1960. 1era. Carta intención con el FMI

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TEXTO Y COMENTARIO DE LAS CARTAS DE INTENCIÓN ACERCA DE LA POLÍTICA MONETARIA
Y FISCAL, ENVIADAS POR EL GOBIERNO URUGUAYO AL F.M.I.
La primera Carta: setiembre de 1960
El análisis de la Carta de 1960 debe hacerse a la luz de las decisiones adoptadas en
1959 y primeros meses del año siguiente por el gobierno que acababa de asumir funciones.
Esas decisiones habían sido consultadas con el Fondo y suponían la entrada decidida del
país en los cauces por él fijados. Por ejemplo, la Reforma Cambiaria y Monetaria, aunque
realizada de acuerdo con el Fondo, no figura en la Carta de 1960, que es posterior, pero
tanto ella como otras medidas de menor relevancia que también se tomaron, tuvieron la
virtud de ganar para el Uruguay la confianza del organismo.
El objetivo general que declara el gobierno en la Carta de 1960 es la liberalización del
comercio y la estabilidad interna y externa de la moneda. Para ello se adoptarían las
siguientes medidas:
a) En el campo monetario y crediticio, con la finalidad de limitar el crecimiento del
crédito y la emisión:
—se fijan los topes para el crédito del Banco de la República al sector privado y para la
"creación neta de créditos" de este Banco, que incluye todos los activos, deducidos los
depósitos oficiales; o sea que se incluye también el crédito neto al sector público,
aunque englobado con los demás;
—se establece una política restrictiva en materia de redescuentos al sector privado
determinándose que sólo serán utilizados para ayudar a bancos en situación de emergencia
por retiro de depósitos, y fijándose metas de reducción para los ya concedidos;
—se indica que se presentará al Parlamento una ley que contemple el uso de encajes
variables;
— por último, se expresa que se concluirá con la aceptación de contratos de cambio
futuros que han significado factores de expansión de la emisión,
b) En materia cambiaria y de comercio exterior, con la finalidad de restablecer la
confianza que permita la recuperación de las reservas internacionales, lograr la
liberalización total del comercio y mantener un tipo de cambio unitario, fijado por el
libre juego del mercado, se establece que:
—no se utilizará el convenio con el Fondo para valorizar el peso;
—se compromete la unificación y luego la eliminación (en dos años) de las detracciones;
en relación a los recargos, se reducirán a tres tipos, que serán sustituidos en dos años por
el arancel; los depósitos previos serían simplificados antes del 30 de setiembre, hasta
lograr una sola categoría limitada en su monto; se terminarían en un año todos los
convenios de pago excepto los de los países limítrofes. Por último, siempre en relación
con el tipo de cambio, se acepta que en caso de que cambiaren los costos en forma
inesperada y apareciere un desequilibrio fundamental, ello podría dar lugar a la
modificación de la cotización de la moneda;
— el movimiento de invisibles y la transferencias de capitales continuarían en el
régimen de libertad vigente;
—las exportaciones serían liberadas de sus recargos (ver supra), y en cuanto a las
importaciones se eliminarían al 80 de setiembre las prohibiciones y se seguiría la línea
ya indicada en lo que respecta a recargos y depósitos previos,
c) En el campo de las finanzas públicas, los objetivos de equilibrio presupuestal y
financiación no inflacionaria se implementarían mediante:
—la elaboración de un presupuesto sobre bases de equilibrio;
— la creación de un impuesto a la renta como importante paso en materia fiscal para
proveer fondos con fines de desarrollo;
—la declaración del firme propósito de no recurrir al crédito del Banco de la República
para la financiación de déficit;
—una vigorosa política de autofinanciación de los entes, fijándose el principio de que
todo incremento de sus presupuestos debería ser financiado preferentemente con aumentos
de tarifas.
d) En cuanto a política de ingresos, a pesar de que —como se ha expuesto— la adopción
de una "política apropiada de salarios" constituía una de las condiciones establecidas
por el Fondo en sus informes sobre la situación uruguaya y las medidas necesarias para
corregirla, no hay en la Carta de 1960 ninguna referencia concreta a este aspecto. Ello
se debió, indudablemente, a razones de política interna, porque la lectura de las
recomendaciones del Fondo no deja lugar a dudas acerca de la importancia concedida a
este aspecto; públicamente o no, es altamente probable que el gobierno haya asumido
compromisos en ese sentido.
La utilización del crédito solicitado se condicionaba al cumplimiento de todos los
aspectos indicados en la Carta, pero se suspendería de no cumplirse los topes cuantitativos
específicos fijados para los créditos.
Señor Gerente General del
Fondo Monetario Internacional
Mr. Per Jacobsen
Presente.
1—En las últimas consultas del Artículo XIV del Fondo con el Gobierno del Uruguay,
informamos acerca de los planes de reforma del sistema cambiario que regía en nuestro
país, persiguiendo como objetivo la liberación del comercio y la estabilidad interna y externa
de la moneda. En el año que ha transcurrido hemos realizado un progreso sustancial bajo
este programa. En diciembre de 1959 el complejo sistema de cambios vigente fue eliminado
y se estableció un nuevo régimen con miras a la obtención de aquellos fines. Desde entonces
a la fecha el comercio se ha liberalizado sistemáticamente y nuestro signo monetario se ha
estabilizado. Al mismo tiempo el Gobierno ha hecho progresos para llegar a la estabilización
interna. Sus cuentas financieras muestran que se produjo en 1959 un superávit después de
muchos años de déficit presupuestales. Este superávit ha continuado en los primeros siete
meses de 1960. Además se han tomado las medidas necesarias para limitar el aumento del
crédito bancario privado, controlando el crecimiento de los redescuentos del Banco de la
República.
2 — En este momento se están tomando nuevas medidas de liberalización del comercio y
simplificación del régimen cambiario. A fin de apoyar este esfuerzo el Gobierno solicita del
Fondo Monetario Internacional un crédito de estabilización por el período de un año por la
suma de U$S 80 millones que corresponde a la cuota aumentada del Uruguay en el Fondo
cuyo destino sería siempre que fuere necesario cubrir los déficit que puedan aparecer en
sus pagos internacionales.
3 — Ello no significa que sea intención del Gobierno utilizar este convenio de estabilización
para valorizar el tipo de cambio en el mercado libre de cambios que se sitúa actualmente
en pesos uruguayos 11.43 por dólar, sino que es su propósito restablecer la confianza, que
permita la recuperación de las reservas internacionales del Uruguay que fueran seriamente
debilitadas en los años 1957, 1958 y 1959. Con las medidas internas descritas más abajo, el
Gobierno tiene la confianza de que el mercado cambiario no se debilitará. Por supuesto, si
las condiciones de costos cambiasen en forma inesperada y un desequilibrio fundamental
apareciese, de acuerdo con la ley de reforma cambiaria se realizaría el ajuste en el tipo de
cambio que corresponda.
4 — Con respecto al sistema, cambiario el Gobierno del Uruguay está resuelto a llevar
adelante rápidamente su objetivo de lograr una liberalización total de su comercio y de
mantener un sistema de cambio unitario. Con esta finalidad el Gobierno del Uruguay está
eliminando la gran mayoría de las detracciones a las exportaciones. La detracción para la
lana y los productos derivados de la misma ha sido reducida de 54 a 46 pesos los 10 kilos de
lana sucia. El Gobierno tiene el firme propósito de unificar a breve plazo, las' detracciones
que aún resten. Al mismo tiempo está estudiando medidas sustitutivas para procurar el
ingreso que actualmente se recibe a través de las detracciones y contempla eliminar las
mismas en el término de los próximos dos años.
5 — Antes del 30 de setiembre de 1960 todas las prohibiciones de importación quedarán
eliminadas. En cuanto a la política en materia de recargos a la importación, ellos serán
reducidos antes de aquella fecha a tres, con las tasas de hasta 40 y 75 por ciento para los
productos para los que existen sustitutivos nacionales y de 150 por ciento para los productos
suntuarios. En los próximos dos años se espera reemplazar estos recargos por la vía de la
revisión del arancel aduanero. Finalmente el sistema de depósitos previos de importación,
que es necesario por razones temporales a fin de limitar la liquidez interna, será simplificado
antes del 30 de setiembre de 1960 hasta lograr una sola categoría y limitada en su monto a
una cifra no superior a los pesos uruguayos 150 millones. La presente política de liberalización
total de restricciones a invisibles y transferencias- de capitales continuará.
6 — El Gobierno entiende que es incompatible la política de los convenios bilaterales de
pagos con un sistema de cambio libre. Ya han caducado algunos de los' vigentes a la fecha
de la reforma cambiaria, y nuestro país terminará todos los restantes con excepción de los
vigentes con los dos países limítrofes, en un período aproximado de un año.
7 — A medida que el programa de estabilización financiera comience a tener efecto y la
confianza del público retorne, el Gobierno se propone examinar, dentro de un año, la
posibilidad de una mayor simplificación del sistema cambiario y de las otras restricciones
que afecten el comercio.
8 — El presupuesto del Gobierno confeccionado sobre bases de equilibrio para el período
1960-963 está actualmente en discusión en el Parlamento y el Gobierno tiene la confianza
de que se logrará su sanción en las próximas semanas en la forma proyectada. En dicho
presupuesto se consagra la creación de un impuesto a la renta, entendiéndose que es un
paso muy importante en la política fiscal del Uruguay, pues habilitará una fuente importante
de recursos no inflacionarios para fines de desarrollo.
9 - El Gobierno está resuelto a que la financiación de sus presupuestos y los de los Entes
Autónomos no se logren de fuentes inflacionarias. En consecuencia no se recurrirá al crédito
del Banco de la República a tales fines, sino que la política, que ha sido vigorosamente
desarrollada en el último año, es lograr la autofinanciación de esos Organismos, con excepción
de los subsidios que se les extiendan, o los impuestos especiales que les asignen ingresos
adecuados. En consecuencia, cualquier déficit que se produzca en los organismos autónomos
será financiado por un aumento en las tarifas o en la forma mencionada anteriormente, y
no recurriendo al crédito bancario para cubrir los mismos.
10 — La expansión inflacionaria de la emisión que ha ocurrido en años recientes, ha
derivado principalmente en las pérdidas de las operaciones de cambio realizadas por el
Banco de la República en el cumplimiento de las operaciones futuras de cambio, a fin de
cubrir importaciones realizadas con tipos preferenciales. El Banco de la República ha concluido
con la aceptación de contratos de cambio futuros.
11 — Una fuente importante de expansión en años recientes fue el aumento de los
redescuentos por el Banco de la República a los Bancos Privados. Esto ha sido ahora frenado
y es la política del Gobierno reducir estos redescuentos a fin de que sean utilizados
exclusivamente para ayudar a los Bancos en situaciones de emergencia., derivadas del
retiro de los depósitos. Con este propósito se proyecta abatir sistemáticamente los
redescuentos, requiriendo a cada Banco reducir el uso del mismo en una cantidad no
inferior a un 75 por ciento del aumento de los depósitos sobre el nivel del lº de setiembre de
1960. Es la intención del Gobierno presentar al Parlamento próximamente una ley de
Bancos que contemple el uso de encajes variables a los Bancos Privados.
12 — El Banco de la República ha logrado, a través de su Departamento Bancario,
extender importantes facilidades de crédito a la producción. Es la esperanza del Gobierno
de que estos servicios puedan extenderse. Sin embargo, a fin de consolidar la estabilidad
obtenida hasta la fecha, se proyecta limitar el crecimiento de los créditos al sector privado
de parte del Banco de la República, en tal forma de que en ningún caso durante la vigencia
del convenio de estabilización los créditos a corto plazo y largo plazo del Banco de la
República al sector privado que al 31 de julio de 1960 alcanzan o/u 1.204 millones, exceden
aproximadamente un 7 por ciento de esta cifra. Con el restablecimiento de la confianza
lograda a través de la estabilización, se espera subsiguientemente que el Banco de la
República, pueda liberalizar la extensión del crédito en la medida en que los ahorros permitan
el crecimiento de los depósitos. Este crecimiento será particularmente valioso porque se
logrará sobre una base de precios estables.
13 — En resumen, la política de crédito del Gobierno estará orientada a limitar el
crecimiento del crédito bancario al crecimiento real de la economía. El permitir una expansión
del crédito que exceda la tasa de crecimiento económico pondría en peligro la nueva
estabilidad que se ha logrado en el mercado cambiario, perpetuaría la inflación de precios
internos y estimularía una fuga de capitales que en definitiva bajaría la tasa de crecimiento
económico. En esta forma el Gobierno contempla mantener bajo estudio constante, la
creación de créditos por parte del Banco de la República. En particular es la firme intención
del Gobierno que esta creación de créditos, que incluye todos los activos del Banco de la
República, deducidos de los depósitos oficiales, y que alcanza pesos uruguayos 1.170 millones
al 31 de julio de 1960, no aumente más allá de pesos uruguayos 1.370 millones durante el
período siguiente hasta el término del convenio de estabilización. Estas cifras naturalmente
están sujetas a los ajustes que sean necesarios si se produce una revaluación de activos y
pasivos en el balance del Banco de la República siempre y cuando ello no represente una
expansión del crédito.
14 — Si en cualquier momento del período de vigencia del stand-by los límites prescriptos
en los párrafos 12 y 13 de está carta son excedidos, el Gobierno del Uruguay consultará con
el Fondo Monetario Internacional previamente a cualquier giro, y convendrá con él los
términos bajo los cuales los giros adicionales serán posibles.
Firmado: Ministro de Hacienda y Presidente del Banco de la República Oriental del Uruguay.
La segunda Carta: junio de 1961
En 1961 el Uruguay comunicó al FMI que se habían cumplido los topes crediticios
fijados en 1960, pero que el crecimiento de la economía uruguaya haría necesaria la
elevación de dichos topes para la próxima zafra. Se aumentaron entonces los límites
mencionados incluyéndose un nuevo rubro bajo el control: los adelantos sobre contratos
de exportación, a los que también se fijó un máximo para el período que se iniciaba.
En cuanto a todos los demás aspectos comprometidos en 1960, no experimentaron
variación alguna.
Mr. Per Jacobson
Director Gerente del
Fondo Monetario Internacional
Washington D. C. - U.S.A.
Estimado Sr. Jacobson:
1—En nuestra carta del 7 de setiembre de 1960, que se adjuntaba al acuerdo auxiliar
con el Uruguay, aprobado por el Fondo Monetario Internacional, el 7 de octubre de 1960,
indicábamos en las intenciones de las autoridades uruguayas mantener ciertos límites sobre
los créditos del Banco Central. Nos es grato informar a usted que estos límites de crédito
han sido observados. Al 20 de mayo de 1961, los créditos netos y los créditos al sector
privado concedidos por el Banco de la República ascendían a pesos uruguayos 1.126 millones
y pesos uruguayos 1.301 respectivamente, comparados con los límites respectivos de pesos
uruguayos 1.448 y pesos uruguayos 1.359 millones,
2 — Sin embargo, el crecimiento de la economía uruguaya hará necesario un aumento
razonable en estos créditos durante la próxima zafra. Por consiguiente las autoridades
uruguayas sugieren al Fondo Monetario Internacional que dé su conformidad a las siguientes
modificaciones en los límites de crédito especificado en nuestra carta a ustedes de 7 de
setiembre de 1960:
a) El Gobierno del Uruguay se propone modificar el límite sobre el crédito del Banco de la
República al sector privado especificado en la tercera cláusula del párrafo 12 de modo que
el monto de los préstamos pendientes a corto plazo y largo plazo al sector privado ascendía
a pesos uruguayos 1.301 millones al 20 de mayo de 1961; en ningún momento antes del 15
de setiembre de 1961 exceda de pesos uruguayos 1.350 millones o antes del 31 de marzo
de 1962 exceda de pesos uruguayos 1.450 millones, y en ningún momento entre el 31 de
marzo de 1962 y el fin del período del acuerdo auxiliar exceda de pesos uruguayos 1.400
millones; y
b) El Gobierno se propone modificar el límite sobre el crédito neto por el Banco de la
República, mencionado en la cuarta cláusula del párrafo 13, de modo que el crédito neto,
que indica los préstamos e inversiones internos del Banco de la República, neto de todos los
depósitos oficiales y ascendía a pesos uruguayos 1.248 millones el 31 de agosto de 1960 en
ningún momento se permitirá que exceda de pesos uruguayos 1.448 millones antes del 15
de setiembre de 1961, pesos uruguayos 1.548 millones antes del 31 de marzo de 1962 y el
fin del período del acuerdo auxiliar excederá de pesos uruguayos 1.448 millones.
3 — Con referencia a los adelantos a exportadores ("Adelantos sobre Contratos de
Exportación") que no están incluidos en los límites de crédito mencionados en los párrafos
12 y 13, se espera que no excederán de un nivel promedió de pesos uruguayos 30 millones
durante cualquier mes del período del acuerdo auxiliar (Stand-by).
Sinceramente suyo
Solano Amilibia
Presidente del Banco República O. del Uruguay
Cr. Juan E. Azzini
Ministro de Hacienda

La izquierda en los 60.

“El 9,8% de las adhesiones obtenidas en las elecciones de 1966 en total por los partidos de la izquierda, evidenciaba la existencia de un aparente ‘techo’ para estas agrupaciones. Sin embargo, desde principios de la década comenzaron a afinarse proyectos de formación de un frente común. Las dificultades para la unión de los partidos y las agrupaciones de izquierda en un frente político común estaban directamente relacionadas con las diferencias tácticas y estratégicas imperantes en estas organizaciones. Como se ha señalado en el capítulo anterior, el proceso político experimentado por los partidos y las agrupaciones políticas desde comienzos de la década de 1960, deben ser analizados en un contexto mundial pautado por una etapa de especial endurecimiento de los antagonismos de la Guerra Fría en el continente latinoamericano, que desde 1961 contaba con un gobierno apoyado por la URSS en territorio cubano.
A grandes rasgos, la posición acerca de la violencia revolucionaria y el tipo de vínculo a establecer con la Unión Soviética constituyeron dos de los grandes ‘parteaguas’ de la izquierda latinoamericana en esta época, ante los cuales sus pares uruguayos no permanecieron ajenos. Una parte de la izquierda uruguaya –representada entre otras por las agrupaciones de tendencia anarquista y las inspiradas en las revoluciones cubana y china- descartaba la vía electoral como motor de cambio social, aprobando la lucha armada como forma de llagar al poder. Los defensores de esta estrategia tuvieron su correlato en los movimientos sindical y estudiantil, desde donde promovieron acciones tendientes a lograr una mayor radicalización de la protesta, procurando mantener un margen de autonomía con respecto a la subordinación partidaria. Defensor de otra posición, el Partido Comunista Uruguayo (PCU) si bien no descartaba la lucha armada en una etapa futura, apostaba a la formación de un gran movimiento de masas que creara conciencia acerca del camino revolucionario. Rodney Arismendi –Secretario General y principal teórico del PCU desde mediados de la década de 1950- se refería al ‘camino pacífico al socialismo’. Principal impulsor de esta concepción, el PCU alentaba la participación electoral, otorgando especial importancia a las agrupaciones partidarias en la planificación y organización de la protesta social.”
(Frega, Ruiz, Porrini, Islas, Bonfanti, Broquetas, Cuadro; Historia del uruguay en el siglo XX (1890-2005). Ed. B.O. Uruguay, 2008. pp. 168, 169)

sobre la dictadura militar

La tercera etapa de la historia del Uruguay en el siglo XX (1959- 1985), estuvo caracterizada por la crisis y el estancamiento económico y, en sus años finales (1973-1985), por la caída de las instituciones democráticas y la instalación de una dictadura militar.
Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de una nación (EEUU.) con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.
Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener.
Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a 1967 y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron. Ante el deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población y de la imposición autoritaria de medidas de gobierno, se acelera un proceso de radicalización de las organizaciones sociales vinculadas con los trabajadores y de las organizaciones políticas de izquierda. En 1965 culmina el proceso de unificación del movimiento obrero formándose la C.N.T. También en la década del ’60 surge el M.L.N. – tupamaros utilizando nuevos mecanismos de lucha política.
El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) funcionó ya dentro de esquemas autoritarios pues decretó la suspensión de las garantías individuales casi durante todo su mandato, generando masivas protestas callejeras a la vez que el gobierno respondía con represión, que llegó a los extremos del asesinato por parte de la policía de los primeros estudiantes (Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos).
En este contexto, y ante las elecciones de 1971 la izquierda se unificó y surgió así el Frente Amplio.
La polarización de la lucha política, no se dio sólo en Uruguay. El momento de crisis y conflictos circundaba por toda América Latina. E.E.U.U. impulsó un mayor acercamiento con los sectores más conservadores y con los ejércitos de ésta región para poder mantener a América Latina bajo su control político y económico.
El proceso de deterioro de las instituciones democráticas culminó con el Golpe de Estado que las Fuerzas Armadas protagonizaron el 27 de junio de 1973, disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente civil Juan María Bordaberry (1972-1976), la totalidad del poder público hasta febrero de 1985.
En febrero de 1973, Bordaberry cedió una parte de su autoridad ejecutiva a las Fuerzas Armadas en el Pacto de Boisso Lanza. El 27 de junio de 1973 Bordaberry disolvió las cámaras legislativas y las sustituyó por un Consejo de Estado de 25 miembros, dominado por los militares. La Convención Nacional de los Trabajadores (CNT) respondió con una huelga general que el gobierno consiguió romper, tras violentas confrontaciones, el 11 de julio; un mes después, llegó a su fin la autonomía de los sindicatos al ser declarada la CNT fuera de la ley. Durante los años siguientes los militares ampliaron su control sobre la mayoría de las instituciones nacionales, estableciendo una represiva dictadura militar.
Los 12 años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, particularmente dura con las de izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de los funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista.
Desde el punto de vista económico, el gobierno militar, asesorado por técnicos de ideas neoliberales, procedió a cierta apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media.
Las resistencias de la sociedad al régimen militar tuvieron su expresión más clara en el rechazo de la Constitución autoritaria que el gobierno promovía, ocurrido en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando "el NO" recogió el 57,2% del total de sufragios, y eso en medio de una censura militar casi completa de los medios de comunicación. La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el llamado Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.

" (...) como lo sostiene Juan Pablo Bohoslavsky (...), (...) la dictadura uruguaya se trató de un programa político de disciplinamiento social implementado a sangre y fuego que procuró y logró una profunda redistribución de la riqueza en beneficio de élites económicas y en perjuicio de los trabajadores." 

Lessa, F. y Pereira, G. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016) El negocio del terrorismo de Estado. Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya. Uruguay: Ed. Penguim Random House. (289)

"La corte de familiares se consolidó en tres diarios, El País, El Día y El Plata, en Acción, en cambio, el amiguismo tenía un perfil netamente político. En El País-El Plata las relaciones familiares giraban en torno a los descendientes de cinco fundadores, los Beltrán, los Rodríguez Larreta, los Aguirre, los Ramírez y los hermando Scheck; en El Día destacaban las familias Batlle (Lorenzo y César), Guzmán y Pacheco. Así la contribución de las familias de fundadores y dueños quedaba en evidencia en los staffs difundidos por las publicaciones: directores, colaboradores, redacotres responsables, editorialistas, administradores o responsables de suplementos; los fínculos se detectan también en cargos ejecutivos de televisoras y radios. Posteriormente, los años de vacas flacas, tras la Reforma Cambiaria, no modificaron aquella política que se expresaba en una masa salarial significativa que pesba como un lastre en la contabilidad de las empresas.

La trama empresarial-familiar era, por otro lado, una característica de los grupos económicos tradicionales, que comenzaron a convertirse en tales al expandirse desde la agroopecuaria o la industria, tejiendo un entramado de intereses comunes alimentado por las relaciones matrimoniales. Tal era el caso de grupos económicos como Ferrés, Otegui, Peirano, Strauch; la tercera pata, la financiera, implicó un proceso posterior, según los estudios de vivian Trías (1970) sobre la estructura del poder en Uruguay.

En la medida en que los más antiguos medios de comunicación tenían un tronco común de identificación con las distintas fracciones de los partidos políticos y que su prédica era sustancialmente partidaria, de sus cuadros ejecutivos salieron senadores, diputados, ministros, diplomáticos y hasta un presidente; y, durante la dictadura, consejeros de Estado. Los vínculos entre los dueños de los medios y el poder político se volvieron más significativos cuando, a partir de los gobiernos blancos, se instala un fenómeno nuevo: 'el dominio directo de los mecanismos del Estado por miembros de la clase dominante, desplazando a sus representantes políticos de origen medio o bajo' (Stolovich, Rodríguez y Bértola, 1987). El contenido clasista del gobierno tuvo su máxima expresión en el gabinete de Jorge Pacheco Areco: pese a la extrema movilidad (44 ministros para 11 ministerior en cuatro años) se comprobó un promedio de 75% con conexiones empresariales; y de los 33 ministros, 22% exhibía, además, vínculos familiares. Si las relaciones familiares eran sustantivas en los círculos del poder, la decisión de las élites empresariales de asumir directamente la gestión de la cuestión pública consolida, ante la crisis económica, política y social del gobierno de Pacheco, el protagonismo de la rosca (entrelazamiento de intereses de distintas fracciones del capital; combinación de estrategias a partir de la propiedad común de las empresas, según Stolovich)." 

 Blixen y Uval en Bohoslavsky, J., 2016: 210-212.

"La actitud de la mayoría de los medios de prensa ante la dictadura no fue solo de pasividad y acatamiento, so pena de censura. Resulta clara la identificación ideológica con la dictadura de la Sociedad Editora Uruguaya SA, (SEUSA). Responsable de La Mañana y El Diario, y de la vinculación de personajes como Pedro Manini Ríos y Gaetano Pelegrini Giampietro con la empresa; ambos periódicos que respaldaron abiertamente el golpe de Estado. 'En el Uruguay no caben a esta altura los matices, todos sin excepción estamos comprometidos en una etapa de sacrificio y ninguno, en la medida de sus reales posibilidades, puede dejar de aportar todo aquello que está a su alcance para llegar a la meta trazada por las autoridades de paz y prosperidad', afirmaba la editorial de El Diario un día después del golpe e, incluso, instaba al gobierno a 'no aflojar' para 'terminar de una vez por todas con los enemigos solapados de la patria' (Ibídem). La Mañana, en la misma fecha, justificaba que a Bordaberry no le quedó 'otro camino para salvar la esencia de las instituciones y la integridad nacional'. El País -que a la postre, se convertiría en algunas instancias en vocero de la acción de los militares- instaba al día siguiente del golpe a 'mirar para adelante' y a 'reconquistar el país que perdimos' a partir de reconocer errores y lanzarse 'adelante con la fuerza de una mística'. 'Pero la mística solo podrá existir en orden, derecho y libertad', acotaba. El Día revertiría después la actitud de alineamiento que tuvo al comienzo de la dictadura." (idem. 213)

"Los siguientes son los elementos centrales de esa política dirigida a los medios: la creación de la DINARP consolidó un esquema de control sobre los contenidos periodísticos y culturales de los medios; los cambios normativos buscaron extender la ideología del régimen a todo el territorio del país; en nombre de la seguridad nacional, se adoptaron medidas para contrarrestar la influencia de los países limítrofes en las zonas de frontera y la asignación discrecional de frecuencias buscó premiar a los empresarios amigos y generar un sistema de medios adictos al régimen.

La dictadura administró el espectro radioeléctrico bajo dos criterios básicos. El primero, mantener los privilegios de los grupos dominantes de la televisión y la radio que, como vimos, se adaptaron rápidamente al discurso oficial y abandonaron toda práctica crítica o comprometida con los principios democráticos. En segundo lugar, realizaron nuevas asignaciones de frecuencias y licencias para beneficiar a los civiles que colaboraron con la dictadura, tanto desde los medios, como aquellos que ocupaban cargos de confianza, tales como consejeros de Estado, intendentes y otros altos funcionarios." (idem. 222)

Rico, A. (2006) 15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de junio – 11 de julio de 1973. Uruguay: ed. Fin de Siglo.

"a) GRADUALIDAD DEL PROCESO. La imposición de la dictadura en nuestro país, más que una interrupción abrupta de la legalidad o asalto al poder de los militares, se trató de un proceso histórico gradual de crisis del sistema político y de partidos, de la democracia y del Estado de derecho pautada, principalmente, entre los años 1967 y 1973.

b) ETAPAS DENTRO DEL GOLPE. La ejecución del golpe de Estado en el Uruguay no devino en un 'baño de sangre' a símil del ejemplo chileno, si bien hubo dos estudiantes asesinados durante los 15 días de huelga general; la represión y violencia estatales fue aumentando en etapas en esa coyuntura. Es así como, por ejemplo, no se produce la inmediata intervención de la Universidad de la República (que recién se da en octubre) y hasta se realizan elecciones universitarias en plena dictadura (setiembre).

c) GOLPE 'INSTITUCIONAL'. Se trató de un golpe ejecutado por el propio Presidente constitucional de jure que en dicho acto ('autogolpe') deviene dictador de facto. No existió, pues, ni 'usurpación' ni 'vacío' sino 'continuidad' y 'unidad'. Del poder estatal, garantizadas por la permanencia de su titular y la continuidad de las funciones y decisiones concentradas en el Poder Ejecutivo, la cohesión de mando y disciplina operativa de los aparatos coercitivos del Estado (Fuerzas Armadas y Policiales) y la capacidad de gestión burocrático-administrativa ejercida en todo el territorio nacional a través de los poderes estatales locales (intendencias) y las regiones militares.

d) CARÁCTER 'CÍVICO-MILITAR' DEL RÉGIMEN. El caso uruguayo no parece reproducir un golpe 'militar' típico como los ejecutados en los demás países de la región en aquel contexto histórico (Brasil, Argentina, Bolivia, Chile). Se trata de una dictadura cívico-militar. Dicho régimen se asienta en el poder militar pero cuenta con una base de apoyo social a través del sostén y la actuación de civiles, tanto políticos (sectores y personalidades partidarias, ministros, integrantes del servicio diplomático, miembros designados del Consejo de Estado y de la Nación, intendentes y presidentes que se sucedieron en el período dictatorial) como personal burocrático (jerarcas de la Administración Pública, interventores, funcionarios de particular confianza, integrantes de comisiones, enseñanza, etc.). Ambos sectores aseguraron la reproducción cotidiana de la dominación pública, tanto política como administrativa, tanto a nivel nacional como departamental y local-municipal por más de una década.

e) RESPUESTA ANTIDICTATORIAL. Otra de las características específicas del proceso uruguayo con relación a la región, consiste en que el golpe de Estado recibió, en forma inmediata, una respuesta social de rechazo, resuelta por la central sindical desde tiempo atrás (1964), de características pacíficas y, prácticamente, a nivel de todo el territorio nacional. La huelga general con ocupación de los lugares de trabajo convocada por la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) se extendió durante 15 días: del miércoles 27 de junio al miércoles 11 de julio de 1973; se levantó a las 0 horas del día siguiente. La misma recibió muestras de solidaridad internacional. No obstante lo anterior, importantes sectores de la población, sobre todo en el interior del país, permanecieron pasivos respecto a los acontecimientos o se mantuvieron 'a la expectativa' o proporcionaron cierto grado de apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno para restablecer el orden y la normalidad laboral. El régimen, a través del encarcelamiento de dirigentes obreros, comunicados, remitidos, despidos, sanciones de distinto tipo y la organización de plebiscitos para reintegrarse al trabajo, incidió en la opinión de dichos sectores de la población, aislando y desgastando la huelga general, privándola de respaldos más activos con el correr de los días." (16, 17)

"La dictadura uruguaya no fue una dictadura de tipo 'fundacional' como la pinochetista. Es decir, no se caracterizó por imponer reformas modernizadoras que trastocaran grandemente el modelo de acumulación capitalista tradicional en el país, y cuando intenta transformar a fondo la institucionalidad política, su proyecto de Constitución es derrotado en el plebiscito de 1980.

La dictadura uruguaya fue más bien conservadora y represiva. En lo inmediato, su capacidad de destrucción concentrada en el acto de golpe de Estado se expandió en dos direcciones principales: - hacia la derrota de la resistencia del movimiento obrero y la oposición política; - hacia la reestructura de las formas institucionales republicano-democráticas." (17, 18)

"El centro de la reestructura institucional, garantía de la unidad del Estado y la toma de decisiones, fue el Poder Ejecutivo. La voluntad política golpista en el día crítico del 27 de junio se concentró en la Presidencia de la República y en dos ministerios claves (Interior y Defensa Nacional), actuando en nombre del Poder Ejecutivo. La función de dicho poder está fundamentada, expresamente, en el primer decreto, Nº 464/973, de la dictadura, referido a la disolución de las Cámaras:

(...) Que ante la referida situación, el Poder Ejecutivo, custodio, en definitiva de la unidad y continuidad del Estado, se halla en un estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias conducentes a procurar la vigencia plena de los grandes fines de la Constitución para la Nación y sus instituciones democráticas republicanas, en defensa de la soberanía nacional y de los más altos intereses colectivos." (18)

Bordaberry: "Las instituciones, compatriotas, las estamos salvando hoy. (...) El 1º de marzo de 1972 juré por mi honor guardar y defender la Constitución de la República. Hoy, cuando la necesidad me impone una decisión tan trascendente en la convicción de que estoy guardando y defendiendo los grandes fines de la Constitución de la República, siendo que más que nunca estoy cumpliendo con mi juramento (...). (Juan Ma. Bordaberry. Alocución a la población por cadena oficial, 27.VII.)" (20)

"La 'Corriente' se constituye por el año 1972 como un agrupamiento de sectores dentro del Frente Amplio, que tiene su expresión sindical y que está integrada, principalmente, por los Grupos de Acción Unificadora (Héctor Rodríguez), 26 de Marzo, Unión Popular (Enrique Erro), Movimiento Pregón (Alba Roballo), Movimiento por el Gobierno del Pueblo (Zelmar Michelini), Movimiento Revolucionario Oriental (Ariel Collazo) e independientes.

La 'Tendencia' era una coordinación de los grupos integrantes de la Corriente con otros que no eran frenteamplistas, y que tienen expresión sindical: Resistencia Obrero-Estudiantil (ROE), Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), Agrupaciones Rojas, Partido Comunista Revolucionario (PCR), y otros." (602)

"La 'BBC' de Londres informa que se produjeron peleas entre varios sectores laborales en Uruguay, luego de la orden de poner fin a la huegla nacional de 15 días, decretada como protesta contra el golpe de Estado del mes pasado.

Los líderes de la CNT, que está dirigida por elementos comunistas y se encuentra proscripta, declararon que su decisión de poner fin a la huelga obedecía a motivos tácticos. Pero grupos de obreros disidentes los acusan de 'traición' y agregan que están tratando de salvar su posición, mientras 3000 líderes laborales y manifestantes se hallan aún detenidos.

Se informa que en varias fábricas los obreros se trenzaron a puñetazos al discutir la cuestión." (605, 606)

"Según los datos parciales extraídos de los distintos boletines obreros y comunicados gubernamentales, un cuadro muy pardial de fábricas, empresas, bancos, organismos públicos y facultades participantes en el movimiento huleguístico, es posible estimarlo en poco más de 400 lugares en todo el territorio nacional.

Asimismo, una lista parcial de organizaciones sindicales y filiales a nivel nacional que participaron en los quince días de huegla general, contiene alrededor de 100 organizaciones obreras.

La localización de la mayoría de las fábricas, empresas y organismos estatales determina que los barrios de mayor concentración fabril y participación en la huelga, haya sido: Cerro; La Teja; La Unión; Maroñas; Belvedere; Nuevo Paris; Peñarol; Colón; Cerrito de la Victoria; Paso Carrasco; zona céntrica, Cordón y Ciudad Vieja.

Finalmente, (...), el movimiento huelguístico adquirió alcance nacional, principalmente en aquellos departamentos, ciudades y localidades del interior del país con radicación de industrias, sindicatos nacionales con filiales departamentales y tradición de lucha obrera, tales como: Paysandú; Canelones; Salto; Colonia; Florida; Rocha; Minas; Soriano; Fray Bentos; Tacuarembó; Rivera; Artigas; San José.

(...)

La huelga general con ocupación de los lugares de trabajo declarada por la Convención Nacional de Trabajadores fue una decisión de implementación compleja, aunque anunciada desde el año 1964 y reafirmada en sucesivas resoluciones de la Central sindical. Su concreción en la madrugada del 27 de junio, a pesar de la experiencia acumulada por el movimiento obrero en sus luchas desde 1968 a 1973, se encontró con varias dificultades prácticas.

(...) Tentativamente pueden registrarse las siguientes 'ondas cortas' en el ánimo y la acción colectivos:

Días 27 a 30 de junio: en alza; Días 1 a 2 de julio: en baja ('Operación desalojo' y dificultades de asegurar el paro de transporte); Días 3 a 5: repunte (acción que apaga la llama de ANCAP y reocupaciones de lugares de trabajo); Días 6 a 7: en baja (circulación de ómnibus; decreto que autoriza los despidos masivos); Días 8-10: repunte (entusiasmo ante la preparación y movilización del día 9 de julio y su resultado); Día 11 de julio y siguientes: levantamiento de la huelga general y desánimo (discusiones internas y búsquedas para canalizar la lucha en contra de la reglamentación sindical planteada por el gobierno)." (30-32)

Hacia el golpe de Estado.

“En el largo proceso que sacó al Uruguay de su sitial de ‘Suiza americana’ para sumergirlo en la dictadura militar, puede marcarse tres períodos claramente diferenciados: el desequilibrio de la economía (en la segunda mitad de la década del ’50), el aumento de las tensiones sociales y políticas (en la década del ’60 y el proceso que llevó a la ruptura institucional (a partir de 1968). Entre 1959 y 1967 hubo una toma de conciencia progresiva acerca de la crisis y aparecieron los primeros planteaos en busca de soluciones. El carácter general de la crisis llevó necesariamente al plano ‘político’ la búsqueda de las soluciones.” (Alonso, Demasi. - “Uruguay 1958-1969, Crisis y estancamiento”)


“hacia comienzos de la década del ’70, resultaba evidente que la evolución de la política gubernamental, así como el sostenimiento de una situación que presentaba serios desequilibrios, no podía sino tener el correlato político de la progresiva implantación del autoritarismo. Aún cuando la crisis económico-social antecedió en casi dos décadas a la quiebra final de las instituciones en 1973, ya a partir de 1968 podía perfilarse con nitidez la perspectiva dictatorial en el sistema político uruguayo. La trilogía de crisis económica, social y política se terminó de operar como corolario de un extenso período de deterioro en las condicionantes generales del país.
Al comenzar 1973 no resultaba muy difícil pronosticar un rápido y definitivo descaecimiento de las instituciones. El creciente y ya desembozado protagonismo político de los militares, la precaria estabilidad parlamentaria del gobierno, una virtual situación de ‘empate’ de hegemonía y de vetos recíprocos en el interior del sistema político, la agudización de la conflictividad social enfrentada a la profundización de las prácticas represivas del régimen, entre otros factores, no hacia más que brindar credibilidad a los circulantes rumores golpistas, que efectivamente arreciaron hacia fines de 1972.” (Caetano y Rilla – “Breve historia de la dictadura”)


“... el golpe de Estado en Uruguay no fue, estrictamente un golpe militar contra un gobierno constitucional. Fue un golpe llevado a cabo por el Presidente de la República, en alianza con los militares contra un parlamento dominado por el centro y la derecha.
Ahora bien, una de las explicaciones más difundidas sobre los golpes militares en el Cono Sur en las décadas del ’60 y ’70 ha sido la de que los regímenes ‘ populistas o ‘izquierdistas’ entonces en el poder y las movilizaciones populares que acompañaron dicho período, fueron percibidas por las clases dominantes como una ‘amenaza’ al orden establecido. Este no fue el caso de Uruguay. Además del carácter político diferente del gobierno en el Uruguay y su complicidad en el golpe, en el momento de su ejecución los sectores populares no representaban una amenaza a dicho orden. El Movimiento de Liberación Nacional ‘Tupamaros’, había sido ya derrotado militarmente. El movimiento sindical, aunque capaz de movilizar importantes sectores populares, estaba en la coyuntura librando una batalla defensiva contra el gobierno. El Frente Amplio, pese a toda su capacidad movilizadora, no había superado en 1971 el 20% de los votos. Esto no significa que las luchas populares no jugaron ningún papel en dicha coyuntura. Significa en cambio afirmar que si bien la confrontación entre diversos sectores sociales y políticos y el gobierno jugó un papel importante en el proceso histórico que llevó a la dictadura, hubo otros factores relativos al bloque de poder que igualmente jugaron un papel fundamental...” (Panizza – “Uruguay: Batllismo y después”)