Jacob, Raúl: El
Uruguay de Terra
EBO 1983
CAPÍTULO II
MEDIDAS PARA SUPERAR LA CRISIS ECONÓMICA
A pesar de semejanzas que en ocasiones rompen los
ojos, ninguna crisis es idéntica a otra. La historia, si se repite,
es sobre realidades distintas. Sin embargo la receta para superar
ésta, salvo excepciones que respondieron a hechos novedosos, no fue
enteramente original. Muchos de los desafíos planteados podían
encontrar una adecuada respuesta en el modelo que el batllismo
buscaba implantar desde comienzos de siglo. Sus partidarios, sin la
presencia de Batlle en la escena, divididos y también diferenciados
en fracciones, debiendo negociar —y no está demás recordar que en
política negociar es casi sinónimo de transar—, intentaron, una
vez más, impulsar su ideario. Ello implicó en lo interno exacerbar
a los sectores ultraconservadores y al capital extranjero, y en lo
externo provocar inquietud, como lo reflejó el Foreign Office
en uno de sus informes: "...la
facción dominante esta resuelta a explotar la crisis como pretexto
para eliminar los intereses extranjeros”
Desde el punto de vista social, algunas de las
disposiciones adoptadas para conjurar la crisis fueron de efectos
negativos. La política económica —en parte fruto del acuerdo
político alcanzado en 1931 entre el batllismo y el nacionalismo que
pasaría a denominarse "independiente"— terminó siendo
vista como una de las causas fundamentales del golpe de 1933.
a)
Desvalorización monetaria
A
fines de 1929, Baltasar Brum manifestó en el Consejo Nacional de
Administración que la política de sobrevaluar el peso que seguía
el Banco República favorecía al comercio importador, pero
perjudicaba a la industria y a las exportaciones ganaderas.
Propuso estimular la desvalorización monetaria
En
1931 sería el Ministro de Industrias, Edmundo Castillo, el encargado
de fundamentar la aceptación de la desvalorización del signo
monetario uruguayo. Dejó claro que la caída del mismo se debió a
que no se habían aplicado oportunamente las medidas propuestas por
el batllismo (limitación de las importaciones, estatizaciones)
que hubiesen impedido la fuga de divisas que presionaron a la baja
del peso. Sin embargo el hecho era que el peso había perdido valor.
Dijo Castillo: el Consejo Nacional
resistió en beneficio de la producción rural a la valorización
artificial del signo monetario.”
Esta política tendía a lograr dos objetivos: a) fomentar al sector
exportador que recibiría más pesos uruguayos por sus ventas; b)
aumentar el precio de la manufactura importada, con lo que se
protegía a la industria nacional.
Pero también podía tener un efecto negativo: aumentar el costo de
vida, ya que combustibles, materias primas y artículos de primera
necesidad se adquirían en el exterior.
Esta consecuencia fue criticada por el diputado socialista Emilio
Frugoni, que ya en mayo de 1929 había propuesto retornar a la libre
conversión del peso a oro, coincidiendo con destacados
representantes del alto comercio, como medida que conduciría hacia
una moneda sana que aseguraría el valor adquisitivo del salario.
b)
Control de la comercialización de
moneda extranjera
En mayo de 1931 se autorizó al Banco República a controlar la
compra y venta de moneda extranjera —que hasta entonces era libre—
para impedir la especulación que influía en la depreciación del
peso uruguayo. La medida se complementó en octubre con otra que
obligaba a los exportadores a comercializar la moneda extranjera en
el país, evitando la evasión de divisas.
La
intervención del República perjudicaría a exportadores y
ganaderos, ya que se fijaría administrativamente el precio de compra
de la moneda extranjera a un cambio oficial, aceptando la
desvalorización del 54%, mientras que en el mercado negro, que nació
espontáneamente, era del 77%
.
Esa diferencia era considerada un impuesto de exportación.
Pero
también afectó los intereses de la banca, especialmente la
extranjera, uno de cuyos más suculentos negocios era la
comercialización de moneda. Joslin, historiando la banca británica
en América del Sur, escribió que en 1931 el "Banco de Londres
y América del Sur" se vio obligado
a apelar a la intervención diplomática
para proteger sus intereses."
-
Prohibición de enviar remesas al exterior
Ante la escasez de divisas, en 1931 se obligó a las compañías
extranjeras a depositar el importe de sus remesas al exterior,
rigiendo una moratoria que posteriormente se extendió hasta fines de
1932.
En julio de ese año se creó la "Caja Autónoma de
Amortización", organismo al que se encargaba la atención de
las solicitudes de moneda de las compañías extranjeras y el
comercio importador que tenia deudas pendientes en el exterior y que
necesitaba de su buen crédito para sobrevivir.
A
los acreedores se les dio la opción de cobrar sus deudas en 1933, en
pagos escalonados, o aceptar las "Obligaciones a oro" —a
emitirse por la Caja— que se rescatarían en un plazo de cinco años
con un interés máximo del 6 %
-
Suspensión de la amortización de la Deuda
Externa
En 1931 Terra propuso públicamente la suspensión de la amortización
de la deuda externa. A principios de 1932 el Consejo Nacional de
Administración decretó la medida —que luego extendió a la
Deuda Interna.
El
Consejo Nacional de Administración previamente había hecho saber a
los centros financieros que sólo la tomaría si contaba con el
asentimiento de los Consejos de Tenedores de Títulos en el
extranjero (para los inversores era más importante percibir los
intereses, que en 1929 fluctuaban entre el 4% para los británicos y
el 5,81% para los norteamericanos, que las amortizaciones que
llegaban al 1%)
Se estableció además que los intereses de los empréstitos
norteamericanos localizados en Montevideo y en poder de
instituciones oficiales se pagarían en pesos uruguayos, cotizando el
dólar a la par.
Al Banco República se le facultó para intentar adquirir títulos de
Deuda Externa y exportar oro de su encaje para atender los servicios
de intereses en el exterior.
-
Limitación de las importaciones y protección a la industria
En agosto de 1931 se elevó el derecho general de importación de los
artículos que tenían similares en la producción nacional, del 31
al 48%.
Se ponía así fin, después de décadas de inmovilismo, al arancel
establecido por la ley proteccionista de 1888.
Otra
medida autorizó al Consejo Nacional de Administración a limitar la
importación de mercadería extranjera hasta un treinta por ciento de
las cifras del año anterior, prohibiendo la entrada de otras
consideradas suntuarias, como los automóviles, y aplicar recargos de
hasta el 100%. Además se intentó aplicar el "dirigismo
económico", reconociendo a los países que concedieran a
Uruguay la reciprocidad comercial. Según Acevedo Álvarez, esta ley
no se efectivizó "porque se
exponía el país a represalias por parte de las naciones
consumidoras de las cosas nuestras"
Se
buscó otra fórmula que no fuera interpretada externamente como
discriminatoria. En octubre de 1931 se decidió que mientras durara
la baja del peso uruguayo, un cuarto de los
derechos aduaneros debían satisfacerse en oro y el resto en
papel, exceptuándose materias primas industriales y artículos
de primera necesidad, aunque no fueron contemplados maquinaria y
combustible industrial y materiales para la construcción.
Los
representantes de Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España
formularon reparos a esta última ley, según hizo saber el
Canciller. Por su parte la Cámara de Comercio entendió que el
impuesto a oro significaba tomar a la moneda extranjera como medida
de valor en el mercado interno, causando la constante fluctuación de
los precios.
Estas leyes, al limitar las importaciones, buscaban equilibrar la
balanza de pagos del país, evitar la evasión de divisas, detener la
caída del peso uruguayo, disminuir el consumo, pero también apoyar
la estrategia de industrialización, que ya había sido enunciada por
el Ministro Castillo:
"General es la crisis porque pasan nuestras industrias
agrarias. Debido a ella, los trabajadores rurales abandonan en
crecido número las labores de la tierra y refluyen sobre las
ciudades y los pueblos.
Innecesario
es recalcar la gravedad de esta situación que es indispensable
remediar tomando medidas que atraigan al proletariado hacia el
trabajo agrícola. Entre tanto, debe procurarse que los hombres
obligados a abandonarlo obtengan ocupación en los centros urbanos.
Para ello es indispensable proteger como se procura (...), a la
manufactura nacional, de lo contrario, la crisis de la desocupación
adquirirá proporciones pavorosas-.”
La izquierda —incluida la agrupación "Avanzar" de
Grauert— era contraria a industrializar el país mediante el
establecimiento de un arancel protector. Lo fundamentaba en que los
impuestos aduaneros encarecían la vida del obrero y tendían a crear
"fabricantes".
La protección a la industria se hizo efectiva por medio de otras dos
leyes: la de privilegios industriales, aprobada en 1930; y la de
etiqueta obligatoria a los productos fabricados en el país que, a
pesar de haber sido sugerida al discutirse la antes citada, recién
se promulgó como norma específica en 1932.
La concesión de privilegios industriales también era criticada
porque entregaba el mercado por unos años a un monopolio de
fabricación. La ley de etiqueta tenía por finalidad prestigiar a la
industria nacional, ya que muchos productos se comercializaban como
si procedieran del extranjero.
f)
La reducción del déficit fiscal
La
limitación de las importaciones afectaría la recaudación de la
Aduana, piedra angular del sistema fiscal en ese entonces. La
desvalorización monetaria obligó al Estado, que cobraba los
impuestos en pesos uruguayos, a utilizar
suma; no previstas para el pago de intereses pactados en moneda
extranjera. La situación económica del país aumentó la morosidad
del sector privado. Todas estas circunstancias confluyeron a
acrecentar el déficit fiscal. Para contrarrestarlo, en 1931 se
crearon veintitrés nuevos impuestos.
Algunos gravaron al consumo (alcohol, nafta, bananas); aunque muchos
de ellos fueron aplicados a productos importados que se fabricaban en
el país, con lo cual se protegió a la industria nacional. Otros,
como patentes extraordinarias a la importación de automóviles,
tendían a recargar artículos de uso suntuario.
A los propietarios se les aumentó los impuestos a las herencias y a
las traslaciones de dominio.
Particular
importancia adquirió el aumento del uno por mil de la contribución
inmobiliaria rural cuyos aforos superaran los cincuenta mil pesos. La
medida afectaría —dado el precio de la tierra— a los
propietarios de aproximadamente mil y más hectáreas. La Federación
Rural declaró que el agro estaba, ya antes, al límite de su
capacidad impositiva. El Comité Nacional de Vigilancia Económica
arreció su lucha contra el gobierno. En febrero de 1933, ante la
baja en los precios de tierras y bienes raíces, "El
Debate” instaba a la
"huelga de bolsillos cerrados",
a la resistencia colectiva al pago de la contribución;
mientras el diputado nacionalista Cecilio Arrarte Corbo proponía
suprimir por dos artos el impuesto a todas las propiedades rurales
del país.
Ambas propuestas fueron alentadas cuando el régimen tenía sus días
contados, como reacción a una política considerada hostil por los
ganaderos.
Las
medidas reseñadas muestran que se aplicó una concepción
impositiva que gravó a todos los sectores, aunque obviamente
afectó más a los de menores ingresos. Fiel a ello el Estado
trasladó la crisis a sus funcionarios. Se estableció un
"impuesto a los sueldos", eufemismo que implicaba una
rebaja de las retribuciones, tanto en sueldos como pensiones y
jubilaciones del sector oficial. Se fijó un mínimo no imponible de
setenta pesos para los solteros, y de cien pesos para los casados y
solteros cabeza de familia. A partir de esos topes entraba a regir un
impuesto gradual, entre el seis y el quince por ciento. La
fundamentación que se hizo de esta rebaja salarial era que afectarla
sólo a un sector de empleados públicos, los de sueldos mayores. Sin
embargo se pueden hacer algunas precisiones: a) el salario de setenta
pesos era el que se consideraba mínimo antes de que la
desvalorización monetaria aumentara en 1929-30 el costo de vida; 2)
para aquellos funcionarios que aún no lo ganaban, o lo ganaban y
estaban eximidos, significó de hecho la congelación de toda
expectativa de aumento salarial para acompasar las retribuciones al
nuevo costo de vida; 3) estando en trámite parlamentario un proyecto
para establecer ese salario mínimo en la actividad privada le restó
toda posibilidad de aprobación; 4) se consideraba que el Estado
pagaba las mejores retribuciones, por lo cual la medida tendía a
congelar o deprimir los salarios de la actividad privada.
Según Berreta, el batllismo había apoyado esta medida para dar
coherencia al plan económico global.
Tanto
la "Federación de Empleados y Obreros de la Nación", como
el Presidente Terra, coincidían en que el impuesto a los sueldos
debería regir recién a partir de las retribuciones de ciento
cincuenta pesos.
En
1932 el Parlamento estudió la desgravación gradual, o la supresión
del resistido impuesto. Baltasar Brum opinó que
"la reducción en los emolumentos reflejó de inmediato sobre
las operaciones comerciales ordinarias, causando un enorme
perjuicio...". García Morales
lamentó la ruptura de colaboración parlamentaria entre los dos
partidos, ya que la rebaja constituía
"la principal conquista que la transacción realizada permitía
realizar al programa de prudencia, de justicia y de discreción
financiera sustentado por el Partido Nacional...",
recordando que al suspenderse la amortización de la deuda
externa se hizo frente a
un plan coherente de economías que fue bien acogido en el
exterior. En el seno del Consejo Nacional de Administración el
batllismo fue partidario de suprimir el gravamen.
El presupuesto de gastos sancionado en enero de 1933 se consideraba
"súper equilibrado". Sin embargo, el terrismo no sólo
dejaría subsistente el impuesto, sino que lo extendería a los
empleados municipales, que no estaban comprendidos en el mismo.
Para paliar la repercusión de la reforma impositiva sobre los
sectores de menores ingresos, se resolvió en 1931 rebajar en un diez
por ciento los alquileres urbanos.
Algunos entes estatales debieron contribuir con sumas extraordinarias
para aliviar ía situación del erario público.
g)
Agropecuaria
La
ganadería fue afectada doblemente por la crisis: en la caída de la
cotización internacional de sus productos y en la disminución de
los totales vendidos al exterior. Ambos hechos influirían
decididamente en el estancamiento del sector.
La
política de precios seguida por los frigoríficos extranjeros en !«
posguerra fue vista como una de las causas que habían desalentado el
mejoramiento de la ganadería uruguaya. Según los ganaderos,
obtenían casi lo mismo por el ganado inferior que por el mejorado.
En 1928 escribía Perfecto López Campana en
"E1 Día”:
"La
mestización o sea el mejoramiento en la clase de animales
explotados, ha absorbido casi toda la atención de los
criadores, pero ese mejoramiento,
fruto de las nuevas corrientes de sangre aportadas
a los rodeos por los reproductores
importados, no ha seguido la mejora en los procedimientos de crianza,
sobre todo en lo que se refiere a la alimentación de las haciendas.
Salvo
uno que otro ganadero progresista que engorda sus novillos en
avenales o hace ensilaje, la inmensa mayoría sigue confiando sus
rodeos a las praderas naturales, y, por consiguiente, expuestos a
todas las alternativas que brinda la variación del clima en el
Uruguay".
El Ministro de Industrias, Edmundo Castillo, fue partidario de la
concesión de primas para mejorar el grado de refinación del ganado.
La prima era un premio en metálico a la calidad, que estimularía al
productor. Su proyecto fue el antecedente inmediato de la ley de
primas que aprobó en 1932. El Estado contó además con el
instrumento del Frigorífico Nacional para intentar aumentar la
cotización en Tablada y fomentar la ganadería y la granja.
Al producirse la crisis existía ya cierto desarrollo agrícola, y
también una conciencia que lo apuntalaba y trataba de extender. La
agricultura cumplía una función económica pero también
sedentarizaba al hombre, lo fijaba a la tierra. Fue vista como una de
las soluciones para los desocupados por la implantación de
nuevas técnicas de explotación ganadera, como el alambrado, y
también para solucionar los continuos levantamientos armados
que se sucedían en la campaña uruguaya. Esta finalidad
"domesticadora" fue retomada por el batllismo, que había
librado la última gran contienda al viejo estilo. Pero también era
una manera de minar el latifundio, de ahí que se encarara, aunque
con magros resultados, la colonización agrícola.
Al comenzar la crisis la agricultura fue vista como una de las
soluciones para la preocupante desocupación, como
diversificadora de las exportaciones del país, y como
proveedora de materias primas para el ansiado despegue industrial.
Sin embargo no se podía eludir la realidad: la cosecha de maíz de
1928 debió ser adquirida en parte por el Estado, al que se autorizó
en 1929 a absorber y exportar el excedente de trigo. Ausencia de
demanda y costo de producción por encima del internacional,
requirieron la protección oficial para no liquidar la actividad
política en la que se continuó.
Para sustraer a los productores de la distorsión en la
comercialización que ocasionaban las grandes firmas internacionales
—Bungue y Born actuaba en el país desde hacia años— el Consejo
Nacional de Administración en 1929 autorizó al Banco República
a intervenir mediante la construcción de "graneros
oficiales" en la intermediación de granos. Además se encaró
la construcción del "Mercado de Frutos" en el puerto de
Montevideo, administrado por el organismo bancario oficial, que
coadyuvaría en la comercialización y en el otorgamiento de
créditos accesibles a los agricultores. La acción oficial se vio
mediatizada por no haberse aprobado la construcción de silos en el
puerto de Montevideo, medida imprescindible para abaratar el costo de
exportación de los cereales uruguayos. Se concedieron facilidades
crediticias para los agricultores afectados por la crisis y se
creó la sección de "Crédito Agrícola de Habilitación"
en el Banco República.
Uno de los problemas que frenaron el desarrollo agrícola fue la
falta de tierras. El batllismo había planteado la necesidad de
rescatar las tierras fiscales ocupadas por los particulares y de
establecer un impuesto progresivo a la propiedad rural, que con
el paso de los años restituiría al Estado, como representante de la
sociedad, la posesión de dicho bien. Este programa agrario era muy
difícil de implantar ante la reacción político- social que
ocasionó y que determinó —entre otras causas— la fundación de
la Federación Rural.
Baltasar
Brum elaboró al comenzar la década del treinta un proyecto de ley
por el que el Estado emitiría una deuda pública para adquirir
tierras, las que serían entregadas en arrendamiento a los colonos.
Su idea era hacer de la campaña un
"jardín poblado de granjas", "con carreteras
transitadas por infinitos camiones"
que harían de Uruguay una "Dinamarca
americana"
Este
sueño, por obra de la reacción conservadora que miró temerosa la
posibilidad de que el Estado no se desprendiera de la propiedad de la
tierra, quedó en eso, en un sueño. Al comenzar 1933 la colonización
agrícola estaba prácticamente detenida por falta de tierras.
Elegida la vía de la adquisición para subdividir la propiedad, un
Estado sin fondos sólo podía contemplar la permanencia del
latifundio.
Dada
la estructura rural, tanto la ganadera como la agrícola, en que casi
el cuarenta por ciento del área ocupada era trabajada bajo el
régimen de arrendamiento
adquirió particular importancia la creación, en 1931, de jurados
para resolver las desavenencias entre propietarios y arrendamientos,
y proceder a la rebaja del precio del alquiler de la tierra. Los
jurados serían departamentales, y estarían integrados por dos
representantes del municipio, uno por la Federación Rural, otro
por la Asociación Rural y uno por la Comisión de Fomento Rural. Al
revés que para el caso de los alquileres urbanos, cuya rebaja se
estipuló por decreto, aquí se eligió el camino de negociarla con
representantes de las gremiales rurales.
h) Banca
La banca había adquirido particular importancia en la década del
veinte, tanto por su participación en los negocios inmobiliarios,
como en los de comercio exterior, pero en especial, por su relación
con la ganadería a partir del triunfo del frigorífico. Sin embargo,
ganaderos e industriales que necesitaban créditos de "fomento"
(largo plazo y bajo interés), se quejaban de su orfandad en este
campo. El crédito "comercial" (de corto plazo y con
garantía material) no era el que se adaptaba a las necesidades
del sector productivo.
Las ventas a plazos, la importación de artículos que se
consideraron suntuarios pero que todos aspiraban a disfrutar,
permitieron la expansión del crédito. Muchos contemporáneos vieron
en este hecho la principal causa de la crisis. Había una simbiosis
casi perfecta: la moneda fuerte permitía importar, el préstamo
permitía consumir.
La banca, por otra parte, había sido "integradora" de los
grandes sectores económicos de la sociedad uruguaya. En sus
directorios figuraban comerciantes, ganaderos, industriales, a los
que se le sumaban renombrados profesionales liberales.
Su
rol fue reconocido: fueron llamados a aconsejar en el momento de
elaborar la política para conjurar la crisis. En una reunión
mantenida por la banca privada y los gerentes del República e
Hipotecario, en octubre de 1932, se acordó estudiar
"la conveniencia del establecimiento de una asociación de
Bancos con el fin de atender los intereses comunes dentro del terreno
del crédito, de los informes comerciales y de los medios
legislativos que convendría adoptar para devolver al comercio mayor
eficacia...". Fruto de este
consenso será el convenio de noviembre de 1932, por el que se acordó
no ejecutar a los deudores imposibilitados de cumplir con sus
obligaciones por la situación económica.
Dado el descenso en el precio de la tierra y de las propiedades
urbanas, a la banca no le convenía rematar a sus deudores para
recuperar menos de lo invertido.
El República, por su parte, intentó aplicar una política de
restricción crediticia aumentando los intereses. Se hizo especial
hincapié en que quedaban eximidos los préstamos de fomento rural e
industrial. Fundamentalmente se afectó al Estado, ventas de
terrenos y no productores.
A
pesar que se emitió moneda, se tendió a restringir la circulación
de billetes aumentando los encajes de la banca privada. El efecto que
se alcanzó fue disminuir el nivel del crecimiento de las
colocaciones bancarias con respecto a los años anteriores a la
crisis.
i) Turismo
Las obras de urbanización de Montevideo, sus costas y sus casinos,
atraían cada vez más a los forasteros. Especialmente a nuestros
vecinos argentinos.
El turismo era una actividad que proporcionaba divisas, que pesaba
en la balanza de pagos del país. Y la situación no estaba como para
desaprovechar ninguna potencial riqueza.
El
Estado creó con fines de fomento, en marzo de 1930, la "Comisión
Nacional de Turismo"
Pero,
a juzgar por el tenor de un aviso publicado por don Francisco Piria,
la actividad privada no le iba en zaga:
"En Piriápolis, los hoteles baratos, ganan dinero a bocha y el
que quiera ganar dinero, le basta con tener un hotelito en
Piriápolis. Por más datos, infórmese de cómo les va a todos
tos existentes y les contestarán: bien,
muy requetebien".
j)
El problema de la desocupación
Los testimonios coinciden en señalar que en los treinta primeros
años de este siglo se había acentuado la desocupación en el medio
rural.
El frigorífico había estimulado la mestización del ganado, el
endeudamiento de los productores, la utilización del
ferrocarril como medio masivo para el transporte de ganados. La
posibilidad de que se fiscalizase el casi incumplido salario mínimo
rural estipulado por ley en 1923, el aumento del costo de
producción y la caída de las cotizaciones de los productos
pecuarios, permiten pensar que la estancia siguió liberando mano de
obra.
Para estos desocupados la realidad no ofrecía grandes posibilidades:
vegetar en los rancheríos, irse a la ciudad, o emigrar a otros
países.
Al producirse la crisis existía en la campaña desocupación.
La depresión que la misma produjo en las actividades urbanas fue
pronto reflejada por las cifras.
La
Oficina Nacional de Trabajo consignó el máximo de desocupados en el
arto 1933: cuarenta mil en total.
Sin embargo, todo permite suponer que quedó marginado un
contingente difícil de computar: los habitantes de los
rancheríos de campaña, los trabajadores domiciliarios, los ocupados
parciales.
De todos modos, si se refiere a otras cifras oficiales, a las del
censo industrial de 1929-30, se puede tener otra medida de la
realidad: equivalía a más del cuarenta por ciento de los
asalariados del sector manufacturero.
El desarrollo industrial y agrícola del país fueron dos de las
medidas esbozadas para aliviar el problema de la desocupación.
El Estado apoyó el desarrollo de las obras públicas, que se
erigieron en la principal estrategia para restaurar el nivel
ocupacional. Para ello contaba con la aprobación de la ley de
Vialidad e Hidrografía de 1928 y con algunos fondos proporcionado»
por el último empréstito contratado en Estados Unidos, que fue el
convenido con la firma Hallgarten en 1930.
Se construyeron puentes y caminos, se dotó de redes cloacales a
algunas capitales departamentales, se instalaron servicios de agua
potable en ciudades y villas, se finalizaron algunos puertos en el
litoral del país.
Una
"Comisión Nacional de Lucha contra la Desocupación"
organizó la asistencia a desocupados y sus familias. En diciembre de
1931 se estipuló que el ochenta por ciento de los empleados en obras
públicas debían ser ciudadanos nacidos en el país.
La Intendencia de Montevideo, en manos batllistas, prosiguió con la
construcción de pavimentos y algunas obras más ambiciosas, como la
rambla Sur y la Avenida Agraciada.
El Estado proporcionaba trabajo, en especial en el interior que era
el que más sufría los efectos de su falta, y generaba demanda de
productos, con lo que dinamizaba el comercio y la industria.
Baltasar
Brum definió la filosofía sobre el tema: se debía complementar
los desniveles laborales de la actividad privada, se debía
"escalonar las obras públicas, de modo que sean mas intensas en
la época en que disminuyen las actividades privadas".
La
Presidencia de la República también estaba preocupada por el
problema: "una desocupación
creciente amenaza traer grandes dificultades futuras",
diría en el Mensaje a la Asamblea General, en febrero de 1932.
En
el siguiente, el del 15 de marzo de 1933, Terra propondría reducir
la jornada de trabajo: "Producida
la desocupación, y con ella la dolorosa competencia entre los
asalariados, la jornada de ocho horas, lejos de favorecer, perjudica
francamente el interés obrero que pretende tutelar. Habría llegado,
pues, la ocasión de ensayar una jornada obrera mas reducida que
permitiera una mayor colocación de brazos".
El
problema que quedaba pendiente era
el salarial, es decir, ¿se mantenía el salario que se pagaba por
ocho horas? Decía Terra: "Los
jornales serian regulados mediante la armonización de los dos
intereses en pugna, pero cuidando siempre las exigencias de las
necesidades y hasta de la dignidad humana".
Los sectores ultraconservadores y algunas entidades empresariales,
como la Asociación Rural, Asociación Comercial, etc., promovieron
la restricción de la inmigración.
La medida, en primera instancia, se fundamentó en razones
ocupacionales: eran nuevos brazos que competirían con los
nacionales. Sin embargo había otros ingredientes que pesaban.
Uruguay
había acogido a perseguidos políticos de otros países, entre ellos
algunos ácratas a
los que se acusaba de protagonizar hechos sangrientos. Ya a
comienzos de 1931 la Asociación Comercial del Uruguay había
presentado una nota al Ministerio del Interior contra la inmigración
de elementos de ideas sociales
subversivas o de francos hábitos de delincuencia, que son
expulsados de las naciones vecinas".
También existió un componente racial: a los inmigrantes de origen
latino se les habían sumado otros, originarios de Europa central y
del Cercano Oriente.
Diría
el Dr. Juan B. Morelli en la Cámara de Senadores:
"Nosotros tenemos ahora una enorme inmigración de elementos que
proviniendo como provienen de la Europa Central, de la Europa
Oriental y del Asia Menor, con excepción de los libaneses, tienen
divergencias sociológicas tan profundas con la nuestra (...).
Pues
bien, yo, como nacionalista, declaro que preferiría seguir en la
llanura, preteriría que mi partido estuviera siempre derrotado,
antes que conseguir la victoria, pagando a estos elementos
extranjeros el aporte que hubieran llevado a las urnas (...)"
El
factor económico también influyó. Los inmigrantes acostumbraban a
enviar, por lo general, remesas de dinero a sus países de origen.
Pero, además, los que se dedicaban a la venta callejera, o puerta
por puerta, hacían la competencia al comercio establecido. En 1929
el Gerente del Banco República anotó que los
"proveedores de artículos modestos se constituyen en la forma
elemental de las ventas del comercio volante, turco, ruso, polaco,
armenio, etc., que viene abatiendo el comercio importante del país,
en la capital y la campaña".
Finalmente
en 1932 se aprobó una ley de restricción a la inmigración
considerada indeseable (enfermos, maleantes, vagos, toxicómanos y
ebrios, condenados por delitos comunes, etc.)
Meses después se amplió la medida a todos los extranjeros que
carecieran de recursos para subsistir por un año. Además se
autorizaba a rechazar a gitanos, negros y asiáticos.
En
los años treinta la inmigración hacia Uruguay mermará
aproximadamente entre sesenta y setenta por ciento con respecto
a la década anterior.
En ello debe haber influido también la propia coyuntura mundial.
La desocupación pesó en otros aspectos. La oferta de mano de obra
tendió a bajar los salarios en momentos que los sectores de menores
ingresos acusaban el alza del costo de vida.
Con el agravante que, en la medida que no había trabajo, se hada muy
difícil avanzar en la legislación social. Los sectores
empresariales —que en general se hablan opuesto a ella— estaban
ahora abocados a recuperar, mantener o acrecentar su rentabilidad, o,
en el peor de los casos, a impedir su desaparición en el torbellino
de la crisis; mientras el Estado, por su parte, procuraba paliar la
caída del nivel de empleo. El proyecto de salario mínimo para la
actividad privada y otro, no menos ambicioso, de Bolsas de trabajo y
seguros de desocupación, no fueron aprobados. En cambio, en 1931, se
logró aprobar la semana inglesa para el comercio, consiguiendo la
Cámara de Industrias que sus afiliados fueran eximidos de ella.
k)
El avance estatista
La
extensión de la actividad económica del Estado fue vista como otra
de las soluciones para conjurar la crisis. Eduardo Acevedo, que había
sido Ministro de Batlle, la propuso para un gran número de
actividades, algunas en manos del capital extranjero y otras del
nacional. Por su parte expresaba el Ministerio de Industrias en el
Mensaje a la Asamblea General en marzo de 1931:
"Al Estado corresponde dar el ejemplo, ensanchando su actividad
productiva con industrias que por su naturaleza especial y por
hallarse monopolizadas o casi monopolizadas por empresas extranjeras,
convienen pasen al dominio publico, tales como la venta de
combustibles, la fabricación de portland, la producción del
alcohol, el sen/icio del agua corriente y el de gas, etc. etc. "
El estatismo uruguayo, fundamentado en el nacionalismo económico, al
impedir la evasión de divisas por repatriación de ganancias
permitía la acumulación de capital. Por otra parte, tardíamente se
fue adquiriendo la conciencia de que algunas empresas del tipo de las
que hoy por consenso se denominan transnacionales se habían adueñado
de resortes estratégicos en cualquier proceso desarrollista:
combustibles, exportaciones, construcción, comunicaciones.
A estas distorsiones, que cuestionaban el desenvolvimiento
capitalista del país, se les intentó dar solución en los últimos
años de la década del veinte, cuando se constató la fragilidad de
la estabilidad monetaria y los crecientes requerimientos de la
balanza de pagos.
El acuerdo logrado en 1931 con un sector del nacionalismo permitió
avanzar sustancialmente en este campo, al crearse en octubre de ese
año la "Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y
Portland". Fue la principal creación del período, tanto por su
importancia económica como por englobar una serie de proyectos
anteriores, como los de monopolio del alcohol, fábrica de portland,
refinería estatal y propiedad de los yacimientos de petróleo e
hidrocarburos. Su nacimiento fue influido por el cercano ejemplo de
"Yacimientos Petrolíferos Fiscales" (Y.P.F.), que bajo la
dirección del General Mosconi había luchado por defender el
subsuelo y el mercado argentino de las apetencias y los manejos de
las grandes transnacionales del petróleo.
A
pesar de que la postura batllista no fue confiscatoria, esta creación
produjo una gran reacción interna. El capital nacional había
constituido una empresa de combustibles, en cuyo directorio figuraban
abogados de algunas transnacionales de petróleo radicadas aquí, que
aspiraba a erigir una refinería.
Gabriel Terra y el Comité Nacional de Vigilancia Económica
apoyaban la construcción de una fábrica de portland bajo el modelo
belga de cooperativismo con apoyo estatal, o en forma de empresa
mixta. La Cámara de Industrias se opuso, tanto a la refinería
estatal como a que el Estado compitiese con la actividad privada —en
este caso en manos del capital norteamericano— en la fabricación
de portland. La elaboración y venta de alcohol estaba virtualmente
monopolizada por un industrial, Meillet. Sectores nacionalistas
apoyaban sustraerle la actividad y sustituirlo por una cooperativa.
Los importadores se vieron amenazados por la posibilidad de que
cesara el comercio de bebidas alcohólicas y portland.
Las compañías de petróleo radicadas en Uruguay, que eran filiales
de firmas extranjeras, se contaban entre las más afectadas. El
Estado les quitaría parte del mercado, conocería los secretos de la
importación —entre ellos los costos—, y podría construir
una refinería e ir, a partir de ese momento, al monopolio de
refinación y también de comercialización de combustibles en el
país.
Por otra parte, había sectores políticos, como el herrerismo y el
riverismo, que no estaban dispuestos a permitir que el estatismo
progresase. A ellos se les sumó el temeroso capital extranjero.
Esta
trama explicaría las razones por las que ANCAP resultó de un
nacionalismo relativo
y relativizado.
La ley fundacional del ente no contempló el comercio de
combustibles sólidos, que podía afectar los intereses del carbón
británico: estableció la intervención del Estado en la fabricación
del portland pero no asumió el monopolio ni en lo mediato ni en lo
inmediato, extremo que podía perjudicar a la filial de la fábrica
norteamericana existente; dejó para "más adelante"
el monopolio de los combustibles. La relativización
sobrevendría por factores externos, referidos a la dependencia del
país.
Los
grandes trusts —en especial la Shell y la Standard Oil— buscaron
afanosamente la constitución de un
cártel mundial para regir la
extracción, refinación y comercialización de petróleo. Un
primer gran paso se dio en 1928, en el castillo escocés de
Achnacarry, en que logró convenirse una estructura de precios basada
en el vigente en el Golfo de Méjico, los clientes comerciales debían
pagar el precio básico del Golfo más el costo de transportar el
petróleo desde Estados Unidos al punto de destino. Si se le podía
abastecer-desde un campo más cercano que el golfo, el ahorro iba a
una de las compañías que formaban el
cártel.
El acuerdo intentó también respetar
la distribución de los mercados internos en los que las signatarias
competían.
El pacto efectuado con el nacionalismo "independiente"
preveía además la adquisición por parte del Estado de una
partida de combustible soviético.
El proyecto había sido elaborado por Ismael Cortinas para aprovechar
la propuesta de la empresa Yuzhamtorg, representante comercial del
gobierno de la URSS establecida en Montevideo en 1928, dos años
después que Uruguay reconociera "de jure" a dicho
país. El negocio con la URSS se haría con un crédito del Banco
República para que los soviéticos adquiriesen productos
agropecuarios en Uruguay. Se aplicaba así el principio de
bilateralidad en una transacción que en momentos de crisis se veía
como muy ventajosa. El precio era el vigente en el Golfo de Méjico.
Una vez instalado el primer directorio de ANCAP, que presidió
Eduardo Acevedo, se licitó el aprovisionamiento de combustibles
al ente para el ejercicio 1933-1934. A esta licitación se
presentaron la Yuzhamtorg, y dos empresas independientes americanas,
la Atlántica y la Texaco, ganando nuevamente la primera.
Antes de que llegara la primera partida de combustible soviético,
las compañías extranjeras boicotearon el suministro de
combustibles. En junio de 1932 algunos surtidores debieron cerrar sus
puertas, y otros racionar la venta de nafta. El gobierno argentino
ofreció al uruguayo facilitar la gasolina necesaria para las
necesidades oficiales.
Frente al peligro de que se paralizase el transporte y el suministro
de energía, el Consejo Nacional de Administración debió otorgar
facilidades a las empresas para enviar sus remesas de utilidades al
exterior.
A pesar de esta medida de fuerza, al comenzar sus actividades ANCAP,
en agosto de 1932, obligó a las trasnacionales a bajar el precio de
la nafta y el querosene.
También
el ambiente político se habla enrarecido. La filial argentina de
la Yuzhamtorg —después de haber ofrecido abastecer las necesidades
de Y.P.F. para
permitirle contrarrestar la acción de los trusts— fue acusada de
efectuar dumping
y de injerencia en los asuntos políticos internos y expulsada del
país. En febrero de 1932 fue investigada la sede de la empresa en
Montevideo.
Los
opositores a ANCAP no dejaron de subrayar algunas implicancias: el
estudio jurídico del que eran socios los doctores Baltasar Brum y
Domingo Arena había obtenido las personerías jurídicas para
la Yuzhamtorg y la Shell.
Los defensores del ente señalaban sus ventajas: 1) habla logrado
abatir el precio interno del combustible; 2) habla obtenido
cuantiosas ganancias; 3) al trabajar con un crédito del República
no había requerido capital; 4) no retenía el impuesto a la nafta,
lo que redundaba en beneficio del país ya que con el mismo se
financiaba la construcción de carreteras en un momento de falta de
trabajo.
Al
sobrevenir el 31 de marzo, el Directorio del organismo estaba
estudiando la construcción de una refinería, de destilerías de
alcohol, la compra de tres barcos petroleros y la expropiación de
las concesiones otorgadas a las compañías extranjeras para la venta
de petróleo.
El
pacto de 1931 también permitió aprobar la ley por la que se
concedió a Usinas Eléctricas del Estado el monopolio de las
comunicaciones telefónicas por cable en todo el territorio
nacional, con la facultad de comprar o expropiar las empresas
privadas que funcionaban en el país.
Se licitó la construcción de la red subterránea e instalación de
teléfonos automáticos en Montevideo, la que fue ganada por una
empresa alemana que permitió el pago en "especie", es
decir en productos del país.
La
International Telephone and Telegraph Co. (I.T.T.)
—que en 1927 había adquirido los intereses de la británica
Montevideo Telephone Co.—, y de la que era abogado el Dr. José
Irureta Goyena, publicó costosos comunicados en la prensa
montevideana cuestionando la medida.
Escribió
Gustavo Gallinal: "Pocas veces el
legislador ha chocado con una muralla tan alta de intereses creados.
La presión secreta de esos intereses, contarios al interés
nacional, detenta desde hacia largos años la obra, manteniendo en
pie un servicio vetustísimo, bochorno de la ciudad".
También
el Estado rescató de manos privadas la explotación y
administración de los puertos y zonas francas de Colonia y
Nueva Palmira (15 de julio de 1931); mientras que al año siguiente
se resolvió declarar caducadas las autorizaciones otorgadas a los
muelles particulares del departamento de Montevideo para realizar
operaciones de carga y descarga. Esta última disposición, de
claro sentido intervencionista, ha sido considerada el punto de
partida del monopolio de los servicios portuarios.
Otros numerosos proyectos resultaron frustrados, algunos de ellos
sumamente importantes, como la sede propia para el Frigorífico
Nacional O el ferrocarril estatal Montevideo-Florída-Sarandí del Yi
con entrada independiente a la capital, que competiría con la línea
británica. Y si bien las dificultades económicas lograron paralizar
muchas iniciativas, las palabras de Gallinal son harto
elocuentes en señalar que el capital extranjero presionaba para
detener todo lo que de alguna manera podía perjudicarlo.
Según lo que se entendía por sana administración en la época, el
plan económico financiero de 1931 se propuso suprimir el déficit
fiscal, equilibrar el presupuesto de gastos y salvar de sus
dificultades al Estado. Para ello se aumentaron las contribuciones de
los entes estatales al erario público y también los impuestos, lo
que en última instancia recaería sobre la población.
También se propuso equilibrar la balanza comercial disminuyendo las
importaciones y fomentando el desarrollo de la industria sustitutiva
de la producción extranjera. Sus efectos conviene verlos en la
realidad.
El Estado, a pesar de tener una política para la desocupación, por
su propia situación económica, y la del país, no pudo apresurar la
concreción de muchas de las obras públicas planeadas, razón por la
que fracasó en su intento por eliminar el paro, que siguió
creciendo en 1932, alcanzando el máximo al año siguiente.
La
reducción de las exportaciones y del dinero percibido por ellas
determinó una aguda depresión en gran parte de las actividades
nacionales. Se restringió en consecuencia la capacidad de
importar y debido al descenso de los ingresos y de las rentas
públicas se contrajo la demanda doméstica. Por lo pronto la
electricidad vendida para uso industrial fue un quince por ciento
inferior en 1933 que en 1930.
La política aplicada para el fomento fabril benefició
indudablemente a los industriales y explica el gran crecimiento
empresarial que se dio en esta área en la década del treinta. En
cambio, los obreros se encontraron con que la gran oferta de trabajo
por la desocupación tendía a bajar los salarios, factor éste que
también beneficiaría a los industriales.
La
política de encarecer las importaciones y la reducción operada en
las remuneraciones tendían a restringir la demanda de productos, lo
que a su vez empujaba hacia la recesión. Y esto, a pesar de que las
estadísticas oficiales registraron una baja en el costo de vida,
significó un empeoramiento en la condiciones de existencia, ya
que disminuyó el consumo de artículos de primera necesidad como
carne, leche, huevos.
Al
comenzar la crisis, la situación de los obreros uruguayos era muy
penosa. El propio director de la Oficina Nacional de Trabajo, Dr.
César Charlone, consignó en 1930 que
"el 33 por ciento de la población trabajadora hallase por
debajo del costo límite de la existencia individual y el 65% no
podrían fundar un hogar con sus solos recursos".
De
qué manera incidió la desvalorización monetaria en el costo de
vida es materia controvertida. En 1929, al anticiparse la caída del
peso a la crisis mundial, existió encarecimiento. Según el Gerente
del Banco República, Octavio Morató, en 1931 la baja de la
cotización del peso hasta los límites en que la estabilizó el
Contralor de Cambios se compensó con la disminución de precios que
por la crisis sufrieron los artículos importados en sus países de
origen.
Esto habría durado hasta 1933, ya que después los artículos de
primera necesidad comenzaron a ser importados por el cambio
compensado, que se cotizaba más alto que el oficial.
El aumento de los impuestos aduaneros tampoco habría
repercutido, ya que materias primas y artículos de primera
necesidad quedaban eximidos.
Sin
embargo, contrastando con este optimismo, muchos contemporáneos
cuestionaron la realidad y
también las elaboraciones estadísticas de la Oficina Nacional de
Trabajo. Las mismas, por ejemplo, no incluían en el cálculo de la
canasta familiar al combustible popular por excelencia, el querosene,
que aumentó de nueve centésimos el litro en 1929 a doce en 1931, e
ignoraban que muchas industrias nacionales habían recargado en un
15% y en un 30% sus precios.
La política seguida para conjurar la crisis, en la medida que
intentó repartir las cargas, fue sufrida por todos los sectores,
aunque con desigual intensidad. Algo que, por lo pronto, explicaría
la relativa orfandad en que se encontraron las instituciones el día
en que fueron derribadas. A la hora de alinear a los afectados, y
citar someramente las causas, se puede incluir a:
-
El capital extranjero, que debió luchar contra un Estado que
intentaba transitar nuevos caminos económicos, que limitó las
importaciones, controló la comercialización de divisas, puso
trabas a las remesas de utilidades.
-
Los ganaderos, a los que se expropió la diferencia entre la
cotización real y la oficial de lo que percibían por las
ventas al exterior.
-
Los comerciantes importadores, por el mismo motivo que el capí- tal
extranjero.
-
Los exportadores, por el mismo motivo que los ganaderos.
-
Los comerciantes minoristas, por la caída de las ventas.
-
Los industriales, que a pesar de que fueron favorecidos por el
proteccionismo, debieron luchar para detener el avance del estatismo
y de la legislación social.
-
Los propietarios rurales que debieron pagar más impuestos mientras
bajaban los arrendamientos.
-
Los propietarios urbanos, a los que se les rebajó los alquileres.
-
Los pasivos, que tuvieron serias dificultades para percibir sus
haberes.
-
Los empleados públicos, a los que se les rebajó —o
indirectamente se les "congeló"— sus sueldos.
-
Obreros y asalariados en general, que se encontraron con escasez de
trabajo, con un mercado laboral con tendencia a bajas retribuciones,
y con la pérdida del poder adquisitivo del salario.
Aunque por cierto no fueron los únicos que debieron sobrellevar las
circunstancias con ingresos reducidos.
Henry Finch: “Historia económica del Uruguay contemporáneo”.
Montevideo, EBO, 1980, p.22
