Pero aún más importante a este respecto fue el "impuesto al ausentismo" —propuesto en 1912, consagrado en 1916— que recargó la Contribución Inmobiliaria y se propugnó vinculado a la necesidad de fondos para los liceos departamentales. En tanto apuntaba a la crónica calamidad sudamericana de sus clases poderosas domiciliadas en Europa y a las empresas extranjeras con sus centrales en el exterior, su voluntad nacionalista y popular es tan indiscutible que representa uno de los mejores asientos del haber batllista. Esto sea señalado sin perjuicio de marcar que la concreción de sus fines pueda no haber sido más que problemática, representando poco más que arañazos a la epidermis de los núcleos de poder atacados y a sus sustanciales ganancias.” (29, 30)

“Resultante en puridad de la doble vertiente científico-positivista y liberal-romántica con los trazos generales del pensamiento laico, burgués, "moderno", secularizado, el Batllismo profesó la ideología de todos los radicalismos occidentales de su tiempo, pero tal vez no sería excesivo decir que con un subrayado más que regular de la nota anticatólica, su real peculiaridad fue la enérgica acentuación de los elementos compasivos y solidaristas de su ética social.” (30)

“En la Constitución de 1917 se consagró la separación de la Iglesia y el Es tado, una medida que, en cierta manera, sólo completó en el texto legal de mayor jerarquía una dilatada corriente de laicización que fijó sus tramos iniciales durante las dictaduras militares del siglo pasado. Desde su asunción a la presidencia, en 1903, la atención de Batlle buscó todos los resquicios posibles de secularizar, con una minuciosidad que llegó a medidas del tipo de suprimir los honores militares a personas, símbolos o actos religiosos (1911), eliminar las referencias a Dios y a los Evangelios en los juramentos públicos (1907), erradicar los crucifijos de los establecimientos de beneficencia estatal (1906) y establecer la laicidad absoluta de la enseñanza (1909).” (32, 33)

“La primera guerra mundial y las clamorosas simpatías proestadounidenses del Batllismo que tuvieron su vocero más típico en Brum, los propósitos de hacer del Uruguay "el laboratorio del mundo", son esperables manifestaciones de esta confianza. Pero, ahora, al margen de lo pedantesco o lo erróneo que tales posturas contuviesen, obsérvese que poco tenían que ver ellas y aun sus supuestos ideológicos (es sólo una de las posibles discordias) con una enérgica voluntad nacionalizadora, esa voluntad que, por lo menos en el plano económico, fue atributo incontestable del partido. Aquí radica, más que en otra parte, la más grave fisura (duplicidad sería palabra equívoca) de la postura batllista y la debilidad de una actitud antimperialista que vio más que nada "empresas" y no "naciones" o cuando más "estados" y "gobiernos" que, saliéndose de su órbita legítima y natural las protegían, abogaban y hasta amenazaban por ellas. Puede decirse que si en esto el Batllismo se hurtaba a la evidencia de una alianza umbilical entre el gran capital inversor y exportador y los gobiernos occidentales (de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia), la misma fe en las afinidades ideológicas desconoció lo que hoy ya a es lugar común en la conciencia política y social de los países marginales (para localizarlo en lo que nos interesa.). Eso es (acéptese o no la concepción marxista de ellas) el carácter decorativo, enmascarador de esas "ideologías" y su visible conversión en universal y desinteresado de lo más particularmente situado e inducido. Lo que importa, corolariamente, denunciar su relativismo, prever la ambigüedad de su irradiación y sus influjos, al operar en contextos sociales distintos a los que se originaron. Sólo en la polémica del Colegiado, y enfrentando bravamente el dictamen negativo de los universitarios, el Batllismo parece haber oteado algo (aunque poquísimo) de lo precedente.

Por ello es explicable que fundado sólidamente sobre anchos sectores medios de procedencia inmigratoria bastante reciente, dotado de una vertebración ideológica de tipo universalista e intelectual, solidarista y humanista al modo radical-socialista europeo, el Batllismo, pese a la significación nacionalizadora y antiimperialista de su política económica haya estado pasional y doctrinalmente muy lejos de cualquier "nacionalismo". “(17)

“No es arbitrario partir por una de las vías más transitadas por la penetración imperialista: los empréstitos. O mejor aún: los empréstitos y el cumplimiento leonino de sus obligaciones en la general insolvencia latinoamericana tantas veces promovida por los propios prestamistas. De ello se libró el Uruguay que en el primer cuarto del siglo fue repatriando sin pausa su deuda externa mientras que todo el cerco de garantías se completaba con la política de nacionalización de los servicios públicos que es uno de los timbres de orgullo del Batllismo. Si ya antes de él y durante la década del noventa habían sido preservados para el país el Banco Hipotecario (1892) y el Banco República (1896), fue el impulso batllista el que completó la obra y rescató lo rescatable. Contra muchas reticencias internas, contra presiones internacionales, cautas pero evidentes, se nacionalizaron totalmente el Banco de la República (1906-1911), el Hipotecario (1912), se estableció el monopolio de los seguros más importantes y se organizó su Banco (1911), se estatizaron los servicios del Puerto (1916), se crearon los ferrocarriles del Estado (1912), pasaron a manos públicas los servicios de energía eléctrica (1912), los telégrafos (1915), se planteó la orientalización del cabotaje (1912) y se proyectó —desde los primeros años del Batllismo— la nacionalización y el monopolio estatal del alcohol, el tabaco y las aguas corrientes. Hacia el final del primer tercio del siglo se formó (no sin resistencia batllista en cuanto a su carácter mixto y privatista) el Frigorífico Nacional (1928) y fue la Administración de las Usinas y Teléfonos del Estado (1931) la última gran expresión del período que fenecía.

Pero también esta política de creación fue acompañada por una de contención y hasta de represión; (6) las compañías tranviarias y los frigoríficos (entre otros) conocieron lo que era tan desusado en Sudamérica: un Estado difícil de corromper y atropellar, dispuesto a vigilar sus ganancias desmesuradas, su fraude fiscal, sus prepotentes tratos laborales.

Con la excepción registrada, "nacionalización" se acompañó siempre de "estatización" más o menos completa (abriéndose por ahí, como se verá, el desprestigio más ancho y peligroso). Por entonces, todo eso, constitucionalizado en el famoso artículo 100 de la Carta de 1917, fue engrosando la versión uruguaya de las clásicamente llamadas "funciones secundarias del Estado". Unas funciones que, por otra parte, ya nos colocaron inicialmente muy lejos del Estado destartalado y angosto de casi todos los países hispanoamericanos de la época. Si gendarme, casi siempre fiel, de los intereses privados era el de estos, la porción que, por el contrario tomó para sí el Estado uruguayo en todos los rubros fundamentales (gestión empresaria, distribución de la renta nacional) resultó desusadamente grande; aun el mantenido aporte de la explotación pecuaria privada y el carácter capitalista del proceso industrial no fueron capaces de arañar su volumen.

Se ha hecho referencia a la industrialización. Todo el curso del Batllismo sería virtualmente inexplicable sin esta pieza fundamental. Ya las leyes de 1875 y 1888, reaccionando contra el librecambismo de 1860 había echado sus bases y le habían impreso las características previsibles: industrias livianas, de consumo, de las llamadas "tradicionales" en la terminología desarrollista. Sólo más tarde, las dos guerras mundiales serían las que lo impulsarían sustancialmente y esto con todas las limitaciones imaginables en un pequeño mercado consumidor y de baja capacidad de exportación. Es difícil negar, con todo, los empeños que en el entremedio velaron por ese proceso industrializador y la cuidadosa atención que el Batllismo le prestó. A ella debe imputarse la promoción (que en mucho desborda este designio instrumental) de una clase obrera estable y básicamente integrada en la sociedad global del país. También el ensanchamiento de la habilitación técnica que representaron ciertas formas de fomento educacional, una nueva organización de la enseñanza industrial (1916) y, en general, el designio de una auténtica difusión de los estudios. Todos estos avances constituyeron tal vez los rubros menos deliberados pero de más largos y amplios efectos; no podría discutirse sin embargo, que la clave de esa industrialización, que no es injusto llamar batllista, fue la política aduanera proteccionista —era la terapéutica tradicional— las relativamente tardías leyes de privilegios industriales (1919 y 1921) y ciertas medidas fiscales, entre las que resultaron fundamentales las normas de 1906, 1911 y 1912 —especialmente las de este último año— sobre franquicias a materias primas y máquinas. Hoy puede concluirse que si tal cuerpo de decisiones careció a menudo de solidez, y casi siempre —como en caso de la textil— de la debida "generalidad"— fue capaz de imprimir en cambio ese impulso de desamarre sin el cual la sociedad y la economía uruguayas hubieran cambiado menos aún y más precariamente de lo que lo hicieron. (22-25)

“ …la industrialización, el agrandamiento del Estado, la lucha contra los propietarios de la tierra parecen estar imputando estos procesos a un ineludible (e inconfundible) protagonista clasístico. La clase media —no exactamente "la burguesía"— se identificó en su marcha con la obra batllista inicial y a ella se han referido estudios comparativos penetrantes, como el de John Jonson, para consustanciarla con su esfuerzo entero. Todo está, como se decía, demasiado intrincado, pero no habría que olvidar, entre las fuerzas de impulsión, la tarea educacional de esos años, que fue, en buena parte, obra batllista y que se orientó, como más arriba decía, en el sentido de universalizar efectivamente la enseñanza. Las escuelas nocturnas para adultos (1906), los liceos departamentales (1912), el Liceo Nocturno (1919), la Universidad de Mujeres (1921) participan de un propósito que se une espontáneamente con la extensión del principio de gratuidad —implantado en las leyes Varela-Latorre de 1877 para la etapa escolar, extendido en 1916 para la media y superior— y con el de laicidad, consolidado en 1909. Aquellas instituciones, estos principios (sobre todo si se les agrega el de la obligatoriedad escolar, también de 1877), caracterizan nuestra educación. Pero además señalan la fidelidad con que el Batllismo recogió su inspiración tradicional, su veta iluminista, su profunda fe en la cultura intelectual como factor de movilidad social ascendente aunque también (sería un matiz diferencial con los admirados Estados Unidos) el "tope" —así hay que llamarlo— "mesocrático" de esa movilidad.

Una aspiración más peculiar, en cambio, traducen las Escuelas (más tarde Facultades) que se debieron al impulso creador de Eduardo Acevedo: la de Agronomía, la de Veterinaria, la de Química especialmente (1916 y 1918). Representaron una orientación practicista y técnica, fundamentalmente realista, muy coherente con las ideas del grupo penetrado de positivismo desde el que Acevedo accedió, en camino divergente al de otros, al Batllismo. El trabajoso trámite de estas instituciones y su posterior estancamiento hasta hoy podría valer por el más transparente síntoma de ese "desarrollo frustrado" de una sociedad de raíz agropecuaria que se planteó al principio (y ya puede empezar, con esto, a dejar de serlo) como mera interrogación.” (25, 26)

“ …el Batllismo buscó un desarrollo nacional basado en las ya apuntadas corrientes de industrialización y ensanchamiento de la gestión productora del Estado, expresión esta última –como casi todas las que siguen— de la marcada, deliberada voluntad del poder público de intervenir en la inversión del excedente nacional. (8) Pero también ese desarrollo implicaba la modernización y diversificación productiva de la tierra, para las que propició un sistema, en verdad incipiente, de crédito y fomento rural (la sección correspondiente del Banco de la República fue establecida en 1912), terapéuticas fiscales a las que enseguida se aludirá, proyectos y leyes de colonización (desde 1913), la organización de la Defensa Rural, la de las Estaciones Agronómicas (1911), (con la famosa "Estanzuela" (1919) entre ellas), y el tanteo metódico de otras posibilidades productoras del sector primario, que tal representaron los Institutos de Pesca (1911) de Geología, de Química (1912). Pero lo que daría, en puridad, su sello a la gestión promocional económica del Batllismo sería su enérgica política de obras públicas, en la que hay que inscribir la ley de Vialidad de 1905, una orgánica ley de expropiaciones (1912), el Ente de los ferrocarriles del Estado y un largo rol de obras de toda especie, de un cabo al otro del país.” (27, 28)

“ …buena parte de los gastos presupuestales se siguieron basando durante todo el período batllista en los muy regresivos y empíricos impuestos al consumo y en los gravámenes aduaneros, nuestra gran fuente fiscal tradicional… “ (29)

“Pero aún más importante a este respecto fue el "impuesto al ausentismo" —propuesto en 1912, consagrado en 1916— que recargó la Contribución Inmobiliaria y se propugnó vinculado a la necesidad de fondos para los liceos departamentales. En tanto apuntaba a la crónica calamidad sudamericana de sus clases poderosas domiciliadas en Europa y a las empresas extranjeras con sus centrales en el exterior, su voluntad nacionalista y popular es tan indiscutible que representa uno de los mejores asientos del haber batllista. Esto sea señalado sin perjuicio de marcar que la concreción de sus fines pueda no haber sido más que problemática, representando poco más que arañazos a la epidermis de los núcleos de poder atacados y a sus sustanciales ganancias. (29, 30)

“Resultante en puridad de la doble vertiente científico-positivista y liberal-romántica con los trazos generales del pensamiento laico, burgués, "moderno", secularizado, el Batllismo profesó la ideología de todos los radicalismos occidentales de su tiempo, pero tal vez no sería excesivo decir que con un subrayado más que regular de la nota anticatólica, su real peculiaridad fue la enérgica acentuación de los elementos compasivos y solidaristas de su ética social.” (30)

“En la Constitución de 1917 se consagró la separación de la Iglesia y el Es tado, una medida que, en cierta manera, sólo completó en el texto legal de mayor jerarquía una dilatada corriente de laicización que fijó sus tramos iniciales durante las dictaduras militares del siglo pasado. Desde su asunción a la presidencia, en 1903, la atención de Batlle buscó todos los resquicios posibles de secularizar, con una minuciosidad que llegó a medidas del tipo de suprimir los honores militares a personas, símbolos o actos religiosos (1911), eliminar las referencias a Dios y a los Evangelios en los juramentos públicos (1907), erradicar los crucifijos de los establecimientos de beneficencia estatal (1906) y establecer la laicidad absoluta de la enseñanza (1909).” (32, 33)

“La primera guerra mundial y las clamorosas simpatías proestadounidenses del Batllismo que tuvieron su vocero más típico en Brum, los propósitos de hacer del Uruguay "el laboratorio del mundo", son esperables manifestaciones de esta confianza. Pero, ahora, al margen de lo pedantesco o lo erróneo que tales posturas contuviesen, obsérvese que poco tenían que ver ellas y aun sus supuestos ideológicos (es sólo una de las posibles discordias) con una enérgica voluntad nacionalizadora, esa voluntad que, por lo menos en el plano económico, fue atributo incontestable del partido. Aquí radica, más que en otra parte, la más grave fisura (duplicidad sería palabra equívoca) de la postura batllista y la debilidad de una actitud antimperialista que vio más que nada "empresas" y no "naciones" o cuando más "estados" y "gobiernos" que, saliéndose de su órbita legítima y natural las protegían, abogaban y hasta amenazaban por ellas. Puede decirse que si en esto el Batllismo se hurtaba a la evidencia de una alianza umbilical entre el gran capital inversor y exportador y los gobiernos occidentales (de Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia), la misma fe en las afinidades ideológicas desconoció lo que hoy ya a es lugar común en la conciencia política y social de los países marginales (para localizarlo en lo que nos interesa.). Eso es (acéptese o no la concepción marxista de ellas) el carácter decorativo, enmascarador de esas "ideologías" y su visible conversión en universal y desinteresado de lo más particularmente situado e inducido. Lo que importa, corolariamente, denunciar su relativismo, prever la ambigüedad de su irradiación y sus influjos, al operar en contextos sociales distintos a los que se originaron. Sólo en la polémica del Colegiado, y enfrentando bravamente el dictamen negativo de los universitarios, el Batllismo parece haber oteado algo (aunque poquísimo) de lo precedente.

Por ello es explicable que fundado sólidamente sobre anchos sectores medios de procedencia inmigratoria bastante reciente, dotado de una vertebración ideológica de tipo universalista e intelectual, solidarista y humanista al modo radical-socialista europeo, el Batllismo, pese a la significación nacionalizadora y antiimperialista de su política económica haya estado pasional y doctrinalmente muy lejos de cualquier "nacionalismo". (39, 40)

“A propósito del matrimonio, Batlle habló alguna vez del "viaje placentero por la vida"; esta imagen, de evidente inspiración hedonista es la que dicta toda una normativa vital de derecho y de consumo que la acción política creyó en el caso de asegurar a todos los uruguayos. Es cierto que elementos "solidaristas" (fue importante la influencia sobre Batlle, a través de Amézaga, de la doctrina de tal nombre profesada por León Bourgeois) sobraron en la inspiración legislativa. Pero ellos se aunaban a ese enfoque individualista que parece, con mucho, el dominante. Por eso, y pese a su halo fraternal, el compuesto final no se sitúa muy lejos (aunque en este caso despojado de sus alcances restrictivos de clase) de ese materialismo estático de la burguesía del que los marxistas gustan hablar para desdeñar y distinguir el suyo. "Móviles sociales" sin "ética social" coherente fue así, desde el principio, el peligro acechante no sólo de la obra positiva que el Batllismo cumplió sino de casi todos los movimientos políticos contemporáneos.” (42)

“Por eso es que desde sus primeras décadas —volvamos al tema— el Batllismo comenzó a sufrir en el nivel de competencia y prestigio de sus cuadros, los que, en términos de su efectiva capacidad de conducción, ya amenazaron resentirse. A ello llevaron su renuncia a movilizar una ética nacional con exigencias, sacrificios, y esas ciertas constricciones que el crecimiento impone. A ello su ideal no malvado pero sí algo burdo de "felicidad". A ello su implícito descansar en ese hedonismo de los individuos y los grupos de interés (resorte que a la larga, y en verdad, mostraría ser el único capaz de funcionar efectivamente).

En el plano de la organización estatal y política, resulta equitativo reconocer que un planteo democrático radical fue probablemente más sincero en el Batllismo que en movimiento alguno de su tiempo. La tentativa de dinamizar una colectividad política activa en toda su base, de hacer del gobierno un gobierno por el pueblo, participante, responsable, vigilante, no constituyó para el Batllismo retórica electoral sino leal y efectivo empeño. Las conquistas de la Constitución de 1917 y las que se fueron logrando en su fértil década: proporcionalidad y estabilidad de la representación de las minorías, voto secreto, elección presidencial directa, registro cívico estable, plebiscito y autonomía departamental; no son logros en los que el Batllismo haya tenido siempre la iniciativa (ni aún no resistiera en ocasiones) ni que haya habido que llevar adelante contra la oposición del Partido Nacional.” (43, 44)

“Contemplando, sin embargo, las cosas desde lo más alto posible, todo el Batllismo sufrió, y aquí sí cabe la palabra, de una esencial duplicidad. En esto acorde con el más ilustre antecedente uruguayo posible —quiero decir Artigas y el artiguismo— fue la contradicción entre ese impulso a la espontaneidad popular y su expresión en un partido gobernado desde las bases por el "hombre común" y el temperamento político de su creador y jefe. Porque Batlle, como Artigas y como todo auténtico conductor de multitudes y naciones, era un político incapaz de marginalizarse cuando su conciencia (que le hablaba siempre) le mostraba el recto camino, la verdad más defendible y eficaz, el peligro de que los otros se desviasen. En suma, en Batlle luchó siempre empecinadamente la aspiración a que los otros mandasen, o mejor: "no mandase nadie" y la incoercible proclividad a ser él quien lo hiciera, por lo menos en una etapa prologal al funcionamiento de esa ideal espontaneidad. Como esta etapa tendió inevitablemente a identificarse con toda su carrera política activa, ocurrió que fue siempre él quien señalase la ruta y quien impusiese los criterios. Que para ello, le bastara dentro de su partido su autoridad natural y el prestigio que le rodeaba, que no necesitara recurrir regularmente al desplante, la amenaza y el soborno son circunstancias que no alteran el hecho medular.” (44)

“Un antagonismo fue el batllista, en suma, que no tocó las estructuras agrarias, que se redujo a proyectos tímidos de colonización, a algunos desplantes amenazadores y sin consecuencias (los hubo famosos de Brum y mucho más tarde de Batlle Berres), a innocuas medidas fiscales desbordadas por la valoración firmísima de la tierra y sus productos.” (51)

“Ya estaban sin embargo vigentes en este nacionalismo económico empresario que —salvo tenues ensayos de participación de usuarios y de capital privado—, sería latamente un etatismo económico, ciertos trazos de las fuerzas que lo arruinarían en el curso de pocas décadas. Porque es el caso que desde el principio se pudo marcar en él ese excesivo rol de finalidades (recuérdese la reciente observación) —rebajar los servicios a los usuarios, hacer "justicia social" al personal, independizar al país de las tutelas externas, ser una fuente de recursos para el Estado, impedir la versión de las utilidades hacia el exterior— que, a fuerza de ser tantas no se cumpliría ninguna plenamente y que, como por su naturaleza no necesita demostración, se incomodarían unas a otras.” (54, 55)

sobre la autonomía de los entes públicos consagrada en la const. 17

“ …la autonomía que para ellos aseguró la Constitución del 17, postulada como un medio de poner al margen de la política estatal una independiente gestión técnica y social, fue parando en un cierto tipo de feudalización que hace de cada uno de estos entes económicos un coto cerrado de sustanciales privilegios corporativos, una suerte de navegante solitario en la economía nacional, un "item" imprevisible e inmensurable, una pieza imposible legalmente de alinear en cualquier esquema de planificación y desarrollo. Tal análisis podría mostrar así, cómo la autonomía técnica, financiera, funcional con que se les dotó con el fin de ponerles al margen de la política gubernamental no consiguió librarlos de la politización directiva y burocrática que actuaría desde lo alto, a través de las disposiciones constitucionales y del imperio de los partidos, ordenando el reparto no sólo en la esfera clásica de la Administración sino en ésta, mucho más nueva y vulnerable. Añádase a lo dicho la posterior inflación que, encareciéndolo todo a un ritmo más rápido que las entradas originadas en tarifas (imposibles de aumentar todos los días, difíciles de hacerlo sin sustancial perjuicio político) causaría su ruina financiera y provocaría la obsolescencia irremisible de casi todos los equipos. Y tráigase a colación todavía el terminante desdén por suscitar algún tipo de movilización de un espíritu nacional y constructivo, un espíritu que pudo hacer un timbre de orgullo y un señuelo de escrupulosa defensa de la que se convirtió con el tiempo en un botín a compartir y a aprovechar desprejuiciadamente, en una red de arrastre de votos y miserias. (32)” (55)

“Sería también más tarde (es el estribillo de este recuento) que se podrían apreciar todos los peligros de esta ambiciosa prolongación de lo estatal en la sociedad y su correlativa promoción de cierto "providencialismo" de lo político que fue las forma concreta que aquélla adoptó el nuestro régimen. Tal vez, el más importante de ellos haya sido el desprecio de toda espontaneidad de la iniciativa extraestatal, el desdén por apelar a esos reflejos puramente sociales de decencia, iniciativa y cooperación entre individuos que fue uno de los timbres y rasgos históricos de la concepción anglosajona de la democracia y una de sus más activas fuerzas. Seria probable, por ello, que esta omnipresencia del poder público hubiera fomentado males por una acción a dos puntas, pues, si por un lado condujo a esperarlo todo del Estado (o más concretamente del favor político o de la intermediación política), por otro pudo contribuir a robustecer esos reflejos, ya viejísimos, de origen español, que son los del insularismo, la desconfianza a la administración, la indiferencia moral a toda infracción que con ella se cometa.” (56, 57)

Industrialización neobattlismo

“El período que en estrictez cabe ver dominado por la persona de Luis Batlle Berres (1946-1958) se desarrolló bajo su signo, aunque en nuevas condiciones que antes no se habían dado: primero aprovechando la coyuntura internacional: cierre de la guerra mundial, "guerra fría", guerra de Corea; al fin, coincidiendo con la caída radical de nuestras exportaciones y con la difundida alarma ante una relación de intercambio cada vez más adversa.

Pueden señalarse hoy las carencias de esta política de industrialización con inflación y subsidios, fijaciones de precios y tipos cambiarios por más que de algún modo salga en su retrospectiva defensa el hecho de que "alguna" política de industrialización es necesaria y siempre es mejor algo que nada. Si se la examina, con todo, desde el orden de ingredientes en que descansaba es inexcusable llegar a ciertas conclusiones sobre su real eficacia promotora.

Implicaba (para comenzar) un Estado político arbitral entre grupos competidores por la promoción —y sus ventajas o por la elusión de sus perjuicios—, una función "intervencionista" que desde entonces nuestro Estado desempeñó en forma mucho más masiva de lo que en el pasado lo había hecho. Utilizar estos poderes con un criterio menos orgánico que inmediato y salidor del paso fue un estilo que se perfiló rápidamente. Utilizarlos con sentido mucho menos económico que político-electoral y personal no era, en cambio, una novedad en el país (ya veinte años antes había recibido el Batllismo el mote de "salvismo"); cabe empero afirmar, sí, que el desplazamiento de los móviles de un zona a otra se hizo mucho más patente y sistemático.

Tenía —para seguir— esos límites precisos e inexorables que la magnitud de un mercado pequeño y la misma índole de la industria ligera fijan.

No contó, parecería, con la clase técnico-administrativa eficaz y desinteresada que era requerible para una política que implicaba operaciones como las de fijación de costos, y tipos cambiarios o si la tuvo, toda ella, o por lo menos sectores decisivos, estuvieron demasiado trabados por el papelerío, la rutina burocrática y la politización electoral.

No vigilando, además, en su base, la producción primaria del agro, castigada por vía fiscal y cambiaria pese a nutrir cabalmente nuestros rubros de exportación, se asfixió a la larga en sus posibilidades de divisas y en todo ensanchamiento eventual del mercado de consumo.

Por último, y por más que hoy tendamos a ver este período con mayor equidad de lo que lo hacíamos al cerrarse, no resulta calumnioso decir que un segundo (y posteriores tramos) de este proceso industrializador descuidó ciertos valores de contención, sobriedad y decoro que éticamente —es obvio— son siempre deseables. Este descuido plantea las relaciones nada unívocas entre moral, economía y política pero aventúrese sólo que él le ganó al proceso industrializador —lo mismo que al de nacionalización y estatización— resistencias y animadversiones que hubieran sido conjurables y que han facilitado la propaganda reaccionaria contra sus mismos fines. Y si es cierto que la industrialización ha sido en casi todas las naciones fuente de escándalos, pretexto de rápidas y desmesuradas fortunas, muy distintos son los casos de Estados Unidos y Brasil (pongamos estos ejemplos), enormes cuerpos sociales que parecen capaces de sobrellevar cualquier rapiña y nuestro pequeño Uruguay. Nuestro país tan corto y resonante, tan hecho de equilibrios y contrapesos, tan sostenido por precarias, evaporables excelencias.” (58-60)

“Con preferencia hacia los sectores sociales (clase media burocrática, artesana y pequeño comercial, empresarios industriales, proletariado urbano) en los que tenía su mayor clientela electoral, el Batllismo fue sustancialmente fiel a la naturaleza policlasista de nuestros partidos tradicionales.” (60)

“Retrocediendo a los términos estáticos de su programa, es evidente que el Batllismo quiso alcanzar una sociedad sólidamente centrada en las clases medias y un proletariado integrado por técnicas evolutivas y —a través de ellas— tácita pero efectivamente "aburguesado". Tal aspiración, tal proyecto es inseparable de su filiación en lo que suele designarse "democracia radical de masas", de tipo francés y su correlativo acento "jacobino", dogmático, intensamente igualitario, secularizador. Que tal congregación ideológica se diera en una nación marginal, extraeuropea, de economía monocultivadora es la nada pequeña nota diferencial que en este punto, como en tantos otros, tendría peso decisivo. Porque, es del caso preguntarse, desde nuestra altura histórica, qué viabilidad y qué vitalidad podía tener en el futuro una sociedad de tal composición.” (63, 64)

Golpe de terra

“El 31 de marzo de 1933, el golpe de estado policial del Presidente Terra, cierra el primer período batllista de treinta años, que la elección de 1903 había abierto. El conflicto entre dirección partidaria colegiada (y en buena parte oligarquizada), sobre todo cuando faltó en ella una figura del volumen de la de Batlle y fueron sus titulares varios opacos segundones, su choque con el poder personal investido en un primer mandatario, o jefe de Estado o de partido no había hecho crisis mientras Batlle había asumido alguno de estos roles y controlado a la vez el aparato partidario con su incontrastable autoridad. Sobreviviente la institución presidencial y divorciadas las dos entidades, era casi inevitable (no se hubiera necesitado en puridad el carácter aventurero y equívoco de la carrera política de Terra), que en un contexto social determinado, un presidente no tendiese a presentarse como víctima de los mandatos de un círculo casi anónimo, no se viese tentado a arrastrar toda la armazón del Estado legal tras el reclamo más o menos teatral de su libertad, de su iniciativa "ágil" (una palabra que tuvo fortuna). Como se decía, este conflicto se jugó en un contexto que fue el económico-social determinado por los colazos de la crisis mundial de 1929, la caída de los precios, el extremo endeudamiento de la clase agropecuaria que había disipado en gastos suntuarios (y nada reinvertido) los provechos de los años de "las vacas gordas", la contagiosa aprensión de los sectores conservadores ante la importancia que pudieran adquirir en el futuro del Batllismo ciertos núcleos (caso de "Avanzar") muy radicalizados. A todo esto es inevitable agregar aún el creciente favor que el fin de la tercera década y el principio de la cuarta aportaron a las ideologías autoritarias y a su crítica de la evidente crisis de las instituciones demoliberales tradicionales.” (70, 71)

Interpretación batllismo

“Ya se ha hecho referencia al debate del causalismo y la creación política personal y al juicio que una postura como la de Vanger puede merecer. También al "protagonismo", el "maniqueísmo" y el "monopolismo", como hemos rotulado a estas desorbitaciones de la apologética batllista en el encomio de su fundador. Ni Batlle, recapitulábase, lo fue todo y algunas figuras secundarias respecto a él son imprescindibles para entender ciertos aspectos de su obra, como el caso de Arena y Areco en legislación civil y del trabajo, el de Acevedo en enseñanza y "fomento", el de Amézaga y Serrato en aspectos técnicos y en la gestión industrial del Estado. También, recordábase que ni el Uruguay de 1900 es la noche y el día respecto al de 1910 ó 1920 ni muchos de los logros importantes del Partido fueron objeto de una resistencia demasiado dilatada por parte de sus adversarios.”(73)

Sobre los partidos

“Pero mucho más grave que este repertorio de eventualidades es el impacto destructor que sobre la consistencia de los partidos mismos todo el sistema ha tenido, mucho más grave el hecho de que la aparente unidad que en el trance electoral ellos adoptan, recubra una heterogeneidad a veces anárquica de incontables núcleos. Son grupos que, transcurridas las elecciones, recobran su tribal autonomía y pueden no sentir ninguna solidaridad (es lo habitual) con el gobierno o con la oposición, la menor responsabilidad por constituir (o sólo respaldar) uno u otra. Alguna vez caracterizamos un partido tradicional sosteniendo que era una confederación de clanes unidos por un gran "tótem" y aunque algunas fracciones del "quincismo" batllista, el "ruralismo" blanco (42) parecen dotados de mayor unidad que otros, la afirmación es extensible a todos.”(78)

Sólo es posible obtener cargos electivos a través de los lemas partidarios.

“Desde la tercera década se hicieron tentativas para subvencionar a través del presupuesto público la propaganda electoral de los partidos; recién durante la dictadura de Terra esta ayuda pudo hacerse efectiva por pequeñas sumas (52) y hoy, al acorde de la inflación y el desprejuicio, se paga cincuenta veces más por cada sufragio que aporten en las elecciones las agrupaciones políticas. (No hace mucho el Ministro del Interior observaba que mientras un censo de población había costado tres millones, cada consulta electoral de poco más de un millón de votantes costaba —claro que con otros gastos además de los referidos— treinta veces más…) De esa misma época terrista, que insurgiéndose contra cierta oligarquización de los partidos los dejó más pimpantes y enhiestos, datan también las primeras sustanciales ventajas a la prensa, casi toda ella política y partidaria. Dólares baratos, y después baratísimos, para papel y otros implementos llevaron, en dos décadas y aun menos, a cuatro o cinco diarios de ser precarios órganos de opinión a poderosos núcleos económicos. Si bien sometidos, como es habitual, a todas las invisibles servidumbres del género, un tránsito muy rápido —debe registrarse para ellos— desde el siglo XIX y su periodismo romántico a la empresa capitalista de la sociedad de masas y, en su calidad de tal, masificadora ella misma.

Más importante todavía es la situación de privilegio social que, individualmente, cada miembro dirigente de los partidos políticos —de la clase dirigente política— ha ido consolidando. A través de medidas legislativas (y aun decisiones administrativas) que tienen mucho de esotéricas y bastante de clandestinas, sustanciosas ventajas se fueron alineando. Para medir su entidad, hay que volver, especialmente, a la concepción fundamental del Estado demoliberal clásico que buscaba que los titulares de cada poder del Estado fueran remunerados con la máxima independencia de los otros. Sustancial garantía de libertad y equilibrio se consideraba lo anterior aunque, en verdad, lo más alcanzable, concreto y fundamental era dar al legislativo la facultad de fijarse sus propias remuneraciones. Pero tal doctrina también (es obvio) suponía decoro y contención en ese acto de tantos modos sintomático. Contrastar este esquema y la presente realidad (que René Dumont denunciaba también hace poco para las repúblicas nuevas del África negra) hace evidente —sea dicho a modo de digresión— hasta qué punto cada uno de los rodajes importantes y secundarios del arquetipo demoliberal se ha deteriorado; hasta qué punto —nótese también de paso—, éste reclama una invención histórica que salve, en un cuadro institucional totalmente nuevo, sus verdaderos,

perdurables valores.

Volviendo al asunto, obsérvese que la carrera política en el Uruguay está dotada de una estabilidad que pocos países pueden presentar (y por supuesto ninguna de las "nuevas clases" que esgrime como espantajo cierta propaganda). El riesgo de la no reelección está salvado entre nosotros por todo un rico repertorio de cargos a término en los Entes estatales y un sistema de jubilaciones especialísimo al que algún escandaloso episodio reciente ha dado notoriedad como si fuera nuevo pero que, en puridad, ya era bastante increíble antes de él en cuanto a términos de servicios y edad de retiro. Sabedor de la ventaja de un séquito intermedio entre los más favorecidos y la masa descalificada, la transfusión de ventajas ha ido creando sustanciales desniveles dentro de los mismos cuadros del Estado y es con la desaprensión más cómoda que algunos sectores más cercanos a los distribuidores de aquéllas o más nutridos por la tarea recaudadora de fondos han sido dotados de remuneraciones y ventajas complementarias dos, tres y hasta cuatro veces mayores (para igual función) que la media burocrática. Este es el caso de los empleados de casi todos los institutos jubilatorios, de el de los bancos oficiales y de el de esos ojos y manos del Régimen que son los funcionarios de la

Cámaras y el Consejo. Por contraste (agréguese) en cierto modo natural y expresivo, son los empleados de los servicios más delicados, y en estrictez más "humanos" de la Administración: tutela de menores y desvalidos, salud pública y enseñanza los peor retribuidos.” (84-87)

“Pero el poder de todo el aparato partidario no estaría completo si las funciones secundarias del Estado y las llamadas funciones de intermediación entre éste y los sectores más débiles de la colectividad no estuvieran politizadas en un grado tan creciente que para acceder a cualquier beneficio de un servicio público no hubiera que recurrir al comisionista partidario. Esto, como en todas partes, comenzó con la política de empleo estatal y municipal; hoy se ha extendido al acto de conseguir un servicio mecánico, de gestionar un permiso; muchas veces se tratará de concesiones menos genéricas, más sustanciales y privadas.

Sin embargo es el derecho a la efectividad del retiro jubilatorio la clave de bóveda del sistema de dependencias; su rápida marcha o su inacabable demora está condicionada al gestor político que es cada director de cada una de las Cajas, (54) unos lugares donde se han amasado con sudor, desesperanza y lágrimas algunos de los más sustanciales electorados del país.” (88)

“ …el Uruguay resulta hoy, una nación cuyo equilibrio, de tono medioburgués, cuyo conformismo social le hace hostil a toda reforma de estructuras, especialmente en aquello que ésta represente, de manera inevitable, una redistribución efectiva del ingreso, lo que es, sin duda, coherente con el acento conservador del aparato político que sostiene (y soporta). Pero es también un país que si se observa a través de la conducta de muchos de sus grupos económicos y sociales, reclama y actúa como si quisiera (pero la impresión es engañosa) que esas estructuras no debieran estar un minuto más vigentes, como si los precarios equilibrios que se han logrado tuvieran que ser rotos sin más dilación.” (94)

“Con todo, si hubiera que ceñir las debilidades más globales, más conspicuas, de más efecto a largo plazo, es especialmente a dos a las que hay que hacer referencia.

La del móvil filosófico cultural podría ser una de ellas, pues es dable pensar que la filosofía "progresista" de que el Batllismo se reclamó ha entrado en proceso definitivo de disgregación y caducidad y que sus ingredientes racionalistas, individualistas, hedonistas, ético-inmanentistas, romántico-populistas o han seguido la suerte del compuesto que los integraba o han entrado —lo que en cierto modo es más seguro— en nuevas, en muy disímiles y hasta casi siempre irreconocibles recomposiciones.

Ceguera al contexto podría registrarse por fin; olvido, por ejemplo, de las restricciones que imponía al desenvolvimiento industrial la pequeña magnitud de la comunidad y de su mercado, desprecio a las constricciones a que sujetaría el crecimiento de la clase media y obrera una estructura agraria del tipo de la uruguaya, desatención a los fenómenos y desequilibrios de una situación de marginalidad en un medio cultural tan intensamente europeizado como ya era el nuestro. La falta de conocimiento de las condiciones americanas y de la naturaleza y significación del imperialismo que hizo a Batlle, en 1904, acariciar la idea de la intervención de la marinería yanki en nuestra guerra civil (64) no es, en cierto sentido, más que el corolario verosímil de una situación ambigua, de la residencia en un limbo en el que no éramos ni americanos ni europeos.” (103, 104)

“(10) En el presupuesto de 1903, que abre la era batllista ($ 20.468.111.oo) los gravámenes aduaneros

ascendían a $ 10.098.542.oo —el 49%— y la Contribución Inmobiliaria, el tributo que se buscó aumentar

$ 1.846.748.oo — el 9%. En el de 1914, al terminar la segunda presidencia de Batlle de $ 48.277.763.oo,

los de Aduana, antes de las restricciones de la guerra, ascendían a $ 15.014.338.oo —el 31%— pero la

Contribución Inmobiliaria, seguía con sus $ 4.804.823.oo representando el 10%. “(29)

“(11) El 13.5% para el último grado de vinculación y los montos más altos. En 1914, la que se promulga bajo Batlle sólo duplica la tasa —el 27%— para la misma situación y lleva tímidamente de un 4% a un 5% el recargo para los herederos domiciliados en el exterior.” (30)

“(29) Batlle propuso que el propietario de la tierra fuera quien fijase el valor de su predio a los efectos de la Contribución Inmobiliaria con vistas al derecho correlativo del Estado de comprársela por este valor más un 20 % (en 1905) y un 40 % (posteriormente). Trató también con empeño de ajustar el tributo

inmobiliario a los nuevos valores del agro y, entre 1905 y 1917 proyectó rebajas que llegaban hasta el 50

% de la Contribución Inmobiliaria al propietario que dedicara determinada extensión de su campo a

agricultura o bosques (en los de hasta 50 hectáreas hasta el 60 % de ellos; en los de mayor extensión sólo

la mitad del total gozaría de tal franquicia). Debe agregarse que desde entonces, explícitamente, la

Contribución Inmobiliaria se cobró sobre el valor nudo de la tierra, descartándose las mejoras.” (51, 52)