Las modificaciones de la economía mundial, en especial la formación del Mercado Común Europeo (1957) y la sustitución de la hegemonía británica por la estadounidense en América Latina, dejó a las producciones exportables uruguayas a la deriva. El país, por ejemplo, dependía financieramente de una nación (EEUU.) con una economía competitiva y no complementaria de la suya, mientras su tradicional mercado europeo se cerraba a sus carnes. El estancamiento de la ganadería y el fin del proceso de industrialización, completaron el panorama negativo que se tradujo en una disminución permanente del ingreso.
Los diversos sectores sociales, los sindicatos obreros y de empleados públicos, y las gremiales empresariales, lucharon entre sí por la distribución de una riqueza cada día menor en medio de una inflación que nada parecía detener.
Los partidos tradicionales se alternaron en el poder (gobiernos blancos de 1959 a 1967 y colorados de 1967 a 1973) y se fraccionaron. Ante el deterioro de las condiciones económicas y sociales de la población y de la imposición autoritaria de medidas de gobierno, se acelera un proceso de radicalización de las organizaciones sociales vinculadas con los trabajadores y de las organizaciones políticas de izquierda. En 1965 culmina el proceso de unificación del movimiento obrero formándose la C.N.T. También en la década del ’60 surge el M.L.N. – tupamaros utilizando nuevos mecanismos de lucha política.
El gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972) funcionó ya dentro de esquemas autoritarios pues decretó la suspensión de las garantías individuales casi durante todo su mandato, generando masivas protestas callejeras a la vez que el gobierno respondía con represión, que llegó a los extremos del asesinato por parte de la policía de los primeros estudiantes (Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos).
En este contexto, y ante las elecciones de 1971 la izquierda se unificó y surgió así el Frente Amplio.
La polarización de la lucha política, no se dio sólo en Uruguay. El momento de crisis y conflictos circundaba por toda América Latina. E.E.U.U. impulsó un mayor acercamiento con los sectores más conservadores y con los ejércitos de ésta región para poder mantener a América Latina bajo su control político y económico.
El proceso de deterioro de las instituciones democráticas culminó con el Golpe de Estado que las Fuerzas Armadas protagonizaron el 27 de junio de 1973, disolviendo las cámaras legislativas y asumiendo, bajo la cobertura del presidente civil Juan María Bordaberry (1972-1976), la totalidad del poder público hasta febrero de 1985.
En febrero de 1973, Bordaberry cedió una parte de su autoridad ejecutiva a las Fuerzas Armadas en el Pacto de Boisso Lanza. El 27 de junio de 1973 Bordaberry disolvió las cámaras legislativas y las sustituyó por un Consejo de Estado de 25 miembros, dominado por los militares. La Convención Nacional de los Trabajadores (CNT) respondió con una huelga general que el gobierno consiguió romper, tras violentas confrontaciones, el 11 de julio; un mes después, llegó a su fin la autonomía de los sindicatos al ser declarada la CNT fuera de la ley. Durante los años siguientes los militares ampliaron su control sobre la mayoría de las instituciones nacionales, estableciendo una represiva dictadura militar.
Los 12 años de la dictadura militar estuvieron signados por la represión de todas las fuerzas políticas, particularmente dura con las de izquierda, por el encarcelamiento de todos los dirigentes sindicales y la prohibición de la actividad gremial a obreros y empleados, y por la expulsión de los funcionarios públicos, especialmente los docentes, sospechosos de cualquier inclinación izquierdista.
Desde el punto de vista económico, el gobierno militar, asesorado por técnicos de ideas neoliberales, procedió a cierta apertura de la economía al exterior, procurando atraer al capital extranjero y limitar la intervención del Estado. El deterioro del salario real tuvo consecuencias imprevistas en un gobierno conservador ya que forzó la entrada masiva de la mujer al mercado del trabajo fuera del hogar, estrategia familiar de sobrevivencia que adoptaron los sectores populares y la clase media.
Las resistencias de la sociedad al régimen militar tuvieron su expresión más clara en el rechazo de la Constitución autoritaria que el gobierno promovía, ocurrido en el plebiscito del 30 de noviembre de 1980 cuando "el NO" recogió el 57,2% del total de sufragios, y eso en medio de una censura militar casi completa de los medios de comunicación. La crisis financiera y económica de 1982, que aceleró la inflación y sobre todo la desocupación, y esas resistencias sociales aludidas, que también condujeron a la reorganización del movimiento sindical, llevaron a los militares a ceder el poder a la sociedad civil, aunque con ciertas limitaciones, de las que dio cuenta el llamado Pacto del Club Naval concluído el 3 de agosto de 1984.
" (...) como lo sostiene
Juan Pablo Bohoslavsky (...), (...) la dictadura uruguaya se trató
de un programa político de disciplinamiento social implementado a
sangre y fuego que procuró y logró una profunda redistribución de
la riqueza en beneficio de élites económicas y en perjuicio de los
trabajadores."
Lessa, F. y Pereira, G. en Bohoslavsky,J. (Ed.) (2016)
El negocio del terrorismo de Estado.
Los cómplices económicos de la dictadura uruguaya.
Uruguay: Ed. Penguim Random House. (289)
"La
corte de familiares se consolidó en tres diarios, El
País, El
Día y El
Plata,
en Acción,
en cambio, el amiguismo tenía un perfil netamente político. En El
País-El Plata las
relaciones familiares giraban en torno a los descendientes de cinco
fundadores, los Beltrán, los Rodríguez Larreta, los Aguirre, los
Ramírez y los hermando Scheck; en El
Día destacaban las
familias Batlle (Lorenzo y César), Guzmán y Pacheco. Así la
contribución de las familias de fundadores y dueños quedaba en
evidencia en los staffs
difundidos por las
publicaciones: directores, colaboradores, redacotres responsables,
editorialistas, administradores o responsables de suplementos; los
fínculos se detectan también en cargos ejecutivos de televisoras y
radios. Posteriormente, los años de vacas flacas, tras la Reforma
Cambiaria, no modificaron aquella política que se expresaba en una
masa salarial significativa que pesba como un lastre en la
contabilidad de las empresas.
La
trama empresarial-familiar era, por otro lado, una característica de
los grupos económicos tradicionales, que comenzaron a convertirse en
tales al expandirse desde la agroopecuaria o la industria, tejiendo
un entramado de intereses comunes alimentado por las relaciones
matrimoniales. Tal era el caso de grupos económicos como Ferrés,
Otegui, Peirano, Strauch; la tercera pata, la financiera, implicó un
proceso posterior, según los estudios de vivian Trías (1970) sobre
la estructura del poder en Uruguay.
En
la medida en que los más antiguos medios de comunicación tenían un
tronco común de identificación con las distintas fracciones de los
partidos políticos y que su prédica era sustancialmente partidaria,
de sus cuadros ejecutivos salieron senadores, diputados, ministros,
diplomáticos y hasta un presidente; y, durante la dictadura,
consejeros de Estado. Los
vínculos entre los dueños de los medios y el poder político se
volvieron más significativos cuando, a partir de los gobiernos
blancos, se instala un fenómeno nuevo: 'el dominio directo de los
mecanismos del Estado por miembros de la clase dominante, desplazando
a sus representantes políticos de origen medio o bajo' (Stolovich,
Rodríguez y Bértola, 1987). El contenido clasista del gobierno tuvo
su máxima expresión en el gabinete de Jorge Pacheco Areco: pese a
la extrema movilidad (44 ministros para 11 ministerior en cuatro
años) se comprobó un
promedio de 75% con conexiones empresariales; y de los 33 ministros,
22% exhibía, además, vínculos familiares. Si las relaciones
familiares eran sustantivas en los círculos del poder, la decisión
de las élites empresariales de asumir directamente la gestión de la
cuestión pública consolida, ante la crisis económica, política y
social del gobierno de Pacheco, el protagonismo de la
rosca (entrelazamiento
de intereses de distintas fracciones del capital; combinación de
estrategias a partir de la propiedad común de las empresas, según
Stolovich)."
Blixen y Uval en Bohoslavsky, J., 2016: 210-212.
"La
actitud de la mayoría de los medios de prensa ante la dictadura no
fue solo de pasividad y acatamiento, so pena de censura. Resulta
clara la identificación ideológica con la dictadura de la Sociedad
Editora Uruguaya SA, (SEUSA). Responsable de La
Mañana y El Diario, y
de la vinculación de personajes como Pedro Manini Ríos y Gaetano
Pelegrini Giampietro con la empresa; ambos periódicos que
respaldaron abiertamente el golpe de Estado. 'En
el Uruguay no caben a esta altura los matices, todos sin excepción
estamos comprometidos en una etapa de sacrificio y ninguno, en la
medida de sus reales posibilidades, puede dejar de aportar todo
aquello que está a su alcance para llegar a la meta trazada por las
autoridades de paz y prosperidad', afirmaba la editorial de El
Diario un día después
del golpe e, incluso, instaba al gobierno a 'no aflojar' para
'terminar de una vez por todas con los enemigos solapados de la
patria' (Ibídem).
La Mañana,
en la misma fecha,
justificaba que a Bordaberry no le quedó 'otro camino para salvar la
esencia de las instituciones y la integridad nacional'. El
País -que a la postre,
se convertiría en algunas instancias en vocero de la acción de los
militares- instaba al día siguiente del golpe a 'mirar para
adelante' y a 'reconquistar el país que perdimos' a partir de
reconocer errores y lanzarse 'adelante con la fuerza de una mística'.
'Pero la mística solo podrá existir en orden, derecho y libertad',
acotaba. El Día
revertiría después la actitud de alineamiento que tuvo al comienzo
de la dictadura." (idem. 213)
"Los
siguientes son los elementos centrales de esa política dirigida
a los medios: la creación de la DINARP consolidó un esquema de
control sobre los contenidos periodísticos y culturales de los
medios; los cambios normativos buscaron extender la ideología del
régimen a todo el territorio del país; en nombre de la seguridad
nacional, se adoptaron medidas para contrarrestar la influencia de
los países limítrofes en las zonas de frontera y la asignación
discrecional de frecuencias buscó premiar a los empresarios amigos y
generar un sistema de medios adictos al régimen.
La
dictadura administró el espectro radioeléctrico bajo dos criterios
básicos. El primero, mantener los privilegios de los grupos
dominantes de la televisión y la radio que, como vimos, se adaptaron
rápidamente al discurso oficial y abandonaron toda práctica crítica
o comprometida con los principios democráticos. En segundo lugar,
realizaron nuevas asignaciones de frecuencias y licencias para
beneficiar a los civiles que colaboraron con la dictadura, tanto
desde los medios, como aquellos que ocupaban cargos de confianza,
tales como consejeros de Estado, intendentes y otros altos
funcionarios." (idem. 222)
Rico, A. (2006) 15 días
que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general. 27 de
junio – 11 de julio de 1973.
Uruguay: ed. Fin de Siglo.
"a)
GRADUALIDAD DEL PROCESO. La imposición de la dictadura en nuestro
país, más que una interrupción abrupta de la legalidad o asalto al
poder de los militares, se trató de un proceso histórico gradual de
crisis del sistema político y de partidos, de la democracia y del
Estado de derecho pautada, principalmente, entre los años 1967 y
1973.
b)
ETAPAS DENTRO DEL GOLPE. La ejecución del golpe de Estado en el
Uruguay no devino en un 'baño de sangre' a símil del ejemplo
chileno, si bien hubo dos estudiantes asesinados durante los 15 días
de huelga general; la represión y violencia estatales fue aumentando
en etapas en esa coyuntura. Es así como, por ejemplo, no se produce
la inmediata intervención de la Universidad de la República (que
recién se da en octubre) y hasta se realizan elecciones
universitarias en plena dictadura (setiembre).
c)
GOLPE 'INSTITUCIONAL'. Se trató de un golpe ejecutado por el propio
Presidente constitucional de jure que en dicho acto
('autogolpe') deviene dictador de facto. No existió, pues, ni
'usurpación' ni 'vacío' sino 'continuidad' y 'unidad'. Del poder
estatal, garantizadas por la permanencia de su titular y la
continuidad de las funciones y decisiones concentradas en el Poder
Ejecutivo, la cohesión de mando y disciplina operativa de los
aparatos coercitivos del Estado (Fuerzas Armadas y Policiales) y la
capacidad de gestión burocrático-administrativa ejercida en todo el
territorio nacional a través de los poderes estatales locales
(intendencias) y las regiones militares.
d)
CARÁCTER 'CÍVICO-MILITAR' DEL RÉGIMEN. El caso uruguayo no parece
reproducir un golpe 'militar' típico como los ejecutados en los
demás países de la región en aquel contexto histórico (Brasil,
Argentina, Bolivia, Chile). Se trata de una dictadura cívico-militar.
Dicho régimen se asienta en el poder militar pero cuenta con una
base de apoyo social a través del sostén y la actuación de
civiles, tanto políticos (sectores y personalidades partidarias,
ministros, integrantes del servicio diplomático, miembros designados
del Consejo de Estado y de la Nación, intendentes y presidentes que
se sucedieron en el período dictatorial) como personal burocrático
(jerarcas de la Administración Pública, interventores, funcionarios
de particular confianza, integrantes de comisiones, enseñanza,
etc.). Ambos sectores aseguraron la reproducción cotidiana de la
dominación pública, tanto política como administrativa, tanto a
nivel nacional como departamental y local-municipal por más de una
década.
e)
RESPUESTA ANTIDICTATORIAL. Otra de las características específicas
del proceso uruguayo con relación a la región, consiste en que el
golpe de Estado recibió, en forma inmediata, una respuesta social de
rechazo, resuelta por la central sindical desde tiempo atrás (1964),
de características pacíficas y, prácticamente, a nivel de todo el
territorio nacional. La huelga general con ocupación de los lugares
de trabajo convocada por la Convención Nacional de Trabajadores
(CNT) se extendió durante 15 días: del miércoles 27 de junio al
miércoles 11 de julio de 1973; se levantó a las 0 horas del día
siguiente. La misma recibió muestras de solidaridad internacional.
No obstante lo anterior, importantes sectores de la población, sobre
todo en el interior del país, permanecieron pasivos respecto a los
acontecimientos o se mantuvieron 'a la expectativa' o proporcionaron
cierto grado de apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno para
restablecer el orden y la normalidad laboral. El régimen, a través
del encarcelamiento de dirigentes obreros, comunicados, remitidos,
despidos, sanciones de distinto tipo y la organización de
plebiscitos para reintegrarse al trabajo, incidió en la opinión de
dichos sectores de la población, aislando y desgastando la huelga
general, privándola de respaldos más activos con el correr de los
días." (16, 17)
"La
dictadura uruguaya no fue una dictadura de tipo 'fundacional' como la
pinochetista. Es decir, no se caracterizó por imponer reformas
modernizadoras que trastocaran grandemente el modelo de acumulación
capitalista tradicional en el país, y cuando intenta transformar a
fondo la institucionalidad política, su proyecto de Constitución es
derrotado en el plebiscito de 1980.
La
dictadura uruguaya fue más bien conservadora y represiva. En lo
inmediato, su capacidad de destrucción concentrada en el acto de
golpe de Estado se expandió en dos direcciones principales: - hacia
la derrota de la resistencia del movimiento obrero y la oposición
política; - hacia la reestructura de las formas institucionales
republicano-democráticas." (17, 18)
"El
centro de la reestructura institucional, garantía de la unidad del
Estado y la toma de decisiones, fue el Poder Ejecutivo. La voluntad
política golpista en el día crítico del 27 de junio se concentró
en la Presidencia de la República y en dos ministerios claves
(Interior y Defensa Nacional), actuando en nombre del Poder
Ejecutivo. La función de dicho poder está fundamentada,
expresamente, en el primer decreto, Nº 464/973, de la dictadura,
referido a la disolución de las Cámaras:
(...)
Que ante la referida situación, el Poder Ejecutivo, custodio, en
definitiva de la unidad y continuidad del Estado, se halla en un
estado de necesidad que le impone adoptar medidas extraordinarias
conducentes a procurar la vigencia plena de los grandes fines de la
Constitución para la Nación y sus instituciones democráticas
republicanas, en defensa de la soberanía nacional y de los más
altos intereses colectivos." (18)
Bordaberry:
"Las instituciones, compatriotas, las estamos salvando hoy.
(...) El 1º de marzo de 1972 juré por mi honor guardar y
defender la Constitución de la República. Hoy, cuando la necesidad
me impone una decisión tan trascendente en la convicción de que
estoy guardando y defendiendo los grandes fines de la Constitución
de la República, siendo que más que nunca estoy cumpliendo con mi
juramento (...). (Juan Ma. Bordaberry. Alocución a la población
por cadena oficial, 27.VII.)" (20)
"La
'Corriente' se constituye por el año 1972 como un agrupamiento de
sectores dentro del Frente Amplio, que tiene su expresión sindical y
que está integrada, principalmente, por los Grupos de Acción
Unificadora (Héctor Rodríguez), 26 de Marzo, Unión Popular
(Enrique Erro), Movimiento Pregón (Alba Roballo), Movimiento por el
Gobierno del Pueblo (Zelmar Michelini), Movimiento Revolucionario
Oriental (Ariel Collazo) e independientes.
La
'Tendencia' era una coordinación de los grupos integrantes de la
Corriente con otros que no eran frenteamplistas, y que tienen
expresión sindical: Resistencia Obrero-Estudiantil (ROE), Frente de
Estudiantes Revolucionarios (FER), Agrupaciones Rojas, Partido
Comunista Revolucionario (PCR), y otros." (602)
"La
'BBC' de Londres informa que se produjeron peleas entre varios
sectores laborales en Uruguay, luego de la orden de poner fin a la
huegla nacional de 15 días, decretada como protesta contra el golpe
de Estado del mes pasado.
Los
líderes de la CNT, que está dirigida por elementos comunistas y se
encuentra proscripta, declararon que su decisión de poner fin a la
huelga obedecía a motivos tácticos. Pero grupos de obreros
disidentes los acusan de 'traición' y agregan que están tratando de
salvar su posición, mientras 3000 líderes laborales y manifestantes
se hallan aún detenidos.
Se
informa que en varias fábricas los obreros se trenzaron a puñetazos
al discutir la cuestión." (605, 606)
"Según
los datos parciales extraídos de los distintos boletines obreros y
comunicados gubernamentales, un cuadro muy pardial de fábricas,
empresas, bancos, organismos públicos y facultades participantes en
el movimiento huleguístico, es posible estimarlo en poco más de 400
lugares en todo el territorio nacional.
Asimismo,
una lista parcial de organizaciones sindicales y filiales a nivel
nacional que participaron en los quince días de huegla general,
contiene alrededor de 100 organizaciones obreras.
La localización de la mayoría de las fábricas, empresas y
organismos estatales determina que los barrios de mayor concentración
fabril y participación en la huelga, haya sido: Cerro; La Teja; La
Unión; Maroñas; Belvedere; Nuevo Paris; Peñarol; Colón; Cerrito
de la Victoria; Paso Carrasco; zona céntrica, Cordón y Ciudad
Vieja.
Finalmente, (...), el movimiento huelguístico adquirió alcance
nacional, principalmente en aquellos departamentos, ciudades y
localidades del interior del país con radicación de industrias,
sindicatos nacionales con filiales departamentales y tradición de
lucha obrera, tales como: Paysandú; Canelones; Salto; Colonia;
Florida; Rocha; Minas; Soriano; Fray Bentos; Tacuarembó; Rivera;
Artigas; San José.
(...)
La huelga general con ocupación de los lugares de trabajo declarada
por la Convención Nacional de Trabajadores fue una decisión de
implementación compleja, aunque anunciada desde el año 1964 y
reafirmada en sucesivas resoluciones de la Central sindical. Su
concreción en la madrugada del 27 de junio, a pesar de la
experiencia acumulada por el movimiento obrero en sus luchas desde
1968 a 1973, se encontró con varias dificultades prácticas.
(...) Tentativamente pueden registrarse las siguientes 'ondas
cortas' en el ánimo y la acción colectivos:
Días 27 a 30 de junio: en alza; Días 1 a 2 de julio: en baja
('Operación desalojo' y dificultades de asegurar el paro de
transporte); Días 3 a 5: repunte (acción que apaga la llama de
ANCAP y reocupaciones de lugares de trabajo); Días 6 a 7: en baja
(circulación de ómnibus; decreto que autoriza los despidos
masivos); Días 8-10: repunte (entusiasmo ante la preparación y
movilización del día 9 de julio y su resultado); Día 11 de julio y
siguientes: levantamiento de la huelga general y desánimo
(discusiones internas y búsquedas para canalizar la lucha en contra
de la reglamentación sindical planteada por el gobierno)."
(30-32)
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