“… a comienzos de la década del
treinta, el batllismo logró extender la acción del Estado a
actividades directamente productivas –como la creación de ANCAP-
mediante acuerdo con un sector del Partido Nacional (el Nacionalismo
Independiente) a cambio de la participación de ese sector en el
reparto de los cargos públicos a crearse.
Este ‘pacto del chinchulín’ –tal
como lo denominó Herrera- realizado en 1931, fue explotado por
Gabriel Terra como una muestra de la corrupción del gobierno
colegialista durante la campaña que precedió al golpe de estado que
tuvo lugar dieciocho meses mas tarde. Terra también sacó provecho
de esta circunstancia al asegurarse la neutralidad y la eventual
cooperación del sector herrerista del Partido Nacional excluído del
pacto. De todos modos, la división de la elite política era,
fundamentalmente, un reflejo del impacto de la depresión mundial en
el sector de los propieatrios rurales y de su impotencia política
dentro del esquema batllista. Desde el punto de vista de los
ganaderos que producían para la exportación, la caída de los
precios mundiales a comienzos de los años treinta puso fin a una
etapa que se inició con una baja de los precios al terminar la
guerra, se estabilizó en un 30% por debajo del pico de los años
bélicos a mediados de la década del veinte y cayó luego, en forma
radical, con la crisis. En términos de volúmenes físicos, las
cifras resultaron apenas más alentadoras ya que el promedio de las
exportaciones en el período 1926-1930 apenas superó en un 20% los
niveles de posguerra. Este estancamiento estaba en agudo contraste
con el rápido crecimiento de los valores de exportación en la
década anterior al primer conflicto mundial que había coincidido
con la fase radical del batllismo. La creciente hostilidad de los
propietarios rurales hacia los políticos, el estatismo, la
burocracia y los impuestos se manifestó en los años veinte a través
de la Federación Rural. En 1929 esta institución desempeñó un
papel primordial en la creación del Comité de Vigilancia Económica,
un agrupamiento de los sectores conservadores en defensa de sus
intereses. La acción de los rurales sólo fue efectiva, sin embargo,
en aquellos puntos en los que coincidieron con el sistema político,
tal como sucedió en la común oposición a las actividades del trust
de la carne que rebajaba los precios del ganado. La creación en 1928
del Frigorífico Nacional significó para los productores ganaderos
una defensa contra la dominación del capital extranjero en el
comercio de exportación de carnes. Los partidos y el sistema
político obtuvieron, sin embargo, a través de esta medida, una
ampliación de su área de influencia.
Resulta significativo el hecho de que
–en comparación con otros países del área- la reacción política
de Uruguay ante la depresión mundial fuese tardía. El impacto
económico de la crisis alcanzó su máxima gravedad en 1932 cuando
las exportaciones cayeron en un 58% de las cifras de 1930.
Automáticamente se produjeron déficit en el presupuesto y en la
balanza de pagos así como la devaluación del peso, pero la tormenta
estaba empezando a superarse en el momento del golpe de estado de
marzo de 1933. Aunque la política del Consejo Nacional de
Administración en los dos años anteriores –con el establecimiento
de controles cambiarios y del comercio exterior- estaba dirigida
básicamente a enjugar los déficit comerciales e impositivos,
existen buenas razones para sostener que estas medidas respondían a
los objetivos tradicionales del batllismo. La restricción de
importaciones fue planificada para que tuviese efectos
proteccionistas sobre la industria local, la estabilización del peso
devaluado a niveles superiores a la cotización del mercado castigaba
al sector exportador, la amortización de la deuda externa y la
remesa de intereses a Gran Bretaña fue suspendida, el ‘pacto del
chinchulín’ permitió la creación de una empresa estatal (ANCAP)
destinada a la refinación de combustibles y alcoholes y a la
producción de Pórtland, y la reducción del déficit presupuestal
se planeó más sobre la base del aumento de impuestos que sobre una
reducción de los gastos.
El golpe de estado de 1933, aunque
resolvió en beneficio de los poderes económicos el problema de su
falta de representación en el sistema político fue, en parte,
originado también por divisiones internas en el seno mismo de los
partidos, y el régimen que generó pudo mantenerse no sólo a través
del ejercicio de la autoridad sino- en la misma medida- por
expedientes puramente políticos. Al no destruir las organizaciones
partidarias fue, a su vez –una década más tarde- desplazado por
el renacimiento del batllismo. El propio Terra había realizado toda
su carrera política en las filas del batllismo y fue electo para la
Presidencia de la República en 1831 como candidato de ese sector.
Posteriormente inició desde el gobierno una campaña propagandística
denunciando la corrupción e ineptitud del Colegiado que -…-
compartía con él las funciones del Poder Ejecutivo. Desde comienzos
de 1933 pudo contar con la aquiescencia de Herrera –jefe del sector
mayoritario del Partido Nacional- que tenía importantes conexiones
en el medio rural. El golpe mismo, llevado a cabo bajo la consigna de
la reforma constitucional, provocó escasa resistencia popular. La
fuerza de la tradición bipartidista y la dependencia de Terra con
respecto al apoyo de un sector del nacionalismo hicieron que la nueva
Constitución se basase en un nuevo acuerdo interpartidario. La
coparticipación continuó siendo pues, el modus vivendi de la vida
política del país.
(…) la orientación gubernativa del
nuevo régimen significó un corte con la ideología batllista.
Indudablemente, el sector más beneficiado por el cambio fue el de
los propietarios rurales. La nueva línea se manifestó con claridad
en el mensaje presidencial que acompañó los proyectos de reducción
de los impuestos sobre el agro: ‘El iniciar una tendencia de
rectificaciones y correcciones a favor de la campaña, por medio de
estas leyes que más directamente influyen sobre la vida rural,
señalará el principio de una etapa histórica en la vida económica
de la República’ (boletín del Ministerio de Hacienda, vol. 20 nº
10, 1933). Otros beneficios económicos directos favorecieron a la
campaña y entre ellos deben destacarse la suspensión del pago de
hipotecas sobre la propiedad rural, la mejora en los pagos a los
productores ganaderos y la devaluación de los tipos de cambio
aplicables a las exportaciones. El apoyo de los sectores de las
clases altas se consolidó sobre la base de una oposición a la
extensión de la legislación laboral y social y a los avances del
Estado en las actividades industriales.
(…) Para los productores de carne, con
su principal mercado amenazado –Gran Bretaña absorbía la cuarta
parte del total de las exportaciones uruguayas- y ante la inminencia
de las negociaciones sobre las cuotas en el abasto del mercado
británico de carnes, la remoción del gobierno batllista se
convirtió en un asunto fundamental. El Foreign Office había ya
expresado sobre Terra. ‘Si tiene éxito (en despojar de su
autoridad al Consejo Nacional de Administración) ello será en
beneficio de nuestro punto de vista’ (F.O. Memorando, 18 de
noviembre de 1931).
En 1936, se ve una medida antibatllista
de interés directo para los capitales británicos, cuando la Ley
Baltar negó a los entes autónomos el derecho de establecer
monopolios legales tales como el que se había concedido a la ANCAP
en 1931 y a los que estaban autorizados por sus leyes de creación.
Uno de los efectos de la crisis
económica internacional, …, fue el de promover una mayor
industrialización. Este proceso no se debó al desplazamiento de un
grupo de la elite dirigente (los propietarios rurales) por otro grupo
anteriormente subordinado (la burguesía industrial).
(…) la mayor rentabilidad del sector
industrial era una consecuencia del colapso de los precios mundiales
de los productos primarios y de la necesidad, cada vez mayor, de que
el país se abasteciese a sí mismo en rubros en los que antes
dependía de las importaciones. El proceso de sustitución de
importaciones se vio acelerado por medidas de emergencia tomadas a
partir de 1931 y continuadas bajo el régimen de Terra. No fue, por
lo tanto, la consecuencia de un cambio político favorable; por el
contrario: fue el resurgimiento –bajo nuevas circunstancias- del
sector urbano el que contribuyó a la restauración del batllismo en
el poder y será ese batllismo restaurado el que desarrollará una
política de rápido crecimiento industrial, especialmente después
de 1947.” (Finch, Henry Historia
económica del Uruguay contemporáneo
Ed. de la Banda Oriental Uruguay, 1980 pp. 21 a 26)
No hay comentarios:
Publicar un comentario